En El Salvador 181 mujeres que vivieron emergencias obstétricas entre 1998 y 2019 fueron condenadas con sentencias de hasta 50 años de cárcel por los delitos de aborto o de homicidio agravado. Esto como consecuencia de un sistema legal que penaliza el aborto sin excepciones.

Actualmente, pese a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) derivada de uno de estos casos, siete mujeres aún enfrentan procesos penales.

El análisis evidencia lo sistemático de la violación de derechos humanos de las mujeres que viven emergencias obstétricas. Dado que las mujeres criminalizadas generalmente no tienen una defensa oportuna, tampoco cuentan con una estrategia que ponga al centro su inocencia, explicó la coordinadora de alianzas e incidencia política de la Agrupación, Sara García Gross.

La especialista subraya que cuando esto sucede se trata de injusticias reproductivas que derivan en violaciones sistemáticas a los derechos de las mujeres y pone como ejemplo el caso de Manuela vs. El Salvador, una mujer que en 2008 fue denunciada por el personal de salud tras enfrentar un parto extrahospitalario que resultó en una hemorragia.

Para ella, la lucha por la libertad de las mujeres en El Salvador ha sido incesante desde 2009, cuando se logró la primera liberación de Karina, una mujer criminalizada que había enfrentado una historia similar a la de Manuela.

“Lastimosamente se van a seguir presentando casos de injusticias reproductivas, porque vamos a seguir sosteniendo un marco punitivo que no está realmente respondiendo a las necesidades y a las realidades concretas de las mujeres en el país”, dijo García Gross.

A partir del caso de Karina, en El Salvador se celebró en junio de este año la liberación de 64 mujeres –gracias al acompañamiento solidario, feminista, jurídico y psicosocial– mediante revisiones de sentencias y beneficios penitenciarios.

El caso Manuela vs. El Salvador no solo es emblemático por haber contextualizado la situación del país respecto a la prohibición absoluta del aborto, sino porque permite evidenciar que la mayoría de denuncias contra las mujeres surgen en el sistema de salud, sostiene Catalina Martínez, activista feminista colombiana y directora regional del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe.

“Lo que establece el caso de Manuela, que es absolutamente novedoso e importante, es que define cómo debe protegerse el secreto profesional médico de los y las profesionales de la salud. Lo que la Corte dice es que cuando se trata de servicios de salud sexual y reproductiva debe siempre primar la protección del secreto profesional médico sobre cualquier deber de denuncia”, subraya Martínez.

Este estándar es aplicable no solo a El Salvador, sino a todos los estados que han reconocido la competencia de la CIDH, garantiza que el sistema de salud sea seguro y las mujeres puedan llegar a buscar servicios de salud sexual y reproductiva sin temor de ir a la cárcel o ser denunciadas por un profesional médico.

Sin embargo, esto tiene que concretarse –específicamente en El Salvador– mediante la creación de ciertos protocolos que regulen el secreto profesional médico, la atención a las emergencias obstétricas y la educación sexual integral.

Pese a que las organizaciones colitigantes en el caso Manuela vs. El Salvador, el Centro de Derechos Reproductivos, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, tenían la expectativa de que las autoridades de ese país dieran un primer informe respecto al cumplimiento de la sentencia, el Estado salvadoreño pidió una prórroga.

Sin embargo, prevalece un incumplimiento en el sentido de que se convierta en una realidad para todo el territorio, así como respecto a los temas de reparación a la familia, el reconocimiento de responsabilidad y las disculpas públicas.

“Estamos hablando de siete casos que siguen enfrentando procesos, que están enfrentando criminalización; esto es una forma de manifestar cómo aún tenemos mucho trabajo por hacer para que esta sentencia sea realmente cumplida”, añade García Gross.

Si bien es importante el avance en los protocolos, existe disposición de dialogar y construirlos de manera que realmente se adecuen a las realidades y necesidades de las mujeres que enfrentan persecución.

Recordó que se acerca otra audiencia en la CIDH por Beatriz, una mujer a la que se le negó un servicio de salud de aborto. En este caso se busca la reparación para la familia, pero también medidas de no repetición que conduzcan a cambios en los marcos normativos restrictivos en el código penal.

Los procesos regionales como fuente de esperanza

En toda América Latina se han organizado diferentes estrategias para colocar el tema en el debate público y lograr la efectiva liberación de las mujeres que han pasado por litigios.

Esto en un contexto en el que la despenalización del aborto en América Latina está marcada por los contrastes: mientras Colombia logró este año la legislación más avanzada, que legaliza el aborto a nivel nacional hasta la semana 24, Centroamérica aún se enfrenta a rezagos que se traducen en batallas legales para lograr que mujeres como Manuela no sean criminalizadas cuando enfrentan emergencias obstétricas.

“Todos los comités de Naciones Unidas, cuando han revisado El Salvador, se han pronunciado sobre ese tema y han emitido recomendaciones porque hemos hecho incidencia en cada uno de estos comités para que así suceda, y hemos acompañado con incidencias de comunicación y movilización que nos han ayudado a que este tema se mantenga en la agenda, a que exista una presión por parte de la sociedad y también para que el movimiento feminista, en El Salvador y en toda la región, se pueda movilizar por estos temas”, asegura la activista Catalina Martínez.

Aunque no existen cifras específicas a nivel regional, la criminalización contra las mujeres sigue dándose en casi todos los países de Latinoamérica, pero sobre todo en aquellos donde existen prohibiciones totales.

Sin embargo, prevalece también en aquellos donde el delito de aborto sigue existiendo, independientemente de si hay causales mediante las que se puede acceder o si el aborto voluntario está despenalizado hasta cierto número de semanas.

Un ejemplo de ello es Colombia, que alcanzó una resolución histórica este año pero desde 2006 contaba con tres causales para acceder al aborto: cuando la vida y la salud de la mujer estaba en riesgo, cuando el embarazo era resultado de una violación sexual y cuando el feto tenía una malformación incompatible con la vida.

Sin embargo, de la documentación que realizó el Centro de Derechos Reproductivos con diferentes organizaciones de la sociedad civil para revisar cómo era el acceso al aborto por estas causales, pudieron notar que la persecución de mujeres no había disminuido desde 2006. Por el contrario aumentó. Desde ese año hasta 2021, 5 mil procesos se abrieron en algún momento en contra de mujeres en Colombia.

“Mientras el aborto siga estando en el código penal, mientras siga siendo un delito, independiente de que tenga causales para poder acceder, seguirá existiendo una persecución de mujeres adolescentes y niñas”, expuso la activista.

De acuerdo con Martínez, el aborto se sigue enviando como un delito y no como un servicio de salud o un derecho.

Por eso, en diferentes lugares de la región –en Colombia específicamente a través de la iniciativa Causa Justa– se han emprendido nuevas luchas con el objetivo de que el aborto no se regule en los códigos penales, sino en la legislación de salud, lo que permitiría que pueda ser visto como un servicio desde ese sector para combatir con mayor determinación la criminalización injusta de las mujeres.

Para las activistas, la lucha por la despenalización y legalización del aborto debe ser regional, y las luchas de Argentina, Colombia y México que están generando transformaciones y haciendo historia son esperanzadoras porque han logrado incidir no solo en las leyes sino también en las conciencias.

En El Salvador las activistas saben que viven en el marco de un gobierno que sostiene una serie de retrocesos en materia de derechos humanos y violaciones sistemáticas.

Sin embargo, para ellas ha sido clave que la agenda del movimiento feminista no se desdibuje en esos contextos hostiles. Por ello, presentaron una iniciativa de reforma al artículo 133 del código penal el año pasado, que fue archivada prácticamente a las dos semanas sin diálogo ni discusión.

“Por eso es tan importante la despenalización social, y sobre todo, los procesos que estamos llevando en colectivo ante el sistema interamericano de derechos humanos, porque son ahora mismo esa ventana de oportunidad”, concluye García Gross.