Puros pluris: la reforma electoral y el artículo 68 de la Constitución española
La Constitución española en su artículo 68.1 establece que el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. En el 68.2 señala que la circunscripción electoral es la provincia (España tiene 50 provincias y 2 ciudades autónomas) y en el 68.3 que la elección se verificará en cada circunscripción (provincia) atendiendo a criterios de representación proporcional.
Por su parte el artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de ese país aclara que el Congreso se compondrá de 350 diputados, uno para cada ciudad autónoma y dos para cada provincia como mínimo, los restantes 248 se le asignarán a cada provincia de manera proporcional con base a su población.
De esta manera, cuando hay elecciones cada partido hace una lista de candidatos a diputados por provincia y según el porcentaje de votos de cada partido se le asigna un número proporcional de diputados a través de una fórmula establecida en el artículo 163 de esa misma ley basada en la llamada “Ley d’Hondt”.
Esta “Ley d’Hondt” es un invento del jurista belga Víctor Hondt (1841-1901), que desarrolló esta fórmula para que se repartieran los diputados lo más justo posible de acuerdo al número de votos de cada partido. Incluso en ese artículo 163, la ley española pone un ejemplo práctico de cómo repartir los diputados entre el número de votos.
Este sistema ha probado su eficacia en la democracia española, pero ha recibido muchas críticas porque permite la sobrerrepresentación de los partidos grandes y la subrepresentación de los chicos.
La razón es que en las provincias que solo tienen dos diputados es muy difícil repartir diputados de manera proporcional (si tres partidos se repartieron 28, 30 y 34% de la votación de esa provincia), mientras que en las grandes que tienen más diputados que repartir, la asignación de diputados es más cercana al porcentaje de votos de cada partido.
La reforma electoral que ha propuesto López Obrador reproduce en muchos sentidos el artículo 68 de la Constitución española, tanto en sus aciertos como en sus errores. Al revés de lo que se ha publicado en algunos periódicos nacionales, no busca eliminar a los diputados plurinominales, muy por el contrario, elimina el 100% de los 300 diputados de mayoría y aumenta de 200 a 300 los diputados plurinominales, que ahora serán electos en 32 circunscripciones (una por cada entidad federativa) en lugar de las 5 que hasta ahora existen.
La iniciativa propone que los 300 diputados se distribuyan entre las entidades federativas con base en su porcentaje de población de acuerdo al último Censo. De esta manera, por ejemplo, Aguascalientes que tiene 1,425,607 habitantes, equivalentes al 1.10% de la población, tendría derecho a tres diputados que a su vez equivalen al 1% de las 300 diputaciones. Por su parte, el Estado de México con 16, 992,418 habitantes, equivalente al 13.50% de la población del país, tendría derecho a 40 diputaciones federales equivalentes al 13.33% de los 300 diputados.
Al igual que en España, el problema de la propuesta está en la forma en la que cada entidad federativa repartirá los diputados que le corresponden. Según la propuesta de nuevo artículo 54 constitucional, a cada partido político o lista de candidaturas independientes se le asignarán el número de diputados que corresponda de acuerdo con su votación en cada entidad federativa.
Así en una hipotética entidad federativa que tuviera derecho a 100 diputados, si un partido tuviera el 40% de la votación le serían asignados 40 diputados y si otro partido tuviera el 3% tendría derecho a 3 diputados y así hasta llegar a 100.
La cuestión es que la entidad que más diputados tendría es el Estado de México con 40, mientras que Baja California, Campeche y Colima tienen derecho a 2 diputados cada una, lo que implica cierta complejidad matemática para repartirlas proporcionalmente entre partidos que obtuvieron el 20, 30 o 40 por ciento de la votación.
Según la propuesta en el artículo 54, en primer lugar se dividirá la votación válida (el total de la votación emitida menos los votos nulos y los votos de los partidos que hayan obtenido menos del 3% de la votación total) entre el número total de diputaciones por asignar. Si en Aguascalientes en 2021 se emitieron 457,938 votos válidos (eliminando los nulos y los que obtuvieron los partidos con menos del 3% de la votación) entre tres diputaciones a repartir, cada diputación equivaldría a 152,646 votos.
Más adelante la propuesta de artículo 54 establece que todos los partidos políticos que tengan más del 3% de la votación tendrán derecho a que les asignen el número de diputados como cocientes naturales enteros tenga su votación, es decir, si en 2021 el PAN obtuvo 229,115 votos equivalentes al 50% de la votación, Morena el 28%, el PRI 10%, Movimiento Ciudadano el 4.3%, el Verde 4% y Fuerza México 3%, ¿cómo les podríamos repartir tres diputaciones?
Al PAN con 229 mil votos le alcanza para un diputado y les sobran 76, 469 votos (lejos de los 152,646 para un segundo diputado) entonces considerando que MORENA tuvo 128, 548 votos equivalentes al 28% de la votación le tocaría otro diputado (aunque está 24, 098 votos debajo de los 152,646 necesarios) porque tiene más del 3% y el PRI con 46,671 equivalente al 10% de la votación le tocaría otro diputado, aunque está 105, 975 votos abajo del umbral de los 152,646.
En este sentido el PAN con el 50% de la votación tendría el 33% de los diputados que representan a Aguascalientes, una subrepresentación del 17%, en tanto Morena con el 28% de la votación tendría el 33% de la representación, es decir, una sobrerrepresentación del 5% y el PRI con el 10% de la votación tendría igualmente el 33% de la representación, una sobrerrepresentación del 23%.
Por su parte Movimiento Ciudadano con el 4.3% de la votación, el Partido Verde con el 4.02 y Fuerza México con el 3.3, aun cuando superan el umbral del 3% que marcaría la Constitución para tener diputados, se quedarían sin nada porque ya no hay diputados que repartir y esos votos se perderían completamente porque no se pueden sumar con los de otras entidades.
Si aplicáramos la Ley d’Hondt el PAN se quedaría con dos diputados, Morena con uno y el PRI, MC, el PVEM y FM ninguno.
A pesar de las similitudes, las diferencias son importantes. Como dije, el sistema español se divide en 52 provincias que funcionan como circunscripciones electorales en un territorio que es ¼ parte del territorio de México, o sea que son circunscripciones mucho más chicas y por tanto los diputados son más cercanos a sus electores. López Obrador propone listas por cada entidad federativa y 300 diputados, es decir 50 menos que en España que tiene 1/3 de la población de México. Por otro lado, en España formar partidos políticos es muy fácil (casi como hacer una Asociación Civil en México), hay más de 4,500 partidos políticos. Sin embargo -según el artículo 169 de la Ley Electoral–, deben juntar cada elección las firmas del 1% de los inscritos en el padrón de cada circunscripción para participar en las elecciones, por lo que hay 10 partidos con representación parlamentaria.
Otra cuestión importante es que los partidos locales pueden participar en elecciones nacionales en las provincias en las que realicen sus actividades, por eso los partidos vascos, catalanes o gallegos tienen diputados nacionales.
Algunas alternativas
Quién esto escribe siempre he estado en contra de los diputados plurinominales y de la partidocracia como ha quedado plenamente acreditado en este espacio (aquí, aquí y aquí), sin embargo, en caso de que la iniciativa de López Obrador prosperara en este aspecto (en todo lo demás nos llevaría a la dictadura), podrían hacerse algunos ajustes:
- Aumentar el número de Diputados de 300 a 400 para que además de las listas de cada entidad federativa, hubiera una lista nacional de hasta 100 diputados con el fin de compensar a los partidos con más del 3% de los votos nacionales para asignarles el número de diputados que le correspondan de acuerdo a su votación nacional;
- Facilitar la formación de partidos políticos para limitar el poder de las cúpulas partidarias y la partidocracia;
- Facilitar el registro de listas independientes;
- Permitir que los partidos estatales participen con listas en las elecciones nacionales en los estados donde están registrados;
- Regular la formación de las listas de cada partido para que haya representación regional (por ejemplo, que no todos los candidatos de Chihuahua sean de la capital o de Ciudad Juárez, o los de Nuevo León de Monterrey, sino que haya obligación de una representación regional);
- Regular la formación de la lista de candidatos para que los electores puedan escoger quienes van en los primeros lugares de las listas.
Congreso sin mayorías
En general la representación proporcional plena favorece la partidocracia y el control de las cúpulas partidarias, sin embargo también impide que un solo partido tenga mayoría y requiera de coaliciones y acuerdos con partidos minoritarios para que la agenda legislativa se apruebe. Esto tiene su lado positivo, pero también les da mucho poder a las minorías que con unos cuantos diputados pueden determinar la aprobación de la dicha agenda y la gobernabilidad.
La iniciativa del gobierno (insisto, sólo en este tema) como está planteada eliminaría el poder de los partidos políticos emergentes, favorecería la partidocracia y las cúpulas partidarias, y mantendría las restricciones a la formación de nuevos partidos. En suma, las burocracias partidarias se consolidarían en el poder y despojarían al ciudadano de la capacidad de elegir a sus representantes sin que tenga muchas alternativas para oponerse a estas élites.
La supuesta red de trata de personas reclutaba gente en Cuba para que lucharan junto a las tropas rusas en la guerra de Ucrania.
La desarticulación de una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso en Ucrania se ha saldado, por el momento, con la detención de 17 personas en la isla, según han informado medios oficiales.
La red prometía empleo y un sueldo sustancial en Rusia a los reclutados.
Dos jóvenes denunciaron la semana pasada haber viajado engañados, pensando que iban a trabajar en la construcción.
De los arrestados, hasta el momento, tres eran miembros del esquema de reclutamiento dentro de la isla, que era dirigido desde el exterior, según señalaron especialistas de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior al diario digital “Cuba Debate”.
Los otros 14 aseguraron haberse sumado de forma voluntaria a la operación, a cambio de obtener la residencia en Rusia y de una importante remuneración económica.
Sus confesiones, además de la intervención de las comunicaciones de la cabecilla del grupo a nivel interno con el resto de implicados, han permitido a los investigadores conocer cómo operaba el grupo y recabar, según el medio oficial, las pruebas penales contra los detenidos.
Al parecer, los reclutadores buscaban especialmente personas que tuvieran antecedentes penales o que pertenecieran a familias disfuncionales.
La red también buscaba mercenarios entre los cubanos radicados en Rusia, donde existe una creciente comunidad. Debido a que Moscú no exige visado a los nacionales de Cuba, se calcula que, solo en 2019, 28.000 cubanos ingresaron en Rusia, aunque no está claro cuántos decidieron quedarse.
Por el momento se desconoce los delitos de los que se acusa a los 17 detenidos, aunque según “Cuba Debate”, el marco legislativo cubano establece sanciones severas para delitos como la trata, el tráfico y el mercenarismo.
Cuba, aliada de Moscú, no ha ocultado su apoyo político a Rusia en su guerra en Ucrania, según analiza Pascal Fletcher, de BBC Monitoring. Rusia es un importante socio comercial para la isla y, desde el inicio de la invasión, los medios oficialistas y el ejecutivo han defendido el relato ruso del conflicto.
“Mercenarios”
Varios medios en Miami, donde se encuentra gran parte del exilio cubano, habían informado de la presencia de mercenarios cubanos que luchaban en Ucrania en las filas rusas, y el pasado mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército de ese país, según desveló el portal de noticias ruso “Ryazan Gazette”.
De acuerdo con el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único de cerca de US$5.000.
Según explica Fletcher, el gobierno de Cuba prefiere utilizar el término “mercenarios” para condenar a los disidentes internos y a los activistas antigubernamentales que, según afirma, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, “por lo que escuchar a los medios cubanos en el exilio acusar a Rusia de utilizar a los cubanos como ‘mercenarios’ y ‘carne de cañón’ en Ucrania es un anatema para las autoridades cubanas”.
En un comunicado, el gobierno de La Habana ha querido dejar claro que “Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania”, y que “está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.
El pasado 1 de septiembre, dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en redes sociales que fueron llevados a Rusia mediante engaños.
Ambos jóvenes aseguraron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.
“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.
Apenas cuatro días después, el gobierno de Cuba anunciaba la desmantelación de una banda de tráfico de personas “que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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