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Al fin del sexenio, la magnitud de las crisis de desaparición y forense no cesan. A pesar de los esfuerzos por cerrar artificialmente la cifra de personas desaparecidas, es un hecho que al menos hay más de 111 mil personas desaparecidas en nuestro país. Por otro lado, el tamaño de la crisis forense está subdimensionada, pues desde agosto de 2021 –cuando se contabilizaban al menos 52 mil cuerpos sin identificar en alguna instalación del Estado– y el 30 de agosto de 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer su última integración de información sobre servicios periciales y servicio médico forense donde se informó que, al cierre de 2022, se habían almacenado más de 53 mil cuerpos en anfiteatros, laboratorios y centros de resguardo forense, de los cuales 87% no habían sido identificados.
Ante esta situación y la inestabilidad política que vive la institucionalidad creada en respuesta a las demandas del movimiento de familiares de víctimas de personas desaparecidas, <a href="https://fundar.org.mx/publicaciones/sin-recursos-no-hay-derechos-analisis-del-paquete-economico-2024/" target="_blank" rel="noopener">la propuesta de recursos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 (PPEF 2024)</a> para atender una de las mayores crisis humanitarias que ha vivido nuestro país podía significar la pérdida de cauce político ante el cierre de la administración federal. ¿Cuál es la apuesta presupuestaria del Estado mexicano en la materia? En términos generales, una estabilidad a la baja, con mayor trazabilidad y seguimiento de los recursos, sobre todo en materia forense.
Por un lado, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) plantea un presupuesto prácticamente idéntico al de 2023, con un incremento real del 0.0002 % (1,149 millones de pesos) para el 2024. Este imperceptible aumento se ve reflejado principalmente en el rubro de los subsidios para las comisiones locales de búsqueda (0.5 % más para 2024). En esta bolsa de recursos se incluye el Componente II en materia forense de los Subsidios para las Comisiones Locales de Búsqueda que transfiere la CNB, que es la apuesta federal fuera del sistema de justicia penal para la atención de la crisis forense. Un pendiente desde 2021, en que fue creado, es el seguimiento a los recursos del Centro Nacional de Identificación Humana, instancia que sigue sin aparecer como unidad responsable de la misma Comisión.
Por otro lado, observamos dos fenómenos distintos a nivel federal y local en materia forense. A nivel federal, encontramos mayor trazabilidad del gasto, con la Fiscalía General de la República (FGR) integrando a la antigua Coordinación General de Servicios Periciales en el Centro Federal Pericial Forense. Sin embargo, dicha unidad responsable tiene un recorte presupuestario de 0.46 %, respecto de 2023. También son renombradas en el PPEF 2023 las otras dos unidades periciales forenses de la FGR (Unidad de Especialidades Médico Forenses y Unidad de Ingeniería Forense), lo que permite un mejor seguimiento de sus recursos. Estas unidades tienen un descenso imperceptible (-0.005 % para la Médico Forense) y un ligero aumento (+1.89 % para la Ingeniería forense), respectivamente, si bien la proporción de sus recursos es bastante menor que el recién creado Centro Federal Pericial.
Por último, en términos de gasto federalizado, el aumento en el PPEF 2024 en materia forense es demasiado menor, máxime <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/SPySMF/SPySMF2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">si tomamos en cuenta que la mayor parte de los recursos de los servicios periciales corresponden al fuero común (70 %) respecto del fuero federal (30 %),</a> lo que corresponde con la incidencia de la desaparición a nivel local. Estos recursos son distribuidos por la Federación por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), que a su vez financia el Subprograma Forense para la Investigación de Hechos Delictivos. El FASP tuvo un ligero aumento de 0.025 % respecto de 2023, lo que significa únicamente 2 millones de pesos adicionales para la distribución estatal de todos los servicios periciales y médico forenses de las 32 entidades federativas.
Esta desarticulación y claroscuros de la política presupuestaria forense son reflejo de la ausencia de una política de Estado en la materia, tal como fue patente en <a href="https://www.eluniversal.com.mx/opinion/santiago-corcuera-cabezut/mexico-ante-el-comite-contra-las-desapariciones-forzadas/" target="_blank" rel="noopener">la comparecencia que tuvo México ante el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas la semana pasada</a>. La poca claridad y gran desarticulación de la política pública para la atención del fenómeno de desaparición y la crisis forense que la delegación mexicana mostró hace una semana es lo que observamos también en el PPEF 2024.
Si bien las mejoras en el diseño institucional para el seguimiento y dotación de recursos para la atención de la crisis forense son una buena noticia en una materia que ha sido opaca durante demasiado tiempo, si estas mejoras no son acompañadas de recursos suficientes, la política pública siempre terminará llegando tarde a las demandas de verdad y justicia de cientos de miles de familiares de personas desaparecidas. Si el ejercicio de recursos públicos no se refleja en resultados tangibles para las familias, el derecho de todas las personas seguirá siendo uno de los más dolorosos pendientes del Estado mexicano.
* Ángel Ruiz es investigador en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de <a href="https://twitter.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.

Presupuesto 2024: muy pocos recursos para regresarles a casa

Cuando llega septiembre, nuestro mes patrio, las bromas, chistes y comentarios sobre la posibilidad de que “se nos mueva el piso” no se hacen esperar. Las desafortunadas coincidencias de que tiemble los días 19 de este mes -como ocurrió originalmente en 1985-, dejan de ser graciosas cuando lo posible se vuelve real, como ocurrió en 2017 y recientemente en 2022.
Más allá de que otro sismo o fenómeno natural potencialmente devastador nos seguiría tomando por sorpresa, la pregunta concreta es ¿estamos en condiciones de enfrentar sus efectos? Al pensar en lo difícil que ha sido el proceso de reconstrucción tras el temblor del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, la experiencia indicaría que no.
Pensemos lo que representan seis años. ¿A usted qué le ocurrió en los últimos 2,190 días? Independientemente de los ejemplos que se pueden enunciar para ayudarnos a dimensionar todo lo que cabe en este periodo de tiempo, el hecho de que las personas damnificadas aún no hayan logrado regresar a sus viviendas es inadmisible, punto.
Situar a los sujetos de derechos en el centro, para que no suene únicamente a slogan, requiere compromisos innegociables que respondan a sus necesidades. Y ponerlos en el centro implica cumplir con los resultados anunciados; lograrlos de la manera más adecuada posible y con los recursos suficientes. En pocas palabras, que se aseguren los derechos de las personas con estrategias eficaces, eficientes y efectivas.
En contraste, mucho de lo que ha sucedido con el proceso de reconstrucción en la Ciudad de México parece poner en el centro intereses muy distantes a los de las y los damnificados: los presuntos desvíos, la rotación de liderazgos durante este proceso; los tropiezos en la planeación, la programación, la presupuestación y la operación de estrategias, así como la falta de transparencia, parecería que ponen en el centro intereses muy distantes a lo que realmente es importante: evitar que quienes sufrieron afectaciones se enfrenten a 2,190 días sin vivienda.
El acceso a la información resulta prioritario cuando después de todo este tiempo y con la incertidumbre que conllevan los riesgos, las personas damnificadas desconocen, en el mejor de los casos, cuándo les entregarán su patrimonio. Y en el peor, en qué condiciones lo recibirán, si existen recursos para concluir las obras, o de plano, por qué no se ha comenzado trabajo alguno.
Habiendo identificado experiencias de personas damnificadas con relación a la opacidad en el proceso, desde el equipo de Estado Abierto del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), realizaron un ejercicio exploratorio de los vacíos de información que hasta el día de hoy requieren cubrirse por las autoridades involucradas en la reconstrucción.
A partir de las reflexiones vertidas en algunas mesas de trabajo, donde además de personas damnificadas participaron otras voces que desde la sociedad civil y la academia han conocido del proceso, se elaboró un reporte que da continuidad al trabajo realizado por el InfoCDMX en materia de Reconstrucción Abierta.
Este reporte, además de visibilizar el tipo de información que debe ser pública para este momento de la reconstrucción, así como un mapeo de las instituciones que deben darla a conocer, también ofrece recomendaciones para que las personas damnificadas aprovechen al máximo el uso de las solicitudes de información.
Por otro lado, una parte sustancial de este trabajo recae en el abordaje de la gestión de riesgos desde la óptica de la transparencia. Con esto se retoman las reflexiones en torno al tipo de información que debe primar en cada una de sus etapas (prevención, reacción y recuperación) y la utilidad práctica que esta información representa para las personas.
Los resultados de este documento se presentarán este jueves 14 de septiembre en el marco del <a href="https://twitter.com/InfoCdMex/status/1702113866010824722" target="_blank" rel="noopener">Quinto Coloquio por una Reconstrucción Abierta Mundial, titulado Riesgos y Cambio climático</a>. Los coloquios son una oportunidad para aprender de la historia reciente para que los fenómenos naturales no nos agarren por sorpresa, porque el consenso científico señala que serán cada vez más los eventos de la naturaleza que causarán destrozos –que se han agravado frente a la crisis climática-, y más nos vale estar preparadas, preparados y preparades.
* Eduardo Alcalá es coordinador de Planeación, Seguimiento y Evaluación. Diego de la Mora es director ejecutivo de <a href="https://twitter.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.

19S: 2 mil 190 días sin vivienda

La <a href="https://libertadyprotesta.org/wp-content/uploads/2018/05/control_espacio_publico_3_fleps_2015.pdf" target="_blank" rel="noopener">protesta social y sus diversas manifestaciones</a> se encuentran en el corazón mismo de nuestro sistema social, forjando un camino hacia cada una de las conquistas democráticas. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Si echamos una mirada al pasado resulta evidente que gran parte de los logros en materia de derechos humanos y de participación ciudadana han sido resultado, e incluso consecuencia directa, de la reivindicación de demandas y la lucha constante de la sociedad organizada.
El 4 de septiembre, diversas organizaciones de la sociedad civil nos unimos en un acto que se suma a esta tradición de exigencia y reivindicaciones. Convocadas por ARTICLE 19 México y Centroamérica, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Observatorio de Designaciones Públicas, diversas organizaciones hicimos público un llamado visible en la fachada del Senado de la República: &#8216;Senado, ¡designen ya!&#8217;. Este acto simbólico y visualmente impactante, a través de la proyección de la frase en el edificio central del conjunto, expresó una demanda de máxima relevancia: la resolución de las tres designaciones pendientes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), junto con más de 100 procesos que aún se mantienen rezagados y que requieren avances para su resolución.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1320989" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/movilizacion-en-el-Senado-en-protesta-por-designaciones-pendientes.jpg" alt="Foto con la movilización en el Senado en protesta por las designaciones pendientes en el INAI y 100 organismo más." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/movilizacion-en-el-Senado-en-protesta-por-designaciones-pendientes.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/movilizacion-en-el-Senado-en-protesta-por-designaciones-pendientes-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/movilizacion-en-el-Senado-en-protesta-por-designaciones-pendientes-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/movilizacion-en-el-Senado-en-protesta-por-designaciones-pendientes-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
La proyección del mensaje en el edificio del Senado representa no sólo una apropiación del espacio público, sino una posición desafiante al acudir al lugar específico donde las y los senadores han dado largas, puesto excusas y omitido de manera sistemática el cumplir con las responsabilidades para las que fueron electas y electos. La <a href="https://articulo19.org/organizaciones-de-derechos-humanos-y-personas-defensoras-reprobamos-las-declaraciones-en-contra-del-centro-de-derechos-humanos-miguel-agustin-pro-juarez/" target="_blank" rel="noopener">manifestación visual</a> recupera el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión en un contexto donde las voces de la sociedad civil buscan ser escuchadas frente a una estrategia gubernamental que no deja de buscar minimizarlas y desprestigiarlas. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
La actividad permitió que la demanda llegase no solamente a quienes en ese momento se encontraban en el edificio preparando la sesión del pleno que se desarrollaría un día después, también fue una expresión en búsqueda de visibilizar cuestiones críticas y fundamentales como las consecuencias de que el INAI sea desarticulado y paralizado mediante la falta de designación de sus integrantes, poniendo en riesgo no solamente a esa institución, sino también abriendo la puerta para que otros organismos públicos surgidos de demandas ciudadanas como contrapesos al poder padezcan el mismo futuro.
Sin embargo, pocos minutos después de haber instalado la proyección reaccionó de manera intimidante un equipo de personas, algunas de ellas identificadas como &#8220;enlaces legislativos&#8221; y equipos de seguridad del Senado. Esto resultó desconcertante, ya que la actividad en sí no planteaba ningún riesgo ni afectaba de ninguna manera las instalaciones ni el ejercicio de sus actividades. Las acciones de estos funcionarios incluyeron intentos de amedrentar a las y los participantes exigiendo un permiso, así como esfuerzos físicos de bloquear la proyección y la frase utilizando folders, boinas (pertenecientes a elementos de la Guardia Nacional que secundaron la reacción) e incluso sus propias manos. Esto significó más que un obvio intento por obstaculizar el ejercicio creativo y ciudadano del derecho a la protesta, resultando llamativo que, en lugar de cumplir con su deber de designar y escuchar las demandas de las organizaciones presentes, algunos miembros del Senado optaron por intentar sofocar la luminosa manifestación.
Ahora le toca responder al Senado, pues tras cinco meses de la parálisis provocada al INAI por su alarmante omisión, fue la Suprema Corte de Justicia la que resolvió que este órgano garante pueda sesionar de manera provisional y extraordinaria con sus integrantes actuales para cumplir con su responsabilidad de garantizar los derechos humanos, pues dos de las vacantes llevan sin cubrirse 525 días, mientras que una tercera acumula ya 160 días de retraso.
Es fundamental aclarar que el hecho de que el pleno del INAI pueda ya funcionar no libera al Senado de su responsabilidad. Por lo que esperamos que por fin cumplan con su tarea de manera inmediata; la <a href="https://twitter.com/designaciones/status/1698887660960412086" target="_blank" rel="noopener">firme y reiterada exigencia respaldada por 130 organizaciones</a> <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> y un centenar más de personas académicas, periodistas y firmas individuales recuerda que el protagonismo del Senado en el proceso de designación existe para garantizar la independencia de los organismos autónomos y no para ser la causa de parálisis, letargo e incertidumbre para las instituciones.
El INAI es el órgano responsable de garantizar la transparencia gubernamental ante la opacidad, habilitar la rendición de cuentas ante las excusas de no informar qué hace el gobierno y también de proteger la privacidad de las y los ciudadanos ante la invasión del Estado en la intimidad de las personas. Su creación responde a la necesidad de velar por los derechos amenazados por acciones autoritarias, la corrupción y el secretismo gubernamental que dificultan el ejercicio de una vida digna. Su funcionamiento pleno no debería convertirse en algo menos que prioridad, no permitamos que la sombra de la omisión oscurezca su misión. Exigimos que el Senado actúe y que la luz de las designaciones brille: #DesignenYa.
#SinCuotasNiCuates
* Jorge Luis Aguilar Pantoja es responsable de comunicación del Observatorio de Designaciones Públicas (<a href="https://twitter.com/designaciones" target="_blank" rel="noopener">@designaciones</a>) y Marcia Itzel Checa Gutiérrez es la coordinadora general. Designaciones es un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas; y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de México.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a>  Ver: Control del Espacio Público 3.0 del Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, disponible <a href="https://libertadyprotesta.org/wp-content/uploads/2018/05/control_espacio_publico_3_fleps_2015.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Disponible <a href="https://articulo19.org/organizaciones-de-derechos-humanos-y-personas-defensoras-reprobamos-las-declaraciones-en-contra-del-centro-de-derechos-humanos-miguel-agustin-pro-juarez/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Disponible<a href="https://twitter.com/designaciones/status/1698887660960412086" target="_blank" rel="noopener"> aquí</a>.

Le toca al Senado: #DesignenYa

En 1979, el dictador argentino Rafael Videla al ser cuestionado acerca de las y los detenidos-desaparecidos, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CgDFSQUjgP0&amp;t=65s" target="_blank" rel="noopener">expresó una frase no solo perversa sino siniestra</a>: “(&#8230;) mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido”. 1 Esta frase contiene un problema de dimensión sociopolítica y ontológica, es decir, que atañe al ser, que obliga a quienes les reclaman a comprobar la existencia de su ser querido y su paso por la faz de la tierra.
Durante décadas y a lo largo de la región, familiares en búsqueda (acompañadxs de organizaciones, periodistas y academia), han construido narrativas y prácticas para comprobar la existencia de sus seres queridxs, incluyendo expresiones simbólicas y creativas de presencialidad política en el espacio público (como el siluetazo en Argentina o la colocación de sillas vacías en la normal de Ayotzinapa), misma existencia que, de manera sistemática, el poder niega como si se tratase de una “<a href="https://www.researchgate.net/publication/303317591_Epistemological_Ignorances_and_Fighting_for_the_Disappeared_Lessons_from_Mexico_Epistemological_Ignorances_and_Fighting_for_the_Disappeared" target="_blank" rel="noopener">ignorancia epistemológica</a>”, 2 pues argumenta un desconocimiento del problema. Pero tal ignorancia o desconocimiento en la práctica representa una minimización del fenómeno que arguye que la falta de datos no puede confirmar la ausencia empírica de una persona.
México no ha sido la excepción en las políticas negacionistas. Durante el sexenio de Calderón, periodo parteaguas y aun abierto de producción de miles de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, usaron principalmente dos estrategias para invisibilizar a las víctimas y minimizar la tragedia. Por un lado, se les criminalizó, señalándoles de tener algún nexo con los grupos criminales; de esta forma, esas pérdidas humanas se trataron como si no fueran valiosas, ni dignas de ser lloradas. 3 La otra vía que encontró dicho mandatario para evadir la grave problemática fue referirse a las víctimas como “daños colaterales”, esto implicó que las vidas pérdidas eran consideradas los “costos” humanos que se tenían que asumir al ser requeridos por el hecho de haber declarado una “guerra”.
Por su parte, durante el sexenio de Peña Nieto, el término que se usó para reemplazar la figura jurídica de persona desaparecida fue el de “no localizados”. Con ello el Estado se deslindó de su responsabilidad, pues al no nombrar al delito como desaparición, el término regresaba la responsabilidad a la víctima a quien se le adjudicaba el acto voluntario de estar en dicha condición: “se fue por su propio pie”, “se fue con el novio o por problemas familiares”.
No fue sino hasta 2018, al llegar López Obrador a la presidencia y para ese momento con más de 40 mil 180 casos registrados de personas desaparecidas, 4 que la histórica transición a un gobierno de “izquierda” parecía traer consigo la posibilidad de un cambio real para las víctimas. Esta rendija de luz vino de la mano con su participación en calidad del presidente electo en el Segundo Foro de Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia, 5 donde se posicionaron narrativas con categorías controversiales y de dudosa aplicabilidad para el caso mexicano, basadas en paradigma de la Justicia Transicional.
Sin embargo, estas acciones al inicio del sexenio fueron deteriorándose al punto que, en el momento presente y a escasos meses del término de la administración, los resultados respecto a la agenda de víctimas no solo son desfavorables, sino que los<a href="https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index" target="_blank" rel="noopener"> casos de desaparición y desaparición forzada</a>, de acuerdo al registro oficial, 6 se han incrementado a 111 mil 98 casos en un contexto álgido de eventos de violencia extrema y con un despliegue de crueldad que se renueva cada vez.
Para ilustrar los referido anteriormente, recupero un reciente evento donde el presidente quedó envuelto en una desafortunada polémica. Durante la mañanera del 16 de agosto, al ser cuestionado por algunos periodistas sobre el brutal caso de los jóvenes desaparecidos y asesinados en Lagos de Moreno, Jalisco (Diego Lara, Uriel Galván, Dante Cedillo, Roberto Olmeda y Jaime Martínez), el mandatario solo atinó a decir “no oigo”, acto seguido, hizo una broma que lo colocó en el lugar de insensible. Mas allá de la polémica desatada y de si efectivamente el mandatario escuchó o no el cuestionamiento, la imagen fue reveladora, es decir, ad hoc a lo que fue la política en torno a las víctimas, pues efectivamente, ni el Presidente ni las instituciones y funcionarixs escucharon a las víctimas.
En otras palabras, el “no oigo” conlleva problemas serios de fondo: la imagen alberga la política estructural y continuada a lo largo del sexenio mediante la cual se trató a las víctimas. Una política que, por un lado, en el discurso reconoció la magnitud de la problemática y la figura jurídica de las personas desaparecidas, mientras que, por otro, en la práctica el mandatario se negó a recibir a las víctimas, mantuvo cerrada la puerta de Palacio Nacional, al tiempo que las instituciones poco a poco fueron cerrando espacios de participación efectiva y para el diálogo, mientras sostenían un modelo de atención victimal carente de un esquema de calidad, sustancial y sostenido en el tiempo.
Pero ¿qué significa “participación”, “diálogo” y “atención” a las víctimas? Para efectos de este breve texto de análisis, solo me centraré en cuatro ejes con elementos fundamentales: 1) el reconocimiento no solo jurídico sino simbólico y social de las y los desaparecidos como vidas valiosas que deben ser buscadas y, en caso de ser localizadas sin vida, merecedoras de ser lloradas; 2) el reconocimiento de la experiencia de dolor de sus familiares, respondiendo a sus necesidades y demandas en el marco de una ética de la escucha, esto implica hacerlo desde un “dejarse tocar” por la experiencia y la interpelación legítima, con-moverse en vías de desactivar aquello tendiente a la repetición ya que si esto sucede, significa que no han existido condiciones para su audibilidad; 3) aunado al anterior, situar dichas necesidades en perspectiva de larga data, pues si bien las afectaciones se agravan con la desaparición, el Estado debe reconocer que son resultado de violencias estructurales y problemas sistémicos que colocaron a las víctimas en un lugar de vulnerabilidad y exposición a las violencias; 4) ante la crisis forense, reconocer y garantizar la dignidad como un derecho humano de los cuerpos muertos, concibiéndolos no solo en su dimensión biológica-material, sino como sujetos historizados y revestidos de afectos de quienes se movilizan en torno suyo.
Esta administración, a diferencia de las pasadas, reconoció abiertamente en su narrativa la figura de desaparición y desaparición forzada de personas, les dio existencia en los discursos públicos e hizo intentos por hacer las cosas distintas, por ejemplo, al tomar Ayozinapa como el caso paradigmático de esclarecimiento y justicia, o al crear el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico de crímenes cometidos en el pasado. Sin embargo, el poderío y hermetismos de las Fuerzas Armadas, potencializados por el respaldo que les ha otorgado el presidente, echan abajo los esfuerzos por acceder a la verdad. En esta misma línea, la implementación de acciones improvisadas como es el “censo de personas desaparecidas” 7 para actualizar las cifras, pero con tendencia a constituir una estrategia para disminuirlas, pone a tambalear la credibilidad y la confianza en el Estado.
Si hacemos un ejercicio de lectura articulando de forma paralela los procesos referidos, apuntan no solo a un retroceso en la política sobre desaparición y atención a víctimas, sino a un panorama más grave para la defensa de la vida y los derechos humanos; tales hechos nos llevan al menos a hacernos algunas preguntas: ¿transitamos hacia un viraje en la política de desaparición tendiente a la ignorancia epistémica? ¿Frente a que mutación del Estado mexicano asistimos? ¿Estaremos ante la perpetuación del terror y la desaparición como forma actual de gobierno en un régimen que se dice democrático?
En el marco de una conmemoración más del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 8 las familias en búsqueda pese a sentir que su esperanza casi al término del sexenio se resquebraja, siguen poniendo el cuerpo y la palabra en las calles para reclamar la presentación de quienes aman. Al hacerlo, evidencian el fracaso del actual Estado mexicano y las autoridades que lo conforman quienes, en salvaguarda de sus intereses político-económicos, han optado por perpetuar la tragedia en los hogares mexicanos.
*Alejandra Ramírez es investigadora en el Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de <a href="https://twitter.com/fundarmexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
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1 Discurso disponible en <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CgDFSQUjgP0&amp;t=65s" target="_blank" rel="noopener">este video</a>.
2 Para leer más al respecto, sugiero la lectura de la geógrafa crítica Melissa Wright (2017), “Epistemological Ignorances and Fighting for the Disappeared: Lessons from Mexico”, Antipode, Vol.49 (1), pp. 249-269. Disponible en <a href="https://www.researchgate.net/publication/303317591_Epistemological_Ignorances_and_Fighting_for_the_Disappeared_Lessons_from_Mexico_Epistemological_Ignorances_and_Fighting_for_the_Disappeared" target="_blank" rel="noopener">este enlace</a>.
3 Para leer más acerca de este tema, sugiero el texto de Judith Butler (2010), Marcos de guerra. Las vidas lloradas. México: Paidós.
4 Cifra dada a conocer el 17 de enero de 2019 por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
5 Dichos foros estuvieron organizados por el MPJD, el Primer Diálogo se realizó el 8 de mayo en el Museo Memoria y Tolerancia, con los entonces candidatos a la Presidencia de la República. El Segundo, se efectuó el 14 de septiembre de 2018, en el Centro Cultural Tlatelolco.
6 Cifra que comprende del 01/01/1962 al 29/08/2023, obtenida del <a href="https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index" target="_blank" rel="noopener">Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)</a>.
7 El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, emitió un posicionamiento al respecto, se puede consultar <a href="https://twitter.com/movNDmx/status/1694865902099959841?s=20">aquí</a>.
8 La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) propuso, en 1981, el Día Internacional del Detenido-desaparecido. El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

La política victimal en la 4T: de la ilusión al desencanto

Hace unos días, el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 que, entre otras cosas, aporta datos sociodemográficos sobre la población mexicana. En esta ocasión mostró una realidad innegable: en nuestro país, las personas en situación de pobreza y con otras carencias sociales son quienes ven su derecho a la salud más vulnerado.
De forma alarmante, la ENIGH 2022 revela que 40 % de la población -equivalente a 50.4 millones de personas- no cuenta con acceso a servicios de salud, a pesar de que este derecho está reconocido en el artículo cuarto constitucional. Además, <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/" target="_blank" rel="noopener">el porcentaje de personas sin acceso a salud ha aumentado drásticamente, pasando de 15.6 % en 2016 y 2018 a 40 % en 2022</a>. 1
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1316645" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/porcentaje-de-poblacion-con-y-sin-acceso-a-salud-600x400.jpg" alt="Gráfica con datos sobre la población en México con y sin acceso a servicios de salud." width="600" height="400" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/porcentaje-de-poblacion-con-y-sin-acceso-a-salud-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/porcentaje-de-poblacion-con-y-sin-acceso-a-salud-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/porcentaje-de-poblacion-con-y-sin-acceso-a-salud-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/porcentaje-de-poblacion-con-y-sin-acceso-a-salud.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
La ENIGH 2022 también evidencia que <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/" target="_blank" rel="noopener">son las personas de población abierta, es decir, aquellas sin un empleo formal, quienes mayormente han perdido este acceso</a>: mientras que, en 2016, 49 % tenía atención médica, para 2020, este porcentaje disminuyó a sólo 16.2 %. 2
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1316646" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/poblacion-con-servicios-de-salud-empleo-formal-e-informal-600x400.jpg" alt="Gráfica con los datos de la población con acceso a los servicios de salud que tiene trabajo formal y trabajo informal." width="600" height="400" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/poblacion-con-servicios-de-salud-empleo-formal-e-informal-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/poblacion-con-servicios-de-salud-empleo-formal-e-informal-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/poblacion-con-servicios-de-salud-empleo-formal-e-informal-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/poblacion-con-servicios-de-salud-empleo-formal-e-informal.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Estas cifras muestran que las reformas impulsadas desde 2019 al sistema de salud que atiende a la población sin seguridad social no han avanzado hacia la universalidad que proponían y, por el contrario, han ampliado la carencia de acceso a la salud.
<h2>Del Seguro Popular al IMSS-Bienestar</h2>
El Seguro Popular 3 operó de 2003 a 2019. Este actuaba como un esquema entre la federación y los estados para financiar un catálogo acotado de intervenciones en salud para población sin seguridad social.
En 2019, el Seguro Popular contaba con 52 millones de personas afiliadas. En ese mismo año, el gobierno reformó la Ley General de Salud para eliminarlo y sustituirlo por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
Dos de los principales argumentos para desaparecer el Seguro Popular fueron que: 1) tenía cobertura limitada, pues financiaba sólo 2.4 % de las <a href="https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017a/Documentos/Auditorias/2017_0236_a.pdf" target="_blank" rel="noopener">14,444 enfermedades establecidas en la clasificación estadística internacional de enfermedades de la OMS</a>, 4 y 2) presentó irregularidades en el manejo de sus recursos por parte de las entidades federativas. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los desvíos entre 2013 y 2017 ascendieron a más de 16 mil millones de pesos.
En 2020, el INSABI comenzó a operar como el nuevo sistema de salud para población sin seguridad social. Se propuso cubrir 66 millones de personas (14 millones más que el Seguro Popular) y prometió ampliar las intervenciones financiadas, así como asegurar la gratuidad de los medicamentos, análisis y tratamientos.
El INSABI enfrentó, durante sus primeros años, múltiples desafíos de planeación, presupuestación e implementación. Uno de sus retos fue que la población nunca contó con suficiente información sobre cómo podía acceder a sus servicios, lo que se evidenció con el aumento en el porcentaje de población que declaró no tener acceso a salud, pasando de 15.6 % en 2018 a 28 % en 2020. 5
Ante su fracaso, en 2023 el INSABI fue formalmente sustituido por el IMSS-BIENESTAR que, de ser un programa, se convirtió en un organismo público dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El IMSS-BIENESTAR apuesta por la centralización en la provisión de servicios mediante la firma de acuerdos con entidades federativas. También establece la creación de un padrón de personas beneficiarias y propone el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar (MAS-Bienestar). Sus reglas de operación, lineamientos y las enfermedades de alto costo que cubrirá se definirán en los próximos meses.
<h2>Recomendaciones para cerrar las brechas en salud</h2>
En un contexto en que 40 % de la población señala no tener acceso a servicios de salud y se encuentra desprotegida de un derecho humano, el recién creado IMSS-BIENESTAR debe emprender acciones para evitar repetir los errores del INSABI:
<ul>
<li>Dado que el IMSS-BIENESTAR se creó en un proceso legislativo cerrado y apresurado, es primordial que sus lineamientos y reglas de operación se hagan a partir de la participación ciudadana sustantiva e involucrando a organizaciones de pacientes y comunitarias, profesionales de la salud, academia, organismos internacionales, etc., que puedan enriquecer con su experiencia y conocimiento.</li>
<li>Es fundamental socializar ampliamente su modelo de atención y cobertura entre la población objetivo para que conozca cómo puede afiliarse y acceder a la atención. Adicionalmente, debe difundir cuál es el plan para fortalecer su infraestructura y garantizar los derechos del personal médico y administrativo en esta transición.</li>
<li>Este nuevo esquema tiene que clarificar cuáles serán las responsabilidades de la Secretaría de Salud federal, el IMSS-BIENESTAR y las Secretarías de Salud estatales en la planeación, implementación, evaluación y mejora de los servicios para poder exigir rendición de cuentas. Esto incluye conocer las metas, objetivos e indicadores que se usarán para evaluar el nuevo modelo de atención.</li>
<li>Históricamente, el sistema de salud para población abierta ha contado con menos recursos que aquellos para población con empleo formal. Por ejemplo, en 2023, el gasto por persona en los servicios de salud de Pemex es de $ 24,000, mientras que en el INSABI/IMSS-BIENESTAR es de sólo $ 3,780. Reducir las brechas entre la población con y sin empleo formal requiere que el gobierno destine una cantidad suficiente y progresiva de recursos para el IMSS-BIENESTAR.</li>
</ul>
Las transiciones no son sencillas, implican muchas transformaciones, por lo que deben ser transparentes, rendir cuentas y ser una oportunidad para ampliar -y nunca disminuir- derechos humanos.
* Janet Oropeza es investigadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, y Miriam Rangel se desempeña como científica de datos en el área de Innovación Tecnológica para la Incidencia de <a href="https://twitter.com/FundarMexico">@FundarMéxico</a>.
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1 Estos datos fueron calculados con base en la ENIGH 2016, 2018, 2020 y 2022, disponibles <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
2 Estos datos fueron calculados con base en la ENIGH 2016, 2018, 2020 y 2022, disponibles <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
3 El nombre oficial del Seguro Popular era Sistema de Protección Social en Salud.
4 ASF, Comisión Nacional de Protección Social en Salud Seguro Popular Auditoría de Desempeño: 2017-5-12U00-07-0236-2018 236-DS, p. 23, disponible <a href="https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017a/Documentos/Auditorias/2017_0236_a.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
5 Datos de la ENIGH.

¿Cómo superar la crisis del sistema de salud para la población más vulnerable?

El próximo miércoles 23 de agosto, la Segunda Sala <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) <a href="https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento/2023-08-11/LT%20VER%C3%81N%2023-08-2023-1_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">tendrá en su agenda</a> el recurso de reclamación 229/2023-CA interpuesto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Este recurso solicita la suspensión del artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece un quórum mínimo de cinco personas comisionadas para que su órgano de gobierno pueda llevar a cabo sus sesiones y ejercer plenamente sus facultades para proteger los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales que tenemos todas las personas.
Dentro de estas atribuciones se destaca la revisión de miles de recursos de revisión presentados por la sociedad debido a las negativas de información cada vez más recurrentes por parte de las autoridades, es decir, cuando las personas consideran no satisfecho su derecho a saber, el INAI le “entra al quite” desempeñando un papel crucial como órgano garante de estos derechos, de ahí la gran relevancia de la próxima discusión que dará la Segunda Sala de la SCJN.
Al respecto, el INAI informó el día de ayer que desde el 1° de abril de este año hasta la fecha hay un acumulado de 8,028 recursos pendientes de resolución. Esto significa que más de 8,000 personas han visto violentado directamente su derecho a saber y protección de datos personales por las negativas sistemáticas del Senado de la República –o de una parte mayoritaria de él– para designar a tres integrantes del pleno de este Instituto. Es importante tener presente que dos de estas designaciones llevan sin resolverse 504 días y una tercera más registra 139 días de retraso.
Estas demoras legislativas exceden los límites de lo razonable, lo permisible y lo justificable. Es crucial recordar que el caso de las designaciones pendientes del INAI no es único, el Legislativo tiene en su haber más de 100 procesos atrasados, tanto en órganos constitucionales autónomos a nivel federal <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> como en salas regionales de muchos tribunales. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Es decir, no es la mera falta de consenso –como se ha argumentado– lo que nos tiene en este escenario, sino una intencionalidad para no lograrlo y con ello debilitar el funcionamiento de estas instituciones. En el caso del INAI, se trata de un órgano clave para la apertura democrática, para sortear la opacidad y secretismo gubernamental y para ampliar el ejercicio de muchos derechos más.
Por esta razón, la determinación que tome la Segunda Sala de la Corte es crucial. Todo parece indicar que otorgará la suspensión al INAI, como una medida provisional hasta que el Senado por una buena vez cumpla con sus obligaciones constitucionales y con ello, ponerle fin de manera abrupta a la continua vulneración del ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales que tenemos todas, todos y todes. En efecto, ya en la sesión del Pleno de la SCJN del 13 de julio, ocho ministras y ministros establecieron con claridad que el Senado sí ha sido omiso y que no tiene excusa alguna para saltarse el mandato constitucional.
Sin embargo, es igualmente relevante que el Pleno de la SCJN retome a la brevedad –como lo refirió en su sesión del 13 de julio– la discusión del fondo sobre la controversia constitucional (280/2023) introducida por el INAI y los efectos que le emitirá al Senado, es decir, un plazo máximo y urgente para el cumplimiento de sus obligaciones legislativas de designar e incluso otras medidas que permitan darle claridad a la facultad de cierre en estas importantes decisiones. Por ejemplo, sólo el proceso para la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) establece un plazo de inicio y de conclusión claro, nueve más –de un universo de 19 instituciones– <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>  refieren alguna medida al respecto, pero con distintos alcances, las nueve restantes ni siquiera las consideran en su marco legal. Por eso, desde el Observatorio de Designaciones Públicas se ha insistido en la necesidad de contar con una política pública en la materia, que garantice nuevas prácticas, unas más democráticas y apegadas a altos estándares de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e idoneidad. No sólo nos lo merecemos, sino que es nuestro derecho.
¡Estemos atentas a las próximas discusiones que se darán en la SCJN sobre nuestro derecho a la información y exijamos decisiones que impulsen el beneficio de la sociedad y no sólo del gobierno o de unas/unos cuantos! ¡Por nuestro derecho a saber!
#CortePorLaTransparencia
#SinCuotasNiCuates
* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (<a href="https://twitter.com/designaciones" target="_blank" rel="noopener">@designaciones</a>), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y, generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de México.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Es la Sala encargada de sesionar los asuntos en materia administrativa y laboral; integrada por las y los ministros: Alberto Pérez Dayán (quien preside), Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Desde el Observatorio de Designaciones Públicas se ha dado cuenta de estos retrasos. En <a href="https://twitter.com/designaciones/status/1691116284405018624" target="_blank" rel="noopener">este enlace</a> puede consultarse el último conteo en días de una parte de las vacantes registradas, en función de su universo priorizado.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Por ejemplo, el caso de las magistraturas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa llama la atención, pues son 71 vacantes, 20 de ellas en litigio. Ver <a href="https://twitter.com/designaciones/status/1691194826111488000" target="_blank" rel="noopener">acá</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> El universo prioritario se integra por: Banco de México, Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Federal de Telecomunicaciones,Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Comisión Federal de Competencia Económica, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, Fiscalía General de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tribunal Superior Agrario, Auditoría Superior de la Federación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Comité de Participación Ciudadana y Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción.

INAI y SCJN: por nuestro derecho a saber

En un zócalo abarrotado, con miles de personas entusiasmadas testificando aquel momento histórico, Andrés Manuel López Obrador subió al templete en un acto de celebración con el que dio inicio su gobierno. Frente a representantes de los 68 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano, haciendo uso de todos los simbolismos significativos, Andrés Manuel se comprometió con los pueblos indígenas del país a garantizar plenamente sus derechos; ese día, se convirtió en el primer presidente de México en recibir un bastón de mando. En otros territorios indígenas no fueron pocos quienes mostraron sorpresa o inconformidad por el uso político de un símbolo sagrado que representa la autoridad, la sabiduría y el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza.
Sin embargo, quienes le entregaron el bastón de mando sabían que quien lo recibe es investido con el poder y la responsabilidad de guiar a su comunidad, lo hicieron desde el convencimiento genuino de tener un gobierno distinto que finalizaría con siglos de atropellos y discriminación ancestral. &#8220;Aquí está el bastón de mando, el símbolo con el que usted conducirá a nuestro pueblo. Queremos recordarle que deseamos ser tomados en cuenta en sus planes de estos 6 años&#8221;, le dijeron esperanzadas.
Mas allá del acto político y simbólico del 1 de diciembre de 2018, cabe destacar que en el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024), el gobierno federal se comprometió a reconocer y respetar las atribuciones y facultades que el marco legal del país le otorga a las comunidades indígenas y a sus instancias de decisión, y someterse a los fallos de los organismos e instrumentos internacionales de los que México es miembro y signatario, así como a impulsar la igualdad como principio rector y erradicar las prácticas discriminatorias que han perpetuado la opresión de sectores poblacionales enteros. Por otro lado, en este sexenio se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se presentó el <a href="https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/programa-nacional-de-los-pueblos-indigenas-2018-2024-mexico-185839?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">Programa Nacional de los Pueblos Indígenas</a>, indicando que sus premisas fundamentales eran las de fortalecer los procesos de autonomía y formas de organización propias; consolidar sus formas de participación efectiva en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas y programas de gobierno que les atañen y fomentar el aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como la distribución justa y equitativa de la riqueza, para combatir la lacerante pobreza y marginación en que se encuentran. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
El Programa Nacional de los Pueblos Indígenas establece como su cuarto objetivo específico: Promover e impulsar el reconocimiento constitucional y legal de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, de manera especial su carácter de sujetos de derecho público, armonizándolos con los instrumentos jurídicos internacionales en la materia y criterios jurisdiccionales. En cumplimiento de este objetivo, el INPI convocó a un proceso de consulta indígena; realizó con recursos públicos 54 foros de consulta en 27 entidades y uno con población migrante indígena que radica en Estados Unidos. Más de 20 mil autoridades municipales, agrarias y comunitarias de los pueblos indígenas y afromexicanos participaron en este proceso sin precedente. En el <a href="https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/28/estados/entregan-a-amlo-iniciativa-sobre-derechos-indigenas-y-afromexicanos/" target="_blank" rel="noopener">marco de la presentación del Plan de Justicia del pueblo Yaqui, la iniciativa de reforma fue entregada al presidente de la República</a> en septiembre de 2021, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> al recibirla, se comprometió a revisarla y enviarla al Poder Legislativo, lo cual no ha sucedido; luego de su entrega formal, la propuesta de reforma se canalizó a la Consejería Jurídica de la Presidencia, donde permanece estancada.
Mientras tanto, la falta de una reforma constitucional indígena y la falta de mecanismos para el ejercicio de los derechos colectivos y la verdadera protección de sus territorios implica para las comunidades y las personas defensoras indígenas un arduo trabajo de organización y resistencia que les coloca en máximo peligro y vulnerabilidad; por ejemplo, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) <a href="https://hchr.org.mx/comunicados/en-el-dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas-onu-dh-recuerda-que-el-derecho-a-la-defensa-de-los-derechos-humanos-de-los-pueblos-indigenas-deber-ser-protegido-y-garantizado/" target="_blank" rel="noopener">ha registrado desde 2019 al menos 46 casos de personas defensoras indígenas (43 hombres y 3 mujeres) que fueron asesinadas o desaparecidas con un posible vínculo con su labor de defensa</a>, lo que constituye casi el 30 % de todos los casos de personas defensoras de derechos humanos asesinadas o desaparecidas que ha conocido la ONU-DH México en dicho periodo. Actualmente ocho de las víctimas continúan desaparecidas. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
De no presentar la propuesta de reforma constitucional en materia indígena, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría defraudando el compromiso que hizo con los pueblos originarios y violentando la buena fe con la que miles de representantes y autoridades indígenas participaron en el proceso de consulta para la construcción de dicha iniciativa. Este 9 de agosto de 2023, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se esperaba que el Ejecutivo Federal anunciara la fecha de presentación al Congreso, lo cual no sucedió; lo que hizo el presidente fue <a href="https://la-lista.com/politica/2023/08/09/amlo-firma-decreto-para-proteger-sitios-sagrados-rutas-de-peregrinacion" target="_blank" rel="noopener">firmar un decreto que ordena reconocer, proteger y salvaguardar los lugares sagrados y rutas de peregrinación de los pueblos indígenas</a> de Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis Potosí y declaró: &#8220;Por una cuestión de principios, mi gobierno ha tomado la decisión de reconocer y proteger las culturas y valores espirituales de nuestros pueblos, que son el corazón del México profundo y la verdad más íntima de nuestra patria&#8221;. <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>  No es suficiente salvaguardar los lugares sagrados por medio de decretos presidenciales, los pueblos y comunidades exigen su reconocimiento constitucional como sujetos de derecho público, garantizar plenamente sus derechos a la libre determinación y la autonomía que incluye la protección de sus territorios y sus bienes naturales. Es impostergable que el presidente cumpla su palabra y envíe al Congreso la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena para su discusión y aprobación.
* Maira Olivo es investigadora de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Disponible en <a href="https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/programa-nacional-de-los-pueblos-indigenas-2018-2024-mexico-185839?idiom=es">Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024. México. | INPI | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)</a>
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <a href="https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/28/estados/entregan-a-amlo-iniciativa-sobre-derechos-indigenas-y-afromexicanos/">La Jornada &#8211; Entregan a AMLO iniciativa sobre derechos indígenas y afromexicanos</a>
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <a href="https://hchr.org.mx/comunicados/en-el-dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas-onu-dh-recuerda-que-el-derecho-a-la-defensa-de-los-derechos-humanos-de-los-pueblos-indigenas-deber-ser-protegido-y-garantizado/">En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ONU-DH recuerda que el derecho a la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas debe ser protegido y garantizado | ONU-DH (hchr.org.mx)</a>
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <a href="https://la-lista.com/politica/2023/08/09/amlo-firma-decreto-para-proteger-sitios-sagrados-rutas-de-peregrinacion">AMLO firma decreto para proteger sitios sagrados (la-lista.com)</a>

Presidente, no traicionar y no mentir a los pueblos indígenas

El pasado 27 y 28 de julio tuvo lugar en Cartagena, Colombia, la Primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa. Esta Cumbre, anunciada en enero anterior por el Gobierno de Colombia y que contaba con el apoyo de los gobiernos de Brasil y Chile, así como de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dio como resultado la creación de una Plataforma Regional de Cooperación Tributaria. Ante la magnitud de este evento –que además contó con la participación de representantes de organismos internacionales, sector privado y la sociedad civil– es pertinente señalar los acuerdos logrados y analizar algunos elementos que muestran que éste es un buen punto de partida para la coordinación regional para una política tributaria justa.
Los acuerdos alcanzados por los representantes enviados de 16 países <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> se materializaron en una declaración conjunta, la cual estableció que las políticas tributarias, tanto internacionales como nacionales, deberán ser incluyentes, equitativas y sostenibles social y ambientalmente. Para ello, fue creada la Plataforma Regional como órgano político de negociación y coordinación. Esta plataforma tendrá como objetivos construir una posición unificada a nivel regional de cara a los debates internacionales, identificar mejores prácticas de políticas tributarias regionales y crear un proceso de toma de decisiones transparente e incluyente. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Así mismo, la Plataforma tendrá la siguiente estructura institucional: Consejo de Ministros, Presidencia Pro Témpore Rotatoria por 12 meses (inicia Colombia), Secretaría Técnica de la CEPAL y Grupos de Trabajo Técnico (con la participación de la sociedad civil, academia y sector privado).
En este proceso de negociación la sociedad civil tuvo una activa participación. Ello no solo confirmó la tendencia de los últimos meses, en cuanto al gran interés de diversas organizaciones civiles de sumarse al debate en torno a la tributación regional, sino que, además, permitió la entrega formal a los ministros de 10 recomendaciones sobre política tributaria previamente discutidas y acordadas por la sociedad civil. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Al respecto, cabe señalar que de forma paralela a la Cumbre más de 120 personas de 60 organizaciones de 20 países estuvieron reunidas en días previos. Estos encuentros tuvieron como objetivo analizar y discutir propuestas, ideas, evidencias y recomendaciones para una política tributaria regional más justa.
Dicho lo anterior, ¿es posible considerar los avances y acuerdos de Cartagena como un bueno punto de partida hacia una política tributaria regional incluyente, equitativa y que defienda los intereses de la región? La respuesta es que sí.
Un primer elemento para pensar en ello está relacionado a la inclusión de la sociedad civil en los procesos de negociación de la Plataforma por medio del establecimiento de un Consejo Consultivo Permanente dentro de los Grupos de Trabajo Técnico. Este Consejo estará conformado por representantes de la sociedad civil y aunque aún se desconoce la reglamentación concreta que tendrá, permite vislumbrar procesos de toma de decisiones sobre política tributaria más incluyentes y transparentes. La conformación de este Consejo Consultivo Permanente abre la posibilidad para que los insumos, estudios, evidencias, datos, argumentaciones y propuestas de la sociedad civil puedan escucharse y analizarse de forma constante. Ello significa que, aquellos grupos que han sido históricamente ignorados en las discusiones y debates en torno a la política tributaria tengan representación y participación, al mismo tiempo que supervisan el accionar de las autoridades.
Un segundo elemento tiene que ver con la confluencia o sinergia aparente entre los temas de política tributaria priorizados por las autoridades y los temas prioritarios entregados por parte de la sociedad civil. Una vez conformada la Plataforma, las autoridades seleccionaron 3 temas prioritarios por trabajar durante el primer año. Los 3 temas concertados fueron: 1) Progresividad del sistema tributario, 2) Beneficios Tributarios y 3) Tributación ambiental, digital y de nuevas formas de trabajo. Además, recalcaron la importancia de vincular los derechos humanos como eje transversal de la política fiscal. Estas temáticas se empalman con las subrayadas por la sociedad civil. Para estos últimos, tanto la progresividad del sistema tributario y la reglamentación y mejor uso de los beneficios fiscales, como la incorporación del principio de derechos humanos en todo el abordaje de la política tributaria (incluido los derechos ambientales) son prioritarios. Además, ambos sectores coincidieron en la priorización de la tributación internacional y posibles impuestos a multinacionales de cara a las negociaciones globales en la materia. <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
En definitiva, si bien vaticinar la construcción de sistemas tributarios realmente progresivos e incluyentes en la región es aún prematuro, lo que sí es cierto es que existe hoy en día en América Latina una interpretación y una atención distinta sobre la política tributaria. Precisamente, las nuevas consideraciones y necesidades con respecto a la política tributaria manifiestas en la Cumbre de Cartagena son el tercer elemento para estimar que estamos ante un buen punto de partida como región. Por supuesto que el camino es largo y azaroso, que tendremos que estar vigilantes y exigir resultados concretos, que necesitaremos compromiso político de los gobiernos firmantes y un mayor involucramiento de los gobiernos que aún no se suman, pero tampoco podemos subestimar lo logrado. Por primera vez América Latina y el Caribe da un mensaje de unión en materia tributaria y ello, no lo podemos dejar pasar.
* Ana María Morales es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de <a href="https://twitter.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> México estuvo representado por Carlos Castillo Pérez, Director General de Planeación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> <a href="https://minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-226994%2F%2FidcPrimaryFile&amp;revision=latestreleased" target="_blank" rel="noopener">ShowProperty (minhacienda.gov.co)</a>
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> <a href="https://www.cesr.org/cartagena-fiscal-summit-what-civil-society-is-asking-from-governments/" target="_blank" rel="noopener">Cartagena Summit: A new platform for fiscal cooperation is born — Center for Economic and Social Rights (cesr.org)</a>
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AW-62v6RG4Q" target="_blank" rel="noopener"> Primera Cumbre de Latam y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa &#8211; YouTube</a>. Ver minuto 2:46.

Por primera vez, América Latina da un mensaje de unión tributaria

“La esperanza sigue y es grande. Mucha gente piensa que porque ya es mucho tiempo tenemos que dejarlos de buscar, o que el dolor tiene caducidad y el amor hacia un hijo tiene determinado tiempo y acaba. No. Nosotros vamos a seguir. El amor hacia un hijo nunca va a terminar, la esperanza nunca va a terminar, la tenemos a flor de piel”.
Don Mario, padre de César Manuel González, estudiante normalista desaparecido. <a href="https://www.youtube.com/live/bNhD7j3SEAI?feature=share&amp;t=458" target="_blank" rel="noopener">Conferencia de prensa 25 de julio de 2023.</a>
A dos meses de cumplirse el noveno año de aquella noche trágica donde fueron desaparecidos forzadamente 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y pese a ser el caso paradigmático que el presidente López Obrador se comprometió a esclarecer, a la fecha esto no solo no ha sucedido, sino que parece haber topado con pared: el pacto de silencio cómplice de las fuerzas armadas para no acceder a la verdad.
Estamos ante lo que Ángela Buitrago y Carlos Beristain, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), señalaron durante la <a href="https://drive.google.com/file/d/1_mRYLO9soOW5RoV8dLP2y1CkjlP8PIH1/view" target="_blank" rel="noopener">presentación de su sexto y último informe</a> como la “institucionalización de la mentira”. Y es que para lograr el objetivo de su mandato, acceder a la verdad sobre lo ocurrido, dar con el paradero de los jóvenes y alcanzar la anhelada justicia el grupo de expertos quedó varado en un escenario de absoluto hermetismo institucional para proporcionar la información solicitada en miras de avanzar en el proceso de investigación. Con el ocultamiento y la negativa sistemática se apunta a la protección de una red macrocriminal configurada por la colusión de agentes de seguridad estatal de todos los niveles que, a su vez, devela el poder y la impunidad que gozan los más altos ordenes institucionales de las Fuerzas Armadas.
El informe final del GIEI presenta mucha información reveladora sobre la forma de actuación de las fuerzas de seguridad en casos de graves violaciones a los derechos humanos. El GIEI ha documentado de manera contundente la forma en que todas las instituciones obstruyen el desarrollo de las investigaciones de este tipo de casos y cómo sólo van proporcionando información en la medida que son presionadas por la movilización de las víctimas o por instancias de investigación independientes.
En este sentido, el informe del GIEI relata cómo las Fuerzas Armadas han mentido desde el primer momento en que ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hoy sabemos, por ejemplo, que la desaparición de los estudiantes se ejecutó como parte de un operativo conjunto de gran magnitud, donde toda la evidencia apunta a que las Fuerzas Armadas jugaron un rol protagónico y, quizá, hasta de coordinación de todas las demás corporaciones. Justo la información que el Ejército se niega a entregar puede ser la pieza faltante del rompecabezas que podría ayudar a dilucidar el paradero de los estudiantes y el funcionamiento de las responsabilidades de las corporaciones federales en la ejecución de su desaparición forzada.
Los hallazgos del GIEI también están poniendo a prueba el andamiaje constitucional e institucional mexicano. Durante su presentación, tanto Carlos Beristain como Ángela Buitrago enfatizaron el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador está al tanto de la obstrucción por parte de la Secretaría de la Defensa a la investigación del GIEI, y que, incluso, giró instrucciones precisas al general secretario para entregar la información solicitada por el GIEI y, no obstante, la SEDENA persiste en responder que no cuenta con dicha información. Este hecho deja a nuestra democracia en una encrucijada: ¿el presidente no quiere o no puede hacer obedecer sus órdenes frente a las fuerzas armadas?
Cada uno de los obstáculos, las versiones contradictorias, las mentiras y el ocultamiento de información que han impedido la localización de los estudiantes, se traducen en la profundización de <a href="http://ayotzinapa.fundar.org.mx/wp-content/documentos/DocAyotziFINAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">diversos daños en los cuerpos y subjetividades de las madres, los padres y sus núcleos familiares</a>. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Con la desaparición y la incertidumbre prolongada a lo largo del tiempo, el deterioro a la salud en algunas y algunos de los familiares se ha cronificado, las afectaciones psicoemocionales como son la frustración, la tristeza, el dolor, la impotencia y el desconcierto se han instalado en sus vidas a modo de impasse.
La desaparición de un ser querido es una experiencia límite que trastoca los ámbitos de la vida individual, comunitaria y cotidiana. La necesidad de un modelo de atención integral, sustancial, de calidad y sostenido permanentemente es urgente. Dicha atención es imprescindible para el camino de la justicia, ya que son recursos necesarios para llegar a ella. Por ello, enfatizamos que la atención victimal, así como los mecanismos de reparación, no sustituyen la búsqueda de verdad y de justicia.
Tras casi 9 años de recorrer las calles del país, las madres y los padres de Ayotzinapa, hombres y mujeres humildes pertenecientes a los sectores más precarios y de exclusión social derivada de violencias estructurales históricas, como son la población indígena y la campesina, portan la dignidad y la rabia para enfrentar a los poderes criminales enquistados en las más altas estructuras político-económicas.
El esclarecimiento del caso Ayotzinapa representa una grieta para que otros casos de desaparición forzada en el país vean la luz de la justicia; sin embargo, de seguir en esta línea, en un contexto con tendencia latente a la militarización y en una continuada impunidad, los crímenes atroces y las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes de seguridad de todos los niveles de gobierno y el Ejército, continuarán siendo los verdugos de la ignominia en nuestro México contemporáneo.
* Alejandra Ramírez (<a href="https://twitter.com/AllejandraRam" target="_blank" rel="noopener">@AllejandraRam</a> ) y Humberto Guerrero son parte del <a href="https://fundar.org.mx/derechos-humanos/" target="_blank" rel="noopener">Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad</a> de <a href="https://twitter.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Para conocer más sobre los impactos psicosociales del caso, recomendamos revisar el documento: “<a href="http://ayotzinapa.fundar.org.mx/wp-content/documentos/DocAyotziFINAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">Yo sólo quería que amaneciera, impactos psicosociales del caso Ayotzinapa</a>”.

Ayotzinapa frente a la mentira institucionalizada

En días pasados el presidente manifestó en su conferencia mañanera que <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_xdQEQIGwSw" target="_blank" rel="noopener">su gobierno trabajará para sacar adelante la reforma constitucional pendiente sobre derechos de los pueblos indígenas</a> y afromexicanos. La declaración surge en respuesta expresa a un periodista quien preguntó al mandatario qué hará su administración para presentar dicha reforma.
Y es que a casi dos años de habérsele hecho entrega en mano al jefe del Ejecutivo de la propuesta de iniciativa por parte de autoridades de la Tribu Yaqui, en Vicam, Sonora, el 28 de septiembre de 2021, ésta sigue paralizada en la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Cabe recordar que no estamos hablando de una iniciativa cualquiera, elaborada por tres o cuatro personas servidoras públicas en las oficinas de una secretaria de gobierno. Por el contrario, esta propuesta se construyó con una participación significativa de pueblos y comunidades en más de 50 foros de consulta y 64 asambleas regionales de seguimiento en todo el país, en los cuales se logró recabar, además, 630 mil firmas de representantes e integrantes de la población indígena y afromexicana.
Como resultado de esta construcción participativa, dotada de una gran legitimidad, salió una propuesta ambiciosa que busca rescatar del olvido los compromisos pendientes asumidos por el Estado Mexicano tras los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, producto del levantamiento zapatista de 1994. También se incorporan los contenidos más relevantes de los instrumentos internacionales en materia de pueblos indígenas.
La <a href="https://www.gob.mx/inpi/articulos/iniciativa-de-reforma-constitucional-sobre-derechos-de-los-pueblos-indigenas-y-afromexicano" target="_blank" rel="noopener">propuesta de reforma</a> contempla una modificación de 16 artículos del texto constitucional. Entre los temas sobresalientes aparece el reconocimiento de los pueblos como &#8220;sujetos de derecho público&#8221;, lo que revierte la visión colonial de considerarles &#8220;entidades de interés público&#8221; necesitadas del tutelaje del Estado para poder validar o completar sus actos de autoridad, como si los pueblos y comunidades no tuviesen la capacidad jurídica suficiente. ¿Cuántos siglos más serán necesarios para que el Estado mexicano comprenda que los pueblos son sujetos colectivos en plenitud de facultades que han ejercido ancestralmente y siguen desarrollando sus formas propias de vida política, social y económica? Revertir esta condición de minoría de edad es una de sus demandas fundamentales y la reforma lo plantea.
Otro aspecto recogido, de suma importancia, son las garantías para el ejercicio de la libre determinación, a través del reconocimiento –cuando menos– de tres formas de autonomía indígena: comunitaria, municipal y regional. Lo que configuraría un “cuarto nivel de gobierno” (el indígena), adicional a los heredados de la colonia, por medio del cual las instancias representativas de los pueblos pueden ejercer el autogobierno, la aplicación de sus sistemas normativos y de seguridad propia, al mismo nivel que las estructuras de gobierno del Estado. De tal forma que se promueve una relación de coordinación en condiciones de igualdad y no de subordinación entre el Estado y los pueblos.  Asimismo, se aseguran las partidas presupuestales para garantizar las diversas formas de autonomía indígena existentes.
Por último, cabe destacar el reconocimiento integral que se otorga al derecho al territorio a través de las distintas formas de propiedad y posesión colectiva de los pueblos y comunidades, lo cual les posibilita un mayor control territorial y mejores mecanismos para la defensa de sus territorios y bienes comunes. El cual es un tema medular en un contexto donde los pueblos indígenas continúan poniendo sus vidas para proteger sus territorios frente a la violencia desatada por la imposición de megaproyectos privados o públicos.
Sin embargo, ni el compromiso adoptado por este gobierno con los pueblos, autoridades indígenas y afromexicanas que participaron en los foros y asambleas de consulta, ni la urgente necesidad de transformar de fondo la relación aún colonial entre los pueblos y el Estado mexicano parecen razones suficientes para las instancias encargadas de enviar la iniciativa al Congreso. ¿Qué más argumentos necesitan Lenia Batres, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia; Luisa María Alcalde, Secretaría de Gobernación, y el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, para cumplir con su obligación? ¿Acaso los pueblos indígenas no eran los primeros?
Como <a href="https://twitter.com/HacemosAldea/status/1679519905220288512?t=Sel6hehM8G8rBzEDOjQabw&amp;s=08">exigió la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA)</a>, “A poco más de un año de concluir su mandato, es indispensable que el presidente López Obrador cumpla con su promesa de “primero los pueblos indígenas” y ordene la presentación al Poder Legislativo de la Reforma Constitucional. De no hacerlo, será una mancha imborrable de su sexenio que no hará más que profundizar la discriminación hacia los pueblos originarios”.
* Edmundo del Pozo es coordinador del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de <a href="https://twitter.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.<a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>

¿Primero los pueblos indígenas?

Este jueves es un día vital para el derecho a saber que tenemos todas, todos y todes. Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la controversia constitucional (280/2023) presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ante la omisión persistente y deliberada del Senado de la República de designar a tres integrantes de su pleno, de su órgano de gobierno, que acumula 469 días de retraso en las dos designaciones correspondientes a 2022 y 104 días en una tercera vacante que se dio a partir del 1° de abril de este año. 
La omisión del Senado no es casual ni aislada, aunque no lo quiera reconocer así la ministra Loretta Ortiz, ponente del proyecto de sentencia del tema en cuestión. Es una estrategia del actual gobierno de debilitar a instituciones que tienen un rol de control, contrapeso, vigilancia y/o protección de los derechos humanos de todas, todos y todes. Desde el Observatorio de Designaciones Públicas (ODP) registramos que en siete instituciones federales con estas funciones hay otros <a href="https://twitter.com/designaciones/status/1678600374054166528/photo/1">catorce procesos atorados</a> que se suman a las 44 magistraturas electorales no resueltas para distintos tribunales estatales o salas regionales, también por parte de la Cámara de Senadores. Estamos hablando de al menos 60 designaciones no resueltas, pues no consideran las pendientes en órganos consultivos. Es decir, el NO designar a quienes ocuparán altas responsabilidades públicas ha sido una forma de disminuir, limitar, cercenar a estas instituciones. 
En el caso del órgano garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, el INAI, la consecuencia de esta omisión ha provocado que desde hace 104 días su pleno esté impedido de resolver <a href="https://twitter.com/inaimexico/status/1679116358502473733?s=46&amp;t=-ck3ah6sQ3tmg9ZTNoKY_w">los 7,053 recursos de revisión</a> presentados por personas a las que una autoridad de gobierno les ha negado información o ante solicitudes que no se resolvieron adecuadamente. 
Cada día que pasa sin que el Senado resuelva las designaciones pendientes en el INAI manda un mensaje contundente a favor de la opacidad y contra el derecho a saber que tenemos todas, todos y todes. Es un agravio a la sociedad en su conjunto que ocurre en un contexto en el que las negativas de entregar información son más recurrentes que antes y se registra un abuso de la reserva de la información por parte de las instituciones públicas, de los sujetos obligados. Esta situación limita conocer el funcionamiento cotidiano del gobierno, qué decisiones se están tomando y cómo se están ejerciendo los recursos que son de la ciudadanía. 
Por eso, la discusión que se dará en la Suprema Corte sobre la controversia presentada por el INAI es de central importancia, pues de manera recurrente e injustificada el Senado ha incumplido con su mandato legal, ha desacatado reiteradamente resoluciones judiciales que le han ordenado completar las designaciones pendientes y ha desoído múltiples llamados tanto de organismos internacionales como de la sociedad civil. 
La SCJN tiene la enorme responsabilidad de decidir el futuro del derecho a saber, pues el proyecto de sentencia elaborado por la ministra Loretta Ortiz es totalmente regresivo y distante de las propias resoluciones hechas por el máximo tribunal. Grosso modo permite que el Senado pueda seguir postergando el cumplimiento de sus obligaciones legales y no completar las designaciones del INAI por tiempo indefinido, pues son decisiones soberanas de un órgano político que “ha hecho el intento”, aunque la mayoría legislativa haya impedido su resolución final; además no problematiza las funciones que no se pueden realizar ni los derechos vulnerados por la falta de quórum del pleno del INAI. 
La decisión que tome hoy la SCJN es vital, puede marcar un gran precedente de independencia y protección del derecho a saber de la sociedad votando en contra del proyecto de sentencia de la ministra Loretta Ortiz y afianzando su papel de garante de la justicia que necesitamos. Merecemos una #CortePorLaTransparencia, es nuestro derecho.  
#SinCuotasNiCuates
* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas <a href="https://twitter.com/designaciones">(@designaciones</a>), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y, generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de México.

Corte por la transparencia

Segalmex es el escándalo de corrupción más importante de su sexenio, así lo admitió la semana pasada el presidente de la República. El desvío en este caso va de los <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/6/29/el-fraude-segalmex-es-de-mil-500-millones-de-pesos-no-de-15-mil-sfp-309731.html" target="_blank" rel="noopener">9 mil 500</a> a los <a href="https://elpais.com/mexico/2023-02-22/segalmex-el-hoyo-negro-de-los-fondos-publicos-de-lopez-obrador.html" target="_blank" rel="noopener">15 mil millones de pesos</a>. Pese a que los primeros señalamientos de irregularidades comenzaron en 2020, el Ejecutivo ha pedido esperar el resultado de las investigaciones. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha tenido un rol bastante deficiente en resolver los grandes casos de corrupción del pasado, por lo cual Segalmex podría sumarse a la larga la lista de casos y de altos y altas funcionarias sin investigar y que están impunes. Y con ello, se perderá la oportunidad de otorgar justicia pronta y expedita, particularmente a quienes afectaron estos actos de corrupción.
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) tiene la misión de promover la seguridad alimentaria y la nutrición, mediante programas de apoyo a pequeñas y pequeños productores, así como garantizar el acopio y distribución de alimentos básicos, con el fin de generar bienestar en la población más vulnerable del país. La canasta alimentaria de 2022 a 2023 aumentó su costo en 9% en lugares como Puebla, por ejemplo,<a href="https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/45-6-poblacion-ingreso-laboral-inferior-canasta-alimentaria-coneval/" target="_blank" rel="noopener">  45.6% de la población que labora tiene un ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria</a>. <a href="https://www.unicef.org/mexico/salud-y-nutrici%C3%B3n" target="_blank" rel="noopener">UNICEF señala que 1 de cada 8 niños y niñas sufre desnutrición crónica</a>.
Ante este contexto las acciones de Segalmex son clave para revertir la pobreza alimentaria del país.
No obstante, desde sus inicios esta institución comenzó a utilizar distintos esquemas y modus operandi irregulares, como el denominado “recepción jurídica”, que permite a las empresas proveedoras recibir la totalidad de los montos contratados y conservar los productos hasta que Segalmex los solicite. A su vez, se eliminaron de los contratos las cláusulas de devolución y fianzas a los proveedores por incumplimiento, ocasionando que éstos no entregaran el 100 % de los productos estipulados. Además, <a href="https://elpais.com/mexico/2023-03-20/el-fraude-de-la-carne-en-segalmex-otro-desfalco-millonario-en-el-organismo-de-seguridad-alimentaria.html" target="_blank" rel="noopener">la institución firmó contratos por 73 millones de pesos para el abastecimiento de carne, de los cuales la paraestatal solo obtuvo productos por 60 millones de pesos</a>. De igual manera, se ha documentado que, <a href="https://elpais.com/mexico/2023-03-23/el-desfalco-de-los-garrafones-un-nuevo-agujero-millonario-en-segalmex.html" target="_blank" rel="noopener">el organismo firmó contratos con empresas para la obtención de envases de plástico por cerca de 100 millones de pesos de los cuales recibió solo un tercio</a>. Esto mismo sucedió con la compra de 7. 8 toneladas de azúcar por 142 millones de pesos que, según la FGR, Segalmex no recibió. Así como la venta de pilas –con logotipos de Segalmex– en Polonia y otros países, sin que se haya aclarado la situación. Pese a la falta de entrega del total de productos, por años, la institución continuó firmando contratos con varios entes proveedores que incumplieron las entregas.
Otras irregularidades ocurrieron cuando el titular a cargo de su administración de 2019 a 2022 autorizó la compra de bonos bursátiles, una actividad ilegal, por 950 millones de pesos y la desaparición de los rendimientos de dichos bonos por más de 10 millones de pesos.
Fue dos años después de la detección de las primeras irregularidades, vía investigaciones periodísticas y de instancias de fiscalización, que se creó una comisión intersecretarial formada por instituciones anticorrupción para investigar. Hasta el momento las instancias y medios de comunicación han informado el cúmulo de acciones que han realizado para resolver el caso. Entre las más detectadas se encuentran:
<ul>
<li>Auditoría Superior de la Federación (ASF): realizó dos auditorías a la cuenta pública 2020 y 2021 en las que se detectaron algunas anomalías de la paraestatal. <a href="https://www.eleconomista.com.mx/politica/ASF-ha-interpuesto-242-denuncias-por-desvio-de-al-menos-25000-millones-de-pesos-12-de-ellas-sobre-Segalmex-20230220-0064.html" target="_blank" rel="noopener">Y presentó al menos 12 denuncias relacionadas con dichas operaciones.</a></li>
<li>Fiscalía General de la República: <a href="https://www.jornada.com.mx/notas/2023/06/29/politica/investiga-fgr-a-segalmex-por-por-desfalco-que-asciende-a-15-mil-mdp/" target="_blank" rel="noopener">investiga 100 denuncias penales relacionadas con el caso</a>. Ha interpuesto acusaciones por enriquecimiento ilícito, por la colocación de recursos de Segalmex en instituciones bursátiles, contra accionistas de la empresa que recibió esos recursos; y por defraudación fiscal.</li>
<li>Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción: también abrió una carpeta de investigación por la colocación de estos bonos y recopiló pruebas para presentar el caso ante un juez federal por los delitos de ejercicio indebido de la función pública y lavado de dinero. Asimismo, empezó a investigar alrededor de 20 denuncias presentadas por la ASF y la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por diversas irregularidades tales como el desvío de recursos de productos comprados que no fueron entregados por las empresas.</li>
<li>Secretaría de la Función Pública: mandató la fiscalización de los recursos públicos de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021 de Segalmex, Diconsa y Liconsa, y señaló tener abiertos 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas, además de haber practicado 84 actos de fiscalización desde 2019, incluyendo auditorías, visitas, verificaciones con montos observados; es decir, 6 mil millones de pesos pendientes por aclarar.</li>
<li>Unidad de Inteligencia Financiera: investigó al exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex tras la publicación de información periodística que señalaba que los ingresos del exfuncionario no correspondían con sus declaraciones patrimoniales y fiscales.</li>
</ul>
Si bien estas instancias reportan la realización de diversas acciones, el cuello de botella al parecer estar en la búsqueda de justicia, la aplicación de sanciones a todas las personas del servicio público y particulares involucradas, la generación de condiciones que prevengan la repetición de estos hechos de corrupción y, sobre todo, la reparación de sus efectos. Al día de hoy, el ex titular de Segalmex no sólo no ha sido investigado, sino que sigue ocupando un cargo de alto nivel en el gobierno federal y es cercano al presidente. En este contexto, es importante recordar que la corrupción en la gestión de recursos públicos reduce la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, lo que tiende a impactar mucho más a grupos en situación de vulnerabilidad porque impide que accedan a bienes y servicios públicos. En este caso, la corrupción dificulta la compra de alimentos y otros insumos para venderlos a precios más bajos a las personas que lo requieren y reduce el número de personas que pueden ser beneficiarias de estas políticas, que buscan garantizar el derecho a la alimentación y nutrición.
Por ello, es necesario que las irregularidades en las políticas y programas que son destinados a la atención de la población con menos recursos como salud, alimentación o nutrición funcionen adecuadamente para lograr garantizar derechos. Y, en caso de que haya irregularidades o corrupción, éstas sean investigadas y sancionadas de manera ágil, abarcando también a las más altas esferas de las instituciones, de modo que, se envié un mensaje claro que desincentive la malversación de fondos públicos y sus afectaciones a los derechos humanos de la población más vulnerable.
* Anaid García Tobón es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de <a href="https://twitter.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.

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