Ayotzinapa, el Ejército y la promesa de López Obrador
En uno de los momentos más tensos de la reunión de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, éste les dijo que su lucha por la verdad y la justicia está siendo manipulada por las organizaciones de derechos humanos que los acompañan, y por los medios de comunicación.
Fiel a su estilo, el presidente dijo que el caso Ayotzinapa ha sido utilizado para golpear a su gobierno y, especialmente, a las Fuerzas Armadas.
Los padres defendieron el acompañamiento de las cuatro organizaciones que integran la Comisión de la Verdad y la Justicia, creada desde diciembre de 2018 por decreto presidencial: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C.; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y SERAPAZ, Servicios y Asesoría para la Paz.
Presentes en la reunión, los representantes de estas organizaciones fueron defendidos por las madres y padres, quienes le dijeron al presidente que, si no fuera por su acompañamiento y asesoría jurídica, probablemente su gobierno no los atendería.
Mario César González Hernández, padre de uno de los normalistas desaparecidos, mencionó que las organizaciones impidieron que la anterior administración diera carpetazo al asunto con la llamada “verdad histórica”.
El encuentro, celebrado el miércoles pasado en Palacio Nacional, fue calificado como ríspido por los asistentes, pues confrontó a un presidente que asegura que su administración ya ha entregado toda la información que tiene sobre el caso Ayotzinapa, con padres y madres que aún reclaman que el Ejército mexicano diga todo lo que sabe sobre la Noche de Iguala.
Sin embargo, los padres y madres -y las organizaciones que los acompañan- actuaron con prudencia, evitaron romper lanzas, y se llevaron de Palacio Nacional una nueva promesa de López Obrador: la de revisar qué información no han entregado las Fuerzas Armadas y entregárselas en una nueva reunión, que se celebrará el lunes 25 por la tarde, un día antes de la jornada de lucha por los nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al día siguiente, en la conferencia mañanera, el presidente aseguró que el lunes entregará a cada padre y madre un expediente sin testar con la información que aún no hubiese entregado la Secretaría de la Defensa Nacional. Y, como hizo en la reunión con los padres, volvió a descalificar a las organizaciones sociales.
“Tenemos el compromiso de conocer la verdad, de que haya justicia sin impunidad, no queremos que estos falsarios pseudo defensores de derechos humanos usen este asunto para afectar al Gobierno y en especial al Ejército… porque, si son responsables, como está sucediendo, ya hay como 15 o 20 militares encarcelados, pues que sean juzgados y que se demuestre que fueron responsables”, dijo el presidente en la mañanera.
Además, dijo que entre 15 y 20 militares han sido detenidos para ser juzgados por su presunta responsabilidad en los hechos, aunque en realidad se trata de 14 elementos.
El decreto de 2018 y la promesa de verdad y justicia
En un sexenio en el que los militares han adquirido poder, influencia y relevancia política -cedidas voluntariamente por el presidente-, no es un asunto menor que el punto de discrepancia entre López Obrador y los padres de Ayotzinapa sea la resistencia del Ejército a decir toda la verdad.
En efecto, desde el inicio de su administración, López Obrador dio pasos que su antecesor, Enrique Peña Nieto, no quiso dar: el 4 de diciembre de 2018 publicó un decreto en el que instruyó “establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia”.
El decreto creó la Comisión de la Verdad y la Justicia e instruyó a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Alejandro Encinas, a implementar los mecanismos necesarios para que las investigaciones del Estado mexicano se llevaran a cabo sin sesgos, con independencia, imparcialidad y estricto apego a la verdad.
Y se instruía: “las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que cuenten con información o pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, en búsqueda de la verdad, deberán de facilitarla a la Comisión, para que ésta a su vez la haga llegar a la autoridad competente, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.
Con base en ese decreto, y ante la negativa de las Fuerzas Armadas a entregar toda la información que posee sobre el caso –como fue denunciado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, antes de anunciar su salida definitiva del país, el pasado 25 de julio-, los padres se ampararon ante la justicia reclamando toda la información.
Y lograron que el Poder Judicial ordenara, el pasado 4 de septiembre, que el Ejército no destruya ninguno de los documentos que tiene en su poder que podría conducir al esclarecimiento de los hechos. Esto, tras revelaciones periodísticas sobre la existencia de mensajes que confirman la colusión de autoridades y criminales durante la Noche de Iguala.
Hoy, en la víspera de una nueva reunión con el presidente, la expectativa gira en torno a los expedientes prometidos por el presidente.
¿Entregará López Obrador los documentos no testados que prometió? ¿Le habrá entregado el Ejército todo lo que posee en sus archivos de inteligencia militar para que, a su vez, él los entregue a los padres? ¿La voluntad del presidente será, efectivamente, que se conozca toda la verdad? ¿O prevalecerá la opacidad con la que se ha protegido al Ejército durante estos nueve años?
La promesa de esclarecer el caso la hizo López Obrador aun antes de ser presidente, y la reafirmó el día de su toma de posesión ante el Congreso de la Unión.
Los normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos, los padres y madres de los desaparecidos, Guerrero y la sociedad en su conjunto siguen esperando la verdad. Sin ella, en efecto, el caso seguirá siendo objeto de uso político, motivo de vergüenza internacional, arenga en múltiples manifestaciones y sujeto de nuevas promesas en las campañas por venir.
Nació como un pequeño grupo en un estado venezolano que hoy se dedica a varias actividades criminales y opera en casi toda Sudamérica, según los expertos.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Orígenes
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
Liderazgo
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Expansión internacional
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
“Su sello es causar temor”
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Miles de integrantes
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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