El Salvador ha criminalizado a 181 mujeres que tuvieron abortos; siete aún enfrentan procesos penales
En El Salvador 181 mujeres que vivieron emergencias obstétricas entre 1998 y 2019 fueron condenadas con sentencias de hasta 50 años de cárcel por los delitos de aborto o de homicidio agravado. Esto como consecuencia de un sistema legal que penaliza el aborto sin excepciones.
Actualmente, pese a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) derivada de uno de estos casos, siete mujeres aún enfrentan procesos penales.
En su investigación Del hospital a la cárcel, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de ese país analizó los expedientes clínicos y judiciales de mujeres que al llegar al sistema de salud público por abortos espontáneos o partos prematuros, enfrentaron un sistema de persecución contra ellas.
El análisis evidencia lo sistemático de la violación de derechos humanos de las mujeres que viven emergencias obstétricas. Dado que las mujeres criminalizadas generalmente no tienen una defensa oportuna, tampoco cuentan con una estrategia que ponga al centro su inocencia, explicó la coordinadora de alianzas e incidencia política de la Agrupación, Sara García Gross.
La especialista subraya que cuando esto sucede se trata de injusticias reproductivas que derivan en violaciones sistemáticas a los derechos de las mujeres y pone como ejemplo el caso de Manuela vs. El Salvador, una mujer que en 2008 fue denunciada por el personal de salud tras enfrentar un parto extrahospitalario que resultó en una hemorragia.
“Lo que a nosotras nos parece sumamente importante de la sentencia de Manuela es que justo su historia es la de estas 181 mujeres. Lo que ella enfrentó desde su emergencia obstétrica hasta la denuncia del personal de salud de un hospital público; todos los horrores que vivió, la separación con su familia, todos los tratos crueles, inhumanos y degradantes, son los casos de las mujeres que están enfrentando esta historia”, señala la activista.
Para ella, la lucha por la libertad de las mujeres en El Salvador ha sido incesante desde 2009, cuando se logró la primera liberación de Karina, una mujer criminalizada que había enfrentado una historia similar a la de Manuela.
A partir de ese caso, la realidad de la persecución de mujeres derivada de la penalización absoluta del aborto salió a flote y se puso en evidencia. Con la sentencia, se ha constatado una situación sistemática pero también un contexto que no cambia.
“Lastimosamente se van a seguir presentando casos de injusticias reproductivas, porque vamos a seguir sosteniendo un marco punitivo que no está realmente respondiendo a las necesidades y a las realidades concretas de las mujeres en el país”, dijo García Gross.
A partir del caso de Karina, en El Salvador se celebró en junio de este año la liberación de 64 mujeres –gracias al acompañamiento solidario, feminista, jurídico y psicosocial– mediante revisiones de sentencias y beneficios penitenciarios.
¿Qué ha pasado con los casos de aborto?
El caso Manuela vs. El Salvador no solo es emblemático por haber contextualizado la situación del país respecto a la prohibición absoluta del aborto, sino porque permite evidenciar que la mayoría de denuncias contra las mujeres surgen en el sistema de salud, sostiene Catalina Martínez, activista feminista colombiana y directora regional del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe.
“Lo que establece el caso de Manuela, que es absolutamente novedoso e importante, es que define cómo debe protegerse el secreto profesional médico de los y las profesionales de la salud. Lo que la Corte dice es que cuando se trata de servicios de salud sexual y reproductiva debe siempre primar la protección del secreto profesional médico sobre cualquier deber de denuncia”, subraya Martínez.
Este estándar es aplicable no solo a El Salvador, sino a todos los estados que han reconocido la competencia de la CIDH, garantiza que el sistema de salud sea seguro y las mujeres puedan llegar a buscar servicios de salud sexual y reproductiva sin temor de ir a la cárcel o ser denunciadas por un profesional médico.
Sin embargo, esto tiene que concretarse –específicamente en El Salvador– mediante la creación de ciertos protocolos que regulen el secreto profesional médico, la atención a las emergencias obstétricas y la educación sexual integral.
Pese a que las organizaciones colitigantes en el caso Manuela vs. El Salvador, el Centro de Derechos Reproductivos, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, tenían la expectativa de que las autoridades de ese país dieran un primer informe respecto al cumplimiento de la sentencia, el Estado salvadoreño pidió una prórroga.
Sin embargo, prevalece un incumplimiento en el sentido de que se convierta en una realidad para todo el territorio, así como respecto a los temas de reparación a la familia, el reconocimiento de responsabilidad y las disculpas públicas.
“Estamos hablando de siete casos que siguen enfrentando procesos, que están enfrentando criminalización; esto es una forma de manifestar cómo aún tenemos mucho trabajo por hacer para que esta sentencia sea realmente cumplida”, añade García Gross.
Si bien es importante el avance en los protocolos, existe disposición de dialogar y construirlos de manera que realmente se adecuen a las realidades y necesidades de las mujeres que enfrentan persecución.
Recordó que se acerca otra audiencia en la CIDH por Beatriz, una mujer a la que se le negó un servicio de salud de aborto. En este caso se busca la reparación para la familia, pero también medidas de no repetición que conduzcan a cambios en los marcos normativos restrictivos en el código penal.
Los procesos regionales como fuente de esperanza
En toda América Latina se han organizado diferentes estrategias para colocar el tema en el debate público y lograr la efectiva liberación de las mujeres que han pasado por litigios.
Esto en un contexto en el que la despenalización del aborto en América Latina está marcada por los contrastes: mientras Colombia logró este año la legislación más avanzada, que legaliza el aborto a nivel nacional hasta la semana 24, Centroamérica aún se enfrenta a rezagos que se traducen en batallas legales para lograr que mujeres como Manuela no sean criminalizadas cuando enfrentan emergencias obstétricas.
“Todos los comités de Naciones Unidas, cuando han revisado El Salvador, se han pronunciado sobre ese tema y han emitido recomendaciones porque hemos hecho incidencia en cada uno de estos comités para que así suceda, y hemos acompañado con incidencias de comunicación y movilización que nos han ayudado a que este tema se mantenga en la agenda, a que exista una presión por parte de la sociedad y también para que el movimiento feminista, en El Salvador y en toda la región, se pueda movilizar por estos temas”, asegura la activista Catalina Martínez.
Aunque no existen cifras específicas a nivel regional, la criminalización contra las mujeres sigue dándose en casi todos los países de Latinoamérica, pero sobre todo en aquellos donde existen prohibiciones totales.
Sin embargo, prevalece también en aquellos donde el delito de aborto sigue existiendo, independientemente de si hay causales mediante las que se puede acceder o si el aborto voluntario está despenalizado hasta cierto número de semanas.
Un ejemplo de ello es Colombia, que alcanzó una resolución histórica este año pero desde 2006 contaba con tres causales para acceder al aborto: cuando la vida y la salud de la mujer estaba en riesgo, cuando el embarazo era resultado de una violación sexual y cuando el feto tenía una malformación incompatible con la vida.
Sin embargo, de la documentación que realizó el Centro de Derechos Reproductivos con diferentes organizaciones de la sociedad civil para revisar cómo era el acceso al aborto por estas causales, pudieron notar que la persecución de mujeres no había disminuido desde 2006. Por el contrario aumentó. Desde ese año hasta 2021, 5 mil procesos se abrieron en algún momento en contra de mujeres en Colombia.
“Mientras el aborto siga estando en el código penal, mientras siga siendo un delito, independiente de que tenga causales para poder acceder, seguirá existiendo una persecución de mujeres adolescentes y niñas”, expuso la activista.
De acuerdo con Martínez, el aborto se sigue enviando como un delito y no como un servicio de salud o un derecho.
Por eso, en diferentes lugares de la región –en Colombia específicamente a través de la iniciativa Causa Justa– se han emprendido nuevas luchas con el objetivo de que el aborto no se regule en los códigos penales, sino en la legislación de salud, lo que permitiría que pueda ser visto como un servicio desde ese sector para combatir con mayor determinación la criminalización injusta de las mujeres.
Para las activistas, la lucha por la despenalización y legalización del aborto debe ser regional, y las luchas de Argentina, Colombia y México que están generando transformaciones y haciendo historia son esperanzadoras porque han logrado incidir no solo en las leyes sino también en las conciencias.
En El Salvador las activistas saben que viven en el marco de un gobierno que sostiene una serie de retrocesos en materia de derechos humanos y violaciones sistemáticas.
Sin embargo, para ellas ha sido clave que la agenda del movimiento feminista no se desdibuje en esos contextos hostiles. Por ello, presentaron una iniciativa de reforma al artículo 133 del código penal el año pasado, que fue archivada prácticamente a las dos semanas sin diálogo ni discusión.
“Por eso es tan importante la despenalización social, y sobre todo, los procesos que estamos llevando en colectivo ante el sistema interamericano de derechos humanos, porque son ahora mismo esa ventana de oportunidad”, concluye García Gross.
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Nació como un pequeño grupo en un estado venezolano que hoy se dedica a varias actividades criminales y opera en casi toda Sudamérica, según los expertos.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Orígenes
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
Liderazgo
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Expansión internacional
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
“Su sello es causar temor”
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Miles de integrantes
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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