Los vivos de Bukele y la disyuntiva de los salvadoreños
La guerra civil que tuvo lugar en El Salvador entre 1980 y 1992 les costó la vida a entre 71 mil y 75 mil salvadoreños; i desde que terminó la guerra hasta 2022 (30 años) la criminalidad ha producido 116,498 homicidios. ii
A 30 años de ese 16 de enero de 1992 cuando se firmaron los acuerdos de paz en el Castillo de Chapultepec, El Salvador construyó una democracia bipartidista con las clásicas debilidades –pero también los aciertos– que tiene Latinoamérica; muchas libertades, pero en un marco de fuerte debilidad institucional, muchísimos casos de corrupción de funcionarios públicos, una deuda de casi el 90% de su PIB y un crecimiento económico modesto. iii
Paradójicamente, en El Salvador en estos años ha habido una disminución significativa de la pobreza y la desigualdad. Entre 2010 y 2019 la población en pobreza disminuyó del 50 % al 30 %, la pobreza extrema del 10 % al 1 % y el índice de Gini mejoró del 0.54 al 0.38. iv
A pesar de los logros de la democracia (y de sus limitaciones), El Salvador sigue enfrentando los problemas heredados de la guerra civil. Un grupo de entre los millones de salvadoreños v que emigraron a Estados Unidos huyendo de los efectos de la propia guerra, se integraron en pandillas criminales de Los Ángeles, California como la Barrio 18 o la posterior Mara Salvatrucha o MS-13 principalmente.
Miles de miembros de estas pandillas criminales fueron detenidos, procesados y condenados en Estados Unidos por crímenes menores o muy graves, pero en 1996 el Congreso de Estados Unidos pasó una reforma a sus leyes migratorias denominada “Reforma a la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Migrante”, que permitió que todos los inmigrantes que cometieran delitos con penas de un año en adelante (robo en comercio sin violencia, posesión de droga o incluso conducir a velocidades superiores a lo permitido), o que tuvieran una multa de $ 100 mil dólares, fueran deportados inmediatamente a su país de origen prácticamente sin ningún atenuante. vi
Entre 1998 y 2014 el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos deportó cerca de 300 mil personas con antecedentes criminales a Centroamérica, muchos de ellos miembros del Barrio 18 y de la MS-13, y que cuando llegaron a Estados Unidos eran niños y que tenían muy vagos recuerdos de El Salvador. vii
Esos niños y jóvenes llegaron a El Salvador como adolescentes y se integraron en barrios con otros miembros de la MS-13 y de Barrio 18, retomando su actividad criminal sin que el gobierno de El Salvador (que se empezaba a reconstruir después de la guerra civil), la nueva la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República ni el Poder Judicial tuvieran la capacidad necesaria para controlar a estas bandas.
En los primeros años después de la guerra civil el número de homicidios fue muy alto, posteriormente fue bajando hasta 2002 (ver gráfica) en que los efectos de las deportaciones de pandilleros, empezaron a aumentar el número de homicidios y la criminalidad en general.
El poder de las pandillas y el conflicto entre ellas tuvo efectos muy negativos en la población salvadoreña; los delitos que cometían no se circunscribían al homicidio, sino que incluían robo, violación, robo de vehículos, venta de drogas, extorsión (pago de piso), secuestro, y con base en estos delitos que ni la Policía Nacional Civil ni la fiscalía podían controlar, empezaron a controlar zonas completas del país incluyendo barrios enteros de la capital. viii
Lo único que detenía a las pandillas era la rivalidad entre ellas (Mara Salvatrucha-13, las dos facciones de Barrio 18 -Sureños y Revolucionarios-, pandillas menores como la Mao-Mao, La Mirada Locos o CODEMAR), ix vivir en El Salvador implicaba el miedo permanente, si no pagabas “piso” (aunque fuera sólo para estacionarte en una calle), si usabas el número 8 en una zona dominada por la MS-13 (porque podían confundirte como miembro de una pandilla rival), si usabas la misma marca de tenis, x por supuesto si eras víctima no podías denunciar a riesgo de que se enteraran los criminales, la verdadera autoridad eran las pandillas que dominaban en cada zona.
Las pandillas en El Salvador tenían unos 60 mil miembros, pero casi medio millón de personas dependen de la “economía” que generan, xi tenían presencia en 247 de 262 municipalidades y extorsionaban al 70 % de los negocios. xii En algunas bardas de El Salvador se podían leer grafitis que decían “Nosotros controlamos la nación”. xiii
Este gobierno paralelo en que se convirtieron las pandillas les dio una enorme impunidad al amparo de la cual cometieron muchas masacres y obligaron a muchas familias a huir de sus casas a riesgo de que las masacraran por no amueblar obligatoriamente la casa de unas pandilleras. xiv
“Estas estructuras sometieron a miles de comunidades mediante la fuerza y el terror, a vivir bajo el arbitrio de sus normas, que sintetizaron bajo el lema “ver, oír y callar”. Desobedecer las exigencias de dinero, o violar las draconianas normas de convivencia que imponían solía pagarse con la vida. Además, los habitantes de los territorios bajo control pandillero solían ser víctimas colaterales de la guerra que libraban entre sí. Uno de los más infames ejemplos de su poder ocurrió en junio de 2010, cuando la facción Revolucionarios del Barrio 18 quemó vivas a 17 personas que se conducían en un microbús del transporte público, sólo por el hecho de que esas personas habitaban una comunidad controlada por la Mara Salvatrucha-13”. xv
“Los transportistas pagaban 34 millones de dólares al año a los extorsionistas, según un estudio que realizó la Mesa Nacional de Transporte en 2015. Cuando los empresarios se negaban a pagar, sus empleados sufrían las consecuencias. En el año en que realizaron el estudio, 95 trabajadores del sector transporte fueron asesinados”. xvi
La principal fuente de ingresos de las pandillas es la extorsión a personas y a los negocios bajo la premisa de que no pagar implica la muerte. Sin embargo, las pandillas no sólo generan violencia para intimidar a los que no quieren pagar, también lo hacían para demostrar su fuerza y generar miedo matando personas indiscriminadamente en el transporte público o en la calle.
Un hecho notorio fue cuando en 2015 las pandillas sintieron que el gobierno les quería imponer “mano dura” y amenazaron a los transportistas que nadie podía salir hasta que ellos dijeran. Lograron paralizar el transporte público durante cuatro días, quienes desobedecieron lo pagaron con la vida. xvii
Durante estos años, los diversos gobiernos han prometido combatir la criminalidad; sin embargo, los resultados de sus políticas como “Mano Dura”, “El Plan Super Mano Dura” (que integró de nuevo al ejército en labores policiales) xviii o los posteriores “Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia”, xix versión I y II, xx y la Ley de Proscripción de Pandillas y Plan Salvador Seguro” xxi tuvieron resultados muy limitados.
Entre 2014 y 2015 aumentó exponencialmente el número de homicidios (ver gráfica); en 2016 el gobierno salvadoreño endureció la represión contra las pandillas, tanto para los que están libres como para los que ya se encuentran en la cárcel. Derivado de esto, el 9 de enero de 2017 en un video los líderes de las Mara Salvatrucha, la 18 Revolución y 18 Sureños se comprometían a suspender los homicidios en el país, pero advirtieron que el gobierno debería atenuar la mano dura contra ellos, ya que no podría eliminar a las pandillas porque “somos parte de la comunidad de nuestro país”. xxii La tregua duró muy poco, pero los homicidios mantuvieron una tendencia decreciente.
Sin embargo, el creciente encarcelamiento de miembros de las pandillas (10 mil en 2017) al parecer coincidió con la disminución en el número de homicidios (ver gráfica).
El 3 de febrero de 2019 los salvadoreños eligieron a Nayib Bukele, un joven político de 37 años, como presidente de la República. De ascendencia palestina, hijo del líder de la comunidad musulmana en El Salvador, exalcalde de un pequeño municipio de 7,895 habitantes Nuevo Cuscatlán y luego de San Salvador, Bukele se presentó como un político independiente de los partidos tradicionales (aunque había formado parte del FMLN) y con el discurso –ahora clásico– de deslindarse del descrédito de los partidos tradicionales.
La agenda de Bukele era parecida a la de los otros candidatos, pero lo que ganó fue su estilo de liderazgo y frases como “devuélvanos lo robado”; decidió no ir a los debates, no aceptar entrevistas de periodistas que pudieran cuestionarlo xxiii e hizo toda su campaña a través de redes sociales; propuso grandes obras de infraestructura sin mencionar cómo pensaba financiarlas y, paradójicamente, señaló que el fin de la violencia tenía que hacerse por vía de programas sociales más que por la represión de las pandillas.
Según el New York Times ese discurso era un síntoma de que todos los candidatos reconocían que las pandillas eran un actor político y que su apoyo era importante para ganar la elección (se rumoreaba que los candidatos buscaban el apoyo de las pandillas) y no querían un discurso de confrontación con éstas.
Los primeros años de Bukele en el cargo experimentaron una disminución importante de los homicidios y Bukele lo atribuía a su Plan de Control Territorial que desplegó más de 5,000 policías y soldados en barrios y territorios dominados por las pandillas; sin embargo, un estudio del International Crisis Group (ICG) sugirió que la disminución se debía más bien a una decisión de las pandillas de controlar el número de homicidios. xxiv
Al parecer, las pandillas consideraron inviable enfrentarse al Estado porque la represión se hizo mucho más fuerte. “Los pandilleros muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad pasaron de 142 en 2013 a 591 en 2016” xxv y los “…escuadrones de la muerte contra pandillas, compuestos por policías corruptos, soldados y civiles armados, asesinaron a tiros a presuntos pandilleros, algunos de los cuales finalmente no lo eran”. xxvi
Adicionalmente Los Ángeles Times reportó que “el 7 de octubre de 2019: en un juicio histórico en El Salvador, unos 17 cabecillas de la MS-13 y otros 400 pandilleros de esta estructura fueron procesados por homicidio, tráfico de armas y pertenecer a organizaciones terroristas. Recibieron sentencias de hasta 60 años de prisión”. xxvii
Según El Faro, xxviii Bukele negoció con los líderes de las tres pandillas más importantes para que se redujera el número de homicidios a cambio de mejorar las condiciones carcelarias de los presos y beneficios para sus miembros otorgándoles la libertad. De acuerdo con el mismo medio también se pidió el apoyo de las pandillas para que sus miembros apoyaran al partido de Bukele (Nuevas ideas) en las elecciones. xxix xxx
Una masacre y un cambio radical
Efectivamente, el número de homicidios siguió descendiendo; sin embargo, independientemente de cualquier negociación que pudiese haber habido (confirmada y sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos), xxxi todo se canceló cuando el fin de semana del 25 al 27 de marzo de 2022 las pandillas masacraron al menos a 87 personas sin ninguna razón, solamente dispararon indiscriminadamente a “vendedores callejeros, pasajeros del transporte público y clientes del mercado”. xxxii De acuerdo a grabaciones en posesión de El Faro, el gobierno detuvo a un grupo de pandilleros del M-18 que viajaban en un vehículo del gobierno y los líderes de esta pandilla le “…dieron un ultimátum al Gobierno para que liberara a sus miembros. […] en la que daban al Gobierno 72 horas para liberar a sus líderes capturados”. xxxiii
Entonces el presidente Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa de El Salvador un régimen de excepción originalmente por 30 días (pero se ha renovado hasta el momento de escribir este artículo), que suspendió los artículos 7 (libertad de asociación), 12 inciso segundo (derecho a ser informado de las razones de detención, a no declarar y a la asistencia de un defensor), 13 inciso segundo (detención administrativa de menos de setenta y dos horas, y puesta a disposición del juez y plazo de 72 horas para que juez decida libertad o prisión preventiva), 24 (inviolabilidad de la correspondencia que podrá usarse como prueba y de comunicaciones telefónicas), todos de la Constitución de El Salvador.
Con base en este decreto, la policía y el ejército tomaron barrios completos y detuvieron en un mes 27 mil personas xxxiv que tuvieran alguna relación con las pandillas (por ejemplo tatuajes o de plano “portación de cara sospechosa”) y a la fecha hay más de 65 mil, incluyendo 8 mil jefes de líderes de la MS-13 y de Barrio 18 (como el 1 % de la población adulta de El Salvador). En total la población carcelaria en El Salvador es de 95 mil personas (en México 200 mil con una población 21 veces más grande).
Derivado de las detenciones (sin garantías por el estado de excepción) el número de homicidios se ha reducido a “uno” entre el 10 de mayo de 2022 y el 19 de mayo de 2023, y el apoyo a la política del presidente Bukele es del 95 % y su popularidad del 86 %, la más alta en América Latina. xxxv xxxvi
Sin embargo, la reducción de homicidios es sólo una parte de lo que los salvadoreños agradecen al presidente Bukele y sus políticas. El 3 de febrero de 2023 el periódico El Faro publicó el siguiente titular “Régimen de Bukele desarticula a las pandillas en El Salvador”. xxxvii
Según este artículo los reporteros de El Faro recorrieron los territorios que antes eran controlados por las pandillas y han comprobado que el presidente Bukele logró “desestructurar a las pandillas en El Salvador, desbaratando su control territorial, su principal vía de financiamiento y su estructura interna”. xxxviii
“El Faro habló con un veterano líder pandillero, ahora en huida fuera del país; visitó 14 comunidades que solían vivir bajo control pandillero en las zonas occidental, central y oriental del territorio; recorrió el Centro capitalino, circulando por las fronteras criminales controladas durante décadas por pandillas; habló con empresarios de distintos niveles sometidos por años al pago de extorsión; con policías, oenegés y políticos de oposición. La conclusión es contundente: las pandillas ya no existen de la manera en que El Salvador las ha padecido”. xxxix
Derivado de este megaoperativo que desarticuló el poder de las pandillas, las comunidades se han vuelto a reunir y a organizarse para recuperar “…espacios comunes, canchas o parques que durante décadas hicieron las veces de marcas fronterizas”, xl y los empresarios han dejado de pagar “piso” y las personas ahora pueden caminar libremente sin ver pandilleros en todas las esquinas.
Debido proceso, derechos humanos y derecho penal del enemigo
El 28 de abril de 2022 el New York Times publicó un artículo sobre la estrategia de Bukele con el siguiente titular “En El Salvador el presidente reprime las libertades civiles y es Amado por ello”, xli el subtítulo señalaba: “Una gran parte de los salvadoreños está dispuesta a tolerar a un líder de tendencias autoritarias a cambio de la solución a su preocupación más acuciante: la violencia de las pandillas”. xlii
Este artículo habla de Heber Peña, un joven de 24 años que fue detenido por la policía por ser sospechoso de pertenecer a una pandilla, y cómo su familia estaba juntando evidencia para poderlo liberar; sin embargo, el artículo subraya cómo la misma familia consideraba que lo que está haciendo el presidente para limpiar de pandillas El Salvador “es magnífico”.
Vivir bajo el yugo de las pandillas era una tortura para los salvadoreños que vivían aterrorizados de la prepotencia y de la arbitrariedad de las pandillas, por ello la sociedad acepta en su mayoría la pérdida de libertades civiles a cambio de una seguridad largamente deseada.
Es importante reiterar que “El régimen de excepción implica la pérdida de garantías constitucionales de los ciudadanos: la policía puede detener a cualquier ciudadano sin necesidad de una orden judicial o siquiera de informar las razones de la detención. Además, el plazo de detención provisional ha sido ampliado de 72 horas a 15 días, sin derecho a la defensa. Las comunicaciones también pueden ser intervenidas sin necesidad de una orden judicial”. xliii
El 7 de diciembre de 2022 las organizaciones de derechos humanos Human Rights Watch y Cristosal publicaron un informe denominado “Podemos detener a quien queramos: Violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador”. xliv
En dicho documento critican las políticas públicas en materia de seguridad y justicia penal en El Salvador señalando que las masacres del 24 al 27 de marzo de 2022 “fueron un brutal recordatorio de que El Salvador no ha adoptado medidas sostenibles y respetuosas de los derechos humanos para cumplir con su obligación de proteger a la población de la violencia crónica perpetrada por las pandillas”. xlv
En su informe señalan que se han cometido muchos abusos por parte de las autoridades que incluyen “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos en prisión, así como violaciones graves del debido proceso”. xlvi
A las policías les ponen cuotas de detención lo que permite arrestos a personas que no tienen nada que ver con las pandillas, solo por la apariencia física o su lugar de residencia, por llamadas anónimas o en señalamientos no corroborados. xlvii
Según el informe, se ha negado a las familias información del paradero de sus parientes detenidos y muchos de ellos permanecen incomunicados, 90 personas habían fallecido bajo custodia de la autoridad y el debido proceso no se ha respetado; ha habido audiencias con 500 detenidos al mismo tiempo, imposibilitando a los jueces, fiscales y defensores que puedan individualizar la justicia. Las políticas de mano dura “adoptadas por gobiernos anteriores han demostrado ser ineficaces y en ocasiones, han agudizado la violencia”. xlviii
Según El Faro, “en julio de 2022 -cuatro meses después de aprobado el primer régimen de excepción- las denuncias de habeas corpus habían roto récords históricos, con números que no se registraban desde el fin de la Guerra Civil: desde 1995, la Corte Suprema de Justicia recibía un promedio de 457 amparos al año, pero en esos cuatro meses se acumularon 1,090 recursos por abusos de autoridad y atropellos cometidos por policías y militares”. xlix
El presidente Bukele ha ido acumulando poder, su partido tiene dominada a la Asamblea Nacional, al Poder Judicial y a la Fiscalía, además de que ha debilitado al organismo encargado de la transparencia. Con ese poder acumulado ha podido llevar a cabo en todo su potencial el estado de excepción aplicando un especie de Derecho Penal del Enemigo l que, a diferencia del Derecho Penal Ciudadano, postula que no se puede tratar igual ni darle los mismos derechos a quien delinque en el marco del orden jurídico frente a quien reta al orden jurídico.
La disyuntiva de los salvadoreños
En 2021, el último año antes de que se declarara el estado de excepción, hubo 1,140 homicidios en El Salvador además de todos los problemas derivados de una especie de cogobierno que eran las pandillas.
A partir del estado excepción han disminuido notablemente el número de homicidios y – como se ha dicho – en los últimos 12 meses se ha producido un solo homicidio además de que se ha eliminado casi en su totalidad el poder de las pandillas y los efectos negativos que estas tenían.
No es tan aventurado suponer que, si no se hubiera decretado el estado excepción, el número de homicidios se hubiera mantenido constante; sin embargo, un poco más de mil personas que en otras condiciones hubieran muerto asesinadas, hoy están vivas. Y si se mantienen estas condiciones otras tantas salvaran la vida en los meses que vienen.
La disminución de homicidios y el aniquilamiento del poder de las pandillas es algo que valoran la mayoría de los salvadoreños y los “vivos” de Bukele seguramente no querrán que esa situación cambie en el futuro.
Sin embargo, es casi imposible sostener esta situación en el tiempo. No se puede dar marcha atrás, pero si se debe dar marcha hacia adelante. Mantener una población carcelaria (95 mil personas) es exageradamente costosa por más precaria que sea su situación en prisión. Sostener un estado de excepción indefinido es autoritario y puede revertir los papeles: un gobierno autoritario tiende a delinquir.
La disyuntiva de Bukele oscila entre revertir lo hecho hasta ahora (que los “vivos” de Bukele y la mayoría de los salvadoreños no quieren) y que la inseguridad, los homicidios, el poder y las venganzas de las pandillas regrese; mantener una situación de autoritarismo insostenible en el tiempo que revertirá los buenos resultados que hasta ahora se tienen, o dar un paso hacia adelante y desarrollar un plan que por lo menos debe tener las siguientes estrategias clave:
- Profesionalizar a la Policía Nacional Civil para que entre en control de los municipios de El Salvador sin necesidad del estado de excepción y que pueda mantener y reestablecer el orden y la paz pública, así como investigar los delitos con rigor para impedir que regresen las pandillas, pero también que se evite la fabricación de culpables;
- Regresar las facultades plenas de investigación a las policías (con control judicial) y que las fiscalías puedan concentrarse en litigar las investigaciones de la policía;
- Abrir nuevas investigaciones y fortalecer el sistema migratorio para evitar el regreso de pandilleros y/o procesarlos a su regreso;
- Crear jurados criminales para juzgar los delitos y evitar la sospecha de jueces de consigna;
- Revisar cada uno de los expedientes de los 65 mil detenidos para confirmar las sentencias de los culpables y revocar la de los inocentes que fueron detenidos injustamente;
- Establecer un plazo para llevar a cabo este proceso y concluirlo;
- Generar procesos económicos y productivos en el Sistema Penitenciario para que pueda ser sustentable, además de proyectos para que los pandilleros desechen la lógica criminal de las pandillas;
- Investigar los abusos cometidos durante el estado excepción y procesarlos bajo la premisa del propio estado de excepción (que no paguen justos por pecadores);
- Terminar el estado de excepción y el restablecimiento paulatino de las libertades civiles;
El efecto de no hacerlo casi siempre revierte la situación de seguridad de la que ahorita se goza en ese país, los dueños del poder se vuelven prepotentes y arbitrarios, y los males que atribuían a las pandillas se traspasan al propio gobierno cuando se vuelve autoritario.
Un sistema de justicia sólido es la salida más importante y la más apremiante.
Esta es una disyuntiva de Bukele, pero también de las probablemente mil o más personas que hoy están “vivas” porque no fueron asesinadas gracias al régimen de excepción, pero también de las que probablemente serían asesinadas en el futuro. En realidad, es la disyuntiva de todos los salvadoreños. Por ello, tiene que haber un plan para restablecer el orden constitucional ordinario, para no regresar al crimen (con sus venganzas incluidas), para resarcir el daño que se haya causado, pero también para impedir la falsa salida del autoritarismo.
Y –dicho sea de paso– que también que sea una lección para todos los políticos de América Latina que tienen la necesidad fisiológica de opinar sin entender la complejidad de los problemas.
xlvi Op.Cit
l Günter Jakobs y Manuel Cancino Meliá, Derecho Penal del Enemigo, Civitas Ediciones S.L. Madrid 2003.
A pesar de la negociación, dos de las jugadoras han abandonado la concentración, pero no serán sancionadas.
El acuerdo se ha alcanzado prácticamente en el tiempo de descuento. Cuando apenas quedan dos días para que España tenga que enfrentarse a Suecia en la Liga de las Naciones, la mayor parte de la selección femenina de futbol ha aceptado poner fin al boicot, según ha anunciado el secretario de Estado de Deportes, Víctor Francos.
Tras siete horas de reuniones, el acuerdo por fin se alcanzó a las 05:00 hora local del miércoles.
Francos aseguró que la Federación Española de Fútbol (RFEF) se había comprometido a realizar “cambios inmediatos y profundos”.
Las jugadoras iniciaron el boicot después de que el entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales, besó a la delantera Jenni Hermoso tras el triunfo de España sobre Inglaterra en la final del Mundial femenil el mes pasado.
El beso, que Hermoso asegura no fue consensuado, provocó la dimisión de Rubiales, mientras que el técnico español Jorge Vilda fue despedido.
Dos de las 23 jugadoras convocadas para los partidos de la Liga de Naciones de este mes, Mapi León y Patri Guijarro, han optado por retirarse de la plantilla.
Francos agregó que las jugadoras que han decidido no jugar no se enfrentarán a sanciones, y que su decisión era “absolutamente respetable”.
Las jugadoras podrían haber recibido multas o una sanción por parte de la selección nacional por no presentarse a la convocatoria internacional.
España jugará contra Suecia el viernes y contra Suiza el martes en la Liga de las Naciones.
“Es una buena noticia poder decir que el equipo jugará los dos próximos partidos con garantías”, afirmó Francos, presidente del Consejo Nacional de Deportes (CSD).
El acuerdo se alcanzó, aseguró, tras mantener conversaciones “amistosas” en Valencia en las que participaron las jugadoras, dirigentes de la RFEF, el CSD y el sindicato de jugadoras Futpro.
“Se creará una comisión mixta entre la RFEF, el CSD y las jugadoras para hacer el seguimiento de los acuerdos, que se firmarán mañana”, afirmó Francos. “Las jugadoras han manifestado su preocupación por la necesidad de llevar a cabo cambios profundos en la RFEF, que se ha comprometido a realizar estos cambios de forma inmediata”.
Acercamiento
El lunes, la nueva entrenadora, Montse Tomé, seleccionó a 15 jugadoras que ya formaron parte del equipo de la Copa del Mundo para el combinado que jugará la Liga de Naciones.
Tras el anuncio de la convocatoria el lunes, las jugadoras publicaron un comunicado diciendo que el boicot seguía vigente, y que habían sido puestas “en una posición en la que nunca quisimos estar”.
Aseguraron, asimismo, que tenían la intención de explorar las posibles implicaciones legales de ser convocadas en contra de sus deseos.
Tome dejó fuera de la plantilla a Hermoso para, según ella, “protegerla”.
Pero Jenni Hermoso aseguró que el hecho de seleccionar a jugadoras que estaban haciendo el boicot al equipo demostraba que “nada ha cambiado” en la RFEF.
Según ha explicado ahora el CSD, se va a establecer una comisión para monitorear los cambios acordados, que se centrará en políticas de igualdad, avances en la equiparación salarial y la mejora de la infraestructura del deporte femenino.
“Las jugadoras lo ven como un acercamiento de posiciones. La gran mayoría ha decidido quedarse por el bien de este acuerdo”, afirmó la presidenta de Futpro, Amanda Gutiérrez. “Es el comienzo de un largo camino por delante”.
Las jugadoras españolas viajaron el martes a la concentración en Valencia.
Cuando los periodistas en el aeropuerto de Barcelona le preguntaron cómo se sentía acerca de la situación, la centrocampista y dos veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, fue tajante: “Bueno, mal”.
A Rubiales se le ha prohibido acercarse a menos de 200 metros de Hermoso después de que ella presentara una demanda judicial.
Al comparecer ante el tribunal por primera vez el viernes, Rubiales negó haber agredido sexualmente a Hermoso.
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