Grupo México denunció el incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno federal, luego de que se ordenó la ocupación de la Marina en las instalaciones de Ferrosur, en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas, Veracruz.
Aunque la empresa intenta mantener el diálogo para retomar los acuerdos y sean beneficiosos para ambas partes, advierten que de no alcanzarlos, la ocupación temporal se convertirá en un deterioro de la empresa, sus empleados, clientes, y del libre mercado.
De acuerdo con la empresa, a principios del año 2022 se firmó un acuerdo con las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, el cual contemplaba la construcción de una segunda vía con independencia operativa, que sería entregada a la Secretaría de Marina para uso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
Aunque se iniciaron las obras, el acuerdo fue desechado por el gobierno meses después, sin embargo, Grupo México continúa buscando el diálogo para llegar a un acuerdo dentro del marco de la ley, sin embargo reconoce que se enfrentan a circunstancias difíciles.
“La empresa se ha mantenido en busca de un nuevo acuerdo con las dependencias federales. Las negociaciones siguen en curso para lograr atender las preocupaciones del gobierno, sin que GMXT falte a sus obligaciones fiduciarias con sus accionistas ni afecte a sus clientes y empleados. Actualmente la negociación enfrenta una circunstancia difícil ante la publicación del decreto de ocupación y la intervención de personal armado”.
De acuerdo con la empresa, ya se analizan los alcances y efectos del decreto de ocupación, a fin de determinar las acciones que se van a emprender.
“A pesar de la ocupación de sus instalaciones, la empresa seguirá acudiendo de buena fe a la negociación en busca de un buen acuerdo para ambas partes y mantendrá el servicio de calidad a sus clientes mientras el gobierno federal le permita operar sus trenes y mantener la vía y toda la infraestructura ferroviaria en condiciones óptimas de seguridad y tráfico”, informó en un comunicado.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, argumenta que se declara de utilidad pública la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación y para mejoras en los tramos de las líneas Z, ZA y FA.
Al entrar el vigor el decreto, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec deberá cubrir el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho de la propiedad.
El documento explica que quienes acrediten la propiedad tendrán 10 días hábiles -siguientes a la notificación del decreto-, para acudir al procedimiento judicial a que se refiere en la Ley de Expropiación y solo para controvertir el monto de la indemnización.