Las restricciones a las preliberaciones atentan contra la reinserción social
Desde la promulgación de la Constitución en 1917 hasta la fecha, se han incluido dentro del artículo 18 constitucional tres modelos criminológico-penitenciarios: la regeneración moral (1917-1965), la readaptación social (1965-2008) y la reinserción social (2008-vigente). Los dos primeros modelos se sustentaron sobre la base del tratamiento clínico y el derecho penal de autor, doctrina por la cual las características personales, formas de vida, orientaciones políticas, prácticas e identidades basadas en estereotipos y prejuicios deben influir en la sanción del delito. El tercero, por su parte, sustentó el objetivo del sistema penitenciario sobre la base del reconocimiento de las personas que delinquen como sujetas de derechos humanos y modificó el paradigma constitucional a uno fundado en el derecho penal de acto. Con el modelo penitenciario vigente, se puso como fin de las sanciones privativas de libertad y del sistema penitenciario “la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos”, 1 es decir, la reinserción social.
Parte importante de la reforma al artículo 18 constitucional fue la promulgación en 2016 de su ley reglamentaria, que es la Ley Nacional Ejecución Penal (LNEP). Este instrumento normativo tiene como objetivo contribuir para lograr el fin de la privación de la libertad y del sistema penitenciario. Sin embargo, esta ley también tiene un régimen de excepción que imposibilita el acceso a ciertos derechos humanos a los que, en el ámbito nacional e internacional, las personas privadas de libertad tienen derecho. Ejemplo de esto son los relativos al contacto con el mundo exterior, la libertad de tránsito dentro del centro penitenciario, las visitas íntimas y familiares, y los traslados voluntarios. Por cuanto hace a las personas sentenciadas por los delitos del régimen de excepción, ellas se ven impedidas para acceder a beneficios preliberacionales como las libertades condicionadas o anticipadas, la sustitución y la suspensión provisional de las sanciones, los permisos humanitarios o las preliberaciones por política penitenciaria, pese a que cumplan con todos los requisitos legales.
Este régimen de excepción encuentra su sustento en la política criminal, que ha servido como base para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa establecida en el artículo 19 constitucional, así como para las restricciones que se encuentran dentro de leyes especiales como la de secuestro, delincuencia organizada y, ahora, en la propia LNEP. No obstante, la hipótesis de la política criminal en cuanto a que la imposición de un régimen de excepción de derechos -especialmente, la restricción de otorgamiento de preliberaciones- a personas procesadas o sentenciadas por delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas lograría mitigar la incidencia delictiva, no ha sido una realidad.
Según cifras recopiladas por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC), el número de víctimas de trata de personas en México aumentó 67.3 % entre el 2020 y el 2021. Además, se registró en su informe mundial sobre Trata de Personas de 2022, con datos proporcionados por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), 1,316 víctimas del delito, mientras que para el 2021 se registraron 2,202. 2
Por otro lado, la OSC Alto al Secuestro cuenta con un mapeo de la cifra de secuestros a nivel nacional, que de enero de 2016 a junio de 2023 da un total de 10,536 secuestros y representan una tendencia a la baja. 3 No obstante, es necesario observar que hubo aumento en el número de víctimas de otros delitos que atentan contra la libertad personal, así como la actuación de las autoridades al iniciar carpetas de investigación por estos delitos. 4
En lo que se refiere a las cifras del delito de delincuencia organizada, el Índice Global de Crimen Organizado de 2021 posicionó a México en el cuarto lugar en el mundo y en el segundo a nivel regional del continente americano, como uno de los países con los niveles más altos de criminalidad. 5 Así también este índice reveló que existe una falta de capacidad para abordar de forma eficaz la problemática, ya que el Estado sigue usando recursos tradicionales como el punitivismo para reducir la criminalidad. 6
Considerando los datos anteriores, el régimen de excepción sobre el acceso a beneficios preliberacionales, más allá de comprobarse como una herramienta efectiva de la política criminal para combatir y prevenir el delito, se ha convertido en una medida ineficaz, innecesaria e irrazonable. Contrario a lo opinado por la Primera Sala de la SCJN, desde ASILEGAL consideramos que la política criminal que fomenta la existencia de estereotipos y prejuicios contra las personas privadas de libertad no se convierte en compatible con el régimen constitucional de derecho penal de acto, sino en una política discriminatoria que persigue las personalidades “criminales”. Todas las autoridades, como instituciones garantistas de derechos humanos, no deben buscar justificaciones para sostener incompatibilidades constitucionales o convencionales dentro de las políticas de seguridad basadas en criterios criminalizadores, sino ejecutar actos, medidas y soluciones basadas en la protección del derecho a la igualdad de las personas en conflicto con la ley penal.
Por ello, las distinciones de la LNEP en el acceso a beneficios preliberacionales son a todas luces incompatibles con los derechos humanos y el modelo de la reinserción social, debido a que están sustentadas en una valoración subjetiva de la personalidad, específicamente en criterios de peligrosidad socialmente asignados a las personas en conflicto con la ley penal. Estas ideas son propias del ya rebasado derecho penal de autor y van en contra de la igualdad y la no discriminación, pues se trata de una distinción que vulnera la reinserción social de las personas privadas de libertad. La política criminal empleada -en la que se incluye el régimen de excepción- no ha surtido los efectos esperados respecto a la baja en la incidencia delictiva. Lo antes expuesto, en consecuencia, nos lleva a afirmar que dichas restricciones son institucionales e inconvencionales.
*José Luis Gutiérrez Román (@JLuisASILEGAL) es Doctorante en Derecho de la UNAM y director general en @AsiLegalMx.
1 Artículo 4° de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
“Artículo 4. Principios rectores del Sistema Penitenciario.
El desarrollo de los procedimientos dentro del Sistema Penitenciario debe regirse por los siguientes principios: […]
Reinserción social. Restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos”.
2 Redacción el economista, “ONU registra alza de 67 % en víctimas de trata en México entre 2020 y 2021”, (2023)-
3 Alto al Secuestro, “Reporte Nacional diciembre 2018- junio 2023“, junio de 2023.
4 Observatorio Nacional Ciudadano, “Reporte Semestral de incidencia delictiva 2022“, s. f., consultado el 3 de agosto de 2023.
5 The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. “Criminality in Mexico – The Organized Crime Index“. The Organized Crime Index. Consultado el 3 de agosto de 2023.
6 Id.
Nació como un pequeño grupo en un estado venezolano que hoy se dedica a varias actividades criminales y opera en casi toda Sudamérica, según los expertos.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Orígenes
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
Liderazgo
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Expansión internacional
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
“Su sello es causar temor”
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Miles de integrantes
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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