La apatía política, la desinformación y la toma de decisiones a título personal son denominadores comunes de la política actual. En un país donde la organización política está dividida en tres poderes, pareciera que las decisiones importantes recaen solo en el Presidente. La ciudadanía ha olvidado la importancia de los órganos legislativos y que la deliberación y la representación son parte fundamental de un sistema político que aspira a ser democrático.
En los últimos años, diversas instituciones se han convertido en las depositarias de la confianza de amplios sectores de la ciudadanía. En fechas recientes, los ciudadanos y ciudadanas han defendido en las calles a instituciones como la Suprema Corte, el INAI o el INE. La responsabilidad de casos como la despenalización del aborto, el desabasto de medicamentos, la protección de la transparencia o la defensa del sistema electoral han recaído en ellas. Esta confianza, sin embargo, conlleva altos costos democráticos y representativos.
Pero la confianza no basta. La deliberación y la representación tienen un rol irremplazable en los sistemas democráticos. Tal es el caso que incluso la Corte ha invocado el principio de deliberación democrática en las decisiones sobre la inconstitucionalidad del Plan B. La Corte ha dicho que los órganos legislativos, antes de ser órganos que toman decisiones, son órganos que deben deliberar. Debido a las afectaciones a este principio durante el proceso legislativo, el Plan B fue declarado inconstitucional.
Los ciudadanos estamos en posición de exigirles a nuestros representantes que hagan lo que está en su nombre: representar nuestros intereses, preocupaciones y prioridades. Por tanto, acudimos a instancias como la Suprema Corte para que, en su función de contrapeso, balancee los excesos de un Poder Legislativo que parece responder más a los caprichos de una persona que a la voluntad popular.
Los excesos cometidos por los legisladores se deben, en buena medida, a la ausencia de una deliberación. Entonces, ¿qué implica que nuestros congresos sean deliberativos? Este concepto es algo más que un mero recurso retórico que sirve para invalidar una ley. En realidad, si nos tomamos en serio la democracia, la deliberación es un elemento que no puede faltar. Es un ideal al que debemos aspirar.
La deliberación es una parte esencial del proceso legislativo. La deliberación permite que los congresos lleguen a mejores decisiones a través de argumentos, diálogo, igualdad e inclusión de las personas potencialmente afectadas. Una decisión que se toma a través de un proceso deliberativo no solo tiene mayores probabilidades de ser más eficaz sino que tiene un mayor grado de legitimidad al tomar en cuenta las opiniones de todas las personas. No importa si perteneces a la mayoría o a una minoría, cuando la deliberación se toma en serio tu punto de vista será escuchado.
Desafortunadamente, en la práctica, los congresos federales y locales en México son todo menos órganos deliberantes. La idea de la democracia deliberativa se utiliza como discurso antes que como un objetivo que busque cumplirse. Con procesos deliberativos, normas como la Ley Bonilla en materia electoral, el Plan B, el Decretazo o la extensa lista de la prisión preventiva oficiosa probablemente no existirían. La deliberación tiene su chiste, no es un ideal que de un día para otro se pueda concretar. El camino para llegar al ideal tampoco es claro, pero un primer paso es comenzar por exigir a nuestros congresos que deliberen, que argumenten y, ante todo, que nos representen.
* Manuel Sobral (@manuelsobral4) es investigador del IMCO.
Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
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