En los cuatro minutos que te tomará leer este artículo, una persona en el país será diagnosticada con cáncer de sangre. Imaginemos, específicamente, el caso de un adolescente de 17 años diagnosticado con leucemia, el tipo de cáncer con la tasa de defunciones más alta en su grupo de edad. Para él y su familia no tendría que haber más preocupación que asistir al tratamiento y recibir el medicamento. Sin embargo, factores como las dinámicas de compras públicas de la institución pública que lo atenderá impactan directamente su posibilidad de recuperar su salud, y en última instancia, de vivir.
A partir del diagnóstico, el paciente iniciará un tratamiento de quimioterapia con los medicamentos que el IMSS adquiere. En 2022, de acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) del IMCO, el IMSS gastó 61,298 millones de pesos en contratos que incluyeron la adquisición de medicamentos. De este total, 404 millones se asignaron a proveedores de reciente creación, es decir, empresas que fueron creadas en un período menor a un año antes de recibir el primer contrato. Contratar una empresa recién creada no es ilegal, pero puede ser riesgoso por la falta de experiencia y capacidades para cumplir el contrato y proveer bienes y servicios de calidad.
En este escenario hipotético, uno de los proveedores riesgosos contratados por el IMSS incumplirá con la obligación de entregar el tratamiento que necesita el paciente de leucemia y, en consecuencia, no se surtirá la receta del paciente. De hecho, de acuerdo con Cero Desabasto, en 2022 se negaron 10.8 millones de recetas en el IMSS y fueron surtidas parcialmente 1.7 millones.
Realizar las compras públicas del sector salud, y de una institución del tamaño del IMSS, no es tarea fácil. En realidad, las prácticas de riesgo no son exclusivas de esta institución. Por ejemplo, los Institutos Nacionales de Salud, encargados de brindar atención médica de alta especialidad, mostraron riesgos asociados a la falta de competencia en los procesos de compra pública en 2022. Esto significa que en lugar de llevar a cabo concursos públicos, las instituciones optaron por adjudicar directamente los contratos. En general, la falta de competencia implica el riesgo de no analizar con detalle los potenciales proveedores y su capacidad para cumplir en tiempo y forma con el objeto del contrato.
Las compras públicas de medicamentos e insumos para la salud tienen un impacto directo en las posibilidades de supervivencia de millones de pacientes de todas las edades y estratos sociales. Por esto, es inaceptable que las instituciones encargadas de adquirir bienes y servicios permitan por inercia, omisión o dolo la continuación de malas prácticas de contratación pública que pueden tener consecuencias fatales.
La prevención de riesgos de corrupción es un deber público y una obligación con la ciudadanía. Ojalá la historia planteada en este artículo fuera solo una ficción para exponer un tema de interés público. Tristemente, hoy es la realidad de muchos pacientes en el país.
* Natalia Campos (@NataliaCampos7) es investigadora del IMCO.
A pesar de la negociación, dos de las jugadoras han abandonado la concentración, pero no serán sancionadas.
El acuerdo se ha alcanzado prácticamente en el tiempo de descuento. Cuando apenas quedan dos días para que España tenga que enfrentarse a Suecia en la Liga de las Naciones, la mayor parte de la selección femenina de futbol ha aceptado poner fin al boicot, según ha anunciado el secretario de Estado de Deportes, Víctor Francos.
Tras siete horas de reuniones, el acuerdo por fin se alcanzó a las 05:00 hora local del miércoles.
Francos aseguró que la Federación Española de Fútbol (RFEF) se había comprometido a realizar “cambios inmediatos y profundos”.
Las jugadoras iniciaron el boicot después de que el entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales, besó a la delantera Jenni Hermoso tras el triunfo de España sobre Inglaterra en la final del Mundial femenil el mes pasado.
El beso, que Hermoso asegura no fue consensuado, provocó la dimisión de Rubiales, mientras que el técnico español Jorge Vilda fue despedido.
Dos de las 23 jugadoras convocadas para los partidos de la Liga de Naciones de este mes, Mapi León y Patri Guijarro, han optado por retirarse de la plantilla.
Francos agregó que las jugadoras que han decidido no jugar no se enfrentarán a sanciones, y que su decisión era “absolutamente respetable”.
Las jugadoras podrían haber recibido multas o una sanción por parte de la selección nacional por no presentarse a la convocatoria internacional.
España jugará contra Suecia el viernes y contra Suiza el martes en la Liga de las Naciones.
“Es una buena noticia poder decir que el equipo jugará los dos próximos partidos con garantías”, afirmó Francos, presidente del Consejo Nacional de Deportes (CSD).
El acuerdo se alcanzó, aseguró, tras mantener conversaciones “amistosas” en Valencia en las que participaron las jugadoras, dirigentes de la RFEF, el CSD y el sindicato de jugadoras Futpro.
“Se creará una comisión mixta entre la RFEF, el CSD y las jugadoras para hacer el seguimiento de los acuerdos, que se firmarán mañana”, afirmó Francos. “Las jugadoras han manifestado su preocupación por la necesidad de llevar a cabo cambios profundos en la RFEF, que se ha comprometido a realizar estos cambios de forma inmediata”.
El lunes, la nueva entrenadora, Montse Tomé, seleccionó a 15 jugadoras que ya formaron parte del equipo de la Copa del Mundo para el combinado que jugará la Liga de Naciones.
Tras el anuncio de la convocatoria el lunes, las jugadoras publicaron un comunicado diciendo que el boicot seguía vigente, y que habían sido puestas “en una posición en la que nunca quisimos estar”.
Aseguraron, asimismo, que tenían la intención de explorar las posibles implicaciones legales de ser convocadas en contra de sus deseos.
Tome dejó fuera de la plantilla a Hermoso para, según ella, “protegerla”.
Pero Jenni Hermoso aseguró que el hecho de seleccionar a jugadoras que estaban haciendo el boicot al equipo demostraba que “nada ha cambiado” en la RFEF.
Según ha explicado ahora el CSD, se va a establecer una comisión para monitorear los cambios acordados, que se centrará en políticas de igualdad, avances en la equiparación salarial y la mejora de la infraestructura del deporte femenino.
“Las jugadoras lo ven como un acercamiento de posiciones. La gran mayoría ha decidido quedarse por el bien de este acuerdo”, afirmó la presidenta de Futpro, Amanda Gutiérrez. “Es el comienzo de un largo camino por delante”.
Las jugadoras españolas viajaron el martes a la concentración en Valencia.
Cuando los periodistas en el aeropuerto de Barcelona le preguntaron cómo se sentía acerca de la situación, la centrocampista y dos veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, fue tajante: “Bueno, mal”.
A Rubiales se le ha prohibido acercarse a menos de 200 metros de Hermoso después de que ella presentara una demanda judicial.
Al comparecer ante el tribunal por primera vez el viernes, Rubiales negó haber agredido sexualmente a Hermoso.
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