El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, envió un oficio al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que intercedió por el capitán José Martínez Crespo, en contra de quien existen dos procesos penales por los presuntos delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. 

El documento, fechado el 18 de enero de 2021, da cuenta de una visita efectuada por un mando castrense a la prisión del Campo Militar No.1-A, donde el capitán Martínez Crespo estaba detenido desde el 11 de noviembre de 2020. 

Esta información forma parte de los miles de archivos del Ejército filtrados por el grupo de hacktivistas Guacamaya. 

Otros documentos dan cuenta de que el general Sandoval también ha sostenido reuniones con Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia y socio de los abogados Alejandro Robledo y César Omar González, quienes integran la defensa legal de los cuatro militares procesados por la desaparición de los 43 normalistas.

Para cuando Sandoval envió el oficio al presidente, el capitán Martínez Crespo solo había sido vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, al presuntamente tener vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos. El pasado 20 de septiembre, un juez federal le dictó una segunda orden de aprehensión, ahora por desaparición forzada.

Sandoval relató a López Obrador que no se han hallado discordancias en los ingresos y el patrimonio del capitán, “no encontrando las autoridades evidencias de capacidad económica superior a la que ha podido obtener como resultado de sus ingresos”.

“Se le propuso acogerse al programa de testigo protegido, refiriendo que este ofrecimiento ya se lo había hecho el Lic. Alejandro Encinas en la entrevista efectuada el 8 Dic. 2020, negándose por segunda vez a aceptarlo, ya que él asegura no ser responsable de haber participado en los hechos en que pretenden vincularlo a la desaparición de los estudiantes, ni pertenecer o haber pertenecido a algún grupo de la delincuencia organizada”.

“Puntualizó que el proceso que se le sigue está basado únicamente en dos referencias por las que pretenden implicarlo, una por ‘Juan’, testigo protegido que él dice tener conocimiento radica en los E.U.A. y que este sujeto ‘sí era miembro de una organización delictiva’; la otra referencia es una manta que apareció en Iguala, Gro., un mes después de los hechos, en donde se señalaba a un capitán y un teniente del 27/o. Batallón de Infantería, identificados como ‘Crespo” y “Barbosa’, y que por esta mención han pretendido inculparlo”, relató Sandoval.

“Finalmente refirió que él se va a mantener firme en su determinación en que debe ser reconocida su inocencia, manifestando confianza en el Sistema Judicial y que con mucha seguridad pronto se determinará su libertad de responsabilidades legales ante las acusaciones que se le imputan (sic)”, agregó Sandoval.

Reuniones del jefe del Ejército con Scherer y García Harfuch

El titular de la Sedena sostuvo una reunión privada con el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, la mañana del 18 de agosto, horas antes de que la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa publicara su más reciente informe, en el que se revelaron a los familiares de los normalistas intercambios telefónicos que señalan, presuntamente, una implicación activa de miembros del Ejército en la desaparición.

Scherer está vinculado, a través de despachos de abogados, con Alejandro Robledo y César Omar González, quienes encabezan la defensa legal de los cuatro militares procesados por la desaparición de los 43 normalistas: el general brigadier José Rodríguez Pérez, exjefe del 27 Batallón, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el soldado de primera de infantería Eduardo Mota Esquivel.

A la reunión entre Sandoval y Scherer —en la Casa Militar Morelos del Campo Militar No. 1-A— también asistió el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC), Omar García Harfuch, quien era delegado de la Policía Federal en Guerrero y fue acusado por la FGR de presuntamente participar en un cónclave donde se urdió la llamada “verdad histórica” sobre el caso.

El encuentro entre Sandoval, Scherer y García Harfuch está consignado en la agenda de actividades de Sandoval, a la que se tuvo acceso gracias a la filtración de documentos de Guacamaya. Las reuniones entre los tres personajes han sido frecuentes en los últimos meses, de acuerdo con los documentos revisados.

General recomendó a Cienfuegos instruir a militares antes de declarar  

Los elementos del Ejército pertenecientes al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, pudieron haber sido instruidos sobre cómo rendir sus declaraciones ante autoridades civiles e investigadores independientes respecto del rol que desempeñaron el 26 y 27 de septiembre de 2014, en el contexto de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

El 16 de mayo de 2015, el general en retiro Humberto Alfonso Guillermo Aguilar envió un oficio al entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en el que recomendó “preparar” a los militares que pudieran ser entrevistados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y sugirió cerciorarse de que no hubiera “inconsistencias” en los expedientes.

En su calidad de general en retiro, Guillermo Aguilar fungía como asesor del titular de la Sedena. No se halló evidencia de que sus recomendaciones hayan sido adoptadas por parte de Cienfuegos, quien, de hecho, se opuso a que los militares fueran interrogados, alegando que cuestionar su actuación significaría un daño al prestigio de las Fuerzas Armadas.

El general retirado fue señalado después como presunto responsable en la importación ilegal de armas alemanas que fueron introducidas a zonas de conflicto en México, entre ellas Guerrero.

El 11 de mayo de 2015, poco más de siete meses después de los sucesos de Iguala, el GIEI designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una presentación pública de avances en su investigación. 

En el informe, los expertos independientes señalaron quejas por tortura, tratos crueles y alteraciones al debido proceso; fragmentación de la investigación en 13 causas penales y seis juzgados distintos, así como encubrimiento, obstrucción de la justicia y abuso de autoridad.

Sin embargo, dos de sus planteamientos prendieron las alertas en el Ejército. El primero, que el GIEI solicitara que el crimen contra los normalistas se tipificara como desaparición forzada y no como secuestro; el segundo, su insistencia en entrevistar a elementos del 27 Batallón de Infantería de manera directa y sin intermediación de las procuradurías.

Respecto del primer punto, el general Guillermo Aguilar advirtió a Cienfuegos que “no debe aceptarse que el caso Ayotzinapa se considere como desaparición forzada”, pues esta clasificación, sumada a la noción de “crimen de Estado”, podría traer consecuencias graves para el gobierno mexicano.

“Su insistencia en recomendar que se clasifique a Ayotzinapa como Desaparición Forzada no debe aceptarse ya que no se reúnen todas las causales para calificarlo de esta manera, además que este concepto está vinculado al de Crimen de Estado y el gobierno de México no ordenó ni participó en los hechos del 26 Sep. 14. La vinculación de Desaparición Forzada con Crimen de Estado podría resultar de gravedad para el gobierno mexicano (sic)”, señalaban las recomendaciones.

“Es necesario recordarle a la CIDH que en el caso Ayotzinapa fue el crimen organizado que con su determinante poder económico y de intimidación manipuló a un gobierno municipal débil, que trabajaba vinculado a los ‘Guerreros Unidos’, y que este grupo de criminales actuó contra jóvenes que posiblemente eran usados por el grupo de ‘Los Rojos’”, instruyó el general en retiro.

El general Guillermo Aguilar añadió que la integración de las 13 causas penales sobre Ayotzinapa en una sola podría resultar positiva para el Ejército, pues durante la integración y revisión los expertos del GIEI “se percatarían que el personal del 27º B.I- no estuvo implicado en los hechos del 26 de septiembre de 2014”.

Pero añadió: “(Se debe) preparar al personal del 27º B.I. que será entrevistado por los expertos de la CIDH y revisar que los expedientes no tengan inconsistencias”.

Desde el 3 de diciembre de 2014, decenas militares de ese batallón habían sido entrevistados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en calidad de testigos. Varios de ellos también declararon ante la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM).

En total, de acuerdo con registros hallados en la filtración de documentos de la Sedena, al menos 82 elementos rindieron 114 declaraciones ante la PGR y 43 elementos rindieron 64 declaraciones en la PGJM, dependiente del propio Ejército.