El Sistema Nacional Anticorrupción, una maquinaria en construcción: urgencias y sugerencias
En 2015 surgió la iniciativa ciudadana de #Ley3de3, uno de los logros de participación ciudadana más poderosos de la historia contemporánea de la vida pública México, ya que fue firmada por más de 600,000 ciudadanos, es decir, cerca del 0.8 % del padrón electoral de nuestro país y mucho más de las firmas requeridas para considerar una iniciativa ciudadana por el poder legislativo. 1
Uno de los pilares de los trabajos en torno a la #Ley3de3 de Transparencia Mexicana, el IMCO y las organizaciones afines a esta iniciativa, fue la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), así como las leyes secundarias 2 que lo materializaron, donde una de las propuestas principales -hoy una realidad- era que las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de las personas servidoras públicas se transparentaran.
Después de un extenuante trabajo por parte de la sociedad civil y la academia, el 18 de julio de 2016 surgió formalmente Sistema Nacional Anticorrupción con el objetivo de ser la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 3
Para cumplir su objeto el SNA contaría con las siguientes instancias:
1. Un Comité Coordinador, 4
2. Un Comité de Participación Ciudadana
3. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y
4. Sistemas Locales Anticorrupción de las 32 entidades federativas.
El plazo se marcó para que todo funcionara a cabalidad a mediados de julio de 2017, pero sólo quedó en eso, un plazo y el primero de sus tropiezos. Parecía que los retos solo serían aquellos derivados de la creación del SNA, como implementación, la designación de autoridades que lo conformaban y la instalación de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA). Sin embargo, fue hasta principios de 2020 que los últimos SEA comenzaron a operar y el SNA en completud.
Nombramientos: primeros retos del SNA
Después de una convocatoria desde el Senado de la República para nombrar a la Comisión de Selección, se nombraron a los primeros 5 ciudadanos que conformarían el Comité de participación ciudadana -uno de los más importantes logros de esta reforma, llevar la voz ciudadana a la vigilancia y funcionamiento de las instituciones anticorrupción- y más tarde se nombraría por el Órgano de Gobierno de la Secretaría Técnica de SNA (SESNA) a su primer secretario técnico.
Hay que señalar que tanto los nombramientos de la Fiscalía General, un ingrediente fundamental en la Reforma de 2015, los magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y varios de los nombramientos en lo nacional y estatal fueron señalados con irregularidades y olvidando el espíritu de la creación de un sistema que representaba un respiro para el combate y la prevención de la corrupción en México; sobre todo frente a los graves casos de falta de integridad relacionados con la Estafa Maestra, los Duarte, la casa blanca y un vergonzoso etc. (entre 2015-2017).
No solo fueron los señalamientos, sino la materialización del temido concepto de la captura del Estado y de los puestos públicos que Mauricio Merino 5 y un grupo de académicos/as había posicionado como uno de los principales males en México y uno de los principales retos del joven SNA. Las deignaciones tanto en lo nacional como en lo estatal se mancharon por el interés superior de “un hueso” y de ocupar espacios para los grupos y/o partidos en el (con) poder.
El sube y baja que comenzó el 4 de abril de 2017 con la instalación del primer Comité, donde no estaban los nombramientos completos de los titulares de este órgano colegiado, continuaría hasta ahora con la falta de quorum, interés y sinergías de varios de los integrantes del SNA para crear un proyecto serio para avanzar en prevenir, detectar y sancionar la corrupción, como el texto constitucional del artículo 113 versa.
Logros del SNA, a pesar de todo
Aunque este apartado me merece un artículo e incluso informe por separado, me gustaría mencionar algunos de los más importantes logros, a pesar de la falta de volutad política, que incluso nos ha colocado en dos amenazas de reforma para eliminar a nuestra Secretaría Ejecutiva y con ello la estructura técnica del SNA. A continuación listo algunos de los logros:
• Exhorto del Comité Coordinador del SNA a la Procuraduría General de la República sobre el caso Odebrecht, durante el 2018. 6
• Operación de la Plataforma Digital Nacional (PDN), para la generación de datos para elaborar inteligencia anticorrupción, a paretir de la información proporcionada por entes públicos. “Acuerdo mediante el cual el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el análisis para la implementación y operación de la Plataforma Digital Nacional y las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional”, publicado en el DOF el 23 de octubre de 2018. 7
• “Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación”, noviembre de 2018. 8
• La aprobación de la Política Nacional Anticorrupción el 29 de enero de 2020 por el Comité Coordinador del SNA, publicada en el DOF el 25 de febrero de 2020. 9
• En la primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador de 2022, se aprobó por unanimidad el Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción, así como los indicadores y variables para su seguimiento.
• Instalación del Sistema Nacional Anticorrupción con la participación de más de 300 autoridades de los tres ámbitos de gobierno y poderes de la unión, de las 32 entidades federativas.
• Liderazgo ciudadano del Comité de Participación Ciudadana (CPC) para posicionar temas de la agenda ciudadana anticorrupción en México. Un ejemplo de ello fue la creación de una Red Nacional de Participación Ciudadana Anticorrupción del CPC (REPCA). 10
• Proceso de conformación de una terna y designación del segundo Secretario Técnico de la SESNA, por el CPC y el órgano de gobierno de ésta. Lo cual ha permitido vigorizar la Comisión Ejecutiva, órgano colegiado por medio del cual se llevan temas al seno del Comité Coordinador.
• Trabajo colegiado para fortalecer las compras públicas en México. Acuerdo materializado en la Primera sesión extraordinaria del SNA, en Aguascalientes.
¿Cuáles son los retos y urgencias del Sistema Nacional Anticorrupción?
Ahora bien, al ser la corrupción un tema con alta prioridad para la ciudadanía, resultan mayores los retos y urgencias que tenemos en el Sistema, aquí me permito mencionar algunos:
1. Despolitizar el combate a la corrupción en materia de los procesos de denuncia y la aplicación de sanciones, con un enfoque para resarcir el daño a las víctimas de la corrupción y la recuperación de activos.
2. Fortalecer la coordinación e interés de los integrantes del Comité Coordinador, llama la atención que los titulares de las instituciones que conforman este órgano colegiado, prefieren no asistir a las reuniones programadas y/o enviar a suplentes. Además que en pocas ocasiones han propuesto iniciativas o puntos para las reuniones y hacer valer sus atribuciones en el SNA.
3. Falta de información sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización, y su contribución al SNA. Órgano liderado por la SFP y la ASF.
4. Finalizar los procesos de designación pendientes para consolidar al SNA (considerando su aplicabilidad a todos los niveles de gobierno). Vigilar que lleguen perfiles idóneos al SNA y a los CPCs.
5. Fortalecer los elementos de la participación ciudadana y transparencia, mediante proyectos concretos fomentados por el CPC, lideres de los SEA. Fortalecimiento de los esquemas de contacto entre las instituciones integrantes del SNA, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil.
6. Consolidación del SNA mediante reformas legislativas que impacten en las áreas de oportunidad existentes en el sistema. Por ejemplo, la creación de una Ley de protección a alertadores de la corrupción (actualmente desde el CPC se trabaja en su creación).
7. Fortalecimiento de los mecanismos de denuncias a nivel federal, estatal y municipal. (Actualmente, impulsado por la Comisión Ejecutiva, trabajamos en un grupo especializado en denuncias, para la contrucción del módulo 5 de la PDN).
8. Valoración y reforzamiento de las herramientas existentes para combatir la corrupción, específicamente Plataforma Digital Nacional y Política Nacional Anticorrupción. Es decir, que los entes públicos cooperen con su adhesión y trabajo a partir de sus directrices.
9. Consolidación del Anexo Transversal Anticorrupción, con un enfoque más centrado en el eje 3 y el eje 4 de la Política Nacional Anticorrupción (considerando que son los que inciden más directamente en las relaciones gobierno-sociedad, gestión pública, sociedad y sector privado).
10. Robustecer la gestión de riesgos y la integridad empresarial. Cumplimiento de la normativa nacional e internacional, permite generar mayores ganancias. (Hoy desde el CPC trabajamos en el Reto Público y en la creación de una Coalición por la Integridad Empresarial).
11. Lograr que tanto el Presidente de la República como el Senado designen las magistraturas pendientes en el TFJA, necesarias para poder sancionar las faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos federales.
12. Contar con recursos humanos y ecoonómicos para la operación institucional de los Comités de Participación Ciudadana, pues aunque su figura es fundamental y de liderazgo dentro de los SEA y el SNA, no cuentan con recurso alguno -solo una contraprestación mensual, en la mayoría de los casos- para llevar a cabo su trabajo conferido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorupción.
13. Debida y pronta atención a las recomendaciones no vinculantes generadas por el SNA. Por ejemplo, no se ha atendido por parte de la mayoría de las instituciones la interconexión a la PDN.
14. Compromiso de los legisladores de las diversas fuerzas políticas en las Cámaras de Senadores y Diputados para entender y fortalecer el SNA -como se creó, desde una visión ciudadana- y proponer reformas acordes a las necesidades de la población mexicana y no por órdenes de sus líderes y arrebatos.
No hay que olvidar que el valor y la fortaleza del SNA es su trabajo coordinado y colaborativo para enfrentar la corrupción.
* Vania Pérez Morales es consejera del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2 Las 7 leyes son: 1. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 2. Ley General de Responsabilidades Administrativas, 3. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 4. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5. Código Penal Federal, 6. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y 7. Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
3 Senado de la República, 2015. Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales; de anticorrupción y participación ciudadana; de gobernación, y de estudios legislativos, segunda, sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, disponible aquí.
4 El Comité Coordinador está integrado por: el titular de la Auditoría Superior de la Federación; la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría de la Función Pública; el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; una representante del Consejo de la Judicatura Federal, y un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo preside. Información disponible aquí.
Nació como un pequeño grupo en un estado venezolano que hoy se dedica a varias actividades criminales y opera en casi toda Sudamérica, según los expertos.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Orígenes
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
Liderazgo
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Expansión internacional
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
“Su sello es causar temor”
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Miles de integrantes
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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