A casi cuatro años de la creación del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que nació con el objetivo de garantizar que la población más vulnerable tuviera acceso a la alimentación, 9 mil 500 millones de pesos han desaparecido sin que hasta el momento se conozca su paradero. 

Esta situación ha provocado que diversas instituciones hayan elaborado 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas, realizado 84 actos de fiscalización y presentado 40 denuncias penales, procesos de los que solo se han conseguido dos vinculaciones a proceso contra un solo exfuncionario y ninguna sentencia. 

El origen del fraude

Por decreto presidencial, el 18 de enero de 2019 se creó Segalmex, que agrupó a las empresas públicas Diconsa y Liconsa para apoyar en las tareas de compra y distribución de productos como granos, alimentos no perecederos y leche.

Un año más tarde, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al entregar los resultados de la Cuenta Pública 2019, indicó que Segalmex rebasó el presupuesto aprobado para el programa de precios de garantía para productos básicos y no acreditó el destino de 3 mil 027 millones de pesos, lo que significó un probable daño al erario. 

Además, documentó que el organismo ejerció mil 148 millones en gastos de operación o actividades administrativas, lo que significó 14.2% del presupuesto ejercido, cuando el límite máximo de este tipo de gastos es de 5%. 

Al año siguiente, en la Cuenta Pública 2020, la ASF nuevamente detectó presunta corrupción por 8 mil 638 millones en Segalmex, Diconsa y Liconsa, que tuvieron irregularidades en contrataciones y comprobación de pagos, falta de mercancías y salidas de efectivo injustificadas. 

Esta vez, el informe general señaló que en Segalmex se detectaron las mayores anomalías por 5 mil 640.6 millones, principalmente en los rubros de inventarios, ingresos, pagos por bienes y servicios, así como su registro contable y presupuestal, mientras que en Diconsa las observaciones fueron por mil 413.4 millones y en Liconsa por mil 583.2 millones. 

Precisamente fue en esa segunda revisión que la ASF señaló por primera vez a René Gavira, entonces director de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, como responsable de efectuar entre 2019 y 2020 inversiones bursátiles ilegales con recursos de esas instituciones por 950 millones de pesos, además de “extraviar” los rendimientos de este movimiento por 10.6 millones. 

Según la ASF, esta irregularidad inició desde la firma de un primer Contrato de Intermediación Bursátil entre Liconsa y CI Casa de Bolsa, SA de CV, para que esta institución bancaria comprara, vendiera y administrara certificados bursátiles en representación de la paraestatal.

El pago de las inversiones se garantizó con el patrimonio del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago número CIB/350, suscrito entre CI Casa de Bolsa, que quedó como fiduciaria, y Financiera Corafi, SA de CV, designada fideicomitente y que es investigada por presunto lavado de dinero. 

Primeras acciones del gobierno

Pese a que las indagatorias recién comenzaban, el 30 de junio de 2020 Gavira, subalterno de Ovalle, renunció al organismo, lo que ocasionó que su sucesor, Jesús Óscar Navarro Gárate, fuera el encargado de las gestiones que se siguieron en el caso. 

Este funcionario declaró que, al tener conocimiento de las inversiones bursátiles ilegales, avisó a la Unidad Jurídica y contactó a CI Casa de Bolsa para tramitar la recuperación de los 950 millones de pesos. 

Pese a lo anterior, fue hasta marzo de 2021 que Ovalle giró instrucciones para dar marcha atrás a la compra de certificados y recuperar los recursos públicos comprometidos. Un mes después, el 16 de abril, ordenó que se presentara una primera denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). 

Si bien se logró recuperar la totalidad de estos recursos a inicios de 2022, los informes de la ASF no dieron cuenta de que se hayan recibido en las cuentas de las paraestatales los 10.6 millones en rendimientos “extraviados”. 

El 26 de enero de 2022, la Sader finalmente ordenó “separar de su cargo a varios servidores públicos, así como solicitar la intervención jurídica y administrativa en estas instancias”. 

Entre los funcionarios separados estuvieron Bernardo Fernández Sánchez, quien se desempeñaba como director de operaciones de Segalmex; Manuel Lozano Jiménez, quien fungía como apoderado legal y director de comercialización de Liconsa y Diconsa, y Carlos Antonio Dávila Amerena, director de asuntos jurídicos. 

En paralelo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó una fiscalización a Segalmex, Diconsa y Liconsa sobre los recursos públicos correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, “detectando posibles irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios, que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales”.

Los hallazgos de la última revisión se publicaron en febrero de 2022, un mes después de que el gobierno diera a conocer el inicio de una investigación administrativa y la presentación de denuncias ante la FGR por posibles irregularidades cometidas por funcionarios, proveedores y prestadores de servicios. 

El 14 de marzo pasado, este medio dio a conocer que la FGR investigaba más de 20 denuncias sobre presuntos actos de corrupción y desvíos de recursos en Segalmex, Diconsa y Liconsa. 

Desde entonces se anunciaba que el caso más avanzado era por el presunto lavado de dinero en operaciones bursátiles ilegales por 950 millones autorizadas por Gavira. 

La versión que planteó la Fiscalía Anticorrupción era que, si los bonos aumentaban su valor, las ganancias serían transferidas al propio Gavira, mientras que las pérdidas serían absorbidas por las empresas bajo su cargo, aunque las indagatorias apuntaron a que había más cómplices. 

Durante la investigación de la ASF, y una vez fuera del cargo, Gavira aseguró que el exdirector de Segalmex, Ovalle, fue quien le ordenó hacer dichas inversiones bursátiles, acusación que realizó sin presentar pruebas.

No obstante, a través de solicitudes de transparencia, Animal Político obtuvo el oficio firmado por Ovalle el 6 de febrero de 2020, en el que se confirma que él autorizó a Gavira que realizara las inversiones bursátiles supuestamente para “autogenerar a futuro recursos financieros propios” con los que Segalmex cumpliría su objetivo. 

Ovalle no solo autorizó la inversión ilícita de recursos públicos en la bolsa, sino que omitió informar al Consejo de Administración de Segalmex y Liconsa, según consta en las actas del Consejo y la Asamblea de Accionistas de ambas instituciones.

En audiencia ante el Ministerio Público el 1 de abril pasado, Ovalle declaró no recordar haber firmado el oficio mediante el cual autorizó el uso de al menos 100 millones de pesos para la compra ilegal de certificados bursátiles, aunque incurrió en varias contradicciones e incluso dijo que pudo haber firmado sin darse cuenta de lo que estaba autorizando, pues a diario recibía documentos ya revisados para su firma.

Este caso se derivó de una denuncia de la Unidad Jurídica de Liconsa presentada desde el 16 de abril de 2021, así como de otras pruebas ofrecidas por la ASF, por las que la Fiscalía Anticorrupción inició una carpeta de investigación y consiguió pruebas suficientes para presentar dicho caso ante un juez federal por los delitos de lavado de dinero y ejercicio indebido de la función pública. 

La fiscalía también comenzó con la investigación de una veintena de denuncias presentadas por la ASF y Hacienda a través de la Procuraduría Fiscal, por diversas irregularidades como el presunto desvío de 811 millones de pesos de Liconsa, que fueron pagados a empresas que no entregaron los bienes contratados. 

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde 2020 ya investigaba a Gavira y su círculo cercano, luego de detectar que los ingresos del exfuncionario no correspondían con sus declaraciones patrimoniales y fiscales, según una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). 

FGR vincula a Gavira, omite tocar a Ovalle

El 12 de abril pasado, la FGR informó sobre la primera vinculación a proceso en contra de Gavira por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. 

De acuerdo con la fiscalía, como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, Gavira autorizó la compra de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando recursos de Segalmex a través de CI Casa de Bolsa. 

“Dicha autorización de compra de certificados bursátiles fiduciarios privados con recursos públicos es ilícita, dado que, como señala el Estatuto Orgánico de Segalmex, el director general no contaba con la facultad de colocar recursos públicos en tales certificados. De igual forma, la compra es contraria a lo establecido en los Lineamientos de las Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal”, señaló. 

La vinculación ocurrió el 6 de abril cuando, en audiencia inicial, el juez José Artemio Zúñiga Mendoza decidió dar un plazo de seis meses para la investigación complementaria, así como la imposición de medidas cautelares como la firma quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares, prohibición de salir de la Ciudad de México y Zona Metropolitana, prohibición de acercarse a los testigos y una garantía económica. 

Días después, el 19 de abril, el gobierno de López Obrador anunció el relevo de Ovalle. En su lugar quedó Leonel Cota. 

Sin embargo, Ovalle no fue retirado del gobierno; fue nombrado nuevo coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), que forma parte de la Secretaría de Gobernación y donde actualmente labora. 

Animal Político publicó días después que los plazos legales para resolver las irregularidades en Segalmex se agotaron en noviembre de 2021, sin que la ASF hubiera presentado denuncias al respecto. 

La FGR inició la investigación del caso solo después de que Gerardo Lozano, exauditor especial de Cumplimiento de la ASF, interpuso una denuncia en la que tomó como base el informe de la auditoría que reveló dichas irregularidades. 

Antes de salir de la ASF, Lozano informó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que para noviembre de 2021 ya había dictámenes listos para ser denunciados penalmente, pero la Auditoría los estaba frenando. 

Así, interpuso por cuenta propia una decena de denuncias, varias de ellas por el caso Segalmex y detectadas por la ASF desde 2019, y que en suma correspondían a mil 171 millones de pesos de probable daño al erario en 2019. 

Preguntas sobre el caso llegan hasta AMLO

Luego de que López Obrador fuera cuestionado en la mañanera por el asunto, el 2 de junio la SFP informó sobre 22 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal, la UIF y la propia entidad y empresas involucradas ante la FGR, de las cuales solo una de ellas se encontraba ya judicializada: la investigación contra Gavira. 

“En el ámbito administrativo, por los presuntos actos denunciados ante la FGR, el OIC abrió 17 expedientes de investigación: 10 se encuentran en etapa de investigación; 4 se encuentran en proceso para determinar responsabilidades; 2 fueron concluidas por falta de elementos, y 1 relacionado con faltas no graves tuvo una resolución sancionatoria”, informó mediante una nota informativa. 

Días después, el 27 de julio, el presidente aseguró que no habrá impunidad en el fraude cometido en Segalmex: “Empezó porque se descubrió de que un administrador puso dinero, no sé si de Diconsa o de Segalmex, en una financiera. Esa financiera ofrecía supuestamente más intereses. El que dinero del presupuesto vaya a una financiera ya es un delito, eso no se puede hacer”. 

Semanas después, el presidente pidió esperar el informe de la SFP sobre los desvíos detectados en Segalmex y la presunta responsabilidad de Ovalle. “Hay que esperar a que nos explique el secretario (Roberto Salcedo Aquino) si existe de parte de él responsabilidad”, dijo. 

En esa conferencia, el reportero que lo cuestionó señaló que el monto total de las irregularidades supera los 9 mil 500 millones de pesos, según datos que citó de la ASF y los cuales —recalcó— son más que los 7 mil 600 millones de pesos relacionados a La Estafa Maestra del sexenio de Enrique Peña Nieto. 

“Sí, sí, pero la Auditoría Superior de la Federación también dijo que el aeropuerto, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, había costado la mitad de 100 mil. O sea, vamos a esperar que nos informen bien”, respondió. 

Finalmente, durante la presentación de la información, el 18 de agosto, la SFP informó que la FGR había recibido hasta ese momento 38 denuncias penales presentadas por este caso por posible delincuencia organizada, por diversas dependencias. 

También señaló que se tenían abiertos 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas y se habían practicado “84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex en 2019 que incluyeron auditorías, visitas, verificaciones con montos observados por 6 mil millones de pesos”. 

“Los montos observados por ambas instituciones (ASF y SFP) suman más de 9 mil 500 millones, (pero) es importante aclarar que cuando se habla de fiscalización de montos observados debe entenderse como lo que no está perfeccionado en el expediente o en el debido proceso normativo. Lo observado no es necesariamente de daño patrimonial, sino de aclaraciones, y por eso estos montos se encuentran en proceso de aclaración, documentación y en su caso de recuperación”, dijo el secretario Salcedo. 

Días después, la FGR acusó nuevamente ante un juez federal de Oaxaca a 15 exfuncionarios y a ocho socios de empresas por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en relación con una supuesta adquisición irregular de azúcar para Segalmex, por un monto de entre 418 y 465 millones de pesos. 

Este caso se derivó de una carpeta de investigación diferente a la iniciada por el delito de uso indebido de recursos públicos, en la que se menciona como único responsable a Gavira y sin incluir a Ovalle en ninguna indagatoria. 

La FGR sostiene que los recursos millonarios se pagaron por adelantado a Servicios Integrales Carregin, SA de CV, sin que la empresa haya entregado la totalidad del producto comprometido, amén de que no hubo un contrato formal que amparara la adquisición, sino solo una “hoja de pedido”. 

Mientras eso sucedía, por orden de un juez federal, Ovalle fue citado a comparecer ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizado (FEMDO) para mantener un careo con el único de sus subalternos procesados por los presuntos desvíos en Segalmex, Gavira, aunque solo recalcó no recordar haber firmado convenio alguno. 

A más de tres años de la primera auditoría, la ASF finalmente presentó las primeras dos denuncias por presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios de la administración de López Obrador. 

Si bien no se conoce con precisión a cuánto asciende el monto del daño presupuestal que consignó la ASF en sus denuncias, una revisión a la Cuenta Pública de 2019 y 2020 muestra que se formularon 43 pliegos de observaciones por un mal uso de recursos públicos por 4 mil 793 millones 411 mil 130 pesos por ambos ejercicios fiscales. 

El último movimiento en el caso ocurrió el 1 de noviembre de 2022, cuando la FGR informó sobre una nueva vinculación a proceso de Gavira, esta vez por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en la modalidad cuando un servidor público ilícitamente otorgue autorizaciones con contenido económico. 

“En 2019, René ‘G’ probablemente firmó la renovación de un contrato en calidad de Apoderado Legal y titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa, en el que le permitió del 2019 al 2020, autorizar diversas adquisiciones estimadas ilícitas de contenido económico con recursos públicos”, indicó.

En esta ocasión, una jueza del Reclusorio Norte fue quien vinculó a proceso a Gavira y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y la imposición nuevamente de las medidas cautelares de firma quincenal, prohibición de salir de la Ciudad de México y Zona Metropolitana y prohibición de acercarse a testigos.

Pese a los desvíos multimillonarios, ninguna de las investigaciones incluye al exdirector Ovalle ni existen sentencias en el caso.