Pegasus, en la mira internacional
El uso ilegal del software Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y otros actores políticos, tanto en el sexenio pasado como en el presente, continúa impune.
En ese marco, la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicaron en días pasados una comunicación dirigida al Estado mexicano, al Estado de Israel y a la empresa NSO Group —responsable de la comercialización de este software— respecto del uso de esta herramienta digital de vigilancia en contra de integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En su comunicación, las relatorías lamentan la recurrencia del uso de vigilancia con Pegasus en contra del Centro Prodh, en alusión a los ataques de 2017 y a su reiteración en 2022. También, los mecanismos de la ONU expresan su profunda preocupación por el empleo de esta tecnología de vigilancia contra personas defensoras, señalando que constituye una violación de sus derechos a la privacidad y a la libertad de opinión y de expresión, así como un ataque directo en contra de la defensa civil de derechos.
De este modo, en la comunicación se urge al Estado informar sobre la base legal del uso de Pegasus por parte de instituciones del Estado; sobre las medidas adoptadas para prevenir y proteger los abusos de derechos humanos por parte de empresas y particularmente por el uso de los servicios y los productos de NSO; sobre los detalles de las investigaciones penales efectuadas, entre otras cuestiones. La Relatora y el resto de los mecanismos resaltaron también que han recibido información sobre las descalificaciones públicas que se han realizado desde la tribuna presidencial contra el Centro Prodh.
Lamentablemente, en su respuesta —que también se ha hecho pública—, el Estado mexicano omitió contestar todos los aspectos y se limitó a transcribir, de modo inusual y mostrando un nivel técnico deficiente en la atención a los requerimientos de instancias internacionales, lo que el Presidente de la República declaró en una conferencia de prensa el 30 de mayo de 2023: “Nosotros no espiamos a ninguna persona, ningún ciudadano, no espiamos a periodistas y mucho menos a servidores públicos, a nadie. No somos iguales, no hacemos espionaje. Se hace investigación para asuntos relacionados con el combate a la delincuencia y esto de conformidad con la ley, por seguridad nacional, es lo que hacemos”.
Paralelamente, mostrando cómo la falta de exhaustividad en las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) siempre puede ser utilizada para fines políticos por los gobiernos en turno, el Estado refirió que la Ombudsperson Nacional concluyó recientemente un expediente —que no involucra al Centro Prodh— con una resolución en la que se afirmó, de forma irresponsable, que no se habían encontrado: “elementos que presuman que el gobierno federal o alguna entidad del mismo, se encuentre actualmente utilizando el sistema Pegasus, ni realice espionaje”. De este modo, el Estado mexicano no sólo usó tendenciosamente ante mecanismos internacionales la falta de resultados de la debilitada CNDH, sino que también empleó esta información para no rendir cuentas sobre las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que hasta ahora no han arrojado resultados para llevar ante la justicia a quienes desde las instituciones públicas usaron esta tecnología para fines ilícitos.
Por su parte, la empresa NSO Group también respondió a la comunicación de los relatores, lo que muestra cómo entes privados se sujetan también al escrutinio del régimen internacional de derechos humanos. La empresa adujo que sólo vende Pegasus a agencias gubernamentales; que ha tenido conocimiento sobre denuncias del uso del software por parte de sus clientes en México para espiar a defensoras y defensores humanos; y que cuenta con procesos internos para investigar y dar seguimiento a este tipo de alegaciones, los cuales se encuentran en curso, pese a que no ha existido ningún acercamiento directo con el Centro Prodh y otros afectados de México para plantear esta vía.
El Estado de Israel, por su parte, no ha respondido. Este silencio no contribuye a solventar las dudas fundadas que han surgido en México respecto de la posición política de dicho país en el tema, sobre todo en el contexto de las versiones que han surgido sobre la posible protección que empresas y autoridades de su gobierno podrían estar brindando al extitular de la Agencia de Investigación Criminal que estuvo vinculado con la contratación de esta tecnología, quien hoy elude la justicia mexicana en el caso Ayotzinapa, y quien radica en aquella nación medio oriental.
La publicación de la comunicación sobre el uso de Pegasus en México de la Relatora de la ONU confirma que, pese a que en México continúe el encubrimiento, la justicia internacional seguirá monitoreando que se rinda cuentas por el empleo ilegal de este malware. Simultáneamente, la deficiente respuesta del Estado corrobora el nulo compromiso con el esclarecimiento de esta operación criminal, que antes caracterizó a la administración de Enrique Peña Nieto y que hoy tristemente ha continuado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el cual ni siquiera las denuncias sobre el uso Pegasus contra altos funcionarios del gobierno han sido investigadas, muy probablemente porque hoy es el Ejército —más que nunca empoderado— la institución detrás de Pegasus en la actualidad.
Ante esta realidad, el mayor esfuerzo para que se rinda cuentas por la utilización de Pegasus en México sigue estando sobre todo del lado de la sociedad civil, donde organizaciones como Artículo 19, la Red de Derechos Digitales (R3D), y Social Tic siguen dando la batalla, al tiempo que medios como Animal Político, Aristegui Noticias, Proceso o el mismo The New York Times en los Estados Unidos, continúan los esfuerzos periodísticos para mostrar la verdad. La comunicación de la Relatora muestra que las instancias internacionales no han dejado de tener el abuso de Pegasus en la mira.
Nació como un pequeño grupo en un estado venezolano que hoy se dedica a varias actividades criminales y opera en casi toda Sudamérica, según los expertos.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Orígenes
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
Liderazgo
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Expansión internacional
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
“Su sello es causar temor”
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Miles de integrantes
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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