La prisión preventiva oficiosa como política de empobrecimiento y criminalización
México signó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas en 1981. El artículo 9.3 del Pacto indica que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general. Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa (PPO) –es decir, que una persona este presa sin que haya sentencia en su contra en lo que transcurre el juicio por algún delito “grave”– se ha expandido.
La PPO fue introducida en 2008 en la Constitución como parte de la guerra contra las drogas, y se amplió el catálogo de delitos meritorios de la misma en este sexenio. El caso que se discutirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en próximos días determinará si esta figura es Constitucional. El propio ministro Cossío Díaz explica por qué considera que una figura que está en la Constitución puede ser eliminada justo porque contraviene un tratado internacional de derechos humanos como el Pacto mencionado.
Coincido con todos los argumentos contra la PPO en materia de derechos humanos. Aquí quiero elaborar en lo que otros han investigado: quienes son los presos por la PPO. Intersecta y Animal Político hicieron un fantástico reportaje del tema. Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes. A este reportaje quiero agregar algunos datos de fuentes similares que usaron los equipos de Intersecta y Animal Político: los Censos del Sistema Penitenciario, Estadísticas de Homicidios, Encuestas de Victimización, y la última Encuesta de Población Privada de la Libertad en México, todos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La Secretaría de Gobernación mencionó que la estrategia de seguridad descansaba en la PPO. La gráfica 1 muestra el total de personas presas en los Censos del Sistema Penitenciario en México. El número ronda alrededor de 200 mil, y ha crecido de manera constante desde entonces. Luego entonces, no hay razón real para pensar que tener más personas presas reduce tasas de violencia o crimen en México. En Estados Unidos, el país con más población en prisiones del mundo, no ha reducido sus tasas de criminalidad incrementando su capacidad de tener más personas privadas de la libertad.
Quiero enfatizar por qué aumentar la población presidiaria no se relaciona con la reducción del crimen o la violencia. En la gráfica 2 comparo la población carcelaria, homicidios, y tasa de victimización, usando unidades en decenas de miles. Visualmente podemos apreciar que, aunque la tasa de victimización tiene una relación inversa con el total de homicidios, ninguna de las dos parece guardar una relación directa con la población presa. En cambio, más bien parece que cuando aumenta la violencia y la criminalidad, los gobiernos expanden el uso de la prisión como política de seguridad. Esto, como veremos, tiene resultados graves en términos sociales.
La población que termina en prisión es eminentemente hombres jóvenes empobrecidos. De la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021 del INEGI obtuve los datos de la población sin sentencia alguna (en su mayoría por la PPO) y su ingreso mensual, presentados en la gráfica 3. El resultado: la PPO está esencialmente destinada a la población más pobre. Casi 70 % de las personas sin sentencia en prisión ganaban menos del promedio mensual de los hogares en México según CONEVAL y 23 % vivía en pobreza alimentaria antes de ser detenidos.
Podemos ver que la PPO también se concentra en algunas ocupaciones. Según la gráfica 4, podemos ver que en su mayoría las personas en PPO eran comerciantes, constructores, asistentes en tareas elementales, vigilantes y operadores. Es decir, la mayoría tenía ocupaciones manuales de baja calificación educativa, usualmente relacionadas con la población en pobreza o marginación en México.
Lo anterior se confirma con la gráfica 5. La abrumadora mayoría de las personas presas sin sentencia en México tienen menos de 9 años de escolaridad (71.87 %), es decir, estudiaron hasta la secundaria. Seguido de 20 % que estaban los que estudiaron algún grado de preparatoria. Solo estudiar la universidad podría garantizar a muchos evitar la prisión.
Finalmente, sabemos que el tono de piel también afecta la probabilidad de vivir en pobreza y marginación. La gráfica 6 nos revela que la población presa sin sentencia en México tiene tonos de color de piel más oscuros a los de la población general. Más de la mitad tiene un tono de piel de la escala PERLA del G a la A. Sumados con el tono H, son poco más del 90 por ciento.
Una de las preguntas que se hacen en sociología del crimen es si este perfil se deriva del comportamiento delictivo de ciertos grupos sociales o si hay una selección sesgada. Es decir, si el sistema de justicia termina encarcelando personas pobres. La evidencia se ha acumulado para Estados Unidos que este es el caso. Y que la probabilidad de que ciertas poblaciones cometan delitos se debe a que los sistemas socioeconómicos los marginan.
Hay varias formas en que el sistema de justicia criminaliza a la población más pobre. Una es que los policías -de manera informal- tengan perfiles de las personas a las cuales van a detener. El caso clásico es contra las personas de tono de piel más oscuro. Otro es que ejecuten sus detenciones en zonas empobrecidas, las cuales vigilan más. Una más es que usualmente detienen personas empobrecidas y por exposición a criminales más profesionales justo en las prisiones donde comienzan carreras criminales. Es decir, si no eran personas que cometían crímenes antes, lo podrían ser después porque las organizaciones los reclutan en las prisiones, en las cuales muchos están sin sentencia. Finalmente, cuando alguien en pobreza termina en prisión, es probable que ahí permanezca porque no tendrá recursos para su defensa, en particular un abogado o para los sobornos que el sistema requiere.
Eliminar la Prisión Preventiva Oficiosa tendría un efecto general de política social y uno de prevención del delito. El primero es justamente evitar que poblaciones marginadas terminen en prisión, la cual es otra trampa de pobreza: una vez en prisión, las personas estarán en otro ciclo de pobreza asociado con la discriminación a quienes estuvieron reclusos. En prevención del delito, al evitar que más personas hacinen nuestras prisiones, habrá menos aprendizaje de actividades delictivas de quienes también están ahí presos. El sistema legalmente ya ofrece salidas con mediación sin prisión que puede ser usado proactivamente para interrumpir carreras criminales antes de que maduren.
Hoy por hoy, la Prisión Preventiva Oficiosa es una política que reproduce ciclos de pobreza, marginalización y criminalización, sin aparentes beneficios en la reducción del crimen o la violencia en México. En México necesitamos discutir más cómo el sistema de justicia criminal es un mecanismo generador de desigualdades. Y en particular, por qué las prisiones terminan siendo contraproducentes para el objetivo con el cual fueron creadas. Tener miles de personas mexicanas tras las rejas sin una sentencia no previene el delito, pero sí los empobrece, y aumenta el número de personas que tendrán carreras criminales. Espero la Corte tome la decisión de abolirla.
Nació como un pequeño grupo en un estado venezolano que hoy se dedica a varias actividades criminales y opera en casi toda Sudamérica, según los expertos.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Orígenes
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
Liderazgo
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Expansión internacional
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
“Su sello es causar temor”
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Miles de integrantes
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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