El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha brindado asistencia técnica en el caso Ayotzinapa gracias a una medida cautelar conferida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó la semana pasada su sexto y último informe sobre el caso. Con ello, el Grupo concluye una fecunda labor durante la cual elaboró, en sus diversos informes, una de las más acabadas radiografías disponibles sobre las taras de nuestro sistema de justicia y sobre los mecanismos de impunidad que impiden llegar a la verdad y a la justicia en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
El corazón del informe es sin duda el apartado identificado con el número cinco, que documenta de forma puntual y objetiva cómo el Ejército Mexicano, no sólo en el momento de los hechos sino también en el presente, ha ocultado información clave para la búsqueda de desaparecidos y ha ofrecido respuestas que suponen un obstáculo a la justicia; particularmente ha escondido documentos generados por áreas de inteligencia, entre los que se incluyen transcripciones de llamadas telefónicas realizadas por actores implicados en los hechos. El GIEI muestra claramente que esta reticencia castrense a colaborar con la verdad se ha mantenido hasta el momento actual, incluso después de que se firmara un decreto presidencial e incluso con posterioridad a que, ante el propio grupo, el presidente de la república, en su carácter de comandante supremo, ordenara a los castrenses colaborar plenamente con el esclarecimiento.
Ante esta conducta militar contumaz y desafiante, el GIEI decidió culminar su labor y publicar un último reporte, dando con ello un último servicio generoso y valiente a los padres y las madres de los normalistas. En congruencia, al presentar su informe final en conferencia de prensa, el GIEI advirtió sobre el riesgo de que en México se institucionalice la mentira.
Como puede verse en el registro de la conferencia de prensa, a pregunta expresa sobre la relevancia de los documentos que las Fuerzas Armadas no han entregado y específicamente ante el cuestionamiento sobre si en ellos podría haber información relevante para el esclarecimiento del caso, el GIEI respondió: “Sí creemos que hay información que tiene que ver con el paradero”.
Las organizaciones que desde hace nueve años acompañamos a los padres y a las madres desconocemos el alcance de lo contenido en esos documentos, pero desde luego entendemos lo que en las familias mueve y genera esta afirmación proferida por los especialistas en quienes más han confiado. Por eso secundamos, un día después de la presentación del informe, la digna posición de los padres y las madres en el sentido de que es urgente que el presidente de la república se reúna con ellos para buscar las vías que permitan que esos documentos puedan ser recuperados y analizados. Y es que, siendo tan grave la afirmación del GIEI, de no verificarse el acceso a estos documentos, quedará institucionalizada la mentira.
Precisamente esto es lo que los padres y las madres plantearon, congruentes con la admirable lucha que por amor a sus hijos han impulsado por casi una década, en su última reunión con el gobierno. Reconociendo la labor desempeñada por el subsecretario de Derechos Humanos, los familiares insistieron en que la persistente negativa a colaborar de las Fuerzas Armadas ya sólo podía ser contrarrestada por una clara decisión presidencial.
La respuesta gubernamental inicial no ha sido la esperada. Tanto en las alocuciones presidenciales como en las redes sociales, el gobierno federal ha acusado una supuesta campaña contra las Fuerzas Armadas. Entrar en esta polémica poco ayuda a los padres y a las madres. Lo esencial en todo caso es insistir en que la opacidad militar por razones de Estado no puede ni debe imponerse por encima de la verdad que es debida a las víctimas; menos en un momento en el que, como nunca antes, la militarización sin controles se ha profundizado a pasos agigantados.
El momento es decisivo. Sin duda alguna, las contribuciones del GIEI son muchas y la experiencia ha mostrado que México necesita abrirse más a la asistencia técnica internacional si el país quiere revertir la impunidad endémica. Ahora, es el turno del Estado: teniendo una ruta clara, lo que está en juego es dilucidar si, en la hora definitiva, la administración estará de lado de las víctimas o bien de la impunidad castrense.
Hay una ira creciente por la poca ayuda que llega a las ciudades y pueblos de las montañas del Atlas.
El bebé de Khadija aún no tiene nombre y su primer hogar es una tienda de campaña junto a la carretera.
Nació minutos antes de que se produjera el mortífero terremoto del viernes por la noche en Marruecos.
Aunque Khadija y su hija salieron ilesas, el hospital de Marrakech donde se encontraban fue evacuado. Tras una rápida revisión, les pidieron que se marcharan apenas tres horas después del nacimiento.
“Nos dijeron que teníamos que irnos por miedo a las réplicas”, explicó.
El sismo de magnitud 6,8 sacudió el centro del país, con epicentro a 71 kilómetros de la turística Marrakech. Por ahora se cuentan más de 2.100 personas fallecidas en una decena de provincias y el número de heridos ha ascendido a más de 2.420. Unos 20 minutos después hubo una réplica de magnitud 4,9.
Con su recién nacida en brazos, Khadija y su marido intentaron tomar un taxi a primera hora del sábado para ir a su casa de Taddart, en la cordillera del Atlas, a unos 65 kilómetros de Marrakech.
Pero de camino se encontraron con que las carreteras estaban bloqueadas por corrimientos de tierra y sólo llegaron hasta el pueblo de Asni, a unos 15 kilómetros de su destino final.
Desde entonces, la familia vive en una tienda de campaña básica que han logrado construir junto a la carretera principal.
“No he recibido ninguna ayuda ni asistencia de las autoridades”, nos dijo, sosteniendo a su bebé mientras se protegía del sol bajo un endeble trozo de lona.
“Pedimos mantas a algunas personas de este pueblo para tener algo con lo que taparnos. Sólo tenemos a Dios”.
Khadija nos contó que sólo tiene un conjunto de ropa para el bebé.
Amigos de su ciudad natal les han contado que su casa está muy dañada y no saben cuándo podrán tener un lugar adecuado donde alojarse.
Cerca del lugar donde Khadija acampa, la frustración crece a medida que pasan los días y apenas llega ayuda a los pueblos y aldeas de las zonas montañosas al sur de Marrakech.
En Asni, a solo 50 kilómetros de Marrakech, la gente dice que necesita ayuda urgente.
Un grupo de gente enfadada rodeó a un reportero local y le arrojaron sus frustraciones: “No tenemos comida, no tenemos pan ni verduras. No tenemos nada”.
El reportero, en el centro de la multitud, tuvo que ser escoltado y llevado lejos por la policía, mientras la gente aún lo seguía, desesperada e intentando desahogar su ira.
“Nadie ha venido a nosotros, no tenemos nada. Sólo tenemos a Dios y al rey”, dijo un hombre de la multitud que no quiso dar su nombre.
Desde el terremoto vive al margen de la carretera principal del pueblo con sus cuatro hijos. Su casa sigue en pie, pero todas las paredes están muy agrietadas y tienen demasiado miedo para quedarse allí.
Han conseguido volver y coger algunas mantas, lo único que ahora tienen para dormir.
En un momento, un camión pasó entre la multitud. Algunas personas intentaron hacerle señas, esperando desesperadamente que les dejara suministros. Pero el camión siguió su camino, seguido de abucheos.
Algunos dicen que han recibido tiendas de campaña de las autoridades, pero no hay suficientes para todos.
Cerca de allí está Mbarka, otra persona que vive en una tienda de campaña. Nos guió por las calles laterales hasta su casa, en la que ya no puede vivir.
“No tengo medios para reconstruir la casa. De momento, sólo nos ayuda la gente de la zona”, nos contó.
Vivía allí con sus dos hijas, su yerno y tres nietos.
Cuando su casa empezó a temblar, salieron corriendo y casi fueron alcanzados por el derrumbe de una casa mucho más grande que empezó a deslizarse colina abajo.
“Creemos que el gobierno ayudará, pero hay 120 pueblos en la zona”, dijo su yerno Abdelhadi.
Con tanta gente necesitada de ayuda, un gran número de personas tendrá que esperar más tiempo para recibir asistencia.