Contra lo normal: discriminación anti-LGBT+ en México
Dedico este texto a mis camarades de la comunidad Trans.
Ni un paso atrás en sus derechos humanos.
Existimos. Hoy gracias a la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sabemos cuántos somos. Soy parte de los 4.6 millones (4.8 % de la población nacional) de personas mexicanas que tenemos una orientación sexual diferente a la heterosexual. Y comparto mi país con más de 900 mil personas trans o no binarias. Una buena noticia es el avance de las percepciones nacionales sobre la población LGBT+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual y más): más de la mitad de la población está de acuerdo con que podemos casarnos y mostrar nuestro afecto en público. Y 43 % está de acuerdo que podamos adoptar.
Sin embargo, hay muchas situaciones por las que no se puede ser optimista. Aún seguimos experimentando diferentes facetas de discriminación. Más allá de cómo somos presentados en medios, usados en debates por políticos de derechas, o agredidos en las calles (78 muertes violentas de personas LGBT+ en 2021, según Letra S), quería ver los datos de ENDISEG sobre discriminación en nuestros espacios vitales: la familia, el trabajo, la clínica y el banco. Les presento algunas estadísticas descriptivas de la encuesta.
Primero, contrario a la idea de que la familia siempre es un espacio seguro, las personas LGBT+ vivimos acoso por nuestras identidades en nuestras casas. Por ejemplo, padres que buscan que nos sometamos a terapias de conversión. En la tabla 1 ustedes pueden ver que las personas queer, transgénero, y los hombres homosexuales somos frecuentemente sometidos a estas presiones de nuestros propios familiares.
Luego, nuestros hogares son lugares hostiles. Según la tabla 2, más del 60 % de la población transgénero fue agredida en sus hogares de alguna forma, seguidos por la población no-binaria queer y luego los hombres homosexuales. La discriminación familiar es clave en la trayectoria de vida de la población LGBT+ porque aquí inician las trampas de pobreza, ya que varios son expulsados o escaparon de sus hogares por amenazas de violencia.
Las consecuencias en salud pública mental para la población LGBT+ son evidentes según se puede ver en la tabla 3. Más del 67 % de las personas de género fluido, queer y bisexuales han pensado alguna vez en el suicido. De hecho, todas las poblaciones LGBT+ con excepción de las mujeres homosexuales presentan pensamientos suicidas en su vida por encima del promedio de las personas heterosexuales en México.
Y seguimos experimentando barreras en acceso a diversos servicios públicos y privados. En la tabla 4 vemos que la población no-binaria y bisexual sufre de una alta carga de discriminación en atención médica y acceso a medicamentos. Esto ilustra la gravedad de la falta de medicamentos antirretrovirales, de testosterona, y provisión de salud mental en el servicio público dada la austeridad que estamos pasando en México.
En la tabla 5 podemos ver cómo la población no-binaria, bisexual, transgénero y hombres homosexuales sufrimos más de discriminación laboral. La inseguridad laboral nos impone trabajos precarios debajo de nuestros niveles de estudio, e incluso a aceptar salarios peores que nuestras contrapartes heterosexuales o personas que tienen en género con el que nacieron (cis). Lo mismo sucede en lo financiero, las poblaciones LGBT+ están siendo negadas de hogares o ingresos necesarios para vivir según la tabla 6.
¿Cómo se transmite la discriminación contra la población LGBT+ en estos espacios? Mi hipótesis central es que hay un “castigo” cuando las personas LGBT+ se presentan en público con sus familias, jefes y médicos (sus nombres, su vestimenta, -esto es conocido como comportamiento de género). Esto pasa porque hay una percepción conservadora en segmentos de la población de que el comportamiento de género no conforme con la heterosexualidad cis es una transgresión del género. En particular, el género asignado al nacer para las personas transexuales. En el caso de las personas bisexuales porque se les castiga por ser ambivalentes o ser inexistentes. Esencialmente, la discriminación (negar derechos por razones de identidad) proviene de la violación de lo “normal”.
Por eso el orgullo LGBT+ es necesario, urgente, y claramente tiene que transgredir la idea social cristiana de lo normal. En lugar de una simple adaptación a los cánones de lo normal de algunas poblaciones homosexuales al capitalismo y a la sociabilidad católica, nuestra expresión disruptiva del género es una forma de solidaridad con las personas no-binarias, transexuales, pansexuales y bisexuales: si ninguno de nosotros es “normal”, pero vivimos en la misma comunidad con los cis – heterosexuales en paz, elles también pueden, deben y merecen vivir en paz. Y esa paz es vivir con derechos.
Recuerdo cuando vi la película Milk en 2008 (sobre la vida del activista gay Harvey Milk en San Francisco, Estados Unidos, en los años 70). En una de las escenas más inspiradoras, las personas activistas se comprometían salir del closet con el solo propósito de hacerle ver a las personas cis heterosexuales de la ciudad que había gente LGBT+ en San Francisco. Cada salida del closet es un acto de pequeño heroísmo contra la idea de lo “normal” que consigo lleva violencia. Contra la idea de lo normal, debe venir la idea de la comunidad. Quienes nos usan en sus guerras culturales (y dicen que nuestros derechos son secundarios) no entienden que de nuestra identidad dependen nuestros derechos económicos y sociales. Que el patriarcado es más antiguo que el capitalismo. Que se abra esa puerta, decía Carlos Monsiváis, cada arcoíris, beso y maquillaje usado. Los que la abrimos debemos ayudar a quienes no han salido. Por eso, como nos dicen nuestras amigas las feministas, en esto también lo personal es político.
Nació como un pequeño grupo en un estado venezolano que hoy se dedica a varias actividades criminales y opera en casi toda Sudamérica, según los expertos.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Orígenes
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
Liderazgo
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Expansión internacional
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
“Su sello es causar temor”
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Miles de integrantes
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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