Nadie debería estar exigiendo justicia para la teniente Gloria Cházaro
Hace algunos días la despedida de becarios de Chevening 1 23-24 tuvo lugar. La emoción y algarabía se sintieron incompletas, había un elefante blanco en la habitación: nos arrebataron a una. Gloria Cházaro fue becaria de Chevening en la edición 2018-2019, fue la primera mujer comandante de un buque en la historia de México y una inalcanzable luchadora por la igualdad de género. Todo parece indicar que Carito, como le decían de cariño, fue víctima de feminicidio en manos de Octavio Capetillo, su expareja, militar y quien hoy se encuentra fugado. No obstante, la primera conclusión de las autoridades investigadoras es que fue un suicidio.
¿Cuántas veces más tenemos que salir a las calles a gritar “No fue suicidio, fue feminicidio”? ¿Cuántas más tenemos que exigir ni una más?
La obligación de investigar con perspectiva de género y una debida diligencia reforzada para los casos de violencia de género nació con la sentencia del Caso González y otras vs. México (Campo Algodonero) resuelta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009, hace ya más de veinte años. Aunado a lo anterior, en el 2011 la reforma constitucional en derechos humanos puso al mismo nivel las obligaciones internacionales que las constitucionales. Y una y otra vez, nos ha fallado el Estado. No deberíamos de estar exigiendo justicia; es una obligación del Estado, no un favor.
No es la primera vez que un feminicidio pasa por suicidio. Tal ha sido el caso de Lesvy Berlín, Karla Pontigo y Mariana Lima. Vale la pena recalcar que el caso de estas últimas significó un precedente cuando llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien afirmó que, en todo caso de muerte de mujeres, incluidas aquellas que prima facie parecieran haber sido causadas por motivos criminales, suicidio o accidentes, deben analizarse con perspectiva de género para descartar si hubo o no razones de género en la muerte, por lo que se deben explorar todas las líneas de investigación.
En la sentencia de Mariana Lima quedó establecido que las autoridades que investigan una muerte violenta deben intentar como mínimo:
1. Identificar a la víctima.
2. Proteger la escena del crimen.
3. Recuperar, preservar y no destruir o alterar innecesariamente el material probatorio.
4. Investigar exhaustivamente la escena del crimen.
5. Identificar posibles testigos y obtener declaraciones.
6. Realizar autopsias por profesionales competentes que empleen los métodos más apropiados.
7. Determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte y cualquier patrón o prática que pudo haber causado la muerte.
Ello implica además descartar o verificar si los hechos fueron motivados por razones de género, recabar y preservar evidencia específica sobre la violencia sexual y desahogar periciales para dictaminar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencias. 2
Dicha sentencia data del 2015 y otra vez el Estado, mediante la Fiscalía de Veracruz, nos ha fallado. No preservaron la escena del crimen, no recabaron periciales y no investigaron con perspectiva de género. Aquí vale señalar algo que se puede escapar: al haber sido dos servidores públicos federales por ser militares y al no ser un delito contra la disciplina militar, la competencia es de la Fiscalía General de la República, quien ya atrajo el caso.
El tema con que el feminicida sea militar atrae obscuridad en lugar de transparencia. Nuevamente, no es algo nuevo la violación de derechos humanos en manos de las fuerzas armadas. Las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México –vinculantes para nuestro Estado– en su gran mayoría implican violaciones graves a derechos humanos por parte de cuerpos militares.
En específico, existen dos casos que visibilizan las repercusiones diferenciadas contra las mujeres en contextos castrenses: i) el Caso Fernández Ortega y otros vs. México y ii) el Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Ahora bien, entre 1997 y 2004 se presentaron seis denuncias por violaciones sexuales contra mujeres por parte de elementos de las fuerzas armadas en Guerrero. Estas fueron conocidas por la jurisdicción militar, pero no consta sanción a los responsables. Se ha insistido una y otra vez, no se puede justificar la impunidad estatal so pretexto del fuero militar.
Esto lo traigo a colación por una simple razón, ¿por qué la Fiscalía se empeñó con la versión del suicidio? ¿Por qué no llamaron a declarar al presunto feminicida? ¿Por qué las fuerzas armadas lo encubren? No habrá justicia mientras no se modifique la relación castrense con el derecho de acceso a la justicia.
Durante la despedida de personas becarias de Chevening había fotografías de Caro en su conmemoración y un cuaderno para que le escribiéramos a su familia nuestras condolencias. Una y otra vez fue escrito que no nos cansaremos hasta que obtenga justicia, repetiremos su nombre hasta que alcancemos a erradicar la violencia contra las mujeres, hasta que el Estado deje de pensar que nos está haciendo un favor.
La vida de Caro no termina con su muerte, su legado nos ha llegado y lo honraremos. Seguiremos tomando las calles; ni una más.
* Mariana De Lucio es abogada especialista en Derechos Humanos por la UNAM y candidata a maestra en políticas públicas por la Universidad de Oxford.
1 Chevening es un programa de becas otorgadas por el gobierno británico, con el apoyo de la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (Foreign, Commonwealth and Development Office) entre otras organizaciones, quienes otorgan becas completas para estudiar una maestría en el Reino Unido.
Nació como un pequeño grupo en un estado venezolano que hoy se dedica a varias actividades criminales y opera en casi toda Sudamérica, según los expertos.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Orígenes
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
Liderazgo
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Expansión internacional
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
“Su sello es causar temor”
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Miles de integrantes
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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