Celaya y Tlajomulco: radiografías de la emergencia policial en México
En los últimos días, en el espacio público se ha revivido el debate y la preocupación en torno a la comisión de actos de terrorismo en México por parte de grupos del crimen organizado. El 28 de junio en Celaya, Guanajuato, la explosión de un coche bomba causó la muerte de un elemento de la Guardia Nacional y heridas de gravedad para otros cinco. Menos de dos semanas después, el 11 de julio, ahora en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, un ataque con minas terrestres caseras provocó el fallecimiento de seis personas, incluidos tres elementos de la fiscalía estatal y un policía municipal. Ambos episodios comparten un nivel de prefabricación y de letalidad alarmantes para las fuerzas de seguridad en el país. Y son sin duda un motivo para tomar con seriedad la oportunidad, pertinencia y riesgos de calificar a estas violencias como actos terroristas.
De acuerdo con las versiones oficiales, ambos ataques tuvieron como precedente inmediato el arribo de las fuerzas de seguridad para atender reportes de localización de cadáveres. Es decir, previo a ser víctimas de los atentados, los elementos de seguridad se encontraban ejerciendo su función de primer respondiente, en cumplimiento de su deber y en ejercicio de los protocolos correspondientes ante este tipo de denuncias. Investigaciones llevadas a cabo por Causa en Común demuestran que, desgraciadamente, los ataques en contra de policías durante el cumplimiento de sus deberes no son la excepción sino la norma. Y de acuerdo con los datos disponible, esta es una realidad de la que la Guardia Nacional no se escapa, por más que se presuma como la institución de seguridad insignia del presente gobierno.
Durante el actual sexenio se han podido documentar 181 casos de elementos de la Guardia Nacional asesinados. El repunte en el presente año, con respecto al anterior, enciende alertas preocupantes. Si en el primer semestre de 2022 se contabilizaban apenas 11 asesinatos de elementos de la Guardia Nacional, para el mismo periodo del año actual se tiene registrado un aumento del 100%, con 22 elementos asesinados. Tan sólo en los primeros seis meses del año en curso, ya se ha rebasado el total de asesinatos de elementos de la Guardia registrados durante todo el año anterior. De continuarse con esta tendencia, 2023 podría convertirse en uno de los años más letales para la Guardia Nacional desde su fundación en 2019, y un indicador de la creciente exposición a la violencia a la que a sus elementos les toca hacer frente.
Sin embargo, los asesinatos de guardias nacionales son apenas una fracción del grueso de la violencia contra las fuerzas de seguridad en el país. Si miramos la imagen más grande, durante todo el presente sexenio se tienen contabilizados 2,065 casos de asesinatos de policías. 247 de ellos se han cometido en el presente año y al menos el 57 % de ellos (143) se han producido mientras los agentes de seguridad se encontraban en activo. i El grueso de los policías asesinados pertenece a las corporaciones locales (municipales y estatales), siendo esta una situación que se replica año con año. Los hechos en Celaya y Tlajomulco previamente narrados son además recordatorios del alto nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran sumidas las corporaciones policiales de dichas entidades. Guanajuato y Jalisco ocupan el primer y el tercer lugar de más policías asesinados en lo que va del presente año, con 49 y 17 casos respectivamente. ii
Es relativamente sencillo, como se puede constatar en varias notas de prensa, responsabilizar de las muertes de policías a las disputas por el control territorial entre grupos del crimen organizado. Hasta este momento, las hipótesis arrojadas carecen de evidencia robusta o de alguna forma convincente de verificar dicha narrativa.iii Si bien no se descartan, pues presentan información útil para la elaboración de análisis de contextos, conviene tener cuidado con este tipo de explicaciones. Generalizar las causas de la violencia contra los cuerpos de policía a la delincuencia organizada puede implicar perder el foco en al menos dos cuestiones importantes.
En primer lugar, la alarmante cifra de policías asesinados es un indicador de una política de abandono sistemático y deliberado de las corporaciones de seguridad civiles, en medio de un contexto de militarización sin límites durante el presente sexenio. Las y los policías de México no sólo están obligados a sobrevivir a las violencias criminales de las que son víctimas, sino también a un modelo de seguridad en el cual no tienen cabida como sujetos de derechos laborales ni como pilares del desarrollo institucional en el país. iv Es importante que como sociedad colaboremos en la reversión de esta situación sumándonos a la voz de policías que hoy luchan por dignificar las condiciones en que ejercen su profesión y redefinir la importancia de su rol en la procuración de seguridad y justicia en México.
En segundo lugar, los lamentables acontecimientos en Celaya y Tlajomulco deben ser una motivación para exigir a las autoridades un mayor nivel de responsabilidad política, sobre todo a los más altos niveles. Si bien es cierto que hablar de terrorismo para explicar un hecho violento suele acarrear consecuencias políticas imprevistas para la autoridad que lo enuncia, si leemos estos hechos de violencia recientes a la luz de la definición del concepto contenida en el código penal federal, la realidad parece superar y contradecir el silencio de la presidencia. Cuando menos, entendido de esta forma, Celaya y Tlajomulco son alertas de la creciente brutalidad en contra de las instituciones de seguridad del Estado y de la imperiosa necesidad de ejercer presión sobre las autoridades responsables para que esta realidad no sea moralmente minimizada, ni sus víctimas pasen desapercibidas.
i Los números son hasta el 20 de julio de 2023. Detalles sobre el Registro de policías asesinados y la base de datos de Causa en Común se encuentran aquí.
ii De los 247 casos de asesinatos de policías registrados en la prensa, sólo de 245 fue posible identificar su corporación de origen.
iii Por ejemplo: Pérez, Maritza (29 de junio de 2023), Autos bomba, símbolo de rupturas entre criminales: expertos. El Economista.
Hay una ira creciente por la poca ayuda que llega a las ciudades y pueblos de las montañas del Atlas.
El bebé de Khadija aún no tiene nombre y su primer hogar es una tienda de campaña junto a la carretera.
Nació minutos antes de que se produjera el mortífero terremoto del viernes por la noche en Marruecos.
Aunque Khadija y su hija salieron ilesas, el hospital de Marrakech donde se encontraban fue evacuado. Tras una rápida revisión, les pidieron que se marcharan apenas tres horas después del nacimiento.
“Nos dijeron que teníamos que irnos por miedo a las réplicas”, explicó.
El sismo de magnitud 6,8 sacudió el centro del país, con epicentro a 71 kilómetros de la turística Marrakech. Por ahora se cuentan más de 2.100 personas fallecidas en una decena de provincias y el número de heridos ha ascendido a más de 2.420. Unos 20 minutos después hubo una réplica de magnitud 4,9.
Con su recién nacida en brazos, Khadija y su marido intentaron tomar un taxi a primera hora del sábado para ir a su casa de Taddart, en la cordillera del Atlas, a unos 65 kilómetros de Marrakech.
Pero de camino se encontraron con que las carreteras estaban bloqueadas por corrimientos de tierra y sólo llegaron hasta el pueblo de Asni, a unos 15 kilómetros de su destino final.
Desde entonces, la familia vive en una tienda de campaña básica que han logrado construir junto a la carretera principal.
“No he recibido ninguna ayuda ni asistencia de las autoridades”, nos dijo, sosteniendo a su bebé mientras se protegía del sol bajo un endeble trozo de lona.
“Pedimos mantas a algunas personas de este pueblo para tener algo con lo que taparnos. Sólo tenemos a Dios”.
Khadija nos contó que sólo tiene un conjunto de ropa para el bebé.
Amigos de su ciudad natal les han contado que su casa está muy dañada y no saben cuándo podrán tener un lugar adecuado donde alojarse.
Enfado creciente
Cerca del lugar donde Khadija acampa, la frustración crece a medida que pasan los días y apenas llega ayuda a los pueblos y aldeas de las zonas montañosas al sur de Marrakech.
En Asni, a solo 50 kilómetros de Marrakech, la gente dice que necesita ayuda urgente.
Un grupo de gente enfadada rodeó a un reportero local y le arrojaron sus frustraciones: “No tenemos comida, no tenemos pan ni verduras. No tenemos nada”.
El reportero, en el centro de la multitud, tuvo que ser escoltado y llevado lejos por la policía, mientras la gente aún lo seguía, desesperada e intentando desahogar su ira.
“Nadie ha venido a nosotros, no tenemos nada. Sólo tenemos a Dios y al rey”, dijo un hombre de la multitud que no quiso dar su nombre.
Desde el terremoto vive al margen de la carretera principal del pueblo con sus cuatro hijos. Su casa sigue en pie, pero todas las paredes están muy agrietadas y tienen demasiado miedo para quedarse allí.
Han conseguido volver y coger algunas mantas, lo único que ahora tienen para dormir.
En un momento, un camión pasó entre la multitud. Algunas personas intentaron hacerle señas, esperando desesperadamente que les dejara suministros. Pero el camión siguió su camino, seguido de abucheos.
Algunos dicen que han recibido tiendas de campaña de las autoridades, pero no hay suficientes para todos.
Cerca de allí está Mbarka, otra persona que vive en una tienda de campaña. Nos guió por las calles laterales hasta su casa, en la que ya no puede vivir.
“No tengo medios para reconstruir la casa. De momento, sólo nos ayuda la gente de la zona”, nos contó.
Vivía allí con sus dos hijas, su yerno y tres nietos.
Cuando su casa empezó a temblar, salieron corriendo y casi fueron alcanzados por el derrumbe de una casa mucho más grande que empezó a deslizarse colina abajo.
“Creemos que el gobierno ayudará, pero hay 120 pueblos en la zona”, dijo su yerno Abdelhadi.
Con tanta gente necesitada de ayuda, un gran número de personas tendrá que esperar más tiempo para recibir asistencia.
