El fraude de Elizabeth Holmes: entre la presunción de inocencia y la pena proporcional
Elizabeth Holmes fundó en 2003 una empresa llamada “Theranos”[1] que hacía análisis clínicos con una supuesta e innovadora tecnología, mediante la cual con una sola gota de sangre podía llevar a cabo 240 pruebas de laboratorio, que hasta ahora requieren mucha más sangre para conocer la situación clínica de un paciente.
Para ello consiguió de diferentes inversionistas cerca de 400 millones de dólares[2] que requería la empresa. Incluso logró asociarse con “Walgreens” una empresa que opera casi 9 mil farmacias en Estados Unidos[3] (y es dueña de Farmacias Benavides) para que pusiera laboratorios en dichas farmacias y así sus clientes se hicieran sus exámenes médicos es las propias farmacias.
Bajo esta alianza Theranos llegó a valuarse en 9 billones de dólares.
No obstante, el éxito de su empresa, un reportero del Wall Street Journal[4] descubrió que todo era un fraude, que no existía tal tecnología y que las personas que se hacía ahí sus exámenes eran engañadas, que en el mejor de los casos los resultados se obtenían utilizando máquinas de otras compañías, pero sin la cantidad de sangre necesaria los exámenes no eran precisos o de plano inventados.
Su “innovadora” tecnología llamada “Edison” era un fraude.
Derivado de los artículos del Wall Street Journal (y de un libro que derivó de éstos) cuatro agencias del gobierno de Estados Unidos (SEC, FBI, FDA y USPIS)[5] iniciaron una investigación contra Elizabeth Holmes por el fraude que había engañado a los inversionistas y dañado a los pacientes que fueron a hacerse ahí sus pruebas.
Las agencias del gobierno federal trabajaron dos años en la investigación y obtuvieron documentos, correos electrónicos, transferencias bancarias, entrevistaron testigos, hicieron peritajes en las máquinas y descubrieron la trama de fraude y las evidencias que lo probaran.
Trabajando en conjunto con el Fiscal Federal del San Francisco[6] (Distrito Norte de California), presentaron una imputación ante un juez y éste convocó a lo que en Estados Unidos llaman un “Gran Jurado” que son un grupo de entre 16 y 23 ciudadanos que revisan la evidencia que les presenta el fiscal en sesiones secretas y con base en ello determinan si hay pruebas suficientes para acusar a una persona de un delito.
En este caso la evidencia era abrumadora y el Gran Jurado presentó una acusación[7] en los juzgados de distrito contra Elizabeth Holmes y su socio Ramesh Balwani alias “Sunny” por varios delitos de fraude. La Juez Susan Van Keulen libró órdenes de aprehensión contra los dos acusados para que se presentaran en una audiencia inicial, fueron arrestados. En la audiencia se les dieron a conocer sus derechos, fueron informados de las acusaciones en su contra y se les preguntó cómo se declaraban frente a las acusaciones; ambos se declararon inocentes.
Posteriormente, la Juez Van Keulen les informó cuando sería su próxima audiencia y ante qué Juez (un juez distinto) debían comparecer, para que se resolvieran todas las mociones previas al juicio, se hiciera el descubrimiento probatorio (los pruebas de la acusación) y se llevaran a cabo las audiencias llamadas “voir dire” (decir la verdad en latín) para escoger a los jurados entre las dos partes (fiscalía y defensa).
Finalmente, en dicha audiencia la Juez Van Keulen pregunto al fiscal que medidas cautelares proponía para asegurar que los acusados asistieran al juicio y éste contestó que proponía la libertad durante el juicio, previa garantía de 500 mil dólares por cada uno, la entrega de sus pasaportes y restricciones para viajar fuera de California (solo podían ir a Washington a ver a uno de sus abogados, avisando a la Corte). La Juez consultó a un funcionario llamado “Allen Lew” encargado de la oficina de “Servicios Previos al juicio” sí derivado de su dictamen había algún problema con la decisión de la Corte y éste dijo que ninguno.
Transcribo y traduzco está parte de la Audiencia[8]:
“Juez: Señorita Holmes y Sr. Balwani, van a ser liberados bajo las siguientes condiciones:
Su libertad es condicional y si no cumplen con estas condiciones, su libertad puede ser revocada y ustedes regresaran a prisión preventiva. Están siendo liberados gracias a la garantía de los 500 mil dólares pero si faltan a alguna de las audiencias que les ordenes la Corte o cumplir sus condiciones, el gobierno cobrará la garantía.
Están sujetos a las siguientes condiciones:
No pueden entrar en contacto, acosar, amenazar o cualquier otra interacción con ningún testigo, víctima, informante o cualquier persona relacionada con la investigación criminal.
No pueden viajar fuera del Distrito Norte de California, con excepción de los viajes que pueden hacer a ver a sus abogados.
Y deben reportarse de inmediato a Servicios Previos al Juicio una vez que sean liberados… ¿De acuerdo?”
Los acusados estuvieron de acuerdo y la juez añadió que ambos debían entregar sus pasaportes a la oficina de Servicios Previos al juicio y que no podían poseer armas de ningún tipo, no podían comunicarse entre ellos sin la presencia de un abogado y no podían cambiarse de casa sin avisarle al funcionario de Servicios Previos.
Finalmente les confirmó que debían asistir a su próxima audiencia el 15 de agosto y los envío con los Alguaciles de la Corte (custodios) para hacer los trámites de la fianza para después ser liberados bajo esa garantía.
En el boletín de prensa de la Oficina del Fiscal del Distrito Norte de California se insistió en que los acusados son inocentes hasta que les sea probada su culpabilidad “más allá de toda duda razonable.”
El siguiente paso fue que Holmes y Balwani tuvieron juicios por separado. En el caso de Holmes siguieron una serie de audiencias donde se litigaron las pruebas de la fiscalía, se hicieron algunos acuerdos probatorios, se resolvieron recursos que interpusieron los acusados y se eligieron los jurados. Después vino el juicio.
Durante un poco más de tres meses con la dirección de la Juez, la fiscalía y la defensa litigaron enfrente del Jurado. Se desahogaron los testimonios de los testigos, de las víctimas y los peritos y una vez desahogadas todas las pruebas, el jurado se retiró a deliberar.
Durante siete días sopesaron las pruebas y determinaron un veredicto de culpabilidad contra Elizabeth Holmes en cuatro de los once delitos de los que fue acusada (Balwani también fue declarado culpable).
Una vez concluido el juicio, con una sentencia de culpabilidad, Elizabeth Holmes (visiblemente embarazada por segunda vez) se regresó a su casa, para esperar la sentencia que es diferente al veredicto del Jurado. En el primero se declaró la culpabilidad de la acusada y en el segundo, las penas que se le impondrían
Unos días después y revisando las circunstancias con base en la “Guía de Sentencias para los jueces federales” así como el “estatuto que determina la imposición de sentencias”, Elizabeth Holmes se presentó a la audiencia en libertad y la Juez le impuso una pena de 11 años y tres meses en una prisión federal, así como tres años de supervisión posterior a su liberación, además se determinó que debía pagar un monto no especificado todavía de dinero para reparar el daño.
La audiencia se llevó a cabo el pasado 18 de noviembre, pero la Juez le ordenó que se presentará en una prisión de mínima seguridad en Bryan Texas, el 27 de abril de 2023, mientras regresará a su mansión en California en libertad bajo fianza. Una vez que nazca su nuevo bebé tendrá que ser separado de su madre y cuidado por su padre mientras está privada de su libertad.
El crimen de Elizabeth Holmes fue el fraude causado a los inversionistas que perdieron su dinero y a los enfermos que recibieron diagnósticos equivocados sobre su estado de salud, pero también la Juez consideró que debía ser ejemplar su sanción porque dañó la credibilidad de las nuevas empresas innovadoras – llamadas startups – frente a los inversionistas que arriesgan su capital en ellas. Y en un ambiente como el de Silicon Valley donde han surgido empresas como Apple o Tesla eso es muy dañino para la economía.
Sin embargo, tengo la impresión de que se hizo justicia. Elizabeth Holmes fue acusada de 11 delitos desde el principio del proceso (no imputada, ni vinculada a proceso) ACUSADA es decir supo desde el primer momento de que se tenía que defender. Además, estuvo libre durante todo el proceso y sigue libre hasta el 23 de abril de 2023 que debe presentarse en la cárcel para cumplir su sentencia.
A pesar del daño que causaron sus delitos, no la sentenciaron a cadena perpetua, ni a la pena de muerte sino a 11 años y tres meses de prisión y a pagar un monto no determinado todavía de reparación del daño.
Se cumplieron todos los principios de un proceso penal democrático; las agencias de investigación, “investigaron” de oficio (sin denuncia) a partir de una investigación periodística, juntaron las pruebas necesarias y trabajaron con el fiscal para formular una ACUSACIÓN.
Llevaron el caso ante un juez que libro la orden de aprehensión con base en la ACUSACIÓN (no como en México antes de la acusación) y en la audiencia inicial, considerando la presunción de inocencia y las circunstancias de la acusada, le otorgaron la libertad caucional con una fianza de 500 mil dólares (ahora en varios estados si no tienes dinero hay otras formas de garantizar la libertad caucional), tuvo derecho a la defensa y las audiencias fueron orales y públicas (de hecho muy mediáticas) y no fue juzgada por un juez de carrera sino por ciudadanos igual que ella, designados por su defensor y la fiscalía (el Jurado) que consideraron su culpabilidad sin mayor influencia que lo desahogado en el juicio.
Elizabeth Holmes estuvo en el juicio embarazada y algunos periodistas sospecharon que el embarazo era al propósito para ablandar al jurado. No fue así.
Es difícil saber si las víctimas están satisfechas con el resultado, pero la sociedad sabe que no hubo impunidad, pero tampoco venganza. Hubo justicia.
Me pregunto si tenemos algo que aprender en México de este proceso, en el caso de Rosario Robles, de Elba Esther Gordillo, de exsenador José Luis Lavalle, del excandidato presidencial Ricardo Anaya, del exdirector de PEMEX Emilio Lozoya, de la excuñada de Fiscal Gertz Manero, Alejandra Cuevas y de tantos que son privados de sus libertad sin acusación, que son procesados en prisión preventiva por meses y a veces años y que son juzgados por jueces que responden a una jerarquía burocrática y no por jurados de sus pares.
[1] https://www.britannica.com/biography/Elizabeth-Holmes
[2] https://www.nytimes.com/2022/01/03/technology/elizabeth-holmes-theranos.html
[3] https://www.walgreensbootsalliance.com/our-business/us-retail-pharmacy-segment#:~:text=Walgreens%20is%20included%20in%20the,10%20million%20customers%20each%20day.
[4] https://www.wsj.com/articles/theranos-has-struggled-with-blood-tests-1444881901
[5] SEC: Securities and Exchange Commission; FBI: Federal Bureau of Investigation; FDA: Food and Drug Administration; USPIS: United States Postal Inspection Service.
[6] https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/theranos-founder-and-former-chief-operating-officer-charged-alleged-wire-fraud-schemes
[7] https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.327949/gov.uscourts.cand.327949.1.0_1.pdf
[8] https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.327949/gov.uscourts.cand.327949.22.0_1.pdf
En la década de 1950, en la isla se realizó un ensayo a gran escala para probar la píldora anticonceptiva entre mujeres pobres.
Dos mujeres, de pie en un complejo de vivienda pública en San Juan, Puerto Rico, miran perplejas. Una de ellas, tímida, describe unos síntomas: “Se me fue el mundo, se me nubló la vista. Lo único que dije fue: ‘Virgen del Carmen, cuídame a mis hijos‘”.
Luego, diciendo que no con la cabeza, la otra comenta: “Se estaba experimentando con nosotras sin saberlo”.
La escena es parte del documental “La Operación” (1982). Las mujeres, cuyos nombres no son mencionados, describían cómo fue su participación en el primer ensayo clínico a gran escala en el que se probó la efectividad de la píldora anticonceptiva en los años 50 del siglo pasado.
En el filme ambas afirman que desconocían ser parte de una investigación.
Como ellas, otras cientos de mujeres boricuas de origen humilde, sin saberlo, fueron pacientes del estudio dirigido por dos académicos estadounidenses.
El medicamento, que desde su comercialización en 1960 permitió que las mujeres tuviesen mayor control sobre sus cuerpos, porque no dependían del hombre para planificar la maternidad, fue probado en Puerto Rico gracias a una peculiar política pública de control de la sobrepoblación impulsada por el gobierno local de la isla y EE.UU.
En medio de un boom de nacimientos durante la primera mitad del siglo XX, con muchos ciudadanos en situación de extrema pobreza, la solución de los políticos de turno nombrados por EE.UU. fue fomentar que los puertorriqueños no tuvieran hijos.
Y sus iniciativas, explica la profesora de la Universidad de Puerto Rico Ana María García, directora de “La Operación”, estaban diseñadas específicamente para que esa reducción de la población se diera entre las comunidades más pobres.
“Fueron dirigidas a las mujeres más pobres, más racializadas y menos escolarizadas del país”, dice, por su parte, Lourdes Inoa, de la ONG feminista puertorriqueña Taller Salud.
“Porque eran quienes menos oportunidad tenían de conocer las repercusiones de participar de este tipo de procedimientos. El consentimiento, en este contexto, es altamente cuestionable”, añade.
Con financiación privada, pero también del Estado, la isla fue “un gran laboratorio de control de natalidad”, sostiene García.
Y las mujeres, añade Inoa, se convirtieron “en conejillos de indias”.
Dos científicos y dos activistas
El origen de la píldora, que según Naciones Unidas actualmente es usada por 150 millones de mujeres en todo el mundo, tuvo lugar lejos de Puerto Rico, entre las paredes de la prestigiosa Universidad de Harvard, en Massachusetts.
Quienes desarrollaron el fármaco fueron dos reconocidos profesores de la institución: John Rock y Gregory Pincus.
El primero, cuenta la historiadora Margaret Marsh, profesora en la Universidad de Rutgers en New Jersey, era uno de los expertos en fertilidad más importantes de Norteamérica, paradojalmente católico, y que pensaba que los matrimonios debían tener el derecho a decidir cuándo tener hijos.
El segundo era un biólogo que en más de una ocasión catalogó la sobrepoblación como “el mayor problema para los países en desarrollo”.
Ambos estuvieron financiados y supervisados muy de cerca por Margaret Sanger, enfermera y experta en salud fundadora de la organización Planned Parenthood, y por la acaudalada líder sufragista Katharine McCormick.
Ellas, afirma Inoa, “buscaban que las mujeres estuvieran insertadas en diversas facetas de la sociedad, para que tuvieran mayor poder”. Controlar la maternidad era esencial para lograrlo.
Pero es conocido que Sanger defendía la eugenesia, la filosofía social que defiende la mejora de la raza humana mediante la selección biológica.
Y por eso permitió que se experimentara en mujeres pobres y en situaciones de vulnerabilidad.
“El movimiento por el control de la natalidad, de alguna manera, tenía dos vertientes. Una buscaba que las mujeres tomaran sus propias decisiones reproductivas y la otra era la idea de que el control de natalidad era bueno porque la gente pobre tendría menos hijos”, agrega Marsh.
Los primeros estudios
Las primeras investigaciones de la píldora anticonceptiva en EE.UU. se realizaron en ratas y otros animales.
Luego, en una decisión “poco ética”, los científicos administraron el medicamento a un reducido grupo de pacientes en un hospital público para personas con problemas de salud mental de Massachusetts, cuenta Marsh, quien es experta en la historia de la anticoncepción en EE.UU.
“Las familias de las pacientes sí dieron el permiso para que se realizara el estudio, pero ellas en sí, por estar en un hospital psiquiátrico, no consintieron. Aunque en esa época esto era legal”, comenta.
En esta fase, Pincus y Rock descubrieron que los compuestos que habían creado tenían el resultado de detener la ovulación. Así que buscaron un lugar para hacer un ensayo a mayor escala, para que los reguladores estadounidenses aprobaran la píldora.
En Massachussets, explica la profesora García, el control de natalidad era ilegal. Allí también había limitaciones legales para las experimentación con seres humanos.
Fue entonces cuando los científicos tuvieron que identificar un “lugar ideal”.
La isla laboratorio
Decidieron ir a Puerto Rico porque allí la esterilización, y en general la experimentación para lograr la anticoncepción, era legal desde 1937.
“Se aprobó una ley en un momento histórico, cuando en el resto del planeta, incluyendo EE.UU., la esterilización amplia no era legal”, señala García.
La legislación fue firmada por el gobernador Blanton C. Winship, un hombre que también apoyaba la eugenesia públicamente, y quien -según un artículo del New York Times- urgía a que en Puerto Rico se investigara el control poblacional, porque para él era el único “medio confiable para mejorar la raza humana”.
En la década de 1950, cuando los investigadores de la píldora llegaron a la isla, un 41% de las mujeres puertorriqueñas en edad reproductiva ya había probado algún método de anticoncepción, según un estudio de la Universidad de Puerto Rico.
Esto fue posible gracias a que la legislación permitió la creación de decenas de clínicas de planificación familiar alrededor del territorio, incluso en los pueblos más remotos, subvencionadas por el gobierno y que tenían personal que fomentaba el control de natalidad entre las mujeres.
La red de clínicas atrajo también la atención de Pincus y Rock, quienes pensaron que podían usarlas para desarrollar su proyecto.
El equipo, sin embargo, decidió concentrarse primero en un solo barrio de San Juan, la capital.
Las mujeres de Río Piedras
En la isla el experimento comenzó en 1955 como un proyecto en el que participaron estudiantes de medicina y enfermería. Pero el estudio era demasiado complicado y doloroso, por lo que muchas no lo terminaban.
Además, la píldora probada en Puerto Rico era una dosis mucho más alta que la actual y causaba fuertes efectos secundarios.
“Era necesario realizarles análisis de orina, biopsias endometriales y otras pruebas para determinar si estaban ovulando o no. Es un procedimiento incómodo. Si tienes a estudiantes que realmente no tienen la necesidad de métodos de anticoncepción, no iban a estar dispuestas a continuar”, comenta Marsh.
El medicamento les causaba nauseas, mareos, vómitos y dolor de cabeza. Pincus, sin embargo, descartó estos efectos secundarios y alegó que eran una consecuencia “psicosomática”.
“Creía tanto en la pastilla, que él se la estaba dando a sus familiares. A sus nietas, sus hijas, las amigas de sus hijos”, dice Marsh, quien escribió una biografía sobre Rock, colega de trabajo de Pincus.
El equipo decidió continuar la experimentación, pero esta vez en Río Piedras, un suburbio del norte de Puerto Rico.
Trabajadores sociales y personal médico visitaba puerta por puerta a las mujeres, ofreciéndoles la píldora anticonceptiva y, a algunas de ellas, les realizaban exámenes para recolectar datos, sin ninguna retribución monetaria.
El rechazo por parte diversos sectores de la sociedad puertorriqueña fue inmediato.
“Hubo notas de prensa que catalogaron como ‘maltusianas’ las investigaciones. También por parte de médicos, incluso de los que estuvieron en el proceso de reclutamiento de mujeres, quienes pensaban que los efectos secundarios debían tomarse con seriedad y que era necesario hacer más pruebas y no descartarlos”, dice Inoa, de Taller Salud.
Por los efectos secundarios muchas de estas mujeres, al igual que en los estudios anteriores, decidían dejar el tratamiento. Otras, golpeadas por la pobreza, accedían a tomar la píldora como un método reversible de control de natalidad.
Según Marsh, tres personas del ensayo clínico que se realizó en la isla caribeña murieron. No obstante, nunca se les hizo una autopsia, por lo que se desconoce cuáles fueron las causas precisas de su fallecimiento.
La aprobación
Pese a las muertes, al ver que la píldora tenía el efecto de evitar embarazos, los científicos extendieron su proyecto a otros pueblos de Puerto Rico, y más adelante a Haití, México, Nueva York, Seattle y California.
En total participaron unas 900 mujeres, de las que alrededor de 500 eran puertorriqueñas.
En 1960, la Agencia de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA, en inglés) aprobó el Envoid, como se llamó la primera pastilla, como un método anticonceptivo.
Su expansión fue veloz. En tan solo siete años, 13 millones de mujeres en el mundo la usaban.
Pero luego de ser avalada por la FDA, la píldora continuó causando efectos secundarios fuertes, como coágulos de sangre, lo que provocó demandas. En la isla, pese a las acciones legales en otras partes de EE.UU., los estudios continuaron hasta 1964.
Todavía hoy, afirma Inoa, no hay investigaciones “significativas” que busquen “otro tipo de métodos de anticoncepción que no tengan los efectos secundarios de la píldora que existe ahora”.
Mientras, los estudios para crear un medicamento anticonceptivo oral para hombres tampoco han dado frutos, aunque comenzaron hace 30 años.
“Las mayores experimentaciones siempre han sido en personas gestantes”, concluye.
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