Ignacio Ovalle autorizó inversiones ilegales con recursos de Segalmex; un subalterno es el único procesado por ello
Durante su gestión como director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle autorizó el uso de 950 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles, según consta en documentos oficiales que fueron firmados por él. Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) ya llevó el caso ante un juez federal, solo uno de sus subalternos ha sido vinculado a proceso, mientras que Ovalle fue destituido pero continúa en el gobierno, ahora como titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).
El monto invertido fue recuperado por el gobierno el 13 de enero de 2022, después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) comenzó a fiscalizar las finanzas de Segalmex, pero los 10 millones 600 mil pesos de rendimientos generados por las operaciones bursátiles “se extraviaron”, pues no fueron regresados a las cuentas bancarias oficiales y se desconoce su destino.
Animal Político buscó a Ovalle para una entrevista al respecto, pero no hubo respuesta.
Los recursos utilizados para invertir en la bolsa eran presupuesto de Segalmex —organismo creado por la actual administración— y de Diconsa, instituciones dedicadas a atender a la población más vulnerable a través de la venta de leche a bajo costo y la distribución de granos y fertilizantes en las zonas más marginadas del país.
A través de solicitudes de transparencia, Animal Político obtuvo el oficio firmado por Ovalle el 6 de febrero de 2020, en el que se confirma que él autorizó a René Gavira, entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas, que realizara las inversiones bursátiles, supuestamente para “autogenerar a futuro recursos financieros propios” con los que Segalmex cumpliría con su objetivo de garantizar que la población más pobre tuviera acceso a la alimentación.
“Con la finalidad de robustecer el flujo de efectivo de la Entidad, obtener los mejores rendimientos a mediano plazo sobre los recursos propios que afectan la operación de Segalmex, como Director General del Ente, se autoriza la compra de papel certificado bursátil fiduciario con cupón de seis meses a un plazo máximo de un año, y un rendimiento anual del 11%. Así como de las inversiones a corto y mediano plazo en las que la empresa obtenga rendimientos que favorezcan las finanzas de la misma”, dice el documento en poder de este medio.
El oficio está firmado por Gavira, quien solicitó la inversión, y por Ovalle, autorizando el uso de los recursos.
La ASF señaló que esas operaciones bursátiles fueron ilegales porque, por la naturaleza de los instrumentos financieros, las instituciones perdieron el control directo sobre las inversiones, contraviniendo los Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales.
Además, las inversiones generaron rendimientos por 10.6 millones de pesos, que no fueron depositados a las cuentas de las paraestatales y cuyo destino se desconoce.
Ovalle no solo autorizó la inversión ilícita de recursos públicos en la bolsa, sino que omitió informar al Consejo de Administración de Segalmex y Liconsa, órgano superior de dirección al que debía reportar el estado de las finanzas de las empresas públicas bajo su cargo, según consta en las actas del Consejo y de la Asamblea de Accionistas de Liconsa-Segalmex, que también fueron obtenidas por Animal Político vía transparencia.
Solo hasta que la ASF comenzó la fiscalización de las finanzas de Segalmex, Liconsa y Diconsa correspondientes al ejercicio 2020, Ovalle giró instrucciones en marzo de 2021 para dar marcha atrás a la compra de certificados y recuperar los recursos públicos comprometidos, según consta en las actas del Consejo.
Un mes después, el 16 abril, instruyó que se presentara una denuncia ante la FGR por el hecho ilícito que, ahora se comprueba, él mismo había autorizado.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) también detectó estas y otras irregularidades en Segalmex, Liconsa y Diconsa, mismas que denunció ante la FGR en enero de este año.
Sin embargo, pese a los desvíos multimillonarios en las empresas paraestatales, ninguna investigación incluye al exdirector Ovalle, quien, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue director de la Conasupo, la antecesora de Segalmex.
El único funcionario acusado es el subalterno de Ovalle, Gavira, extitular de Administración y Finanzas, quien fue vinculado a proceso por el delito de uso indebido de facultades. Durante la fiscalización realizada por la Auditoría, Gavira declaró a los auditores que su jefe, Ovalle, fue quien le ordenó hacer dichas inversiones, aunque en ese momento no presentó pruebas.
Por la compra de los certificados, la FGR presumía inicialmente que se configuraba el delito de lavado de dinero, pues parte de los rendimientos fueron transferidos a una cuenta bancaria particular. No obstante, al llegar la audiencia inicial de vinculación a proceso, la FGR retiró esa acusación y solo imputó a Gavira el uso ilícito de atribuciones y facultades.
La Auditoría ha documentado diversos esquemas de presunto desvío de millones de recursos públicos en Segalmex, institución que desde su creación había sido dirigida por Ovalle. El 19 de abril pasado, fue removido del cargo y ahora ocupa la dirección del Inafed, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Adán Augusto López.
El ocultamiento
Aunque el oficio firmado por Ovalle en febrero de 2020 justifica las operaciones financieras efectuadas por Gavira ese año, la ASF detectó que las inversiones bursátiles ilícitas comenzaron desde 2019, dos meses después de que Ovalle y Gavira asumieron sus cargos en Segalmex y Liconsa.
El 14 de diciembre de 2018, en la primera sesión del Consejo de Administración de Liconsa, se votó y aprobó el nombramiento de Ovalle como director general de la empresa paraestatal, así como de Segalmex y de Diconsa, en presencia del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, quien encabeza el sector.
“El licenciado Ignacio Ovalle agradeció y comentó al presidente (Villalobos) que pondrá todo lo que está de su parte para que un día no se arrepientan de esta votación, a lo que el presidente le comentó que nunca se van a arrepentir de este nombramiento, indicando que está en muy buenas manos la responsabilidad”, indica el acta del Consejo.
En esa sesión, y a propuesta de Ovalle, se aprobó también el nombramiento de Gavira como titular de la Unidad de Administración y Finanzas.
Casi de inmediato, el 25 de febrero de 2019, se ejecutó la primera compra de certificados bursátiles fiduciarios privados con recursos de Liconsa y Segalmex, según constató la ASF en la auditoría de cumplimiento forense 330-DE. Las siguientes compras fueron el 15 de abril, el 19 de junio y el 18 de septiembre de ese año, y siguieron el 13 de marzo y el 25 de junio de 2020. La suma total de los recursos públicos comprometidos fue de 950 millones de pesos. El 30 de junio, Gavira fue removido del cargo.
La ASF documentó que las inversiones se dieron mediante un Contrato de Intermediación Bursátil entre Liconsa y CI Casa de Bolsa, SA de CV, para que esta institución bancaria comprara, vendiera y administrara certificados bursátiles en representación de la paraestatal. El pago de las inversiones se garantizó con el patrimonio del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago No. CIB/350, suscrito entre CI Casa de Bolsa, que quedó como fiduciaria, y la empresa Financiera Corafi, SA de CV, designada fideicomitente y que es investigada por presuntas operaciones de lavado de dinero.
Ovalle no reportó ninguno de los movimientos financieros efectuados por Gavira al Consejo de Administración, que es el máximo órgano de dirección de Segalmex y Liconsa y que tiene la obligación de vigilar que las disponibilidades financieras se manejen conforme a la ley. Como director general, Ovalle tenía la obligación de reportar al Consejo, en cada sesión, un informe de los ingresos y egresos de las paraestatales a su cargo, así como de los estados financieros, conforme los Estatutos Sociales de Liconsa.
El entonces director reemplazó a Gavira por Jesús Óscar Navarro Gárate, a quien Ovalle ordenó iniciar la recuperación de las inversiones ilícitas que él mismo había autorizado.
En la sesión del 18 de marzo de 2021 del Consejo de Administración y de la Asamblea de Accionistas de Liconsa, Ovalle informó por primera vez, y sin dar más detalles, que “está en curso la liquidación de diversos documentos de valores a favor de (la empresa)”.
El 16 de abril, se presentó la denuncia de hechos ante la FGR por el mal uso de los recursos públicos de Liconsa y Segalmex en contra de quien resultara responsable.
Para entonces, ya estaba en curso la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 por parte de la ASF. Y, además, un despacho externo designado por la SFP —Salles Sainz Grant Thornton— ya había detectado la compra ilegal de certificados bursátiles al analizar los estados financieros de Liconsa.
En la sesión del 25 de junio de 2021, el estudio de los auditores externos fue presentado al Consejo de Administración.
“Como resultado de la auditoría que efectuamos a los Estados Financieros adjuntos, tuvimos diversas limitaciones para efectuar nuestro trabajo, por lo que no pudimos satisfacernos de la corrección de diversos montos relevantes, relacionados con las siguientes operaciones: Flujo de Efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2020 que asciende a 1 mil 256 millones de pesos, incluye 875 millones que corresponden a recursos y valores privados que no cumplen con los ‘Lineamientos para el manejo de la disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal’, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1 de marzo de 2006, debido a que la Entidad no tiene control directo de dichas inversiones”, citaba el reporte.
El comisario público de la SFP que forma parte del Consejo de Administración de Liconsa exigió a Ovalle una explicación sobre dichos señalamientos, pero el director no dio respuesta, de acuerdo con el acta de la sesión.
Para la recuperación de los recursos invertidos en valores bursátiles de manera ilegal, se firmó un Convenio de Reconocimiento de Adeudo de Corafi Asesores Ejecutivos, SA de CV, en su calidad de deudor, en favor de Liconsa y Segalmex, en su carácter de acreedores, suscrito entre el representante legal de Corafi y el director de Asuntos Jurídicos de Liconsa.
Fue hasta el 13 de enero de 2022 que Liconsa recuperó directamente en sus cuentas bancarias 855 millones 225 mil pesos, mientras que Segalmex recuperó los 100 millones de pesos invertidos. Aunque se retornó la totalidad de las inversiones, no se recibieron en las cuentas de las paraestatales los 10.6 millones de pesos de rendimientos que “se extraviaron”.
