Celaya y Tlajomulco: radiografías de la emergencia policial en México
En los últimos días, en el espacio público se ha revivido el debate y la preocupación en torno a la comisión de actos de terrorismo en México por parte de grupos del crimen organizado. El 28 de junio en Celaya, Guanajuato, la explosión de un coche bomba causó la muerte de un elemento de la Guardia Nacional y heridas de gravedad para otros cinco. Menos de dos semanas después, el 11 de julio, ahora en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, un ataque con minas terrestres caseras provocó el fallecimiento de seis personas, incluidos tres elementos de la fiscalía estatal y un policía municipal. Ambos episodios comparten un nivel de prefabricación y de letalidad alarmantes para las fuerzas de seguridad en el país. Y son sin duda un motivo para tomar con seriedad la oportunidad, pertinencia y riesgos de calificar a estas violencias como actos terroristas.
De acuerdo con las versiones oficiales, ambos ataques tuvieron como precedente inmediato el arribo de las fuerzas de seguridad para atender reportes de localización de cadáveres. Es decir, previo a ser víctimas de los atentados, los elementos de seguridad se encontraban ejerciendo su función de primer respondiente, en cumplimiento de su deber y en ejercicio de los protocolos correspondientes ante este tipo de denuncias. Investigaciones llevadas a cabo por Causa en Común demuestran que, desgraciadamente, los ataques en contra de policías durante el cumplimiento de sus deberes no son la excepción sino la norma. Y de acuerdo con los datos disponible, esta es una realidad de la que la Guardia Nacional no se escapa, por más que se presuma como la institución de seguridad insignia del presente gobierno.
Durante el actual sexenio se han podido documentar 181 casos de elementos de la Guardia Nacional asesinados. El repunte en el presente año, con respecto al anterior, enciende alertas preocupantes. Si en el primer semestre de 2022 se contabilizaban apenas 11 asesinatos de elementos de la Guardia Nacional, para el mismo periodo del año actual se tiene registrado un aumento del 100%, con 22 elementos asesinados. Tan sólo en los primeros seis meses del año en curso, ya se ha rebasado el total de asesinatos de elementos de la Guardia registrados durante todo el año anterior. De continuarse con esta tendencia, 2023 podría convertirse en uno de los años más letales para la Guardia Nacional desde su fundación en 2019, y un indicador de la creciente exposición a la violencia a la que a sus elementos les toca hacer frente.
Sin embargo, los asesinatos de guardias nacionales son apenas una fracción del grueso de la violencia contra las fuerzas de seguridad en el país. Si miramos la imagen más grande, durante todo el presente sexenio se tienen contabilizados 2,065 casos de asesinatos de policías. 247 de ellos se han cometido en el presente año y al menos el 57 % de ellos (143) se han producido mientras los agentes de seguridad se encontraban en activo. i El grueso de los policías asesinados pertenece a las corporaciones locales (municipales y estatales), siendo esta una situación que se replica año con año. Los hechos en Celaya y Tlajomulco previamente narrados son además recordatorios del alto nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran sumidas las corporaciones policiales de dichas entidades. Guanajuato y Jalisco ocupan el primer y el tercer lugar de más policías asesinados en lo que va del presente año, con 49 y 17 casos respectivamente. ii
Es relativamente sencillo, como se puede constatar en varias notas de prensa, responsabilizar de las muertes de policías a las disputas por el control territorial entre grupos del crimen organizado. Hasta este momento, las hipótesis arrojadas carecen de evidencia robusta o de alguna forma convincente de verificar dicha narrativa.iii Si bien no se descartan, pues presentan información útil para la elaboración de análisis de contextos, conviene tener cuidado con este tipo de explicaciones. Generalizar las causas de la violencia contra los cuerpos de policía a la delincuencia organizada puede implicar perder el foco en al menos dos cuestiones importantes.
En primer lugar, la alarmante cifra de policías asesinados es un indicador de una política de abandono sistemático y deliberado de las corporaciones de seguridad civiles, en medio de un contexto de militarización sin límites durante el presente sexenio. Las y los policías de México no sólo están obligados a sobrevivir a las violencias criminales de las que son víctimas, sino también a un modelo de seguridad en el cual no tienen cabida como sujetos de derechos laborales ni como pilares del desarrollo institucional en el país. iv Es importante que como sociedad colaboremos en la reversión de esta situación sumándonos a la voz de policías que hoy luchan por dignificar las condiciones en que ejercen su profesión y redefinir la importancia de su rol en la procuración de seguridad y justicia en México.
En segundo lugar, los lamentables acontecimientos en Celaya y Tlajomulco deben ser una motivación para exigir a las autoridades un mayor nivel de responsabilidad política, sobre todo a los más altos niveles. Si bien es cierto que hablar de terrorismo para explicar un hecho violento suele acarrear consecuencias políticas imprevistas para la autoridad que lo enuncia, si leemos estos hechos de violencia recientes a la luz de la definición del concepto contenida en el código penal federal, la realidad parece superar y contradecir el silencio de la presidencia. Cuando menos, entendido de esta forma, Celaya y Tlajomulco son alertas de la creciente brutalidad en contra de las instituciones de seguridad del Estado y de la imperiosa necesidad de ejercer presión sobre las autoridades responsables para que esta realidad no sea moralmente minimizada, ni sus víctimas pasen desapercibidas.
i Los números son hasta el 20 de julio de 2023. Detalles sobre el Registro de policías asesinados y la base de datos de Causa en Común se encuentran aquí.
ii De los 247 casos de asesinatos de policías registrados en la prensa, sólo de 245 fue posible identificar su corporación de origen.
iii Por ejemplo: Pérez, Maritza (29 de junio de 2023), Autos bomba, símbolo de rupturas entre criminales: expertos. El Economista.
Profesores y maestros han estado protestando durante semanas en todo el país exigiendo mayores derechos en las aulas.
Tras varias semanas de protestas realizadas por profesores en Corea del Sur, el gobierno aprobó una nueva ley para proteger más a los docentes de los padres que se quejan y los acosan.
Durante nueve semanas, profesores y maestros han estado protestando para exigir mayores derechos del ejercicios de sus funciones dentro de las aulas.
Afirman haber sido frecuentemente acosados por los padres de los alumnos que algunas veces los acusan maliciosamente de abuso infantil, para que los destituyan de sus cargos.
La ola de protestas se desató tras el suicidio de una joven maestra que había sido bombardeada por las quejas de los padres en Corea del Sur.
La maestra, que llevaba poco más de un año enseñando escribió que se había sentido tan abrumada por la locura de su trabajo que “quería dejarse ir”.
La situación de los profesores se ha vuelto imposible desde su punto de vista. Varios afirman que han sido denunciados por sujetar y restringir a un niño violento, o por simplemente llamarle la atención a un alumno.
Los profesores acusaron a los padres de aprovecharse de la ley de Bienestar Infantil, aprobada en 2014, que establece el despido automático de los profesores acusados de abuso infantil.
Más investigación y evidencia para acusar a profesores en Corea del Sur
Según la nueva legislación, conocida como el proyecto de ley para el Restablecimiento de los Derechos de Profesores, los docentes no serán destituidos tan pronto se reporte el abuso infantil; se necesitará realizar más investigaciones y tomar más evidencia.
También habrá apoyo financiero disponible para la defensa legal de los profesores demandados y se impondrá mayor responsabilidad a los directores y rectores de las escuelas para que protejan a su plantel.
Las protestas de los profesores estallaron después del suicidio en julio de una maestra de primaria de 23 años que estaba abrumada por las quejas de los padres.
La joven maestra cumplía su sueño de infancia de ejercer la misma profesión de su madre y adoraba a los niños, contó uno de sus primos que descubrió el diario que había dejado atrás.
En éste describía las presiones de su trabajo, de un alumno que había herido en la cabeza a otro con un lápiz y cómo ella se había enzarzado en acaloradas llamadas telefónicas y mensajes con los padres.
Los profesores afirmaron que la cultura de denuncias maliciosas los habían dejado incapaces de enseñar o mantener la disciplina de los alumnos.
Chatbots y llamadas grabadas
La Federación de Sindicatos de Maestros de Corea del Sur recibió con beneplácito la nueva legislación, declarando que tanto “expandiría el derecho a enseñar como proteger el derecho de los estudiantes para aprender”.
El sindicato expresó su “más profundo agradecimiento” a los profesores que se lanzaron a las calles durante nueve semanas seguidas, exigiendo mejores condiciones, y dijo que el resultado de hoy se debía a la fortaleza de ellos.
En las semanas recientes, el gobierno y las autoridades locales ya habían implementado una serie de medidas para proteger a los profesores y facilitarles el ejercicio de su trabajo, pero ninguna de estas era legalmente vinculante.
Las nuevas directivas del gobierno, formuladas a principios de este mes, estipulan que los profesores tienen el derecho a retirar de las aulas a los estudiantes indisciplinados y sujetarlos si es necesario.
Además de eso, la Oficina de Educación de Seúl anunció planes esta semana de grabar todas las llamadas de los padres hechas a los profesores y de instalar un chatbot (un simulador digital de conversación) para que actúe como primera línea de defensa contra las quejas de los padres.
Más cambios serán necesarios, dicen los profesores en Corea del Sur
Sin embargo, algunos maestros arguyen que las nuevas leyes no van suficientemente lejos.
El presidente de la Federación de Sindicatos de Profesores, Kim Yong-seo, llamó la nueva legislación “un gran paso hacia la protección de los profesores y estudiantes”, pero señaló que había áreas que todavía necesitaban mejorarse.
Hizo un llamado a los políticos para que enmienden el Acta de Bienestar Infantil, sosteniendo que no debería ser posible que una simple acción disciplinaria de los alumnos sea catalogada como abuso infantil.
Unos profesores también quieren que se penalicen a los los padres que hagan acusaciones falsas de abuso infantil.
Kim Jin-seo, una profesora de 28 años que habló con la BBC durante una de las protestas, dijo que la nueva ley no impediría las denuncias infundadas de abuso infantil, porque sin el temor de repercusiones, los padres continuarían acusando maliciosamente a los profesores que no les cayeran bien.
Se estima que la sociedad hipercompetitiva de Corea del Sur es en parte responsable de la cultura de hostigamiento por parte de los padres.
Los resultados académicos son considerados el mejor indicador del éxito, lo que significa que los estudiantes compiten ferozmente para obtener las mejores calificaciones desde una edad muy temprana para garantizar la entrada a las principales universidades.
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