Frente Amplio se resiste a que sus aspirantes se separen de sus cargos
El Frente Amplio por México se rehúsa a obligar a sus aspirantes presidenciales a separarse de sus cargos de representación popular, pese al riesgo latente de uso de los recursos públicos a su favor.
Arturo Sánchez, integrante del Comité Organizador del proceso interno, se deslindó de la responsabilidad de imponer a los pretendientes el candado de dimitir a un cargo de representación popular antes de contender por otro.
“Eso no nos toca a nosotros, eso le toca a los aspirantes, nosotros no podemos hacer nada para pedir que pidan licencia, ellos sabrán el riesgo que estarán corriendo o no, dependiendo cómo se comporten en el uso de los recursos públicos”, advirtió.
El exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE) justificó que la ley electoral no exige a los contendientes a separarse de su cargo público, aun cuando participan en el proceso interno del Frente Amplio con la intención de obtener la candidatura a la Presidencia de la República.
“Es una decisión política que tendrán que tomar los propios partidos y los aspirantes. Creo que, en efecto, hay un punto de discusión que no está resuelto, que tenemos algunos aspirantes en el frente que están ocupando cargos por haber sido electos senadores, diputados, y esto genera un ruido”, dijo.
Sin embargo, Sánchez acotó que los pretendientes deberán ser cuidadosos en las expresiones que realicen para evitar llamados al voto y en el uso de los recursos públicos. De lo contrario, podrían presentar quejas en su contra.
En los últimos 20 días, al menos cinco legisladores pertenecientes a las fracciones parlamentarias de PAN, PRI y PRD en el Congreso han realizado actividades proselitistas con la intención de obtener la candidatura a la presidencia de la alianza Va por México, pese a que no solicitaron licencia a sus cargos de representación popular.
Se trata de las senadoras Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, así como su compañero Miguel Ángel Mancera. También los diputados federales Ignacio Loyola y Santiago Creel, quien a su vez preside la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
En cambio, Morena y sus aliados políticos, PT y PVEM, sí obligaron a sus contendientes a dejar sus cargos públicos, como fue el caso de Claudia Sheinbaum, quien dejó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, la Cancillería; Adán Augusto López, la Secretaría de Gobernación; Ricardo Monreal, el Senado, igual que Manuel Velasco, y Gerardo Fernández Noroña dejó la curul en San Lázaro.
Los lineamientos que elabora el INE para reglamentar y fiscalizar las actividades proselitistas de los partidos no prevén hasta el momento exigir a los aspirantes a la candidatura presidencial la separación de sus cargos, de acuerdo con un borrador al que tuvo acceso Animal Político.
El documento, sin embargo, acota la participación de los servidores públicos que deseen respaldar a alguna de las personas aspirantes, prohibiéndoles el uso de recursos públicos y con la restricción de no realizar actividades con fines electorales y la promoción a favor de un contendiente o de ellos mismos.
Dichos lineamientos fueron ordenados por el Tribunal Electoral al Consejo General del INE, y serán discutidos y aprobados el miércoles 26 de julio, en sesión extraordinaria.
Revisarán a partidos
Como si se tratara de un proceso de precampaña electoral, los lineamientos que elabora el INE definirán la participación de los servidores públicos y fiscalizarán detalladamente los gastos en eventos y publicidad de cada uno de los contendientes inscritos en los procesos internos, tanto del Frente Amplio por México como de Morena, PT y PVEM.
De acuerdo con los lineamientos generales, los partidos serán obligados a presentar reportes pormenorizados de los recursos públicos erogados durante el proceso interno, en los que se incluirán los sueldos y salarios del personal contratado de forma temporal, y los servicios generales, como arrendamiento de bienes inmuebles, viáticos, pasajes, producción de videos y hasta capacitaciones.
Reportarán los insumos adquiridos para las actividades administrativas y de organización partidista, tales como los artículos de limpieza, paquetería, fletes y mudanzas, y la propaganda institucional, incluyendo espectaculares, inserciones pagadas en diarios y revistas, así como la exhibición en salas de cine, bardas, volantes y redes sociales.
La contienda interna de la alianza Va por México se financiará con los recursos asignados a las actividades ordinarias de los partidos y se fiscalizarán desde el día de lanzamiento de la convocatoria de la contienda interna, que en el caso del Frente Amplio fue el 3 de julio.
Auditarán eventos y publicidad
De forma similar, los aspirantes a la candidatura presidencial deberán presentar informes detallados de los gastos relacionados con sus actividades proselitistas y en los que incurra su equipo de trabajo, con lo que se les obligará a informar sobre la propaganda utilitaria que contenga imágenes, emblemas y expresiones relacionadas con sus aspiraciones políticas.
Los reportes deberán precisar las erogaciones en cuestiones operativas, como la renta de bienes inmuebles, gasto en transporte, viáticos, equipo de sonido y eventos políticos; el gasto en traslados y hospedaje; la propaganda exhibida en vía pública, desde espectaculares hasta pintas en muros y vehículos; así como aquella exhibida en diarios, revistas, salas de cine, internet y redes sociales, tal como si se tratara de una precampaña electoral.
La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE tendrá la labor de monitorear los eventos políticos que organicen los contendientes, con lo que elaborará bitácoras detalladas. De forma simultánea, realizará recorridos por tierra, con el propósito de elaborar reportes de la propaganda exhibida en la vía pública, que detallarán el lugar, la fecha, la ruta seguida y los hallazgos encontrados.
La venta de muñecos de peluche alusivos a los políticos también será reportada y “se contabilizará como hallazgo aquellos artículos promocionales visibles o que sean portados por las personas asistentes dentro de los eventos y sean coincidentes con los artículos detectados en venta”, se advierte en el artículo 44 del reglamento.
Los integrantes de la UTF podrán reportar 10 tipos de propaganda que observen en las calles: espectaculares, carteleras, bardas, mantas, lonas, vinilonas, vallas publicitarias, anuncios en transporte público, pantallas digitales, puentes, buzones, parabuses y muebles urbanos.
Los lineamientos elaborados por el INE advierten a los aspirantes presidenciales de retirar la publicidad colocada en los espacios públicos y establecen como plazo límite la entrada en vigor de dichas reglas. De lo contrario, “será computada, en su momento, como gasto de precampaña”, detalla el artículo segundo transitorio.
La vigilancia de la promoción de los aspirantes también se trasladará al ámbito digital, en el que se reportarán seis tipos de propaganda: banner, pop-up, publicidad en redes sociales y plataformas online, páginas web, desde su diseño hasta el hospedaje del sitio web, publicidad en videos y audios.
Con la intención de tener la información actualizada, los partidos y aspirantes ofrecerán un calendario semanal al INE, que contenga los recorridos de trabajo y actividades programadas de la siguiente semana.
Al mes de concluir los procesos internos, el 2 de octubre los partidos presentarán a la UTF y la Comisión de Fiscalización del INE los informes de gastos, los cuales en los próximos 56 días posteriores deberán responder los cuestionamientos de los entes fiscalizadores, con lo que el dictamen se concluirá el 27 de noviembre y será discutido por el Consejo General el próximo 15 de diciembre.
Reglas a revisión
Tras aprobar la creación del Frente Amplio por México la semana pasada, el Tribunal Electoral instruyó al INE a reglamentar el proceso interno en el que se definirá a su próximo representante y que, finalmente, se convertirá en el candidato a la Presidencia de la República de la alianza Va por México. Estas mismas reglas también serán aplicables al proceso de Morena y aliados políticos.
El plazo establecido por el Tribunal Electoral concluye este miércoles, con lo que se prevé que los lineamientos generales sean aprobados por el Consejo General del INE.
