Vamos a empezar rápido y directo con esto (para después desmenuzar poquito a poquito el asunto entero): las mujeres trans no borran a las mujeres cis porque también son mujeres. Insistir en ese dichoso “borrado” es un discurso de odio porque alimenta y fortalece estereotipos, prejuicios y otras formas de discriminación en contra de la población trans.
Este discurso de mujeres que se nombran feministas transexcluyentes (TERF) se centra en una sola característica, la identidad de género de las personas, para generar pánicos morales, explica la abogada Jessica Marjane.
Discriminación al alza: Por qué el discurso de odio no es una opinión (ni libertad de expresión)
Este grupo de mujeres, dice Jessica —quien es fundadora de la organización Red de Juventudes Trans—, emplean frases, comentarios, pensamientos ligados a determinar “cuál es y cuál no es lo correcto, lo normal, lo bueno, lo malo, lo cierto, lo incierto y está basado en prejuicios”.
Ahora sí, teniendo en cuenta que el discurso TERF es un discurso de odio y se basa en prejuicios (cercanos a argumentos conservadores y antiderechos) hablemos sobre por qué las mujeres trans no borran a mujeres cis.
Vámonos al propio término utilizado: borrado, “es una palabra alarmista porque la existencia de una mujer trans no desaparece en automático a una mujer cis”, dice Jessica. O sea, eso del borrado es una analogía para justificar la exclusión de personas trans.
Además, no existe una estadística o datos fehacientes que demuestren que la participación de las personas trans en ámbitos sociales, políticos, de dispersión o cualquier otro, provoque que las mujeres cisgénero tengamos menor participación.
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Un argumento al que se recurre constantemente para impulsar la idea del borrado de mujeres cis, es que en temas legislativos se quita el “término mujer” que tanto costó incluir y que se reconociera en las leyes.
Sin embargo, las reformas que se aplican a alguna ley no son retroactivas. Es decir, no por incluir a más personas en la ley, se borra a quienes estaban anteriormente.
“Los derechos de las personas trans parten de un principio de progresividad. Las leyes no son retroactivas en cuanto si una persona trans obtiene el derecho”, explica Jessica Marjane y detalla que no existe ningún retroceso, ni en las normativas jurídicas ni en las políticas públicas que se han aplicado a mujeres. “Al contrario, fortalece y robustece la política porque atiende a las especificaciones de cada mujer“.
Y algo que dice Jessica y que es importantísimo señalar: buscar eliminar los derechos conquistados por determinado grupo, es un discurso antiderechos que quita este principio de progresividad.
A esto, la abogada especialista en materia laboral, género, diversidad e inclusión, Alix Trimmer, agrega que es necesario comprender qué tanto influye el lenguaje y su construcción en nuestras vidas.
“Esa visión de las personas transexcluyentes, que dicen que se les borra por incluir a otras personas, me parece un completo contrasentido con el discurso que subyace detrás de la inclusión de las mujeres“, dice en entrevista.
Es como decir que no era necesario nombrar a las mujeres y entidades femeninas “porque ya estábamos incluidas en el término patriarcal de «Todos», término masculino y las generalizaciones masculinas”.
Según detalla Alix, las afirmaciones TERF van en contrasentido con el feminismo porque “lo que se buscó a través del movimiento feminista fue el reconocimiento de nosotras, que se nos incluyera en un paraguas que no nos contenía. Resulta absurdo que repliquemos ese fenómeno de exclusión con otras personas“.
En este sentido… ¿quién borra a quién?
Existe una importante colindancia entre los movimientos feminista y de reconocimiento de identidades. Ambas luchas comparten un ideal importantísimo: hacer frente al patriarcado.
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Alix hace un señalamiento importante: la agenda TERF provoca “divisiones que lo que hacen es darle armas y herramientas a ese enemigo común para violentarnos aún más e, incluso, a través de esas diferencias replicar estereotipos en contra de las mujeres”.
Y es que focalizar la energía en el tema de las personas trans, al concentrar el esfuerzo por fortalecer el discurso de que “borran mujeres” está dejando de lado objetivos que cuestan la vida de otras personas.
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Es decir, esa energía se podría utilizar para denunciar las desapariciones de mujeres, feminicidios, la falta de presupuesto para las fiscalías de feminicidios, los altos índices de impunidad, o la falta de atención a refugios, la prevención, sanción y reparación del abuso sexual infantil, nos explica Jessica Marjane. “Todos los temas pasan a un segundo plano, todos los esfuerzos que pueda una persona hacer se enfocan en hablar de las personas trans”.
Y es que hay un punto que se debe abordar y repensar: “Luchas por los derechos de las mujeres es utilizar el cuerpo, la voz, la presencia y los cuidados y todo lo que intervenga que gasta energía”, dice Jessica.
Entonces, ¿vale la pena utilizar toda esa energía en quitarle derechos a otras personas?
El seguir alimentando estas narrativas que buscan excluir a las personas trans de sus derechos, de mantenerlas bajo la mirada de extrañeza, burla o desconocimiento y de la carga moral negativa, cuesta vidas.
Jessica Marjane explica que algunas consecuencias importantes son:
“Los crímenes de odio son la punta del iceberg, entonces se alimenta un iceberg y se mantiene a las personas trans en la marginalización“, dice la abogada.
La supuesta red de trata de personas reclutaba gente en Cuba para que lucharan junto a las tropas rusas en la guerra de Ucrania.
La desarticulación de una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso en Ucrania se ha saldado, por el momento, con la detención de 17 personas en la isla, según han informado medios oficiales.
La red prometía empleo y un sueldo sustancial en Rusia a los reclutados.
Dos jóvenes denunciaron la semana pasada haber viajado engañados, pensando que iban a trabajar en la construcción.
De los arrestados, hasta el momento, tres eran miembros del esquema de reclutamiento dentro de la isla, que era dirigido desde el exterior, según señalaron especialistas de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior al diario digital “Cuba Debate”.
Los otros 14 aseguraron haberse sumado de forma voluntaria a la operación, a cambio de obtener la residencia en Rusia y de una importante remuneración económica.
Sus confesiones, además de la intervención de las comunicaciones de la cabecilla del grupo a nivel interno con el resto de implicados, han permitido a los investigadores conocer cómo operaba el grupo y recabar, según el medio oficial, las pruebas penales contra los detenidos.
Al parecer, los reclutadores buscaban especialmente personas que tuvieran antecedentes penales o que pertenecieran a familias disfuncionales.
La red también buscaba mercenarios entre los cubanos radicados en Rusia, donde existe una creciente comunidad. Debido a que Moscú no exige visado a los nacionales de Cuba, se calcula que, solo en 2019, 28.000 cubanos ingresaron en Rusia, aunque no está claro cuántos decidieron quedarse.
Por el momento se desconoce los delitos de los que se acusa a los 17 detenidos, aunque según “Cuba Debate”, el marco legislativo cubano establece sanciones severas para delitos como la trata, el tráfico y el mercenarismo.
Cuba, aliada de Moscú, no ha ocultado su apoyo político a Rusia en su guerra en Ucrania, según analiza Pascal Fletcher, de BBC Monitoring. Rusia es un importante socio comercial para la isla y, desde el inicio de la invasión, los medios oficialistas y el ejecutivo han defendido el relato ruso del conflicto.
Varios medios en Miami, donde se encuentra gran parte del exilio cubano, habían informado de la presencia de mercenarios cubanos que luchaban en Ucrania en las filas rusas, y el pasado mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército de ese país, según desveló el portal de noticias ruso “Ryazan Gazette”.
De acuerdo con el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único de cerca de US$5.000.
Según explica Fletcher, el gobierno de Cuba prefiere utilizar el término “mercenarios” para condenar a los disidentes internos y a los activistas antigubernamentales que, según afirma, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, “por lo que escuchar a los medios cubanos en el exilio acusar a Rusia de utilizar a los cubanos como ‘mercenarios’ y ‘carne de cañón’ en Ucrania es un anatema para las autoridades cubanas”.
En un comunicado, el gobierno de La Habana ha querido dejar claro que “Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania”, y que “está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.
El pasado 1 de septiembre, dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en redes sociales que fueron llevados a Rusia mediante engaños.
Ambos jóvenes aseguraron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.
“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.
Apenas cuatro días después, el gobierno de Cuba anunciaba la desmantelación de una banda de tráfico de personas “que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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