¿Qué hace el Consejo Académico del CIDE y por qué es grave que se quiera anularlo como espacio de decisión?
Como en toda institución académica, en el CIDE hay un cuerpo de decisión colegiado, que combina autoridades y representantes de los profesores. Es el equivalente al Senado de las universidades anglosajonas, el Consejo Universitario en la UNAM o el Consejo Académico en El Colegio de México. Cuando se tienen que reformar las reglas institucionales, crear programas docentes y hacer planes de trabajo, estos consejos deliberan y votan.
En el CIDE, por diseño del Estatuto General, el Consejo Académico es el máximo órgano colegiado y está compuesto por las autoridades institucionales (director general y secretarios), los directores de división y por representantes electos por los profesores.
Este Consejo Académico aprueba las reglas internas (que son después sometidas al Consejo Directivo): desde las propuestas de modificación a los Estatutos del CIDE, hasta las normas para la operación cotidiana de la vida académica, como las reglas para evaluación de profesores, el reglamento de docencia o el código de ética.
El Consejo Académico es el que decide si se crean o desaparecen programas docentes, divisiones o programas interdisciplinarios. Ahí se designa a integrantes de órganos colegiados (por ejemplo, al Comité de Ética, el Comité de Docencia, un integrante de la Comisión Dictaminadora) y se evalúa a los programas interdisciplinarios.
El Consejo Académico también conduce y vigila la planeación del Centro: aprueba el plan de trabajo del CIDE, revisa el informa de actividades del director general y es el órgano que revisa las inconformidades respecto a las decisiones de otros órganos colegiados.
Sus decisiones, desde luego, no son definitivas: el Consejo Directivo o la Asamblea de Asociados son las que, en última instancia, aprueban las reglas, los informes y los planes. Pero tiene un papel crucial: da voz a la comunidad (por eso el estudiantado exige ahora, con razón, ser incluido en este espacio), sirve como espacio formal de interlocución e involucra a los profesores, las divisiones y las sedes del CIDE en las decisiones que guían la vida de la institución.
Se trata, en suma, del espacio colegiado y deliberativo en el que la comunidad académica toma las decisiones centrales sobre la vida institucional. Como institución plural, suele tener posiciones encontradas, debates –a veces álgidos– y votaciones divididas. Pero las decisiones son respaldadas por la comunidad precisamente porque se saben producto de la deliberación libre entre sus representantes.
La propuesta de cambio al Estatuto General que se pretende someter a votación el próximo viernes 14 de enero anula este papel del Consejo Académico y lo vuelve mero espectador de las decisiones de una sola persona. En lugar de deliberar y votar, se vuelve un órgano consultivo. En esa propuesta, el Consejo se convierte en un espacio al que el director general “da a conocer” decisiones unipersonales.
Si esas reformas son aprobadas, cualquier director general –ahora y en el futuro– podrá, de espaldas a la comunidad, cambiar las reglas, crear o desaparecer divisiones, modificar los programas docentes y no informar sobre los resultados de su gestión.
Hay muchas cosas que cambiar y mejorar en el CIDE. Las autoridades (internas y externas) pueden conducir a la institución y proponer proyectos, pero la participación de la comunidad, la deliberación abierta, la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para garantizar la libertad académica de cada profesor y de la institución en su conjunto, y para garantizar los derechos de trabajadores y estudiantes. Volvería inestable el conjunto de reglas y el diseño organizacional, pues cada director general, respondiendo o no a las preferencias del gobierno en turno, podría modificar las reglas, desaparecer una licenciatura o crear una división sin tener que pasar por la aprobación de un Consejo.
Los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria lo frasean claramente: “La autonomía es un requisito imprescindible para la libertad académica y funciona como garantía para que las instituciones de educación superior cumplan su misión y objetivos de producción y difusión del conocimiento. Como pilar democrático y expresión del autogobierno de las instituciones académicas, la autonomía garantiza el ejercicio de la enseñanza, la investigación y los servicios de extensión, al igual que la toma de decisiones financieras, organizacionales, didácticas, científicas y de personal.” (Principio II).
La reforma propuesta no es una reforma democratizadora ni un mero ajuste administrativo. Esta reforma eliminaría la ya muy limitada autonomía que la Ley General de Ciencia y Tecnología concede a los Centros Públicos de Investigación. Es una reforma que centraliza las decisiones y silencia la voz de la comunidad. Más allá de la ilegalidad de la convocatoria (pues justamente se saltó el requisito de que los cambios sean sometidos al Consejo Académico), la señal es preocupante, para el CIDE y para toda la comunidad académica del país.
