Nadie debería estar exigiendo justicia para la teniente Gloria Cházaro
Hace algunos días la despedida de becarios de Chevening 1 23-24 tuvo lugar. La emoción y algarabía se sintieron incompletas, había un elefante blanco en la habitación: nos arrebataron a una. Gloria Cházaro fue becaria de Chevening en la edición 2018-2019, fue la primera mujer comandante de un buque en la historia de México y una inalcanzable luchadora por la igualdad de género. Todo parece indicar que Carito, como le decían de cariño, fue víctima de feminicidio en manos de Octavio Capetillo, su expareja, militar y quien hoy se encuentra fugado. No obstante, la primera conclusión de las autoridades investigadoras es que fue un suicidio.
¿Cuántas veces más tenemos que salir a las calles a gritar “No fue suicidio, fue feminicidio”? ¿Cuántas más tenemos que exigir ni una más?
La obligación de investigar con perspectiva de género y una debida diligencia reforzada para los casos de violencia de género nació con la sentencia del Caso González y otras vs. México (Campo Algodonero) resuelta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009, hace ya más de veinte años. Aunado a lo anterior, en el 2011 la reforma constitucional en derechos humanos puso al mismo nivel las obligaciones internacionales que las constitucionales. Y una y otra vez, nos ha fallado el Estado. No deberíamos de estar exigiendo justicia; es una obligación del Estado, no un favor.
No es la primera vez que un feminicidio pasa por suicidio. Tal ha sido el caso de Lesvy Berlín, Karla Pontigo y Mariana Lima. Vale la pena recalcar que el caso de estas últimas significó un precedente cuando llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien afirmó que, en todo caso de muerte de mujeres, incluidas aquellas que prima facie parecieran haber sido causadas por motivos criminales, suicidio o accidentes, deben analizarse con perspectiva de género para descartar si hubo o no razones de género en la muerte, por lo que se deben explorar todas las líneas de investigación.
En la sentencia de Mariana Lima quedó establecido que las autoridades que investigan una muerte violenta deben intentar como mínimo:
1. Identificar a la víctima.
2. Proteger la escena del crimen.
3. Recuperar, preservar y no destruir o alterar innecesariamente el material probatorio.
4. Investigar exhaustivamente la escena del crimen.
5. Identificar posibles testigos y obtener declaraciones.
6. Realizar autopsias por profesionales competentes que empleen los métodos más apropiados.
7. Determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte y cualquier patrón o prática que pudo haber causado la muerte.
Ello implica además descartar o verificar si los hechos fueron motivados por razones de género, recabar y preservar evidencia específica sobre la violencia sexual y desahogar periciales para dictaminar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencias. 2
Dicha sentencia data del 2015 y otra vez el Estado, mediante la Fiscalía de Veracruz, nos ha fallado. No preservaron la escena del crimen, no recabaron periciales y no investigaron con perspectiva de género. Aquí vale señalar algo que se puede escapar: al haber sido dos servidores públicos federales por ser militares y al no ser un delito contra la disciplina militar, la competencia es de la Fiscalía General de la República, quien ya atrajo el caso.
El tema con que el feminicida sea militar atrae obscuridad en lugar de transparencia. Nuevamente, no es algo nuevo la violación de derechos humanos en manos de las fuerzas armadas. Las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México –vinculantes para nuestro Estado– en su gran mayoría implican violaciones graves a derechos humanos por parte de cuerpos militares.
En específico, existen dos casos que visibilizan las repercusiones diferenciadas contra las mujeres en contextos castrenses: i) el Caso Fernández Ortega y otros vs. México y ii) el Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Ahora bien, entre 1997 y 2004 se presentaron seis denuncias por violaciones sexuales contra mujeres por parte de elementos de las fuerzas armadas en Guerrero. Estas fueron conocidas por la jurisdicción militar, pero no consta sanción a los responsables. Se ha insistido una y otra vez, no se puede justificar la impunidad estatal so pretexto del fuero militar.
Esto lo traigo a colación por una simple razón, ¿por qué la Fiscalía se empeñó con la versión del suicidio? ¿Por qué no llamaron a declarar al presunto feminicida? ¿Por qué las fuerzas armadas lo encubren? No habrá justicia mientras no se modifique la relación castrense con el derecho de acceso a la justicia.
Durante la despedida de personas becarias de Chevening había fotografías de Caro en su conmemoración y un cuaderno para que le escribiéramos a su familia nuestras condolencias. Una y otra vez fue escrito que no nos cansaremos hasta que obtenga justicia, repetiremos su nombre hasta que alcancemos a erradicar la violencia contra las mujeres, hasta que el Estado deje de pensar que nos está haciendo un favor.
La vida de Caro no termina con su muerte, su legado nos ha llegado y lo honraremos. Seguiremos tomando las calles; ni una más.
* Mariana De Lucio es abogada especialista en Derechos Humanos por la UNAM y candidata a maestra en políticas públicas por la Universidad de Oxford.
1 Chevening es un programa de becas otorgadas por el gobierno británico, con el apoyo de la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (Foreign, Commonwealth and Development Office) entre otras organizaciones, quienes otorgan becas completas para estudiar una maestría en el Reino Unido.
En la década de 1950, en la isla se realizó un ensayo a gran escala para probar la píldora anticonceptiva entre mujeres pobres.
Dos mujeres, de pie en un complejo de vivienda pública en San Juan, Puerto Rico, miran perplejas. Una de ellas, tímida, describe unos síntomas: “Se me fue el mundo, se me nubló la vista. Lo único que dije fue: ‘Virgen del Carmen, cuídame a mis hijos‘”.
Luego, diciendo que no con la cabeza, la otra comenta: “Se estaba experimentando con nosotras sin saberlo”.
La escena es parte del documental “La Operación” (1982). Las mujeres, cuyos nombres no son mencionados, describían cómo fue su participación en el primer ensayo clínico a gran escala en el que se probó la efectividad de la píldora anticonceptiva en los años 50 del siglo pasado.
En el filme ambas afirman que desconocían ser parte de una investigación.
Como ellas, otras cientos de mujeres boricuas de origen humilde, sin saberlo, fueron pacientes del estudio dirigido por dos académicos estadounidenses.
El medicamento, que desde su comercialización en 1960 permitió que las mujeres tuviesen mayor control sobre sus cuerpos, porque no dependían del hombre para planificar la maternidad, fue probado en Puerto Rico gracias a una peculiar política pública de control de la sobrepoblación impulsada por el gobierno local de la isla y EE.UU.
En medio de un boom de nacimientos durante la primera mitad del siglo XX, con muchos ciudadanos en situación de extrema pobreza, la solución de los políticos de turno nombrados por EE.UU. fue fomentar que los puertorriqueños no tuvieran hijos.
Y sus iniciativas, explica la profesora de la Universidad de Puerto Rico Ana María García, directora de “La Operación”, estaban diseñadas específicamente para que esa reducción de la población se diera entre las comunidades más pobres.
“Fueron dirigidas a las mujeres más pobres, más racializadas y menos escolarizadas del país”, dice, por su parte, Lourdes Inoa, de la ONG feminista puertorriqueña Taller Salud.
“Porque eran quienes menos oportunidad tenían de conocer las repercusiones de participar de este tipo de procedimientos. El consentimiento, en este contexto, es altamente cuestionable”, añade.
Con financiación privada, pero también del Estado, la isla fue “un gran laboratorio de control de natalidad”, sostiene García.
Y las mujeres, añade Inoa, se convirtieron “en conejillos de indias”.
Dos científicos y dos activistas
El origen de la píldora, que según Naciones Unidas actualmente es usada por 150 millones de mujeres en todo el mundo, tuvo lugar lejos de Puerto Rico, entre las paredes de la prestigiosa Universidad de Harvard, en Massachusetts.
Quienes desarrollaron el fármaco fueron dos reconocidos profesores de la institución: John Rock y Gregory Pincus.
El primero, cuenta la historiadora Margaret Marsh, profesora en la Universidad de Rutgers en New Jersey, era uno de los expertos en fertilidad más importantes de Norteamérica, paradojalmente católico, y que pensaba que los matrimonios debían tener el derecho a decidir cuándo tener hijos.
El segundo era un biólogo que en más de una ocasión catalogó la sobrepoblación como “el mayor problema para los países en desarrollo”.
Ambos estuvieron financiados y supervisados muy de cerca por Margaret Sanger, enfermera y experta en salud fundadora de la organización Planned Parenthood, y por la acaudalada líder sufragista Katharine McCormick.
Ellas, afirma Inoa, “buscaban que las mujeres estuvieran insertadas en diversas facetas de la sociedad, para que tuvieran mayor poder”. Controlar la maternidad era esencial para lograrlo.
Pero es conocido que Sanger defendía la eugenesia, la filosofía social que defiende la mejora de la raza humana mediante la selección biológica.
Y por eso permitió que se experimentara en mujeres pobres y en situaciones de vulnerabilidad.
“El movimiento por el control de la natalidad, de alguna manera, tenía dos vertientes. Una buscaba que las mujeres tomaran sus propias decisiones reproductivas y la otra era la idea de que el control de natalidad era bueno porque la gente pobre tendría menos hijos”, agrega Marsh.
Los primeros estudios
Las primeras investigaciones de la píldora anticonceptiva en EE.UU. se realizaron en ratas y otros animales.
Luego, en una decisión “poco ética”, los científicos administraron el medicamento a un reducido grupo de pacientes en un hospital público para personas con problemas de salud mental de Massachusetts, cuenta Marsh, quien es experta en la historia de la anticoncepción en EE.UU.
“Las familias de las pacientes sí dieron el permiso para que se realizara el estudio, pero ellas en sí, por estar en un hospital psiquiátrico, no consintieron. Aunque en esa época esto era legal”, comenta.
En esta fase, Pincus y Rock descubrieron que los compuestos que habían creado tenían el resultado de detener la ovulación. Así que buscaron un lugar para hacer un ensayo a mayor escala, para que los reguladores estadounidenses aprobaran la píldora.
En Massachussets, explica la profesora García, el control de natalidad era ilegal. Allí también había limitaciones legales para las experimentación con seres humanos.
Fue entonces cuando los científicos tuvieron que identificar un “lugar ideal”.
La isla laboratorio
Decidieron ir a Puerto Rico porque allí la esterilización, y en general la experimentación para lograr la anticoncepción, era legal desde 1937.
“Se aprobó una ley en un momento histórico, cuando en el resto del planeta, incluyendo EE.UU., la esterilización amplia no era legal”, señala García.
La legislación fue firmada por el gobernador Blanton C. Winship, un hombre que también apoyaba la eugenesia públicamente, y quien -según un artículo del New York Times- urgía a que en Puerto Rico se investigara el control poblacional, porque para él era el único “medio confiable para mejorar la raza humana”.
En la década de 1950, cuando los investigadores de la píldora llegaron a la isla, un 41% de las mujeres puertorriqueñas en edad reproductiva ya había probado algún método de anticoncepción, según un estudio de la Universidad de Puerto Rico.
Esto fue posible gracias a que la legislación permitió la creación de decenas de clínicas de planificación familiar alrededor del territorio, incluso en los pueblos más remotos, subvencionadas por el gobierno y que tenían personal que fomentaba el control de natalidad entre las mujeres.
La red de clínicas atrajo también la atención de Pincus y Rock, quienes pensaron que podían usarlas para desarrollar su proyecto.
El equipo, sin embargo, decidió concentrarse primero en un solo barrio de San Juan, la capital.
Las mujeres de Río Piedras
En la isla el experimento comenzó en 1955 como un proyecto en el que participaron estudiantes de medicina y enfermería. Pero el estudio era demasiado complicado y doloroso, por lo que muchas no lo terminaban.
Además, la píldora probada en Puerto Rico era una dosis mucho más alta que la actual y causaba fuertes efectos secundarios.
“Era necesario realizarles análisis de orina, biopsias endometriales y otras pruebas para determinar si estaban ovulando o no. Es un procedimiento incómodo. Si tienes a estudiantes que realmente no tienen la necesidad de métodos de anticoncepción, no iban a estar dispuestas a continuar”, comenta Marsh.
El medicamento les causaba nauseas, mareos, vómitos y dolor de cabeza. Pincus, sin embargo, descartó estos efectos secundarios y alegó que eran una consecuencia “psicosomática”.
“Creía tanto en la pastilla, que él se la estaba dando a sus familiares. A sus nietas, sus hijas, las amigas de sus hijos”, dice Marsh, quien escribió una biografía sobre Rock, colega de trabajo de Pincus.
El equipo decidió continuar la experimentación, pero esta vez en Río Piedras, un suburbio del norte de Puerto Rico.
Trabajadores sociales y personal médico visitaba puerta por puerta a las mujeres, ofreciéndoles la píldora anticonceptiva y, a algunas de ellas, les realizaban exámenes para recolectar datos, sin ninguna retribución monetaria.
El rechazo por parte diversos sectores de la sociedad puertorriqueña fue inmediato.
“Hubo notas de prensa que catalogaron como ‘maltusianas’ las investigaciones. También por parte de médicos, incluso de los que estuvieron en el proceso de reclutamiento de mujeres, quienes pensaban que los efectos secundarios debían tomarse con seriedad y que era necesario hacer más pruebas y no descartarlos”, dice Inoa, de Taller Salud.
Por los efectos secundarios muchas de estas mujeres, al igual que en los estudios anteriores, decidían dejar el tratamiento. Otras, golpeadas por la pobreza, accedían a tomar la píldora como un método reversible de control de natalidad.
Según Marsh, tres personas del ensayo clínico que se realizó en la isla caribeña murieron. No obstante, nunca se les hizo una autopsia, por lo que se desconoce cuáles fueron las causas precisas de su fallecimiento.
La aprobación
Pese a las muertes, al ver que la píldora tenía el efecto de evitar embarazos, los científicos extendieron su proyecto a otros pueblos de Puerto Rico, y más adelante a Haití, México, Nueva York, Seattle y California.
En total participaron unas 900 mujeres, de las que alrededor de 500 eran puertorriqueñas.
En 1960, la Agencia de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA, en inglés) aprobó el Envoid, como se llamó la primera pastilla, como un método anticonceptivo.
Su expansión fue veloz. En tan solo siete años, 13 millones de mujeres en el mundo la usaban.
Pero luego de ser avalada por la FDA, la píldora continuó causando efectos secundarios fuertes, como coágulos de sangre, lo que provocó demandas. En la isla, pese a las acciones legales en otras partes de EE.UU., los estudios continuaron hasta 1964.
Todavía hoy, afirma Inoa, no hay investigaciones “significativas” que busquen “otro tipo de métodos de anticoncepción que no tengan los efectos secundarios de la píldora que existe ahora”.
Mientras, los estudios para crear un medicamento anticonceptivo oral para hombres tampoco han dado frutos, aunque comenzaron hace 30 años.
“Las mayores experimentaciones siempre han sido en personas gestantes”, concluye.
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