Entre el 13 y el 15 de septiembre el Estado mexicano compareció ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED de la ONU), instancia que evalúa el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en su informe emitido en 2022, elaborado tras se visita a nuestro país en 2021. En dicho Informe, el Comité dejó trazada una hoja de ruta que de seguirse podría contribuir a revertir la dolorosa crisis de desapariciones que vive México, mediante la adopción de una verdadera “Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones”.
La delegación de México estuvo integrada por autoridades de nivel intermedio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, el Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía General de la República (FGR), conformada mayoritariamente por directores generales. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) compareció mediante encargado de despacho, tras la reciente renuncia de su titular en medio de cuestionamientos sobre la decisión del gobierno de revisar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
En su intervención inicial, la representación mexicana reportó algunas medidas administrativas y, respecto de la revisión del Registro, señaló que actualmente se realiza “un proceso de verificación” por instrucción presidencial. Además, el Estado presentó cifras sobre los pocos casos investigados y judicializados por la FGR.
Por el CED, sus integrantes Carmen Rosa Villa, Horacio Ravenna y Juan Pablo Alban fueron los encargados de sostener el diálogo. A través de una serie de preguntas, que mostraron su profundo conocimiento de la realidad mexicana y su cercanía con las familias de las víctimas, la y los expertos expresaron su consternación por la continuidad de la crisis de desapariciones, advirtiendo que éstas no están disminuyendo.
El Comité enfatizó sus preocupaciones en torno a la crisis forense, la impunidad que impera en estos casos, el riesgo que enfrentan las familiares que buscan personas desaparecidas, así como la falta de coordinación interinstitucional y las acciones del Estado para modificar el registro de personas desaparecidas.
El papel de la FGR causó especial preocupación a los expertos, quienes cuestionaron las cifras presentadas por la propia institución, haciendo notar la muy escasa judicialización de casos y el bajísimo número de sentencias frente a la cantidad de desapariciones registradas. Además, enfatizaron que la autonomía de las fiscalías no debe ser un impedimento para coordinarse con otras autoridades en la materia.
En cuanto a la crisis forense, la atención del Comité se centró en el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), pues al ser cuestionadas sobre su implementación, las autoridades evidenciaron que esta herramienta sigue sin funcionar plenamente, a pesar de que la Ley General en materia de desapariciones establece que debía operar desde el 2019.
Otra de las preocupaciones expresadas por el CED fue la situación de riesgo de quienes realizan labores de búsqueda, incluyendo autoridades, y con referencia especial a las y los familiares de las personas desaparecidas. La y los expertos alertaron sobre las agresiones contra madres buscadoras, destacando los recientes asesinatos de varias de ellas.
Los miembros del Comité manifestaron sus inquietudes por el censo que está realizando el Estado y pidieron una explicación sobre los objetivos que con ello se persiguen, haciendo notar que la forma en que se está realizando revictimiza a las familiares. Claramente, este tema causó enorme preocupación y las aclaraciones del Estado fueron insatisfactorias. El Comité sugirió respetuosamente al Estado que los esfuerzos deberían centrarse en la búsqueda, reparación e identificación de cuerpos. “Medidas que sí dan solución a los problemas que a ustedes aquejan, respecto a la búsqueda de una mala iniciativa que sería a mi ver un Censo (…) Nos parece que la búsqueda de la verdad tiene que pasar por un trabajo muy respetuoso de las víctimas”, dijo el experto Ravenna
Frente a preguntas concretas, las respuestas de las autoridades no fueron adecuadas pues la representación atendió la totalidad de los aspectos solicitados, eludió brindar elementos concretos y en algunos aspectos presentó una versión distorsionada de la realidad, como al aseverar que el BNDF ya funciona —y luego aclarar que si bien “no está terminado sí está operable”—. Más aún, al responder los cuestionamientos a la estrategia de seguridad pública militarizada, en tanto que las desapariciones han persistido a lo largo de todos estos años de despliegue castrense, la delegación mexicana ahondó en acciones preventivas locales, como la creación de equipos de béisbol, que si bien son aplaudibles no abonan directamente a solucionar el drama terrible de las desapariciones.
En suma, en esta importante comparecencia internacional quedó expuesta una vez más la magnitud de la crisis de desapariciones en México y la falta de efectividad de las acciones que ha emprendido el Estado para su atención. Una vez más quedó de relieve la ausencia de una política pública verdaderamente nacional y coordinada para hacer frente a esta tragedia. Frente a esta realidad, seguramente el Comité en sus observaciones de seguimiento planteará sus preocupaciones principales. Dada la magnitud de la crisis de desapariciones, ejercicios como el realizado por el Comité son esenciales para hacer un corte de caja, analizar el estado real de los esfuerzos en la materia y —ojalá— corregir el rumbo.
A pesar de la negociación, dos de las jugadoras han abandonado la concentración, pero no serán sancionadas.
El acuerdo se ha alcanzado prácticamente en el tiempo de descuento. Cuando apenas quedan dos días para que España tenga que enfrentarse a Suecia en la Liga de las Naciones, la mayor parte de la selección femenina de futbol ha aceptado poner fin al boicot, según ha anunciado el secretario de Estado de Deportes, Víctor Francos.
Tras siete horas de reuniones, el acuerdo por fin se alcanzó a las 05:00 hora local del miércoles.
Francos aseguró que la Federación Española de Fútbol (RFEF) se había comprometido a realizar “cambios inmediatos y profundos”.
Las jugadoras iniciaron el boicot después de que el entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales, besó a la delantera Jenni Hermoso tras el triunfo de España sobre Inglaterra en la final del Mundial femenil el mes pasado.
El beso, que Hermoso asegura no fue consensuado, provocó la dimisión de Rubiales, mientras que el técnico español Jorge Vilda fue despedido.
Dos de las 23 jugadoras convocadas para los partidos de la Liga de Naciones de este mes, Mapi León y Patri Guijarro, han optado por retirarse de la plantilla.
Francos agregó que las jugadoras que han decidido no jugar no se enfrentarán a sanciones, y que su decisión era “absolutamente respetable”.
Las jugadoras podrían haber recibido multas o una sanción por parte de la selección nacional por no presentarse a la convocatoria internacional.
España jugará contra Suecia el viernes y contra Suiza el martes en la Liga de las Naciones.
“Es una buena noticia poder decir que el equipo jugará los dos próximos partidos con garantías”, afirmó Francos, presidente del Consejo Nacional de Deportes (CSD).
El acuerdo se alcanzó, aseguró, tras mantener conversaciones “amistosas” en Valencia en las que participaron las jugadoras, dirigentes de la RFEF, el CSD y el sindicato de jugadoras Futpro.
“Se creará una comisión mixta entre la RFEF, el CSD y las jugadoras para hacer el seguimiento de los acuerdos, que se firmarán mañana”, afirmó Francos. “Las jugadoras han manifestado su preocupación por la necesidad de llevar a cabo cambios profundos en la RFEF, que se ha comprometido a realizar estos cambios de forma inmediata”.
El lunes, la nueva entrenadora, Montse Tomé, seleccionó a 15 jugadoras que ya formaron parte del equipo de la Copa del Mundo para el combinado que jugará la Liga de Naciones.
Tras el anuncio de la convocatoria el lunes, las jugadoras publicaron un comunicado diciendo que el boicot seguía vigente, y que habían sido puestas “en una posición en la que nunca quisimos estar”.
Aseguraron, asimismo, que tenían la intención de explorar las posibles implicaciones legales de ser convocadas en contra de sus deseos.
Tome dejó fuera de la plantilla a Hermoso para, según ella, “protegerla”.
Pero Jenni Hermoso aseguró que el hecho de seleccionar a jugadoras que estaban haciendo el boicot al equipo demostraba que “nada ha cambiado” en la RFEF.
Según ha explicado ahora el CSD, se va a establecer una comisión para monitorear los cambios acordados, que se centrará en políticas de igualdad, avances en la equiparación salarial y la mejora de la infraestructura del deporte femenino.
“Las jugadoras lo ven como un acercamiento de posiciones. La gran mayoría ha decidido quedarse por el bien de este acuerdo”, afirmó la presidenta de Futpro, Amanda Gutiérrez. “Es el comienzo de un largo camino por delante”.
Las jugadoras españolas viajaron el martes a la concentración en Valencia.
Cuando los periodistas en el aeropuerto de Barcelona le preguntaron cómo se sentía acerca de la situación, la centrocampista y dos veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, fue tajante: “Bueno, mal”.
A Rubiales se le ha prohibido acercarse a menos de 200 metros de Hermoso después de que ella presentara una demanda judicial.
Al comparecer ante el tribunal por primera vez el viernes, Rubiales negó haber agredido sexualmente a Hermoso.
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