“¡Justicia!”: frente a Gobernación, periodistas reclaman por el asesinato del corresponsal Luis Martín Sánchez
Con veladoras, retratos de colegas asesinados y consignas contra las autoridades, periodistas protestaron la noche de este lunes afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) por el asesinato del reportero Luis Martín Sánchez, corresponsal del periódico La Jornada en Nayarit.
Los comunicadores recordaron que otra persona relacionada con medios de comunicación en esa entidad continúa desaparecida, además del fotoperiodista Juan Carlos Hinojosa Viveros, quien se desempeña como fotógrafo de la Dirección de Comunicación Social del ayuntamiento de Nanchital, en Veracruz, y es editor del medio La de 8 News.
En la protesta, los comunicadores fueron improvisando un pase de lista y, después de mencionar cada nombre de un periodista asesinado, gritaron “¡Justicia!”.
Moisés Sánchez, Gregorio Jiménez, Octavio Rojas, Regina Martínez, Miroslava Breach… Todos ellos fueron algunas de las víctimas recordadas, entre las decenas de personas asesinadas en México por ejercer el periodismo.
Con un cartel de fondo con el mensaje “Ley AMLO: balazos a periodistas, abrazos a delincuentes”, el periodista Jorge Meléndez Preciado propuso que los periodistas llamen a no votar en las elecciones de 2024 o a tener un candidato propio —aunque no esté registrado ante las autoridades electorales—, enfocado en resolver la violencia contra el gremio.
“Esperamos que la señora Luisa María Alcalde nos escuche y resuelva los asuntos pendientes de la justicia, como Notimex, y de los reporteros”, agregó.
La periodista Martha Durán leyó ante un micrófono el pronunciamiento del gremio periodístico de Nayarit, respaldado por 366 firmas a título personal y 20 conjuntas de medios de comunicación, organizaciones y colectivos.
En él, los periodistas exigen a las autoridades de los distintos niveles de gobierno que se agoten todas las líneas de investigación que puedan relacionar su ejercicio periodístico con la sustracción de los periodistas y que se garantice la seguridad para ejercer el oficio.
También demandan protección para las familias de las víctimas y exigen que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), de la Fiscalía General de la República (FGR), atraiga la investigación para atenderla conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
“También pedimos garantías para acceder al derecho de información, para que en todo momento se den a conocer los resultados de las investigaciones por el hecho de que la situación es un asunto de interés público”, señalan.
La periodista Marcela Turati advirtió a las autoridades que el gremio estará vigilando que no retiren a las víctimas del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como se ha documentado en algunos casos.
Durante la protesta, representantes de la organización Tenemos que hablar enfatizaron que, además de la obligación de las autoridades para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo, las empresas y los medios de comunicación deben asumir su responsabilidad en el respeto y la garantía de los derechos de los comunicadores.
Los crímenes contra la prensa
El periodista Luis Martín Sánchez fue hallado sin vida el sábado pasado, tres días después de haber sido desaparecido.
De acuerdo con la fiscalía estatal, la principal línea de investigación del asesinato y la sustracción de dos personas más está relacionada con su actividad periodística. “Según las primeras investigaciones se conoce que en algún momento colaboraron en proyectos conjuntos relacionados con su ocupación”, indicó la institución.
En tanto, el fotoperiodista de Veracruz Juan Carlos Hinojosa Viveros fue visto por última vez el 6 julio, alrededor de las 7:00 de la mañana, en la colonia Factoría del municipio de Nanchital.
En mayo pasado, la organización Artículo 19 presentó un informe en el que documentó 157 asesinatos de periodistas y comunicadores en México con posible relación con su trabajo desde el año 2000. De acuerdo con el registro de la organización, 47 ocurrieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto y 37 en el actual de Andrés Manuel López Obrador.
El último caso que entonces registró el documento de Artículo 19 es el de Juan Arjón López, desaparecido el 9 de agosto de 2022 en San Luis Río Colorado, Sonora, y cuyo cuerpo fue hallado el 16 de agosto. Sin embargo, desde ese entonces, las agresiones contra periodistas en México continúan.
El 23 de mayo de 2023, el periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández fue asesinado en calles del fraccionamiento Agua Blanca, del municipio de Tehuacán, Puebla.
Un par de semanas antes, el 11 de mayo, fue asesinado en su domicilio el experiodista Gerardo Torres Rentería, en Acapulco, Guerrero.
El 21 de febrero de este año, el fotoperiodista José Ramiro Araujo fue asesinado en Ensenada, Baja California. De acuerdo con la fiscalía estatal, fue víctima de un asalto a mano armada. Sin embargo, el titular de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, Miguel Mora, precisó en su momento que cualquier ataque a un periodista independientemente del móvil es un ataque a la libertad de expresión.
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Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
“Lujoso”
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
“Los Chapitos”
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
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