No es cuántos, sino qué policías
Recientemente, el INEGI presentó el documento “Los gobiernos municipales en México, volumen III: seguridad pública, justicia y buen gobierno”. 1 En él, a partir de los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMyDT) 2021, se describen “las capacidades institucionales de los municipios del país para realizar las tareas de seguridad pública y atender los asuntos en materia de justicia cívica”. La publicación de este documento es un importante insumo para contar con un panorama del trabajo de los gobiernos municipales en la materia.
El documento aporta información relevante para comprender el abandono de las policías municipales al constatar que, al cierre del 2020, 28.2 % de las policías municipales no brindaban a sus elementos seguridad social; la situación resulta particularmente dramática en entidades como Chiapas, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Yucatán y Tlaxcala, donde más del 60 % de las policías municipales no los inscribían a alguna institución de seguridad social. Además, apenas la mitad de las policías brindaban vacaciones y solamente 10.1 % de los municipios ofrecieron prestaciones de apoyo para gastos funerarios y 6.5 % tuvieron apoyos para familiares de elementos caídos en el cumplimiento de su deber.
En el conjunto de los estados, el 55 % del presupuesto en seguridad pública municipal se destina al Capítulo 1000 dedicado principalmente al pago de salarios, habiendo estados como Tabasco, Colima o Baja California en que esta cifra rebasa el 75 %. El hecho de que una proporción tan grande del presupuesto se dedique al pago del personal limita los recursos para invertir en infraestructura, equipo o capacitación, y pone en mayor riesgo a los policías. Vale mencionar que Causa en común registró, mediante seguimiento hemerográfico, que entre 2018 y 2022 fueron asesinados por lo menos 1,192 policías municipales, el 53% de los policías asesinados en el periodo.
La mayoría de las notas periodísticas que retomaron el documento del INEGI, sin embargo, no recalcaron todas estas problemáticas, sino un solo dato como pauta para juzgar el estado de las policías municipales: la mitad de los municipios del país cuentan con menos de 1.8 policías por cada cien mil habitantes. Dicho valor está basado en el Modelo Óptimo de la Función Policial y se obtuvo de un promedio entre un supuesto estándar internacional construido por la UNODC (2.8 policías por cada mil habitantes) y el promedio de las entidades federativas al 31 de enero de 2017 (0.8 policías por cada mil habitantes).
Este estándar es problemático en varios niveles. En primer lugar, el supuesto estándar internacional no es tal, sino un promedio obtenido por la UNODC a través de una encuesta a los diferentes países miembros. La misma institución aclara que dicho resultado no es una recomendación de política y recuerda que, además, “los países utilizan diferentes métodos para cuantificar el tamaño de la fuerza de trabajo y para evaluar cuáles instituciones han de incluirse en la contabilidad. […] Asimismo, las tareas desempeñadas por la policía difieren de un país a otro”. 2
Además, en México se estableció ese estándar solamente para las policías estatales, con lo cual se dejaba a las policías municipales fuera del ámbito de las instituciones relevantes para la seguridad pública. Dicho Modelo ya no se encuentra vigente, pues en 2019 se aprobó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que lo sustituyó. En él, se establece que no puede definirse el número mínimo de policías a partir de una referencia poblacional, sino que debe hacerse “conforme a las necesidades operativas […] con base en la estrategia de cuadrantes, sectores de patrullaje y turnos policiales”. 3
Más allá del número adecuado de policías, es necesario saber el estatus del desarrollo policial de las corporaciones locales. Además de las condiciones de trabajo de los y las policías municipales, que el documento del INEGI nos brinda, requerimos saber el estatus de la carrera policial, la profesionalización, el régimen disciplinario y la certificación –estas variables las ha estudiado Causa en común para las policías estatales en el Índice de Desarrollo Policial (INDEPOL). 4 Conocer esto nos permitiría contar con elementos para plantear las decisiones de política pública que ayuden a construir policías profesionales, capacitadas y confiables.
Contrario a ello, lo que tenemos en México es un abandono de las fuerzas locales y un acelerado proceso de militarización de la seguridad pública; es urgente detener esto, para ello es necesario contar con estándares y rutas para fortalecer a nuestras policías locales. Las policías municipales son las más abandonadas del país, la pregunta principal en estos momentos no es cuántos policías necesitamos, sino qué tipo de policías, en qué condiciones de trabajo y con qué herramientas y capacidades los necesitamos.
Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
“Lujoso”
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
“Los Chapitos”
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
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