La estructura es la estrategia.
El Arte de la Guerra, Tzun Tzu
Nuevo León siempre ha sido un estado vanguardista. No sólo por su capacidad industrial y espíritu emprendedor que lo coloca como el tercer estado más rico de México (sin los beneficios del centralismo), por sus instituciones educativas y de investigación, sus patronatos culturales, etc., sino también porque se ha atrevido a cambios importantes y vanguardistas en materia de seguridad y justicia.
En junio de 2004 Nuevo León reformó su Código de Procedimientos Penales para que una gran cantidad de delitos se procesaran a través de juicios orales, lo que lo convirtió en el pionero a nivel nacional. Adicionalmente, en Nuevo León se desarrolló una institución privada –financiada por empresarios- igualmente pionera en el tratamiento y atención a personas privadas de la libertad.
Institución RENACE se fundó en 1994 con la idea de ayudar a personas privadas de su libertad que –después de revisar su caso– son inocentes o han sido procesadas injustamente. Para ello litigan sus casos, en ocasiones pagan sus fianzas o la reparación del daño, les ofrecen atención psicológica y acompañamiento a las familias e incluso para evitar la reincidencia, promueven oportunidades laborales a las personas cuyos casos han atendido.
Otras iniciativas igual de importantes como “Puerta Violeta”, que atiende a mujeres víctimas de violencia para protegerlas y ayudarles en construir una nueva vida; la construcción de una policía metropolitana que integra las unidades de investigación de las policías municipales de la zona metropolitana de Monterrey (¡exacto!, que investigan delitos); la policía municipal de San Pedro Garza García (por mucho la mejor del país), y la implementación de la justicia cívica para atender faltas administrativas.
En un contexto de grave inseguridad Nuevo León creó la llamada Fuerza Civil que, aprovechando la cultura emprendedora de esas latitudes, desarrolló una policía estatal (que no municipalota) para garantizar la fuerza suficiente para combatir las organizaciones criminales que la federación ha dejado operar libremente. Últimamente después de un bache de abandono ha recuperado su esencia de policía de segundo piso y la supremacía de gobierno sobre los criminales empieza a recuperarse.
Sin embargo, Nuevo León también ha sido víctima de las simplificaciones que se han propuesto en materia de procuración de justicia en México. La peregrina idea de que la autonomía de las fiscalías evitaría la utilización política de las enormes facultades del ministerio público sin reformar sus procesos y atribuciones ha impedido que las vanguardistas iniciativas de ese estado consoliden una sociedad justa y por tanto segura.
El pasado 5 de octubre el primer fiscal “autónomo” del estado presentó su renuncia al cargo a pesar de que su periodo de seis años vencía en 2024, las razones o la “grilla” que hubo detrás de esta decisión creo que son irrelevantes para el argumento de este artículo, lo importante es que este cambio no debería ser solamente un proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado sino la oportunidad de transformar esa institución y demostrarle a México lo que puede ser una Fiscalía autónoma en nuestro sistema de justicia.
El Ministerio Público en México podría -quizás- ser la decepción más grande de los constitucionalistas de 1917. En el Congreso Constituyente de Querétaro, desde Venustiano Carranza hasta los diputados ahí presentes, tenían grandes esperanzas de que el Ministerio Público tendría un efecto muy positivo en la justicia, eliminando por un lado los abusos de los “Jueces de Instrucción” y fortaleciendo la persecución del delito para generar seguridad y justicia en México en el marco de un sistema acusatorio.
Y tal vez se hubiera logrado ese objetivo, sin embargo, como el diputado Paulino Machorro Narváez 1 lo expuso en su momento, las reformas posteriores acabaron convirtiendo al Ministerio Público en un “Juez de Instrucción” administrativo; las reformas eliminaron los juicios orales con jurado y regresaron al sistema escrito, luego crearon la averiguación previa (una instrucción administrativa) y le adscribieron una policía bajo su mando inmediato (la policía judicial) y los servicios periciales, le dieron fé pública para evitar la repetición de actuaciones en el juicio, lo mantuvieron en el ámbito del poder ejecutivo lo cual permitió (y permite) su uso político y el sistema ni fue más garantista, ni más eficaz para hacer justicia.
En un libro bauticé al sistema como el “garantismo inquisitivo”.
Con la reforma de 2008 y de 2014 había la expectativa de corregir esos errores del sistema, regresar a los juicios orales, eliminar la averiguación previa, darle facultades de investigación a las policías no ministeriales, eliminar la fe pública del Ministerio Público para que las pruebas se desahogaran en el juicio y no en la “averiguación previa”, darle autonomía al propio Ministerio Público para evitar que sus facultades fueran utilizadas políticamente, etc.
Sin embargo, faltó ambición y el Ministerio Público siguió siendo el eje en torno al cual gira el sistema; sigue siendo –prácticamente– quien recibe las denuncias y la cifra negra (delitos cometidos, pero no denunciados) sigue en los márgenes del 90% (pocos quieren denunciar). Es decir, de entrada 90% de impunidad.
La investigación está llena de torpezas burocráticas ineludibles porque están en la ley y por tanto el abuso de las detenciones en “flagrancia” abruma de trabajo a las policías y a los ministerios públicos sin que baje la impunidad y por tanto la inseguridad. Ahora la averiguación previa se llama eufemísticamente “investigación inicial y complementaria” y el expediente “carpeta de investigación”.
Se sigue litigando la investigación en el Ministerio Público (cosa que quería evitar la reforma para que todo fuera ante un juez) y la fe pública del Ministerio Público se sustituye por pasarle a la carpeta de investigación al juez antes de la audiencia.
La reforma de 2008 y la 2014 también le añadió tareas al Ministerio Público: además de recibir denuncias, le dio la facultad de resolver delitos a través de acuerdos reparatorios sin sanción judicial, lo que lo convirtió en una especie de “juez civicote”, que es el método a través del cual resuelve la mayoría de los asuntos que atiende sin contar las denuncias que decide archivar.
Aunque le permitieron “investigar” a las policías No ministeriales, se condicionó a que lo hicieran bajo la conducción y mando del ministerio público. Sin embargo, el ingenio de los neoleoneses a través de oficios de investigación, convenios e incluso una reforma legal ha permitido que la policía metropolitana de investigación haga su tarea cada vez con mayor eficacia.
Sin embargo, la cuestión de la seguridad y la justicia sigue pendiente: Nuevo León, además de la Policía Metropolitana de Investigación, tiene a la Fuerza Civil y a la Agencia Estatal de Investigaciones, el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales; y la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica, estas tres últimas dependientes de la Fiscalía General.
Esta estructura evidencia la estructura de las antiguas procuradurías, pero con otros nombres. Sigue habiendo un enfoque importante en la recepción de denuncias y en la integración de carpetas de investigación, a la fecha las áreas se denominan de “investigación y litigación” y se sigue viendo a la policía ministerial y los servicios periciales como “auxiliares” del ministerio público.
Para que Nuevo León sea la primera entidad en abatir la cifra negra tiene que transferir la recepción de denuncias a las policías municipales a través de estaciones de policía y unidades móviles de atención a víctimas y recepción de denuncias y así, aprovechar sus ministerios públicos en la litigación de las investigaciones en los tribunales.
Del mismo modo, si quiere tener tasas de impunidad similares a las de un país desarrollado, necesita transferir la Agencia Estatal de Investigación y el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales a la Secretaría de Seguridad Pública para –aprovechando la experiencia de la Fuerza Civil– construir una policía investigadora de clase mundial que articule la política criminal en el poder ejecutivo del estado que determine, dirija y articule la política criminal del estado de una manera efectiva y con todas los instrumentos.
Ningún órgano autónomo constitucional cuyos funcionarios no son electos deben tener policías o cualquier tipo de fuerza pública.
Del mismo modo, la mediación de todos los delitos que admiten “acuerdo reparatorio” debe ser una tarea de los juzgados cívicos municipales como lo marca la nueva constitución del estado.
¿Qué le queda entonces a la Fiscalía?
El artículo 52 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que para ser Ministerio Público es necesario contar con el título de licenciado en derecho, no dice ser investigador, mediador, juez cívico o de control. Lo que se requiere del Ministerio Público es que realmente sea el asesor jurídico de las investigaciones y el abogado de la sociedad que la proteja con la ley en la mano y en los tribunales de la impunidad.
Si el nuevo Fiscal trabaja con las policías municipales para que reciban denuncias y con la Policía Metropolitana de Investigación para que se identifique a los culpables, si la Agencia Estatal de Investigación y el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales están orientados por la política criminal del ejecutivo para abatir la impunidad, si promueve que la justicia cívica atienda los delitos que admiten acuerdo reparatorio (se puede a través de acuerdos), entonces el Ministerio Público, el nuevo Fiscal y su equipo podrán enfocarse en lo importante.
¿Qué es lo importante? Dirigir las investigaciones jurídicamente para que reúnan todos los elementos para poder formular imputaciones sólidas, litigar con todos los elementos proporcionados por las policías para obtener sentencias condenatorias que realmente abatan la impunidad con la ley en la mano. No más pero no menos.
Según México Evalúa, Nuevo León es el Estado que menos Ministerios Públicos tiene por cada 100 mil habitantes (4.6), frente al promedio nacional (12.8). Sin embargo, da la impresión de que el problema no radica solamente en el número sino en las tareas que le han asignado a esta institución.
Si la Fiscalía de Nuevo León, aprovechando el cambio de Fiscal, recupera su papel de ABOGADO de la sociedad olvidándose de ser policía, perito, mediador, juez “civicote” y juez de control y se centra en transformar el trabajo policial en imputaciones y en sentencias condenatorias a través del litigio, no sólo va a construir una sociedad segura, sino que va a ofrecer justicia a los neoleoneses, lo que le dará permanencia, y de paso va a mostrar el camino al resto del país como lo ha hecho innumerables veces.
1 Machorro Narváez, Paulino, El Ministerio público, La Intervención de Tercero en el Procedimiento Penal y la Obligación de Consignar según la Constitución. Ed. Publicaciones de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, Correspondiente de la Real de Madrid México DF 1941.
Una investigación en Reino Unido reveló niveles alarmantes de acoso y agresión sexual en el ámbito quirúrgico, en medio de una cultura de silencio que ha permitido que se perpetúe este patrón de conducta.
Cirujanas en Reino Unido dicen que están siendo acosadas y agredidas sexualmente, y en algunos casos violadas por sus colegas, según reveló un análisis sobre el personal del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés).
La BBC conversó con mujeres que fueron agredidas sexualmente en el quirófano durante una cirugía.
Los autores del estudio señalan que hay un patrón de comportamiento en el que mujeres que están haciendo prácticas son abusadas por cirujanos de más experiencia, y esto está ocurriendo actualmente en hospitales del NHS.
El Colegio Real de Cirujanos dijo que los hallazgos de la investigación son “realmente impactantes”.
El acoso sexual, la agresión sexual y la violación son considerados un secreto a voces dentro del ámbito quirúrgico británico.
Existe una historia no contada de mujeres a las que toquetean bajo sus batas, cirujanos que secan el sudor de su frente en el pecho de mujeres y hombres con una erección que se frotan contra el personal femenino.
A algunas cirujanas les han ofrecido oportunidades laborales a cambio de sexo.
El análisis -de la Universidad de Exeter, la Universidad de Surrey y el Grupo de Trabajo sobre Conducta Sexual Inapropiada en el marco de la Cirugía- fue compartido en exclusiva con la BBC.
Cerca de dos tercios de las cirujanas que proporcionaron información a los investigadores dijeron que fueron blanco de acoso sexual, y un tercio reveló que fueron agredidas sexualmente por colegas en los últimos cinco años.
Las mujeres dicen que temen reportar estos incidentes por el impacto negativo que esto pueda tener en su carrera y no confían en que el NHS tome medidas.
Hay nerviosismo al hablar abiertamente sobre esto. Judith nos pidió que no incluyéramos su apellido. Ahora, ella es una cirujana talentosa y experimentada.
Judith fue agredida sexualmente al comienzo de su carrera cuando era la persona con menos poder en el quirófano y el cirujano más experimentado estaba transpirando.
“Él simplemente se dio vuelta y hundió su cabeza en mis senos, y yo me di cuenta de que se estaba secando la frente sobre mí”, explica.
“Te quedas helada, ¿sabes?, ‘¿qué hace su cara en mi escote?’”.
Cuando lo volvió a hacer, Judith le ofreció una toalla. “No, esto es mucho más divertido”, le respondió con una “expresión burlona”, dice Judith, que recuerda haberse sentido “sucia y humillada”.
Peor aún para ella fue el silencio total de sus compañeros.
“Incluso él no era la persona de más rango en el quirófano, pero sabía que ese comportamiento estaba bien y eso es simplemente terrible”.
Esto le sucedió a Judith en medio del quirófano, pero el acoso y abuso sexual ocurre también más allá del hospital.
Anne –no podemos revelar su nombre real por razones legales- quiso hablar con la BBC porque cree que solo se producirá un cambio cuando la gente empiece a hablar.
Ella elige no llamar violación a lo que le pasó, pero está claro que las relaciones sexuales que tuvieron lugar no fueron consentidas.
El incidente ocurrió durante un evento social vinculado a una conferencia médica (un encuentro de médicos de la misma especialidad).
En un patrón que ya es familiar, ella era una pasante y él un cirujano experimentado.
“Yo confiaba en él, lo admiraba”, dice.
Él aprovechó esa confianza y le dijo que ella no conocía a la otra gente que estaba allí y que podía confiar en él.
“Así que caminó conmigo hacia el lugar donde me estaba quedando. Yo pensé que quería conversar y luego, de repente, se giró hacia mí y tuvo sexo conmigo”.
Anne dice que en ese momento su cuerpo se congeló y “no podía frenarlo”.
“Eso no era lo que yo quería, nunca fue lo que quise, fue totalmente inesperado”.
Cuando Anne lo vio al día siguiente, dice que “apenas podía mantener la compostura”.
“Sentí que no podía armar un escándalo, sentí que había una cultura muy fuerte de simplemente aguantar lo que te hicieran”.
El incidente tuvo un impacto duradero en Anne.
Primero la dejó emocionalmente paralizada, y años más tarde “el recuerdo volvía a inundar mi mente como un horror, una pesadilla”, incluso cuando se estaba preparando para operar a un paciente.
Es ampliamente aceptado que hay una cultura de silencio en torno a este tipo de comportamientos.
La formación quirúrgica se basa en el aprendizaje de colegas de mayor nivel en el quirófano, y las mujeres nos han dicho que es riesgoso hablar sobre aquellos que tienen poder e influencia sobre el futuro de sus carreras.
La investigación, publicada por la Revista Británica de Cirugía, es el primer intento para tener una idea de la escala del problema.
Los cirujanos registrados –hombres y mujeres- fueron invitados a participar y responder de forma anónima, y 1.434 respondieron. La mitad fueron mujeres:
Si bien el informe muestra que los hombres también son víctimas de algunos de estos comportamientos (un 24% fue acosado sexualmente), concluye que cirujanos y cirujanas “viven realidades diferentes”.
“Es probable que nuestros hallazgos tengan un impacto en la confianza del público en la profesión”, señaló el doctor Christopher Begeny, de la Universidad de Exeter.
Entre tanto, un segundo reporte –llamado “Rompiendo el silencio: abordaje de la conducta sexual inapropiada en la atención médica”- hace recomendaciones sobre lo que tiene que cambiar.
Ambos informes indican que la proporción relativamente más baja de mujeres cirujanas (cerca del 28%), combinada con el hecho de que el ámbito de la cirugía es profundamente jerárquico, les da a algunos hombres un poder significativo, y esto se combina mal con el ambiente de gran presión que se vive en el quirófano.
“Esto hace que la gente puede comportarse con impunidad y no se controla mucho lo que pasa”, dice la profesora Carrie Newlands, cirujana de la Universidad de Surrey.
Newlands decidió abordar este comportamiento después de escuchar las experiencias de sus colegas con menos experiencia.
“El escenario más común es que una aprendiz de menos experiencia sea abusada por un perpetrador hombre de más experiencia, que por lo general es su supervisor”, le dijo a la BBC.
“Y esto da como resultado una cultura de silencio en donde las personas tienen miedo por su futuro y su carrera si deciden hablar”.
Otro tema que surgió del análisis fue la falta de confianza en organismos como el NHS Trust, el Consejo Médico General (que gestiona el registro de médicos en Reino Unido autorizados a ejercer) y los Colegios Reales (que representan a las especialidades en medicina) para tratar el problema.
“Necesitamos un cambio profundo en los procesos de investigación para que sean externos, independientes y confiables para que la atención sanitaria se convierta en un lugar seguro para trabajar”, señala Newlands.
Tim Mitchell, presidente del Colegio Real de Cirujanos de Inglaterra, le dijo a la BBC que los hallazgos de la investigación son “profundamente impactantes y serán una fuente de mucha vergüenza para la profesión de cirujano”.
En conversación con el programa Today de BBC Radio 4, reconoció que “queda claro que se trata de un problema común” que no ha sido abordado.
“Necesitamos implementar una cultura de tolerancia cero para garantizar que existen mecanismos que permitan a las personas afectadas sentirse seguras de que pueden acercarse, denunciar estos incidentes, y que serán tomadas en serio”, dijo.
La doctora Binta Sultan, de NHS Inglaterra, dijo que el informe es “increíblemente difícil de leer” y presenta “evidencia clara” de la necesidad de tomar más medidas para hacer que los hospitales sean “seguros para todos”.
“Ya estamos tomando medidas importantes para hacer esto, incluso a través de compromisos para brindar más apoyo y mecanismos claros de denuncia para aquellos que han sufrido acoso o han sido víctimas de comportamientos inapropiados”.
El Consejo Médico General actualizó el mes pasado sus estándares profesionales para los médicos.
Su direcctor ejecutivo, Charlie Massey, dice que “actuar de forma sexual con los pacientes o colegas es inaceptable” y que la “conducta inapropiada grave es incompatible” con seguir ejerciendo la medicina en el país.
¿Pero es el ámbito quirúrgico un lugar de trabajo seguro para las mujeres hoy día?
“No siempre. Y es terrible tener que admitirlo”, dice Judith.
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