El nuevo Consejo General del INE, renovado parcialmente el pasado abril, cumple 2 meses. La llegada de los consejeros Arturo Castillo y Jorge Montaño, de la consejera Rita Bell-López Vences, y de la consejera presidenta Guadalupe Taddei trajo con ellos, según palabras de la consejera presidenta, una nueva etapa de diálogo y respeto entre los partidos políticos y la autoridad electoral. Es por esto que es importante analizar algunas de las principales decisiones del nuevo Consejo y del funcionamiento actual de la estructura interna del instituto.
Recién asumido el cargo, la consejera presidenta Taddei Zavala comentó que reduciría su sueldo conforme al decreto de austeridad republicana aprobado por el presidente López Obrador, quien en su momento criticó las remuneraciones percibidas por las consejerías. El decreto de austeridad establece que ningún funcionario público podría percibir más que el presidente, por lo que la consejera presidenta estableció su salario mensual neto en $120,392.60, significando este un recorte de $59,558.53 pesos. Las y los demás consejeros designados en este proceso de renovación no han hecho declaraciones al respecto. Aunado a esto, la consejera presidenta también solicitó revisar el presupuesto del INE para hacer uno austero.
Con la llegada de la nueva etapa vino una reconfiguración en la estructura ejecutiva, la cual se encarga del funcionamiento del Instituto, aprueba planes y determina las políticas a seguir. Tras la salida del consejero presidente Lorenzo Córdova, varias direcciones quedaron vacantes; con la llegada de la nueva presidencia hubo nuevas renuncias, particularmente en Fiscalización y Educación Cívica. Los nombramientos tardaron en llegar, pues se requería una votación mínima de 8 consejerías, pero finalmente en la sesión del 21 de junio se designaron 9 cargos titulares del área ejecutiva.
Llama la atención que por falta de consenso se rechazó la propuesta para designar a la secretaría ejecutiva y que aún siguen pendientes 10 posiciones por nombrar y aprobar. También resalta que esta falta de consenso dentro del Consejo General frenó las designaciones en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de Chiapas y Nuevo León para unas vacantes que se declararon desiertas.
Con la nueva conformación también cambió la integración de las comisiones. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE quedó conformada por dos integrantes nuevos – Jorge Montaño y Rita Bell-López – así como la consejera Claudia Zavala, quien ya formaba parte de este órgano y de la Comisión. Ha llamado la atención que ante la constante e intensa actividad de varios y varias aspirantes a candidaturas de diferentes cargos, los nuevos criterios adoptados han sido bastante laxos y casi todos estos nuevos criterios han sido aprobados por una mayoría conformada por quienes acaban de llegar a la Comisión y en contra de la consejera que ya formaba parte del Consejo General. Sin duda la autoridad electoral tiene un reto en este tema, pero hasta ahora ha parecido que su arbitraje ha sido insuficiente.
En esta nueva etapa también ha llamado la atención que los primeros actos públicos y mediáticos han sido con actores políticos del gobierno. Al día siguiente de asumir el cargo la presidenta y las diez consejerías tuvieron una reunión con el entonces secretario de Gobernación y hace unos días acudieron a Palacio Nacional a visitar al Presidente. Llama la atención que estas reuniones han sido con dos de los principales sujetos denunciados por violar la legislación electoral y quienes se han hecho acreedores a diferentes medidas cautelares.
Este es un pequeño balance sobre algunas de las acciones y decisiones adoptadas por la nueva conformación del INE. Más allá de filias y fobias, sus decisiones deben ser analizadas con objetividad para la visión del nuevo consejo y los criterios que podrían adoptar de cara a 2024. El instituto está a pocos meses de comenzar formalmente con la organización de las elecciones más grandes del país, en las cuales la equidad en la contienda y el papel de la autoridad electoral serán un tema central.
Finalmente, previo al inicio del proceso electoral será necesario poner atención en la discusión y aprobación del presupuesto del INE para 2024, es un tema que ha generado tensiones con el Legislativo y el Ejecutivo, y que podría determinar el rumbo del nuevo INE.
Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
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