“El próximo viernes no hay clases”. Todos los hogares con hijas o hijos en educación básica escuchamos esta frase ocho veces al año, cuando se acerca el último viernes de cada mes durante el ciclo escolar. En cada familia, esto implica decidir qué hacer con las niñas o los niños en un día y horario laboral. Esto ocurre porque, desde el ciclo escolar 2013-2014, en cada primaria, jardín de niños y secundaria —pública o privada–, se realizan sesiones de Consejo Técnico Escolar.
Cada hogar responde de manera diferente a esta situación. En algunas familias, el que una niña no vaya a la escuela significa simplemente que la trabajadora del hogar deberá cuidarla como parte de sus tareas cotidianas. Otras familias acudirán a sus parientes o vecinos. Unas más tendrán que llevar a sus hijos al lugar de trabajo –cuando las condiciones del empleo lo permiten. Si eso no es posible, las mamás (porque la tarea casi siempre recae en ellas) piden sus días económicos o de vacaciones para ausentarse del trabajo y realizar labores de cuidado. En otras palabras, ocho días en cada ciclo escolar, las desigualdades estructurales se materializan en respuestas diferenciadas para proveer cuidados: en algunos casos, los niños se van a Kidzania, en otros se quedan en casa viendo televisión, y unos más se van a la maquiladora con su mamá.
Cuando la Secretaría de Educación Pública decidió que los consejos técnicos sesionarían los viernes últimos de mes, seguramente se basó en criterios pedagógicos, presupuestarios, administrativos o en negociaciones sindicales. Pero es muy probable que no haya considerado el efecto de trasladar a los hogares el tiempo de cuidados en horario laboral. Y este efecto no es menor. Según el Diagnóstico sobre el problema público en materia de cuidados en México, el costo agregado para los hogares es aproximadamente de 18 mil millones de pesos anuales (como referencia, el presupuesto del Programa Estancias Infantiles en 2015 fue una sexta parte de esta cifra).[1]
Esto significa que, además de acentuar las desigualdades estructurales en el país, el problema de cuidados está invisibilizado, es decir, el Estado decide o actúa muchas veces sin considerar cómo afectará la provisión de cuidados. Y es que, aunque pareciera solo una decisión y responsabilidad de cada hogar, lo cierto es que el tiempo disponible para cuidar a los hijos está en buena medida determinado por decisiones del Estado. Abrir o cerrar estancias infantiles o modificar las edades de atención en las guarderías afecta la disponibilidad de cuidados fuera del hogar. Los horarios laborales del sector público aumentan o reducen el tiempo disponible para que padres y madres cuiden a sus hijos. El tiempo que dedican las personas para realizar trámites gubernamentales es restado al disponible para cuidar. La decisión de dar licencias de maternidad más largas que las de paternidad incide directamente en el tiempo disponible para cuidado de cada papá o mamá. En el caso de los consejos técnicos escolares, el que esos millones de estudiantes tengan que ser cuidados por no estar en la escuela es una consecuencia directa de una decisión de la autoridad educativa que simplemente deja en los hogares la tarea de encontrar una “solución” a esa demanda adicional de cuidados en un horario laboral. Y todo esto, lo sabemos bien, afecta desproporcionadamente a las mujeres y refuerza las desigualdades económicas y de género.
Escoger los viernes como el día para que sesionen los consejos técnicos nos dice mucho sobre el tema de cuidados en México. Un problema grave, invisible y que refuerza las desigualdades es profundizado por una decisión administrativa que, aunque podría tener propósitos educativos legítimos, complica la vida de los hogares. Si el Estado eliminara o redujera el número de días de consejo técnico, devolvería a los hogares millones de horas que, hoy, tienen que dedicar a compensar la suspensión de clases.
Éste es solo un ejemplo. El Estado toma decisiones todo el tiempo que inciden en el cuidado y en la forma en que se provee. El problema de cuidados es complejo y su solución requiere múltiples intervenciones, de distintos sectores y con efectos esperados de mediano y largo plazo. Pero eso no quiere decir que no sea posible, con solo decisiones administrativas, comenzar a dar pasos hacia una sociedad menos desigual.
[1] El cálculo está hecho de la siguiente manera: “si consideramos que en el ciclo escolar 2014-2015 hubo 19,155,102 alumnas y alumnos inscritos en preescolar y primaria (INEGI), que a lo largo del ciclo escolar se suspenden clases 8 viernes, y que el precio promedio por un día de guardería en México es aproximadamente $122 (según los precios promedio mensuales utilizados por INEGI para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor), una estimación del costo agregado de esta medida sería de 18 mil millones de pesos anuales” (Conapred-CIDE, 2017, p. 49).