Maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Interesado en los temas de pobreza, las carencias en salud, seguridad social y alimentación que enfrente la población mexicana. Consciente de que toda intervención gubernamental requiere un buen diagnóstico construido con evidencia que identifique los problemas, las necesidades y áreas de oportunidad que existen en las políticas públicas de la actualidad.  

Diagnóstico

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En la última década, el vapeo ha emergido como una alternativa al consumo tradicional de tabaco, capturando la atención de muchas personas en México y en todo el mundo. Y de jóvenes y adolescentes. A medida que la popularidad de los vapeadores aumenta, también lo hace la necesidad de comprender su impacto en la sociedad y la salud pública, así como la regulación necesaria para abordar sus implicaciones.
Los vapeadores, también conocidos como cigarrillos electrónicos o dispositivos de vaporización, son dispositivos que vaporizan líquidos que a menudo contienen nicotina, sabores y otros ingredientes. Aunque se promocionan como una alternativa más segura al tabaco tradicional, persisten debates y preocupaciones en torno a su seguridad y a su uso entre los jóvenes.
En México, el mercado de vapeadores ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. De acuerdo con la <a href="https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2022/doctos/analiticos/10-Consumo.de.tabaco-ENSANUT2022-14830-72305-2-10-20230619.pdf" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Salud y Nutrición</a> entre 2021 y 2022 el uso de cigarrillos electrónicos aumentó 126 %, al pasar de un millón 300 mil usuarios hace dos años a más de tres millones el año pasado. Aunque los vapeadores podrían ofrecer una alternativa menos perjudicial para los fumadores, existe el riesgo de que los jóvenes que nunca habrían considerado fumar puedan verse atraídos hacia el vapeo, lo que plantea preocupaciones sobre la adicción a la nicotina y posibles impactos a largo plazo en la salud.
La falta de regulación efectiva en México ha sido un tema de debate. Aunque la venta de productos de vapeo está prohibida, la ausencia de regulaciones sólidas ha llevado a un mercado libre donde la publicidad dirigida a los jóvenes y la disponibilidad de sabores atractivos han generado preocupaciones al ni siquiera saber con exactitud qué contienen los distintos tipos de dispositivos.
Una de las cuestiones más apremiantes es la falta de claridad en cuanto a los riesgos para la salud asociados con el vapeo a largo plazo. Si bien se considera que los vapeadores son menos dañinos que los cigarrillos tradicionales debido a la ausencia de humo y alquitrán, aún no se comprenden completamente los efectos a largo plazo de inhalar aerosoles y sustancias químicas presentes en los líquidos de vapeo. Son necesarias investigaciones adicionales para evaluar los riesgos a largo plazo y el potencial de los vapeadores como herramienta de reducción de daños para los fumadores.
Otra preocupación relevante es la adicción a la nicotina, que es una de las sustancias más adictivas. Los vapeadores a menudo contienen nicotina en cantidades variables, y su consumo puede llevar a la dependencia, especialmente entre los jóvenes cuyos cerebros aún están en desarrollo. La adicción a la nicotina a temprana edad podría tener consecuencias de salud y conductuales a largo plazo.
La regulación efectiva de los vapeadores en México debe considerar una serie de aspectos. En primer lugar, es fundamental restringir la publicidad que pueda atraer a los jóvenes, incluyendo la prohibición de la venta a menores de edad. Además, se necesita una mayor transparencia en la composición de los líquidos de vapeo y una supervisión más estricta de los ingredientes utilizados. La imposición de impuestos adecuados sobre los productos de vapeo podría no solo generar ingresos fiscales, sino también disuadir el consumo, especialmente entre los jóvenes.
El auge de los vapeadores en México presenta un conjunto de desafíos que deben ser abordados de manera integral. Si bien los vapeadores pueden tener el potencial de ayudar a los fumadores a dejar el tabaco, su impacto en los jóvenes y los riesgos a largo plazo para la salud aún deben ser comprendidos en mayor medida. La regulación adecuada es esencial para garantizar que los beneficios potenciales superen los riesgos y evitar que los vapeadores se conviertan en una puerta de entrada al tabaquismo entre los jóvenes. Un tema que debe estar en la agenda legislativa cuanto antes.
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El vapeo en México, una práctica a la alza sin regular

La recaudación fiscal en los estados es un tema de gran relevancia no sólo para su estabilidad económica sino también para las funciones que pueden realizar los gobiernos locales. A pesar de ser parte fundamental del sistema de financiamiento gubernamental, de sus ingresos, la recaudación fiscal en las diferentes regiones del país enfrenta desafíos significativos que requieren una revisión detallada y una búsqueda constante de soluciones efectivas, con miras a solucionar los cada vez más crecientes problemas de la población.
El sistema fiscal mexicano se basa en un modelo federalista, en el que tanto gobierno federal como los gobiernos estatales y municipales tienen la facultad de recaudar ciertos impuestos. Sin embargo, en los hechos, una parte sustancial de los ingresos fiscales proviene de los impuestos federales, como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y otros gravámenes que son administrados y recaudados por el gobierno federal. Por lo que los ingresos de las entidades federativas dependen, en gran medida, de las transferencias federales que reciben.
De acuerdo con un estudio del <a href="https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2022/02/Hablemos-de-ingreso_documento_20220228.pdf" target="_blank" rel="noopener">Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)</a>, de 2002 a 2022 las transferencias federales han representado, en promedio, 88 % de los ingresos totales de los estados, mientras que los ingresos propios únicamente son del 12 %. Pero esto es solo un promedio, hay diferencias abismales entre las entidades. Por ejemplo, mientras en Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca 9 de cada 10 pesos provienen de recursos federales, en Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México y Sonora sólo 6 de cada 10 pesos tienen origen federal.
Esto porque, según un análisis publicado por la <a href="https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48626/1/S2201183_es.pdf" target="_blank" rel="noopener">Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)</a>, una de las principales dificultades en la recaudación fiscal de las entidades federativas es la brecha existente en términos de capacidad administrativa y económica. Estados con una base económica más diversificada y un mayor nivel de desarrollo tienden a recaudar más, mientras que aquellos con economías más vulnerables enfrentan dificultades para generar ingresos suficientes. Situación que limita tanto su autonomía financiera como la capacidad para tomar decisiones de gasto acordes a las necesidades locales.
Además de esto, la estructura impositiva en México contribuye a desincentivar la inversión y el crecimiento económico en algunos estados, debido a que la competencia por atraer inversiones puede llevar a una carrera hacia abajo en términos de tasas impositivas, lo que reduce aún más los ingresos disponibles para la inversión pública. Esto pone de manifiesto la importancia de coordinar políticas fiscales entre los diferentes niveles de gobierno para evitar distorsiones y garantizar la equidad y eficiencia en el sistema tributario.
Ante estos desafíos, es imperante que en la agenda rumbo a 2024 se contemple la posibilidad no solo de gravar otras actividades económicas, como la propiedad inmobiliaria o la explotación de recursos naturales que pueden generar ingresos más estables y sostenibles, sino también la inversión en tecnología y modernización administrativa, a fin de hacer más eficientes los sistemas de recaudación y fiscalización mediante la cooperación intergubernamental como parte integral de la solución.
Está claro que hablar de impuestos es poco atractivo en términos electorales, pero es indispensable abordar el tema de la recaudación fiscal, sobre todo en las entidades federativas. En donde se requiere una atención continua y estratégica, tomar este desafío permitirá fortalecer las finanzas públicas de los estados y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La diversificación de fuentes de ingresos, la modernización administrativa y la cooperación intergubernamental son pilares fundamentales para lograr un sistema fiscal más equitativo, eficiente y verdaderamente federal.
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Ingresos y recaudación fiscal en los estados: ¿y el federalismo?

En México, el sistema de salud ha sido objeto de debate permanente tras las reformas legales realizadas por la actual administración. Más allá de ideologías, la evidencia científica, siempre, brinda luz para diseñar, implementar y evaluar decisiones de política pública. En nuestro país, la más importante de esa evidencia, sin duda proviene del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de los Censos de Población y Vivienda, de Censos Económicos y por supuesto de la <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENIGH/ENIGH2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)</a>.
Esta última, muestra diversa información referente a la distribución de ingresos, el gasto de los hogares en diferentes categorías (alimentación, vivienda, salud, educación, entre otros) y la calidad de vida de la población. Especialmente la edición 2022, presentada la semana pasada, muestra alarmantes retrocesos en materia de salud. El más grave de ellos, es que de acuerdo con la organización <a href="https://twitter.com/mexevalua/status/1685442833468055552/photo/1" target="_blank" rel="noopener">México Evalúa</a> (que realizó estimaciones con base en datos de la ENIGH 2022), entre 2018 y 2022 más de 30 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a los servicios de salud.
Para dimensionar la información, en 2018 cuatro de cada 10 personas declaraban estar inscritos en alguna institución para recibir atención médica, el año pasado solo una de cada 10 declararon estar en esta situación. Así el cambio, en tan solo cuatro años.
Otro dato que brinda la ENIGH respecto a los servicios de salud es el relacionado con el gasto de bolsillo, entendido como los pagos directos que las personas realizan para recibir servicios médicos y medicamentos, por lo que se trata de un indicativo de sistemas de salud públicos ineficientes o insuficientes porque entre mayor es dicho desembolso menor es la cobertura de servicios de salud públicos a los que se tiene acceso.
De 2018 a 2022, el gasto de bolsillo en México aumentó 31 %, pero esta cifra se trata solo de un promedio. Al desagregar los datos por deciles de ingreso se puede observar que los hogares más pobres son las más afectados debido a que el aumento en este tipo de gasto fue de 48 % en comparación con 2018.
Esta información brinda señales claras sobre la grave crisis por la que atraviesa el sistema público de salud en México. La persistencia del gasto de bolsillo en salud refleja, principalmente, la ausencia de cobertura de servicios de salud para la población más vulnerable. Eso no es de extrañar, si consideramos que México es el quinto país de la <a href="https://www.oecd.org/espanol/estadisticas/gastoensalud.htm" target="_blank" rel="noopener">Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)</a> que menos invierte en salud.
Es claro que este problema no se resolverá de la noche a la mañana, pero se requiere acción y compromiso gubernamental continuo para solucionarlo. La salud es un derecho fundamental de todos y se deben crear las condiciones para que este pueda ser ejercido a plenitud. Urge, la colaboración de gobiernos, profesionales de la salud, organizaciones no gubernamentales y el sector privado para construir ese sistema de salud justo, suficiente y sólido que todos merecemos. Urge.
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Salud: señales de alarma

Ayer se presentó la<a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENIGH/ENIGH2022.pdf" target="_blank" rel="noopener"> Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022</a>, misma que es una herramienta fundamental para el estudio y comprensión de la situación económica y social de los hogares en México. Esta encuesta, realizada periódicamente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ofrece una visión detallada de los ingresos y gastos de las familias mexicanas, así como de otros aspectos relevantes de su vida cotidiana. A través de sus resultados se pueden identificar tendencias, desigualdades y patrones económicos que permiten tomar decisiones informadas en políticas públicas y programas sociales.
Sobre estos últimos se muestran resultados importantes de analizar, porque son el pilar de la política social de la actual administración y se basan, en su mayoría, en la entrega de recursos económicos a individuos y familias con el propósito de mejorar sus condiciones de vida y reducir la pobreza. De entrada, el dato que más llama la atención es que 34 % de los hogares cuentan con al menos un programa social, un máximo histórico por encima del 31 % registrado en 2016.
Pero al observar el tipo de hogares que reciben dichos programas hay una contradicción fundamental: los recursos monetarios destinados a combatir la pobreza no llegan a los que más lo necesitan. En 2016, 68 % de los hogares más pobres eran beneficiarios de programas sociales, para 2022 sólo 49 % lo fueron, una caída de casi 20 %. En cambio, en ese mismo periodo el porcentaje de los hogares más ricos beneficiados por un programa social aumentó 16 %. Muy claro, la política social implementada ha dado menos a los pobres y más a los ricos.
Otro dato que refuerza esta idea es que el porcentaje que representan las transferencias gubernamentales en el ingreso total de los hogares aumentó, pero para los deciles con ingresos más altos. Mientras en 2016 en las viviendas más pobres de nuestro país los recursos otorgados por los programas sociales representaban 17.1 % de sus ingresos, para 2022 estos contribuyeron con el 14.7 %, una caída de casi 3 puntos porcentuales. Por su parte, en los hogares más ricos, la proporción de los ingresos por programas sociales se cuadruplicó. En cambio, en los otros 8 deciles apenas hubo un aumento, en promedio, de 1 %.
Esto ocurre, principalmente, porque las transferencias de los programas sociales de la actual administración se otorgan a todos los ciudadanos o a un grupo amplio de la población, independientemente de su nivel de ingresos o su situación socioeconómica. Es decir, no están condicionadas a la pobreza o a otros criterios de elegibilidad; el ejemplo más claro es la pensión universal para adultos mayores.
Aunque este tipo de transferencias contribuyen a la inclusión, tienen un mayor alcance y se requiere menos burocracia, el otro lado de la moneda es que se corre el riesgo de que las intervenciones gubernamentales no cumplan el objetivo de beneficiar a los  grupos poblacionales más desfavorecidos y excluidos generando el efecto contrario: mayor desigualdad en la población.
Sin duda que las transferencias económicas otorgadas por los programas sociales son una herramienta esencial para promover el bienestar social y reducir la pobreza en una sociedad. Los datos mostrados por la ENIGH 2022 muestran que la universalidad no es deseable en todos los casos, sobre todo cuando se trata de redistribuir la riqueza.
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ENIGH 2022: las transferencias gubernamentales a debate

Durante el siglo XXI, la tecnología ha impactado prácticamente en todos los aspectos de nuestras vidas, y el campo de la salud no es la excepción. En el último lustro, la inteligencia artificial ha emergido como una poderosa herramienta que está transformando la manera en que se brinda atención médica y se abordan los desafíos en el ámbito de la salud. 
La inteligencia artificial se refiere a los sistemas informáticos que pueden aprender, razonar y tomar decisiones muy similares a la de los seres humanos. En la salud, la inteligencia artificial ha demostrado ser un recurso crucial para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades debido a que a través de ella se han podido analizar grandes cantidades de datos médicos -como imágenes de resonancias magnéticas, radiografías y resultados de pruebas- que permiten identificar patrones y señalar valoraciones con mayor precisión y rapidez que los métodos tradicionales. Esto facilita un tratamiento temprano y más efectivo que aumenta las posibilidades de recuperación para los pacientes.
Además del diagnóstico, la inteligencia artificial también ha mejorado la atención al paciente a través de la personalización del tratamiento mediante el análisis del perfil genético y los datos de salud de un paciente para predecir qué procedimientos serán más efectivos y seguros, evitando tratamientos innecesarios y reduciendo los efectos secundarios.
Sin embargo, a pesar de sus innumerables beneficios, la implementación de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud plantea desafíos que debemos tomar en cuenta. Uno de ellos es la privacidad y la seguridad de los datos, por lo que es fundamental garantizar que estos se encuentren protegidos y sean utilizados de manera ética y responsable.
Algo que no hay que omitir es que la capacitación y colaboración entre profesionales de la salud son esenciales para aprovechar plenamente el potencial de esta tecnología, debido a que la inteligencia artificial no reemplazará a los médicos, sino que será una herramienta complementaria que eficienta su toma de decisiones y su capacidad para brindar atención de calidad.
La función del Estado es asegurar que la inteligencia artificial transforme el ámbito de la salud de manera equitativa, segura y ética. Esta tecnología aumentará las probabilidades de cura de múltiples enfermedades mediante un cuidado médico más preciso, accesible y personalizado. Como sociedad debemos trabajar juntos para aprovechar su potencial al máximo, asegurando que beneficie a todos y no se convierta en un instrumento accesible para unos cuantos. Es hora de legislar en la materia y permitir que esta revolución tecnológica permee de forma colectiva.
 
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La revolución de la inteligencia artificial en la salud

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la<a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasem/2021/doc/enasem_2021_presentacion.pdf"> Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento (ENASEM)</a> en México 2021. Dicho trabajo tiene el objetivo de recopilar información sobre la salud y las condiciones de vida de la población adulta mayor de 53 años en nuestro país, con la finalidad de contribuir al diseño de políticas públicas y programas que promuevan el envejecimiento saludable y la calidad de vida de los adultos mayores en México.
Para nadie es un secreto que a medida que una población vive más años, los riesgos de la misma de sufrir alguna enfermedad que complique su salud aumentan, principalmente las de carácter crónico degenerativas o no transmisibles.
En nuestro país hay cerca de 26 millones de personas mayores de 53 años, que representan el 20 % de la población, de las cuales, casi la mitad padecen hipertensión, misma que incrementa el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y enfermedades renales. 
Además, 3 de cada 10 mexicanos mayores de 53 años padecen diabetes que, sumado a las enfermedades antes descritas, aumenta los riesgos de tener problemas oculares, neuropatías y amputaciones de extremidades. 
Es por ello, que el 54.6 % de la población adulta en México percibe su salud como regular, esto pese a que 7 de cada 10 visita al doctor con frecuencia. 
La ENASEM también muestra algunos datos sobre el estilo de vida de la población adulta, mismos que son muy distintos entre género. En cuanto a la realización de ejercicio, 4 de cada 10 hombres lo practican, mientras que solo 2 de cada 10 mujeres lo hacen. Respecto al consumo de alcohol las diferencias también son notables, debido a que mientras solo el 15 % de las mujeres ingieren bebidas alcohólicas, en los hombres el porcentaje se eleva a 44.5%.
Lo mismo sucede con el consumo de tabaco, ya que el 17 % de los hombres mayores de 53 años fuma, en tanto que solo el 6 % de las mujeres lo hace.
Los datos mostrados por el INEGI, se suman a la vasta información existente para comprender las necesidades de la población adulta mayor, identificar desafíos para el sistema de salud y orientar las políticas en la mejora de la calidad de vida de esta población en México.
Urge pensar más y mejores estrategias públicas de salud preventiva que estén encaminadas en la promoción de estilos de vida saludables, vacunación, detección temprana y control de factores de riesgo según el contexto y las necesidades de los habitantes de un lugar determinado. 
La tarea de cada orden de gobierno es fundamental para crear un sistema de salud preventivo y no curativo como se ha conceptualizado por décadas, enfocado en tratar enfermedades una vez que ya se han desarrollado en lugar de evitar que estas aparezcan. Para ello, es necesario un enfoque integral que abarque no sólo la atención médica, sino también factores sociales, económicos y ambientales que influyen en la salud de las personas.

El envejecimiento en México

El cáncer de mama es una enfermedad que ha impactado de manera significativa a las mujeres de todo el mundo, y nuestro país no es la excepción. Según datos de la <a href="https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/morbilidad_nacional.html" target="_blank" rel="noopener">Secretaría de Salud</a>, cada año se diagnostican alrededor de 20 mil nuevos casos de este tipo de cáncer, por lo que a medida que aumenta su incidencia es fundamental abordarla desde diferentes perspectivas a fin de mejorar la atención y salvar vidas.
Hace unos días fue publicado el artículo <a href="https://www.thelancet.com/journals/lanam/article/PIIS2667-193X(23)00115-1/fulltext#:~:text=Five%2Dyear%20overall%20survival%20was,%25%20CI%2035.4%2C%2038.4)." target="_blank" rel="noopener">“Breast cancer survival in Mexico between 2007 and 2016 in women without social security: a retrospective cohort study”</a> en The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo. Dicha publicación estudia qué ocurrió con la atención del cáncer de mama en nuestro país durante gran parte del periodo donde operó el Seguro Popular. Los hallazgos son interesantes, y más allá de generar golpeteo político sobre las políticas públicas implementadas en el pasado, deberían servir para construir soluciones que atiendan de manera eficaz esta terrible enfermedad que sufren, en mayor medida, las mujeres mexicanas.
Pero vamos por partes. El objetivo del artículo es estimar la supervivencia (el porcentaje de mujeres que sobreviven después del diagnóstico) por cáncer de mama. El resultado es que el 72 % de las mujeres que padecieron cáncer de mama y eran atendidas por el Seguro Popular sobrevivían por esta enfermedad. Dicha tasa de supervivencia es comparable con otros países latinoamericanos como Chile (76 %) o Colombia (72 %).
Sin embargo, pese a parecer un dato alentador la visión cambia cuando se observa que esa tasa de supervivencia permaneció constante en el tiempo. Es decir, las posibilidades de vida por este tipo de cáncer no sufrieron variación: no incrementaron, pero tampoco disminuyeron. Esto es muy interesante, porque el propio artículo reconoce que el Seguro Popular logró aumentar el financiamiento para atender cáncer de mama, que a su vez generó mayores capacidades para atender este padecimiento.
El problema es que a pesar de estas condiciones, prácticamente 7 de cada 10 casos de cáncer de mama eran detectados en etapas avanzadas. En otras palabras, había más dinero y más atención, pero la detección temprana de la enfermedad se daba en la minoría de los casos, disminuyendo las probabilidades de éxito del tratamiento y provocando que la tasa de supervivencia fuera la misma. La lección, y el eslabón faltante durante el Seguro Popular era en el primer nivel de atención, ahí donde la aplicación constante y periódica de estudios de diagnóstico permiten descubrir enfermedades en etapas iniciales.
La publicación de este artículo se da en un contexto en donde, de acuerdo con datos del <a href="https://framework-gb.cdn.gob.mx/informe/5b8e7a983a893dfcbd02a8e444abfb45.pdf" target="_blank" rel="noopener">gobierno federal</a>, la cantidad de mastografías (vitales para la detección del cáncer de mama) realizadas durante 2022 fue la más baja de los últimos 15 años con menos de 500 mil, cuando de 2010 a 2019 se realizaban, en promedio, cerca de 2 millones por año. Por otro lado, la atención de casos de cáncer de mama con el <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/774472/INFORME_SEMESTRAL_DE_AUTOEVALUACI_N_DEL_DIRECTOR_GENERAL_DEL_INSABI.pdf" target="_blank" rel="noopener">Instituto de Salud para el Bienestar</a> (Insabi) -sustituto del Seguro Popular- disminuyó en 41 %. Por lo que ahora, se detecta y se atiende menos.
Pero citando al gran cantautor argentino Fito Paez, “¿Quién dijo que todo está perdido?”. El artículo mencionado se suma a la robusta evidencia existente para mejorar la eficacia de las políticas públicas en materia de salud. Solo basta con alejarse del dogma y acercarse a la ciencia. Ojalá se aproveche.
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Aprovechar la evidencia: combate al cáncer de mama

La más reciente <a href="https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2022/doctos/analiticos/04-Utilizacion.de.servicios-ENSANUT2022-14813-72275-2-10-20230619.pdf" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut)</a> , realizada por el Instituto de Salud Pública durante 2022, muestra un dato importante: los mexicanos, sobre todo los más vulnerables, están atendiendo sus necesidades de salud en el sector privado. Esto pese a que, en teoría, tenemos derecho a la protección de la salud y contamos con un sistema público de salud para ejercerlo.
Como ya se ha explicado en este espacio, el derecho a la protección de la salud -estipulado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- se divide en dos regímenes: el de la seguridad social, para las personas asalariadas formalmente, y el denominado abierto, a cargo de la secretaría de salud federal y los sistemas estatales de salud, para las personas no asalariadas o comúnmente conocidas como informales. Dentro de la seguridad social existen diversos subsistemas de salud: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) son los más conocidos. Mientras que para la población que no cuenta con acceso a la seguridad social existía todavía en 2022 el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Bueno, pues a pesar de que existen diversos subsistemas públicos para atender nuestra salud, en 2022 el 48.8 % de la población mexicana atendió su salud en servicios privados (22.4% fue a un consultorio en domicilio del médico, 17.7% en un consultorio ubicado dentro de las instalaciones de una farmacia, 3.3% en consultorio de hospital, 1.6% en consultorio de torre médica, 1.1% en urgencias de hospital y 2.7% en otros).
Sin embargo, al observar los datos desagregados por lugar de derechohabiencia, existe una variación entre subsistemas alarmante. Por un lado, 3 de cada 10 afiliados al IMSS recibieron atención médica en servicios privados, mientras que en el ISSSTE esto ocurre con el 40 % de los derechohabientes. Pero lo que más llama la atención es que 6 de cada 10 personas que no cuentan con seguridad social, y que supuestamente eran atendidos por el INSABI, recibieron atención en un consultorio dentro del domicilio del médico o en uno de farmacia. Es decir, el sistema de salud público en México ha relegado, en mayor medida, a aquellos que no cuentan con un empleo formal y a tener que pagar para curar su salud.
Si a esto sumamos que de acuerdo con el <a href="https://ciep.mx/interrupcion-de-los-servicios-de-salud-por-covid-19-implicaciones-en-el-gasto-de-bolsillo/#:~:text=El%20gasto%20de%20bolsillo%20se,en%202020%20(Cuadro%201)." target="_blank" rel="noopener">Centro de Investigación Económica y Presupuestaria</a>, el llamado “gasto de bolsillo” (que mide la proporción del gasto que las familias destinan a solventar los distintos requerimientos para atender la salud) ha aumentado en 40 % en los últimos cuatro años, pero en las familias más pobres de nuestro país el gasto en este rubro se elevó en 68.3 %. Es claro que el papel del Estado se ha reducido en materia de salud.
Todo lo anterior no extraña al observar los recursos invertidos en el sistema de salud público mexicano: la evolución del gasto en salud ha decrecido 2 % en términos reales de 2016 a la fecha, mientras que de 2004 a 2015 se incrementó en alrededor de 75 %. La Ensanut 2022 es una alerta más para repensar el sistema de salud público que queremos  y necesitamos. Para ello es crucial responder: ¿qué es más importante: quien brinda el servicio o quien lo paga?
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Salud privatizada

Para nadie es un secreto que el uso del internet mediante una computadora, un celular o una tableta facilitan distintas actividades que hoy en día podemos realizar de manera más ágil, gracias a las llamadas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Pese a que estas son una herramienta fundamental en la actualidad, su uso es muy distinto dependiendo la edad, el género y en mayor medida del lugar de residencia.
Al respecto, esta semana se dieron a conocer los resultados de la <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENDUTIH/ENDUTIH_22.pdf" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2022</a>, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En ella, el dato que más llama la atención es que en nuestro país más de 93.1 millones de personas usan internet, lo que representa el 78.6 % de la población de 6 años o más. Entre 2021 y 2022 hubo 5 millones de nuevos usuarios de internet, y si se compara 2022 con las cifras de 2019 el incremento es de más de 13 millones. Es decir, tan solo en 3 años el uso de internet alcanzó a 8 de cada 10 mexicanos.
Sin embargo, existen diversos matices importantes de resaltar. El primero de ellos es la variación en el uso de estas tecnologías según la edad. Las personas de 18 a 24 años son las que concentran la mayor participación con 95.1 %, le siguen los grupos de 25 a 34 y de 12 a 17 años, con 92.8 y 92.4 %. En el cuarto sitio se ubica el grupo de las y los usuarios de 35 a 44 años, quienes registraron 87.1 %. Mientras que el grupo de personas que menos usa las TIC es el de 55 o más años, con una participación de 47.6 %. Aunque este último grupo abarca un rango de edad más amplio.
Si bien la brecha del uso de TIC entre hombres y mujeres ha ido disminuido en el tiempo, está aún existe. De acuerdo con las cifras publicadas, el 78.1 % del total de mujeres de 6 años o más utilizan TIC, mientras que en los hombres esa cifra se eleva a 79.3 %. La mayor desigualdad de acceso a TIC entre hombres y mujeres se da en el grupo de edad de 45 a 54 años.
Pero la mayor inequidad en el uso de TIC se observa entre las entidades federativas de nuestro país. En Estados como Baja California, Ciudad de México y Aguascalientes 9 de cada 10 habitantes utilizan dichas tecnologías, mientras que en Chiapas, Oaxaca y Guerrero las TIC solo están disponibles para 6 de cada 10. En pocas palabras, por cada vivienda que tiene internet en Chiapas, Oaxaca o Guerrero existen tres en Baja California o Ciudad de México con esa condición. Además de esta tremenda diferencia, es importante hacer notar que existen diez estados que tienen a la mitad de sus viviendas sin acceso a internet.
Como siempre, los datos publicados por el Inegi no sólo son insumos para generar diagnósticos, sino que son una buena provocación para discutir posibles soluciones, en este caso para ampliar la cobertura de uso de TIC. Para ello es crucial diseñar una verdadera política nacional que contribuya a hacer efectivo nuestro derecho de acceso a las TIC a través de la coordinación e integración de las acciones, tanto del sector público (en todos sus niveles de gobierno) como de la iniciativa privada y la sociedad civil, a fin de acelerar el desarrollo de la sociedad de la información en México. Sólo mediante ella podremos avanzar equitativamente en el uso del internet, que representa una pieza clave para el fortalecimiento de los derechos humanos.
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Cómo vamos en el uso de las tecnologías de la información en México

A inicios de este mes, la asociación civil Por el Derecho a Morir con Dignidad presentó los resultados de la Segunda Encuesta Nacional “Por el Derecho a Morir con Dignidad”. Dicho trabajo estadístico es representativo a nivel nacional a través de la realización de 4,101 entrevistas en 5,912 viviendas durante 2022. Las cifras ahí mostradas sorprenden, dado que 7 de cada 10 entrevistados afirmaron que en caso de que se encontraran en fase terminal de alguna enfermedad les gustaría tener la posibilidad de pedir ayuda a su médico para adelantar su muerte.
Si bien la mayoría apoya la legalización de la eutanasia, el apoyo varía según el área de residencia: mientras en zonas urbanas el 71.5 % considera que los enfermos terminales deben tener la posibilidad de adelantar su muerte, en zonas rurales la cifra es de 57.1 % La capital del país es el lugar que muestra mayor respaldo a esta propuesta con el 83.3 %, en tanto en los estados del sur-sureste de nuestro país solo el 55.3 % está de acuerdo con permitir la muerte anticipada en caso de sufrir una enfermedad terminal.
Otros datos que arroja la encuesta es que a mayor escolaridad mayor es el apoyo a la opción de la eutanasia, entre las personas religiosas 6 de cada 10 está de acuerdo, y de las que declararon no tener religión el respaldo es superior al 80 %. Por su parte, el 55 % de las personas encuestadas dijo que elegiría que el médico le aplicara directamente una dosis letal de medicamentos (eutanasia), mientras que el 39 % preferiría tomarlos por sí mismo (muerte asistida).
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Tras estos números es importante recordar que en nuestro país la Ley General de Salud prohíbe la eutanasia mediante el artículo 166 Bis 21. En Países Bajos, Bélgica, Colombia, Canadá y España está legalizada y, aunque las regulaciones son distintas en sus alcances, comparten la idea fundamental de garantizar la libertad de las personas para ejercer decisiones libres, preservando su autonomía y privilegiando su dignidad. En dichos países, la práctica de este procedimiento médico supone entre el 1 y el 4 por ciento del total de fallecimientos anuales.
En este sentido, en la Cámara de Diputados se encuentra en proceso de dictaminación <a href="http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2023/03/asun_4520668_20230322_1679530929.pdf" target="_blank" rel="noopener">una iniciativa para legalizar la práctica de la eutanasia</a> como el eslabón que permita cerrar la pinza de la oferta de servicios disponibles para ejercer el derecho a una muerte digna sin dolor. De acuerdo con la propuesta, sólo podrán acceder a ella pacientes con una enfermedad terminal, lesión permanente e intensamente dolorosa y aquellos que se encuentren en agonía, a través del consentimiento expreso del paciente ante dos testigos tras valorar las opciones médicas disponibles. Por lo que sólo podrá practicarse en casos específicos y claramente delimitados.
Tras el respaldo de la población mexicana mostrado a través de la encuesta antes mencionada, es fundamental estar atentos al proceso legislativo por delante. Debido a que la propuesta planteada permite discutir alternativas para que las elecciones sobre la muerte correspondan a las personas mediante una adecuada regulación, acompañada de un proceso educativo objetivo que brinde la opción de tomar elecciones plenamente individuales. Estemos atentos a este proceso, porque la sola idea de cambiar las leyes para permitir que las personas enfermas puedan recibir ayuda para terminar con su vida si así lo deciden cuenta ya con un enorme respaldo.
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Sí a la legalización de la eutanasia

La semana pasada, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023. Cabe recordar que este programa es un instrumento de planeación, conducción, coordinación e información de las actividades de normalización, estandarización y metrología a nivel nacional. En pocas palabras, es la herramienta que permite al gobierno federal dictar cómo y bajo qué parámetros se llevarán a cabo las acciones que plantea realizar en un año determinado. En este caso, el suplemento publicado se utiliza para reconfigurar o agregar cuestiones faltantes en el plan original, dada la nueva información o intereses que se tienen.
El problema es que dentro de ese suplemento se propone la cancelación de 34 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud, entre ellas las referentes a la atención de cáncer de mama, cáncer cérvicouterino, VIH, diabetes, hipertensión y tuberculosis, entre otras. Las NOM sirven como un marco de referencia para brindar estándares mínimos a partir de los cuales se realizará una acción. En el caso de la salud, las NOM tienen la tarea de establecer cómo y bajo qué parámetros debe atenderse a los pacientes en México, independientemente del lugar en donde se brinde la atención.
Lo peor de todo es que dentro de la publicación no existe justificación alguna para proponer esta cancelación, que por cierto algunas de las normas a eliminar aseguraban el piso mínimo para la atención de las principales causas de muerte en nuestra población. Por ejemplo: el 24 % de las muertes registradas en México son causadas por enfermedades del corazón, el 14.2 % ocurren por diabetes y 2 de cada 10 cánceres detectados en mujeres son de mama, pues esos estándares para prevenir, diagnosticar y tratar dichas enfermedades pretenden ser eliminados. Así de grave e injustificada la decisión publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Es importante mencionar que la publicación del suplemento es sólo el primer paso para iniciar el proceso de cancelación, ya que de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización se debe: 1) presentar ante la Comisión Nacional de Normalización las razones por las cuales se desean cancelar, 2) publicar un análisis sobre el impacto regulatorio, 3) que la Comisión Nacional de Normalización realice comentarios y dictamine la propuesta y 4) publicarse en el Diario Oficial de la Federación la cancelación definitiva de la norma. En tanto este proceso no se cumpla las normas siguen vigentes, pero por ahora ya se ha generado confusión e incertidumbre entre los integrantes del Sistema Nacional de Salud.
El mero hecho de plantear la eliminación de criterios mínimos sin tener una justificación o una propuesta sobre qué la sustituirá es riesgoso. Debido a que generará mayor desigualdad en los servicios de salud brindados y ahora cada institución tendrá sus propios lineamientos, reglas y manuales de atención, haciendo disparar la ya de por sí fragmentada atención de la salud. Habrá que poner especial atención a este proceso a fin de que se establezcan lineamientos mínimos que contribuyan a ejercer el derecho a la protección de la salud de manera homogénea.
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Sin normas… ni certezas

La pobreza laboral se refiere a la situación en la que las personas trabajan, pero su salario no es suficiente para satisfacer la más básica de nuestras necesidades, la alimentación. Es decir, se considera que una persona vive en pobreza laboral cuando su ingreso laboral no alcanza para comprar una canasta básica alimentaria. De acuerdo con los más recientes datos del <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_pobreza_laboral.aspx" target="_blank" rel="noopener">Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Socia</a><a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_pobreza_laboral.aspx">l </a><a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_pobreza_laboral.aspx" target="_blank" rel="noopener">(Coneval)</a> al primer trimestre de 2023, el 37.7 % de la población en México vive en esta condición.
Aunque la información puede verse con optimismo debido a que estamos muy cerca de alcanzar la cifra del primer trimestre de 2020 (36.6 %), la más baja en la última década y estamos muy lejos del 46.6 % registrado en el primer trimestre de 2021, la situación laboral en México obliga a tomar estos datos con cautela. Actualmente, el costo de la canasta alimentaria básica por persona es de $ 2,144 mensuales y el salario mínimo es de $ 207 por una jornada diaria, es decir, un salario mensual de $ 6,223. Por lo que haciendo un sencillo ejercicio en donde con un salario se alimentan dos personas (trabajador y dependiente), tenemos que el gasto solo en la canasta básica es de $ 4,288 al mes. Bajo este supuesto, al trabajador le quedan solo $ 1,935 para pagar servicios (internet, luz, agua), comprar artículos de higiene personal, vestirse, trasladarse y realizar actividades de esparcimiento.
Ahora bien, de acuerdo con la <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/enoen/enoen2023_05.pdf" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo</a> del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 20 millones 711 mil 464 personas que laboran y ganan el salario mínimo. Es decir, el 35 % de los y las mexicanas que están trabajando, lo hacen con un salario que cubre la canasta básica alimentaria y la de un dependiente. Pero que no es suficiente para comprar una canasta básica ampliada que está cotizada en $4,276 por persona e incluye productos para la higiene y cuidado personal, servicios de transporte público, servicios para la vivienda, ropa y calzado, productos relacionados con la educación, servicios de salud y el entretenimiento.
Si a lo anterior le sumamos que 6 de cada 10 empleos se realizan en el sector informal de la economía y por ende las relaciones laborales ocurren al margen del marco jurídico, no hay manera de asegurar que el grueso de los trabajadores disfruten de las condiciones laborales plasmadas en nuestras leyes. Por lo que si bien han existido incrementos graduales en el salario mínimo en los últimos años, esta debería ser solo una de las múltiples herramientas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
Una vez que se ha asegurado que el salario mínimo cubre la alimentación básica, es importante implementar políticas que promuevan la generación de empleos formales y bien remunerados. Esto implica garantizar el acceso a seguridad social, como servicio médico, pensiones y vivienda. Asimismo, se deben diseñar políticas de salario digno que aseguren una remuneración adecuada y justa para los trabajadores tomando en cuenta la desigualdad de género y la discriminación en el ámbito laboral. Es momento de elevar el concepto de pobreza laboral y que esta no solo  se determine por si se tiene acceso o no a la canasta alimentaria básica. Sino que también considere el resto de los derechos sociales, que finalmente son los que nos permiten desarrollarnos plenamente como seres humanos.
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