Para nadie es un secreto que en México estamos experimentando una crisis de violencia y seguramente la mayoría de nosotros estamos hartos de esta situación. De escuchar reportes sobre desapariciones, feminicidios, ejecuciones, masacres, tiroteos, secuestros, etc. Pero, sin importar el delito, algo que resulta sumamente extraño es que, de algún modo, siempre encontramos la forma de responsabilizar al narco. Que una niña está desaparecida, seguramente es porque su papá le debía dinero al narco. Que mataron a un adolescente, seguro es porque vendía droga. Que desapareció un maestro, es porque se metió con el narco. Es innegable que en nuestro país la violencia extrema se ha vuelto algo cotidiano, pero ¿es todo culpa del crimen organizado?
Hay trabajos de investigación que argumentan que la crisis de violencia que se vive hoy en el país es, en gran parte, el resultado de la famosa “Guerra contra el narco”, pues es a partir de 2007, poco después de implementar esta estrategia de seguridad, las cifras de delitos de alto impacto (secuestros, asesinatos, masacres, etc.) se dispararon. Uno de los más interesantes es quizá la investigación publicada por Robles, Calderón y Magaloni en 2013,”Las consecuencias económicas de la violencia del narcotráfico en México”, publicación que explica cómo es que la militarización de la seguridad pública sólo terminó por transformar a los grupos criminales, pasando de ser vendedores de droga a secuestradores, extorsionadores y sicarios. Esto debido a que la eliminación de sus cabecillas y el incremento en las incautaciones de drogas creó grupos criminales más competitivos, dispuestos a recurrir a cualquier estrategia para mantener sus operaciones.
No obstante, para asegurar el respeto y protección de los derechos de las personas, nuestras autoridades no pueden caer en narrativas simplificadas, pues la realidad es que no todo es culpa del narco. Definitivamente algunos procesos de justicia serían mucho más fáciles si todos los delitos de nuestro país fueran atribuibles a los cárteles de droga. Pero culpar a estas organizaciones de todos los feminicidios, secuestros, ejecuciones y masacres es una falta de respeto a las víctimas y una violación a su derecho a la justicia.
En México diferentes actores han convertido al narco en el villano perfecto. Por un lado, a este criminal oscuro e imposible de encontrar se le responsabiliza de cualquier cantidad de delitos de alto impacto, dándonos una explicación simple y satisfactoria para la crisis de violencia. Por otro, esta misma acción deslinda a las autoridades de sus responsabilidades y de los crímenes que incluso ellas mismas han cometido. Incrementando así, la impunidad y la desconfianza en nuestro propio sistema de justicia.
Pero ¿cómo no culpar al narco? ¿Cómo no volverlo el villano de esta historia cuando resulta tan conveniente? Como menciona Valencia Triana en su texto Capitalismo Gore y necropolítica en México contemporáneo, “el estado se beneficia del temor infundido en la población civil por las organizaciones criminales, aprovechando la efectividad del miedo para declarar al país en estado de excepción justificando de esta manera la vulneración de los derechos humanos y la implantación de medidas autoritarias…”. Sin embargo, más allá de volver a simplificar el fenómeno de la violencia y responsabilizar solo al Estado, este texto también busca hacernos reflexionar sobre cómo el resto de nosotros hemos abonado a la crisis de violencia actual.
Aunque parte de las historias de desapariciones, asesinatos y crímenes violentos tienen como causa la falta de un gobierno que garantice la salvaguarda de la vida y bienes de la población, también hay que contemplar que grandes sectores de la sociedad aún se mantienen ajenos a los procesos de construcción de paz y seguridad. Ejemplo de ello también son los productos culturales que replican la narcocultura y prácticas de violencia. Todos, productos que alimentan la idea del villano perfecto, la idea de que el común denominador de este abanico de historias trágicas y llenas de violencia es el crimen organizado.
Esto es particularmente peligroso porque relatos que nos permitan culpar a alguien de toda la violencia, poco a poco nos impiden reconocer nuestras violencias. Hoy, buena parte de las atrocidades que ocurren en el país son cometidas por personas sin vínculos con organizaciones criminales. Aunque la impunidad y la ausencia de mecanismos de investigación que permitan combatir las violencias de “menor impacto” dificultan el entendimiento de las mismas, sabemos, gracias a investigaciones como “Violencia familiar, un paso al feminicidio”, que, por ejemplo, una porción significativa de estos delitos tiene sus orígenes en el fenómeno de la violencia doméstica y no en el de la violencia del crimen organizado.
Así, se vuelve fundamental ser más críticos con la información que recibimos y consumimos.Y sobre todo resistir y combatir estas narrativas que nada harán para reducir la violencia en México. Para dejar de abonar a esta crisis, se vuelve indispensable que comencemos a apoyar y visibilizar los procesos de construcción de paz que existen en nuestro país. Aunque el problema de la violencia en nuestro país no vaya a desaparecer de la noche a la mañana, el estudio de este conflicto nos ha confirmado que la narrativa actual, solo nos ha alejado de su resolución. Para vivir en un México en paz tendremos que aceptar que el fin del narco no significará el fin de la violencia.
Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
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