Transparencia en tiempos políticos
La transparencia es indispensable para conocer la estabilidad financiera de los estados y tomar decisiones informadas. A un año de las elecciones de 2024 es importante tener en mente que la transparencia presupuestaria de las entidades federativas está en riesgo. El foco de atención no solo se debe centrar en las elecciones federales: en ocho estados habrá cambio de gobernadores y Jefe de Gobierno en la Ciudad de México. De cara a las siguientes elecciones, todas las entidades federativas tienen una decisión: ser o no ser transparentes.
Los presupuestos permiten que los gobiernos planeen el gasto y que la ciudadanía conozca en qué se gastarán sus impuestos. Los presupuestos estatales son importantes porque establecen los programas sociales prioritarios, el gasto en salud y educación, se limita la contratación de deuda, se priorizan los proyectos de inversión y se garantizan servicios públicos, entre muchas otras cosas. Para 2023, las 32 entidades federativas estiman gastar 2.7 billones de pesos, lo cual equivale a 30% de los recursos públicos del país.
La transparencia presupuestaria es necesaria para que la ciudadanía conozca las prioridades de su gobierno y exista una efectiva rendición de cuentas. No obstante, la realidad demuestra que la transparencia presupuestaria de varios gobiernos estatales es volátil, especialmente en el desglose y homologación de la información. Ejemplo de ello es que siete estados que tuvieron elecciones en 2021 tuvieron un retroceso en su calificación de transparencia presupuestaria en el Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) 2023 del IMCO.
El retroceso en la transparencia de esos siete estados es, en buena medida, producto de los cambios en las prioridades partidistas y de las administraciones en turno. Además, la interrupción de las curvas de aprendizaje de los funcionarios dificultan, aún más, la continuidad de la transparencia presupuestaria y buenas prácticas. En 2023 los estados que cambiaron de administración presentaron un retroceso promedio de 6 % en la calidad de la información presupuestaria. La opacidad se concentra en el desglose de información sobre deuda pública, remuneraciones de servidores públicos, fideicomisos y financiamiento de partidos políticos.
Particularmente, resaltan dos estados que cambiaron de gobierno y tuvieron el retroceso más alto en la transparencia: Zacatecas (-11%) y Sonora (-19%). El primero obtuvo un menor puntaje al incurrir en malas prácticas sobre el desglose de información de sus fideicomisos y subsidios y publicar tabuladores de salarios ilegibles. Por su parte, el retroceso de Sonora se relaciona con la falta de transparencia en los recursos otorgados a municipios, el desglose de la deuda pública y los fideicomisos públicos.
Los cambios de gobierno y la alternancia política son indispensables para una democracia saludable. Sin embargo, la alternancia no debe ser sinónimo de falta de continuidad y opacidad. Lamentablemente Zacatecas y Sonora ejemplifican los riesgos asociados con el cambio de gobierno en las entidades federativas. Estos cambios que se dan cada seis años, suelen alterar las prioridades del gasto, dificultan la continuidad de los programas sociales y entorpecen la transparencia presupuestaria. Rumbo a las elecciones federales y estatales de 2024 es esencial abordar estos desafíos para garantizar una gestión transparente de los recursos públicos y asegurar el desarrollo y bienestar de toda la ciudadanía.
Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
“Lujoso”
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
“Los Chapitos”
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
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