Un grupo de migrantes guatemaltecos sobrevivió a la masacre de Camargo, Tamaulipas, y ya se encuentran en territorio estadounidense, afirmó el alcalde de Comitancillo, en Guatemala, Héctor Lopez Ramírez.
El caso del multihomicidio ha dado un giro por la confirmación de la existencia de testigos y de que los presuntos traficantes de personas eran padre e hijo, este último identificado como Adán Coronado Marroquín, quien se presume es una de las víctimas.
“Las mismas personas que son de esas familias han dicho y han dado la explicación que es un grupo grande, pero hay un grupo que ya llegó al norte, que ya llegó a Estados Unidos, por eso razón hay algunos testigos de la masacre”, afirmó la autoridad municipal en entrevista.
Un grupo de aproximadamente 30 migrantes partió el 12 de enero rumbo a México, de acuerdo con López Ramírez. En 10 días avanzaron hasta Nuevo León; el 22 de enero por la mañana tres camionetas salieron para llegar al Río Bravo.
La tercera camioneta se descompuso en el camino de terracería de Camargo. El resto de los migrantes y un “coyote” escucharon la balacera, evitaron ser interceptados y ese mismo día cruzaron a Texas.
“El grupo era grande, incluso hay un grupo que ya llegó y que iba con éste grupo. Una de las trocas que iba con el grupo, de los dos grupos, se salvó porque tuvieron problemas mecánicos en el camino. Los otros que avanzaron tuvieron el percance”, dijo el alcalde.
Al día siguiente por la mañana -sábado 23 de enero-, el “coyote” llamó a parte de las familias de las víctimas para contarles del asesinato y del otro grupo ya estaba en Estados Unidos. El traficante de personas no ha sido localizado en el territorio estadounidense.
La alcaldía del poblado indígena mam recabó el testimonio de Olga, madre de Santa Cristina García Pérez, una de las migrantes que se presume fue asesinada en Camargo. La mujer trabajaba en una casa particular en Zacapa, con ese empleo ahorró y antes de irse pidió un préstamo de 65 mil quetzales, aproximadamente 169 mil 773 pesos mexicanos, para pagar al “coyote”.
En los 10 días de camino, Olga recibió dos llamadas de Santa Cristina. La primera comunicación telefónica fue para contarle que le habían robado el dinero y el teléfono celular en Motozintla, Chiapas. La segunda llamada fue el mismo 22 de enero por la mañana; la única mujer migrante dijo que estaban matando a sus compañeros.
“Andaba clamando por su vida porque ella estaba viendo la muerte de sus compañeros y en eso escucharon balaceras y ahí se perdió la llamada y nunca más volvieron a contactar con sus familias”, contó el alcalde López Ramírez.
Al cierre de la edición se desconoce la ubicación del grupo de migrantes y el “coyote” que logró cruzar a territorio estadounidense.
La masacre de Camargo se descubrió por un reporte ciudadano que recibieron policías estatales el viernes 22 de enero por la tarde. Al día siguiente por la noche, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas informó de la apertura de una carpeta de investigación por los 19 homicidios en el poblado Santa Anita, ubicado a 69 kilómetros de territorio estadounidense.
La versión oficial difundida es que policías estatales encontraron dos vehículos incendiados. En un automóvil modelo pick up localizaron dos cuerpos en la cabina, un par más de cada lado del piloto y copiloto y 15 en la caja del vehículo. El miércoles por la noche, la Fiscalía confirmó que también se encontraron tres armas automáticas dentro de los vehículos, aunque en el comunicado que envió el sábado 22 por la noche no reportó los fusiles.
La principal línea de investigación es que los hechos ocurrieron en un sitio distinto a donde se encontraron las camionetas. En el lugar no se hallaron casquillos. En su testimonio, un poblador dijo que los vehículos fueron cruzados desde territorio de Nuevo León. Dentro de la camioneta incendiada encontraron una placa con matrícula de Nuevo León.
Seis de los 19 cuerpos calcinados corresponden a presuntos integrantes del crimen organizado que opera en la frontera tamaulipeca, afirmaron fuentes estatales. Los 19 cadáveres que se encuentran en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Reynosa están resguardados a la espera de las pruebas genéticas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala concluyó la toma de muestras de ADN. Se estima que hoy por la mañana envíen las 15 tomas a la Fiscalía General de Justicia para realizar los procedimientos médicos forenses.
El gobierno guatemalteco advirtió a las familias que este proceso tardará semanas. Los posibles familiares de las víctimas exigieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos presione al gobierno de México para trasladar los cuerpos a Comitancillo.
Las identidades difundidas por las autoridades guatemaltecas son: Santa Cristina García Pérez, Dora Amelia López Rafael, Paola Damaris Zacarías Gabriel, Óscar Velásquez Ramírez, Edgar López y López, Adán Coronado Marroquín, Marvin Alberto Tomás Tomás, Élfego Roliberto Miranda Díaz, Osmar Neftalí Miranda Baltazar, Robelson Elías Tomás Isidro, Anderson Marco Antulio Pablo, Rivaldo Danilo Jiménez Ramírez e Iván Gudiel Pablo Tomás.
“La gente de Comitancillo ha emigrado para buscar un nivel de vida. Es uno de los 345 municipios donde hay extrema pobreza; somos el primer lugar de pobreza, de desnutrición. Es gente humilde que cree en dios, que no tiene pensamientos de hacer cosas malas. Ellos iban con un sueño de tener un nivel de vida para las familias”.
En la década de 1950, en la isla se realizó un ensayo a gran escala para probar la píldora anticonceptiva entre mujeres pobres.
Dos mujeres, de pie en un complejo de vivienda pública en San Juan, Puerto Rico, miran perplejas. Una de ellas, tímida, describe unos síntomas: “Se me fue el mundo, se me nubló la vista. Lo único que dije fue: ‘Virgen del Carmen, cuídame a mis hijos‘”.
Luego, diciendo que no con la cabeza, la otra comenta: “Se estaba experimentando con nosotras sin saberlo”.
La escena es parte del documental “La Operación” (1982). Las mujeres, cuyos nombres no son mencionados, describían cómo fue su participación en el primer ensayo clínico a gran escala en el que se probó la efectividad de la píldora anticonceptiva en los años 50 del siglo pasado.
En el filme ambas afirman que desconocían ser parte de una investigación.
Como ellas, otras cientos de mujeres boricuas de origen humilde, sin saberlo, fueron pacientes del estudio dirigido por dos académicos estadounidenses.
El medicamento, que desde su comercialización en 1960 permitió que las mujeres tuviesen mayor control sobre sus cuerpos, porque no dependían del hombre para planificar la maternidad, fue probado en Puerto Rico gracias a una peculiar política pública de control de la sobrepoblación impulsada por el gobierno local de la isla y EE.UU.
En medio de un boom de nacimientos durante la primera mitad del siglo XX, con muchos ciudadanos en situación de extrema pobreza, la solución de los políticos de turno nombrados por EE.UU. fue fomentar que los puertorriqueños no tuvieran hijos.
Y sus iniciativas, explica la profesora de la Universidad de Puerto Rico Ana María García, directora de “La Operación”, estaban diseñadas específicamente para que esa reducción de la población se diera entre las comunidades más pobres.
“Fueron dirigidas a las mujeres más pobres, más racializadas y menos escolarizadas del país”, dice, por su parte, Lourdes Inoa, de la ONG feminista puertorriqueña Taller Salud.
“Porque eran quienes menos oportunidad tenían de conocer las repercusiones de participar de este tipo de procedimientos. El consentimiento, en este contexto, es altamente cuestionable”, añade.
Con financiación privada, pero también del Estado, la isla fue “un gran laboratorio de control de natalidad”, sostiene García.
Y las mujeres, añade Inoa, se convirtieron “en conejillos de indias”.
El origen de la píldora, que según Naciones Unidas actualmente es usada por 150 millones de mujeres en todo el mundo, tuvo lugar lejos de Puerto Rico, entre las paredes de la prestigiosa Universidad de Harvard, en Massachusetts.
Quienes desarrollaron el fármaco fueron dos reconocidos profesores de la institución: John Rock y Gregory Pincus.
El primero, cuenta la historiadora Margaret Marsh, profesora en la Universidad de Rutgers en New Jersey, era uno de los expertos en fertilidad más importantes de Norteamérica, paradojalmente católico, y que pensaba que los matrimonios debían tener el derecho a decidir cuándo tener hijos.
El segundo era un biólogo que en más de una ocasión catalogó la sobrepoblación como “el mayor problema para los países en desarrollo”.
Ambos estuvieron financiados y supervisados muy de cerca por Margaret Sanger, enfermera y experta en salud fundadora de la organización Planned Parenthood, y por la acaudalada líder sufragista Katharine McCormick.
Ellas, afirma Inoa, “buscaban que las mujeres estuvieran insertadas en diversas facetas de la sociedad, para que tuvieran mayor poder”. Controlar la maternidad era esencial para lograrlo.
Pero es conocido que Sanger defendía la eugenesia, la filosofía social que defiende la mejora de la raza humana mediante la selección biológica.
Y por eso permitió que se experimentara en mujeres pobres y en situaciones de vulnerabilidad.
“El movimiento por el control de la natalidad, de alguna manera, tenía dos vertientes. Una buscaba que las mujeres tomaran sus propias decisiones reproductivas y la otra era la idea de que el control de natalidad era bueno porque la gente pobre tendría menos hijos”, agrega Marsh.
Las primeras investigaciones de la píldora anticonceptiva en EE.UU. se realizaron en ratas y otros animales.
Luego, en una decisión “poco ética”, los científicos administraron el medicamento a un reducido grupo de pacientes en un hospital público para personas con problemas de salud mental de Massachusetts, cuenta Marsh, quien es experta en la historia de la anticoncepción en EE.UU.
“Las familias de las pacientes sí dieron el permiso para que se realizara el estudio, pero ellas en sí, por estar en un hospital psiquiátrico, no consintieron. Aunque en esa época esto era legal”, comenta.
En esta fase, Pincus y Rock descubrieron que los compuestos que habían creado tenían el resultado de detener la ovulación. Así que buscaron un lugar para hacer un ensayo a mayor escala, para que los reguladores estadounidenses aprobaran la píldora.
En Massachussets, explica la profesora García, el control de natalidad era ilegal. Allí también había limitaciones legales para las experimentación con seres humanos.
Fue entonces cuando los científicos tuvieron que identificar un “lugar ideal”.
Decidieron ir a Puerto Rico porque allí la esterilización, y en general la experimentación para lograr la anticoncepción, era legal desde 1937.
“Se aprobó una ley en un momento histórico, cuando en el resto del planeta, incluyendo EE.UU., la esterilización amplia no era legal”, señala García.
La legislación fue firmada por el gobernador Blanton C. Winship, un hombre que también apoyaba la eugenesia públicamente, y quien -según un artículo del New York Times- urgía a que en Puerto Rico se investigara el control poblacional, porque para él era el único “medio confiable para mejorar la raza humana”.
En la década de 1950, cuando los investigadores de la píldora llegaron a la isla, un 41% de las mujeres puertorriqueñas en edad reproductiva ya había probado algún método de anticoncepción, según un estudio de la Universidad de Puerto Rico.
Esto fue posible gracias a que la legislación permitió la creación de decenas de clínicas de planificación familiar alrededor del territorio, incluso en los pueblos más remotos, subvencionadas por el gobierno y que tenían personal que fomentaba el control de natalidad entre las mujeres.
La red de clínicas atrajo también la atención de Pincus y Rock, quienes pensaron que podían usarlas para desarrollar su proyecto.
El equipo, sin embargo, decidió concentrarse primero en un solo barrio de San Juan, la capital.
En la isla el experimento comenzó en 1955 como un proyecto en el que participaron estudiantes de medicina y enfermería. Pero el estudio era demasiado complicado y doloroso, por lo que muchas no lo terminaban.
Además, la píldora probada en Puerto Rico era una dosis mucho más alta que la actual y causaba fuertes efectos secundarios.
“Era necesario realizarles análisis de orina, biopsias endometriales y otras pruebas para determinar si estaban ovulando o no. Es un procedimiento incómodo. Si tienes a estudiantes que realmente no tienen la necesidad de métodos de anticoncepción, no iban a estar dispuestas a continuar”, comenta Marsh.
El medicamento les causaba nauseas, mareos, vómitos y dolor de cabeza. Pincus, sin embargo, descartó estos efectos secundarios y alegó que eran una consecuencia “psicosomática”.
“Creía tanto en la pastilla, que él se la estaba dando a sus familiares. A sus nietas, sus hijas, las amigas de sus hijos”, dice Marsh, quien escribió una biografía sobre Rock, colega de trabajo de Pincus.
El equipo decidió continuar la experimentación, pero esta vez en Río Piedras, un suburbio del norte de Puerto Rico.
Trabajadores sociales y personal médico visitaba puerta por puerta a las mujeres, ofreciéndoles la píldora anticonceptiva y, a algunas de ellas, les realizaban exámenes para recolectar datos, sin ninguna retribución monetaria.
El rechazo por parte diversos sectores de la sociedad puertorriqueña fue inmediato.
“Hubo notas de prensa que catalogaron como ‘maltusianas’ las investigaciones. También por parte de médicos, incluso de los que estuvieron en el proceso de reclutamiento de mujeres, quienes pensaban que los efectos secundarios debían tomarse con seriedad y que era necesario hacer más pruebas y no descartarlos”, dice Inoa, de Taller Salud.
Por los efectos secundarios muchas de estas mujeres, al igual que en los estudios anteriores, decidían dejar el tratamiento. Otras, golpeadas por la pobreza, accedían a tomar la píldora como un método reversible de control de natalidad.
Según Marsh, tres personas del ensayo clínico que se realizó en la isla caribeña murieron. No obstante, nunca se les hizo una autopsia, por lo que se desconoce cuáles fueron las causas precisas de su fallecimiento.
Pese a las muertes, al ver que la píldora tenía el efecto de evitar embarazos, los científicos extendieron su proyecto a otros pueblos de Puerto Rico, y más adelante a Haití, México, Nueva York, Seattle y California.
En total participaron unas 900 mujeres, de las que alrededor de 500 eran puertorriqueñas.
En 1960, la Agencia de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA, en inglés) aprobó el Envoid, como se llamó la primera pastilla, como un método anticonceptivo.
Su expansión fue veloz. En tan solo siete años, 13 millones de mujeres en el mundo la usaban.
Pero luego de ser avalada por la FDA, la píldora continuó causando efectos secundarios fuertes, como coágulos de sangre, lo que provocó demandas. En la isla, pese a las acciones legales en otras partes de EE.UU., los estudios continuaron hasta 1964.
Todavía hoy, afirma Inoa, no hay investigaciones “significativas” que busquen “otro tipo de métodos de anticoncepción que no tengan los efectos secundarios de la píldora que existe ahora”.
Mientras, los estudios para crear un medicamento anticonceptivo oral para hombres tampoco han dado frutos, aunque comenzaron hace 30 años.
“Las mayores experimentaciones siempre han sido en personas gestantes”, concluye.
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