Una forma de conocer qué hace el gobierno es a través de la transparencia, un derecho humano que tenemos todas las personas. Ese derecho que nos posibilita saber y contar con información sobre lo que hacen las autoridades gubernamentales, las decisiones tomadas día con día o el uso que hacen de los dineros de todas y todos. Esta lucha ciudadana por hacer valer nuestro derecho a saber y allanar la opacidad del quehacer gubernamental se cristalizó hace casi 21 años con la primera ley en la materia (11 de junio de 2002). Ha pasado mucho desde entonces y aunque no todo ha sido de color rosa, el balance apunta a ser bastante positivo.
En esta remembranza es obligado traer a la memoria casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos como las masacres de San Fernando o las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya o casos de corrupción como Odebrecht, Casa Blanca y Grupo Higa, cuyos detalles pudieron conocerse por resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el órgano -ahora constitucionalmente autónomo- creado en 2003 para salvaguardar expresamente los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
Un comunicado del INAI de principios de este año refiere que durante 2022, los recursos de revisión -cuando alguna autoridad se niega a entregar la información o no lo hace de acuerdo con lo solicitado- aumentaron un 48 por ciento (24,740) en comparación con los interpuestos en 2021 (16,894), lo cual pone en evidencia una tendencia a favor de la secrecía y no de la apertura gubernamental. Desafortunadamente, a partir del primero de abril de este 2023, el órgano de gobierno de este instituto quedó imposibilitado para sesionar legalmente y, por lo tanto, para resolver estos recursos y otras tantas facultades que sólo son posibles con un quórum mínimo de cinco de sus siete integrantes.1
Esta alarmante situación -que el pleno del instituto esté conformado únicamente con cuatro de sus siete integrantes- es producto de la omisión deliberada, negligencia e incapacidad del Senado de la República para cumplir con una de sus obligaciones legislativas básicas, la de designar a quienes ocupan altas responsabilidades públicas, como lo son las de comisionadas y comisionados del INAI.
¿Cómo llegamos a este punto? El 31 de marzo de 2022, concluyó el periodo de dos comisionados del INAI en ese entonces. El Senado inició el proceso y hay que decir que las comisiones encargadas (de Anticorrupción y de Justicia) incorporaron diversas buenas prácticas: la conformación de un Consejo de Evaluación (ciudadano) 2 para valorar las entrevistas; la aplicación de cédulas de evaluación por parte de los grupos parlamentarios; una lista con los trece puntajes más altos sobre el total de las 48 personas participantes y un dictamen detallado con la publicación de las evaluaciones (1o de abril de 2022). Sin embargo, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) se demoró 334 días para presentar una propuesta al pleno, ésta incluyó sorpresivamente a uno de los aspirantes peor evaluados. Por inverosímil que suene, contó con el voto de 74 senadoras y senadores. Ambas propuestas fueron objetadas 15 días después por el presidente de la República en uso de sus facultades constitucionales para el caso. Desde esa fecha y con todo el rezago injustificable previo, más una orden judicial que les mandata resolver a la brevedad, no parece que tengan la intención de cumplir con sus obligaciones.
A lo anterior se suma una vacante más que se produjo el 31 de marzo pasado ante el término del periodo de otro comisionado. A diferencia del proceso de 2022, en esta ocasión las mismas comisiones decidieron dar un paso atrás y no realizar entrevistas ni convocar a un Consejo de Evaluación externo. La lista de diez evaluaciones destacadas se limitó a una revisión documental de las 52 personas inscritas, once de ellas participantes del ejercicio anterior y sólo dos dentro de los puntajes más altos que realizó en aquella ocasión el Consejo de Evaluación (ciudadano). Por eso, desde el Observatorio de Designaciones Públicas (ODP) insistimos en que este último proceso debe reponerse en armonía con el principio constitucional de progresividad. Dicho dictamen fue aprobado el 27 de marzo.
El desenlace no se vislumbra a favor de la transparencia, todo lo contrario. Hace días, el secretario de Gobernación declaró que veía “muy difícil, por no decir que imposible, que en este periodo se pueda construir la mayoría requerida constitucionalmente para hacer los nombramientos en el INAI”. Un día después, el coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA planteó tres posibles escenarios: 1) la resolución de una designación (la de 2023) por parte del Senado antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias (30 de abril); 2) que se convoque a un periodo extraordinario para el tema o 3) esperar a la resolución de la controversia constitucional interpuesta por el INAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Todos insuficientes y lejos de la encomienda que tienen de respetar, promover, proteger y garantizar de manera plena los derechos de acceso a la información y protección de datos personales del pueblo de México.
Una cuarta posibilidad es que designen ¡ya! perfiles adecuados en una institución clave para la apertura democrática e importante contrapeso al ejercicio del poder. Esa que nos pertenece y quieren arrebatar no designando. ¡No más retrasos!
* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por ARTICLE 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas; y, generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de México.
1 El artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que las sesiones del pleno del INAI son válidas con la asistencia de al menos cinco personas comisionadas. Entre las decisiones que no podrá tomarse son la resolución de recursos de revisión, la atracción de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos garantes, la emisión de recomendaciones a los sujetos obligados respecto a la información que están obligados a publicar o la posibilidad de interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad ante decisiones que buscan limitar el acceso a la información.
2 Integrado por: Universidad Iberoamericana; el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; la Universidad de Guadalajara; el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; y, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), conformado por: Artículo 19; Causa Natura; Contraloría Ciudadana; Equis Justicia para las mujeres; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; GESOC; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Instituto Mexicano para la Competitividad; México Evalúa; Observatorio Nacional Ciudadano; Social TIC y Transparencia Mexicana.
Los lugareños de islas griegas defienden su derecho a acceder gratuitamente a playas tomadas por negocios que cobran precios exorbitantes por una reposera.
En toda Grecia, los lugareños están actuando por cuenta propia y tirando sus toallas en la arena para reclamar libre acceso a sus playas y a la naturaleza sin pagar un alto precio por ello.
Era cerca del atardecer del domingo 3 de septiembre en Paros, una popular isla turística en la región griega de las Cícladas.
Unas 50 personas se reunieron en la playa de Parikia, cerca del puerto principal de la isla. Detrás de ellos, el cielo brillaba con un color naranja intenso sobre el mar azul. A un lado, un icónico molino de viento de las Cícladas se recortaba contra el horizonte. Al otro, una franja de reposeras pertenecientes a un bar se extendía sobre la arena.
Incluso si nunca has visitado Grecia, algunas partes de esta escena probablemente te suenen familiares. Sin embargo, ese día también hubo algunos detalles inusuales. Tres de las personas que se habían congregado sostenían un enorme cartel que decía: “Reclamen la playa”. Junto a ellos había un hombre con un altavoz.
Mientras el público observaba, el hombre leyó en voz alta partes de la Constitución griega, que establece que las playas y otras áreas naturales pertenecen a los ciudadanos del país.
La protesta fue parte de una campaña que los medios han denominado la “revuelta de las toallas de playa”, en la que los lugareños reclaman el acceso gratuito a las playas que han sido tomadas por bares y otros negocios que ofrecen reposeras y sombrillas a precios exorbitantes.
Si bien el movimiento comenzó en Paros, ahora se ha extendido por toda Grecia e incluso a la vecina Turquía. Los activistas exigen espacio para dejar sus toallas de forma gratuita.
BBC Travel habló con activistas y lugareños para comprender de qué se tratan las protestas, por qué son importantes y qué significa este movimiento tanto para los turistas como para los residentes locales.
Las protestas comenzaron en Paros en mayo de 2023, cuando un grupo de residentes, que ya se reunían periódicamente para hablar sobre cuestiones medioambientales en la isla, comenzaron a discutir cómo los lugares donde era posible nadar y tomar el sol libremente (sin tener que pagar por una reposera) eran cada vez más escasos. El cambio es un síntoma de cómo la isla atiende cada vez más a los turistas a expensas de los locales.
Los negocios junto a la playa que instalan reposeras y sombrillas deben solicitar licencias al Ministerio de Finanzas para utilizar partes designadas de la playa. Deben realizarse controles periódicos para garantizar que esos negocios no ocupen más espacio del que permiten sus licencias. Sin embargo, los manifestantes alegan que estos controles rara vez (o nunca) se llevan a cabo.
Como resultado, los espacios libres son cada vez más escasos.
Los residentes crearon una página de Facebook llamada Save Paros Beaches y comenzaron a organizar manifestaciones, pidiendo medidas enérgicas contra estos operadores privados.
También utilizaron imágenes de drones para documentar las reposeras ilegales, comparando sus ubicaciones con las áreas designadas por el gobierno.
“Esto cambió las reglas del juego, porque el nivel de ilegalidad se podía ver muy claramente”, señaló Nicolas Stephanou, un residente local. Stephanou dice que su grupo encontró lugares donde las reposeras y sombrillas ocupaban hasta 10 veces el espacio permitido.
El movimiento ganó impulso rápidamente. La manifestación del 3 de septiembre marcó el inicio de una nueva campaña a nivel nacional y fue la primera vez que se produjeron múltiples protestas con toallas de playa en diferentes regiones de Grecia el mismo día.
Ha habido manifestaciones en la isla vecina de Naxos y en la isla meridional de Creta. Más recientemente, se han sumado las islas de Rodas y Egina, así como Ática, la región continental donde se encuentra Atenas.
El lugar de la protesta de Paros es particularmente simbólico. La playa principal del pueblo central de la isla es el lugar más popular entre los lugareños para darse un chapuzón después del trabajo.
Eleni Andrianopoulou, portavoz de la campaña de Naxos, dijo que ella y otros lugareños se habían sentido frustrados por el desarrollo excesivo en las playas durante varios años, pero no estaban seguros de cómo actuar. Luego de enterarse de lo que estaba sucediendo en Paros, inmediatamente se inspiraron para comenzar su propia campaña en Facebook.
“Creo que este es un verdadero cambio de paradigma para Grecia“, afirmó.
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Muchos griegos todavía sufren financieramente desde la crisis de deuda del país hace más de una década y no pueden permitirse pagar por una reposera cada vez que visitan la playa. El sol y el mar son una gran parte de la cultura griega. El azul de la bandera griega representa el mar Egeo y la mayoría de los griegos tienen fuertes recuerdos de la infancia de pasar veranos en la playa.
Sin embargo, los activistas dicen que las playas son sólo una parte de una lucha mayor. Grecia es uno de los destinos vacacionales más populares de Europa y los manifestantes dijeron a la multitud reunida que debe abordarse el turismo excesivo junto a los problemas sociales y ambientales que conlleva.
El turismo es la mayor industria de Grecia. En 2021 el país recibió 15 millones de visitantes, una vez y media su población total. Sin embargo, muchos griegos sostienen que el auge del turismo no se ha gestionado adecuadamente. Los municipios locales no tienen capacidad para controlar el flujo de visitantes, y las instituciones débiles hacen que sea fácil para empresas de todo tipo eludir las reglas.
Por otra parte, en los últimos años, los sucesivos gobiernos han utilizado la industria del turismo para ayudar a la economía del país a recuperarse, primero de la crisis financiera de 2008 y luego de la pandemia de covid-19. Los políticos han promocionado fuertemente al país como un destino de sol y mar y han facilitado a los inversores extranjeros la apertura de negocios relacionados con el turismo.
“Existe desde hace mucho tiempo una falta de supervisión, lo que ha llevado a una mayor impunidad“, afirmó Efthymia Sarantakou, analista de la Universidad de Ática Occidental.
Sarantakou señala que múltiples instituciones no han implementado controles y contrapesos, lo que ha dejado a algunas empresas en libertad para realizar comportamientos que califica de “mafiosos”.
“Hay denuncias de residentes que fueron intimidados por empleados de bares cuando intentaron sentarse en una parte libre de la playa.”
El alcalde de Naxos, Dimitris Lainos, afirma que muchas empresas en su isla respetan la ley. Sin embargo, “hemos visto que el Ministerio de Finanzas no dispone del personal necesario para realizar controles adecuados”, agregó.
Parece que las protestas están surtiendo efecto. Gracias a la atención de los medios, las autoridades llevaron a cabo inspecciones en una de las playas más afectadas de Paros: una franja de arena en un área protegida que estaba cubierta de tumbonas a pesar de que no se habían emitido licencias para ello.
Como resultado, la playa ahora está libre de reposeras.
Sin embargo, la situación se mantiene sin cambios en otras playas. En Naxos se llevaron a cabo nuevos controles en respuesta a las protestas, pero muchos propietarios de negocios fueron alertados previamente y simplemente retiraron sus reposeras antes de que llegaran los inspectores.
“Quiero creer que estas protestas conducirán a una mayor participación ciudadana en la gestión de los destinos turísticos y, por supuesto, en la gestión de los espacios públicos”, afirmó Sarantakou. “Esto sólo puede lograrse mediante mejoras en el marco institucional y supervisión”.
Puede que la temporada alta de verano haya terminado, pero los activistas señalan que las protestas de septiembre marcaron el verdadero comienzo de su trabajo. En Naxos, Andrianopoulou recuerda que no sólo reclaman controles más frecuentes, sino también más transparencia sobre cómo y a quién se otorgan las licencias.
Y Stephanou, de la campaña de Paros, relata que su grupo quiere presentar una estrategia completa para un modelo de turismo más sostenible en Grecia.
“Ahora mismo los precios están fuera de control“, afirmó. “La mayoría de la gente no puede permitirse el lujo de ir a un bar o a un restaurante. El tráfico es insoportable”. Si no eres propietario de una casa es difícil encontrar una para alquilar que no sea Airbnb, lo que ha provocado escasez de trabajadores clave como médicos, enfermeras y profesores.
Si se cumplen las exigencias de los manifestantes habrá más espacio en las playas griegas para tomar sol de forma gratuita, algo que muchos viajeros agradecerán.
En décadas anteriores, la mayoría de las islas griegas eran conocidas como destinos económicos para mochileros bohemios, y muchos lugareños sienten que el libre acceso a las playas está en consonancia con esta reputación tradicional.
A Stephanou le gustaría que se dejara de promocionar a las islas Cícladas como un destino de lujo. “Aquí hay una historia asombrosa, sitios arqueológicos, senderos para caminar, buen vino y productos agrícolas”, dijo. “Esto puede atraer a un visitante más responsable que aquellos que simplemente quieren sentarse en una reposera con un cóctel“.
Los viajeros que no quieran contribuir a los problemas del turismo excesivo pueden sentirse inspirados a explorar el lado menos conocido de Grecia, como las oportunidades de senderismo en el espectacular paisaje montañoso que cubre todo el país, una gran actividad fuera de los meses pico de verano, cuando el clima es un poco más fresco.
Sin embargo, si realmente deseas pasar un tiempo relajándote en una reposera, ten la seguridad de que no desaparecerán por completo: los activistas sólo quieren verlas restringidas a las áreas habilitadas por licencias. Los visitantes de Paros pueden comprobar si las reposeras son legales en el sitio web de la campaña.
Esta nota fue publicada originalmente en BBC Travel. Puedes ver la nota original en inglés haciendo clic aquí.
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