El pasado 27 de febrero el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció la firma de un Acuerdo de Certidumbre Tributaria. Dicho acuerdo pretende “… otorgar certeza a los agentes económicos en la toma de decisiones, facilitar el proceso de planeación de las empresas –pequeñas, medianas y grandes– y permitir a los hogares programar adecuadamente sus adquisiciones y ahorro. Todo ello con el objetivo de fomentar la inversión y el crecimiento económico en el país con impacto sobre el bienestar de las familias”.
Entre otros compromisos, el acuerdo establece que “a partir del día de hoy y hasta el 30 de noviembre de 2018, el Gobierno Federal no propondrá cambios al marco tributario”- Lo anterior implica el compromiso explícito del gobierno de “No proponer nuevos impuestos; No aumentar las tasas de los impuestos existentes; No reducir o eliminar los beneficios fiscales ni las exenciones existentes”.
El Acuerdo también plantea el compromiso de “… mantener la trayectoria descendente del déficit público previamente anunciada, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de acceso a financiamiento para las familias y empresas del país”. Finalmente, “… se corrobora el compromiso por mejorar la eficiencia, la oportunidad y la transparencia en el uso de los recursos públicos”.
No sé a quién se le ocurrió que un Acuerdo de Certidumbre Tributaria era necesario o que era una buena idea. No es ni lo uno ni lo otro. Es, por el contrario, una pésima ocurrencia. Es una decisión que ata de manos al gobierno, que lo limita y que acota su capacidad de decisión e influencia en la conducción económica del país. Lo peor es que se trata de una decisión propia, un castigo autoinfligido. Ni siquiera es un acuerdo, pacto o compromiso en el que participen otros sectores de la sociedad. Es un acuerdo firmado por 12 Secretarios de Estado y por otros miembros del gabinete ampliado. En él se comprometen a hacer cosas que uno supone que no sería necesario reiterar: “Combate a la evasión fiscal”, “Pleno respeto a los derechos constitucionales y a las decisiones del Poder Judicial de la Federación”, “Mejorar la eficiencia y la oportunidad en el uso de los recursos públicos y la transparencia en los ingresos y en el ejercicio del gasto” y “Comunicación permanente y cercana con la sociedad civil”.
Sin embargo, de todos los compromisos establecidos en el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, el peor de ellos es el de comprometerse a no modificar el marco tributario de aquí a 2018. Y lo es por diversas razones. Entre otras, porque equivale a un intento de invasión de funciones de parte del Poder Ejecutivo ya que, de acuerdo a la Constitución, es el Congreso quien tiene la facultad “para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto” (Art. 73, fracción VII) y “para establecer contribuciones 1º. Sobre el comercio exterior, 2º. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales…, 3º Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, 4º. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación y 5º. Especiales…” (Art. 73, Fracción XXIX). Es por ello que, debido a la reserva de ley establecida en el art. 31, fracción IV de la Constitución, el Ejecutivo en realidad sólo puede comprometerse a no proponer modificaciones aunque, en principio, no podría hacerlo a que no las hubiere, ya que esto sale de su ámbito de decisión para caer en la órbita de las facultades del Poder Legislativo.
Por otro lado, comprometerse a que no haya más modificaciones al marco tributario es un error porque ello conduce a congelar un statu quo que sabemos que está mal. La carga tributaria en el país es una de las más bajas del mundo, incluso después de la reforma fiscal de 2013. Además, el esquema tributario actual es insuficientemente progresivo, por lo que no contribuye a reducir la desigualdad que se genera en los ingresos antes de impuestos. Peor aún, debido a la excesiva dependencia de los ingresos derivados del petróleo (cerca de 40% del total), los ingresos del gobierno siguen siendo altamente vulnerables a choques en los precios o en la producción de petróleo. Por ello, comprometerse por más de 4 años a no introducir nuevos impuestos o a no modificar los ya existentes es equivalente a envolverse por su propia voluntad en una camisa de fuerza. Es, paradójicamente, una locura.
Finalmente, y quizá más importante aún, es el hecho de que al congelar el marco tributario actual, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido renunciar a una de sus promesas de campaña más importantes y a lo que quizá era la reforma más ambiciosa que podía haber emprendido: la creación de un sistema de seguridad social universal. Este esquema, que por sus requerimientos de financiamiento debía ir precedido por una reforma fiscal de cierta envergadura, ha sido, en los hechos, cancelado por lo que resta del sexenio. En ese sentido, el Acuerdo de Certidumbre Tributaria es, al mismo tiempo, el acta de defunción (al menos temporal) de un incipiente Estado de Bienestar que podía haber dotado a los mexicanos de un mayor y mejor acceso a servicios de protección y seguridad social. Así de simple y así de grave.
Sinceramente, no entiendo qué pudo haber orillado a un gobierno que está empezando su gestión (apenas acaba de terminarse el primer cuarto del sexenio) a renunciar de esta manera al uso de uno de sus pocos instrumentos de política económica: la política monetaria le corresponde al Banco de México, que es una institución autónoma, mientras que en materia cambiaria tenemos un tipo de cambio relativamente flexible que se rige, al menos hasta cierto punto, por las leyes de la oferta y la demanda de divisas. El único instrumento que realmente le quedaba al gobierno para enfrentarse a las vicisitudes del ciclo económico era el de la política fiscal y ahora ha renunciado a utilizarlo. Así, al menos en materia económica, el gobierno ha renunciado a actuar como tal. Por ello, en lo que resta del sexenio navegaremos en la economía en una especie de piloto automático. Esperemos que no haya demasiada turbulencia.
Los lugareños de islas griegas defienden su derecho a acceder gratuitamente a playas tomadas por negocios que cobran precios exorbitantes por una reposera.
En toda Grecia, los lugareños están actuando por cuenta propia y tirando sus toallas en la arena para reclamar libre acceso a sus playas y a la naturaleza sin pagar un alto precio por ello.
Era cerca del atardecer del domingo 3 de septiembre en Paros, una popular isla turística en la región griega de las Cícladas.
Unas 50 personas se reunieron en la playa de Parikia, cerca del puerto principal de la isla. Detrás de ellos, el cielo brillaba con un color naranja intenso sobre el mar azul. A un lado, un icónico molino de viento de las Cícladas se recortaba contra el horizonte. Al otro, una franja de reposeras pertenecientes a un bar se extendía sobre la arena.
Incluso si nunca has visitado Grecia, algunas partes de esta escena probablemente te suenen familiares. Sin embargo, ese día también hubo algunos detalles inusuales. Tres de las personas que se habían congregado sostenían un enorme cartel que decía: “Reclamen la playa”. Junto a ellos había un hombre con un altavoz.
Mientras el público observaba, el hombre leyó en voz alta partes de la Constitución griega, que establece que las playas y otras áreas naturales pertenecen a los ciudadanos del país.
La protesta fue parte de una campaña que los medios han denominado la “revuelta de las toallas de playa”, en la que los lugareños reclaman el acceso gratuito a las playas que han sido tomadas por bares y otros negocios que ofrecen reposeras y sombrillas a precios exorbitantes.
Si bien el movimiento comenzó en Paros, ahora se ha extendido por toda Grecia e incluso a la vecina Turquía. Los activistas exigen espacio para dejar sus toallas de forma gratuita.
BBC Travel habló con activistas y lugareños para comprender de qué se tratan las protestas, por qué son importantes y qué significa este movimiento tanto para los turistas como para los residentes locales.
Las protestas comenzaron en Paros en mayo de 2023, cuando un grupo de residentes, que ya se reunían periódicamente para hablar sobre cuestiones medioambientales en la isla, comenzaron a discutir cómo los lugares donde era posible nadar y tomar el sol libremente (sin tener que pagar por una reposera) eran cada vez más escasos. El cambio es un síntoma de cómo la isla atiende cada vez más a los turistas a expensas de los locales.
Los negocios junto a la playa que instalan reposeras y sombrillas deben solicitar licencias al Ministerio de Finanzas para utilizar partes designadas de la playa. Deben realizarse controles periódicos para garantizar que esos negocios no ocupen más espacio del que permiten sus licencias. Sin embargo, los manifestantes alegan que estos controles rara vez (o nunca) se llevan a cabo.
Como resultado, los espacios libres son cada vez más escasos.
Los residentes crearon una página de Facebook llamada Save Paros Beaches y comenzaron a organizar manifestaciones, pidiendo medidas enérgicas contra estos operadores privados.
También utilizaron imágenes de drones para documentar las reposeras ilegales, comparando sus ubicaciones con las áreas designadas por el gobierno.
“Esto cambió las reglas del juego, porque el nivel de ilegalidad se podía ver muy claramente”, señaló Nicolas Stephanou, un residente local. Stephanou dice que su grupo encontró lugares donde las reposeras y sombrillas ocupaban hasta 10 veces el espacio permitido.
El movimiento ganó impulso rápidamente. La manifestación del 3 de septiembre marcó el inicio de una nueva campaña a nivel nacional y fue la primera vez que se produjeron múltiples protestas con toallas de playa en diferentes regiones de Grecia el mismo día.
Ha habido manifestaciones en la isla vecina de Naxos y en la isla meridional de Creta. Más recientemente, se han sumado las islas de Rodas y Egina, así como Ática, la región continental donde se encuentra Atenas.
El lugar de la protesta de Paros es particularmente simbólico. La playa principal del pueblo central de la isla es el lugar más popular entre los lugareños para darse un chapuzón después del trabajo.
Eleni Andrianopoulou, portavoz de la campaña de Naxos, dijo que ella y otros lugareños se habían sentido frustrados por el desarrollo excesivo en las playas durante varios años, pero no estaban seguros de cómo actuar. Luego de enterarse de lo que estaba sucediendo en Paros, inmediatamente se inspiraron para comenzar su propia campaña en Facebook.
“Creo que este es un verdadero cambio de paradigma para Grecia“, afirmó.
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Muchos griegos todavía sufren financieramente desde la crisis de deuda del país hace más de una década y no pueden permitirse pagar por una reposera cada vez que visitan la playa. El sol y el mar son una gran parte de la cultura griega. El azul de la bandera griega representa el mar Egeo y la mayoría de los griegos tienen fuertes recuerdos de la infancia de pasar veranos en la playa.
Sin embargo, los activistas dicen que las playas son sólo una parte de una lucha mayor. Grecia es uno de los destinos vacacionales más populares de Europa y los manifestantes dijeron a la multitud reunida que debe abordarse el turismo excesivo junto a los problemas sociales y ambientales que conlleva.
El turismo es la mayor industria de Grecia. En 2021 el país recibió 15 millones de visitantes, una vez y media su población total. Sin embargo, muchos griegos sostienen que el auge del turismo no se ha gestionado adecuadamente. Los municipios locales no tienen capacidad para controlar el flujo de visitantes, y las instituciones débiles hacen que sea fácil para empresas de todo tipo eludir las reglas.
Por otra parte, en los últimos años, los sucesivos gobiernos han utilizado la industria del turismo para ayudar a la economía del país a recuperarse, primero de la crisis financiera de 2008 y luego de la pandemia de covid-19. Los políticos han promocionado fuertemente al país como un destino de sol y mar y han facilitado a los inversores extranjeros la apertura de negocios relacionados con el turismo.
“Existe desde hace mucho tiempo una falta de supervisión, lo que ha llevado a una mayor impunidad“, afirmó Efthymia Sarantakou, analista de la Universidad de Ática Occidental.
Sarantakou señala que múltiples instituciones no han implementado controles y contrapesos, lo que ha dejado a algunas empresas en libertad para realizar comportamientos que califica de “mafiosos”.
“Hay denuncias de residentes que fueron intimidados por empleados de bares cuando intentaron sentarse en una parte libre de la playa.”
El alcalde de Naxos, Dimitris Lainos, afirma que muchas empresas en su isla respetan la ley. Sin embargo, “hemos visto que el Ministerio de Finanzas no dispone del personal necesario para realizar controles adecuados”, agregó.
Parece que las protestas están surtiendo efecto. Gracias a la atención de los medios, las autoridades llevaron a cabo inspecciones en una de las playas más afectadas de Paros: una franja de arena en un área protegida que estaba cubierta de tumbonas a pesar de que no se habían emitido licencias para ello.
Como resultado, la playa ahora está libre de reposeras.
Sin embargo, la situación se mantiene sin cambios en otras playas. En Naxos se llevaron a cabo nuevos controles en respuesta a las protestas, pero muchos propietarios de negocios fueron alertados previamente y simplemente retiraron sus reposeras antes de que llegaran los inspectores.
“Quiero creer que estas protestas conducirán a una mayor participación ciudadana en la gestión de los destinos turísticos y, por supuesto, en la gestión de los espacios públicos”, afirmó Sarantakou. “Esto sólo puede lograrse mediante mejoras en el marco institucional y supervisión”.
Puede que la temporada alta de verano haya terminado, pero los activistas señalan que las protestas de septiembre marcaron el verdadero comienzo de su trabajo. En Naxos, Andrianopoulou recuerda que no sólo reclaman controles más frecuentes, sino también más transparencia sobre cómo y a quién se otorgan las licencias.
Y Stephanou, de la campaña de Paros, relata que su grupo quiere presentar una estrategia completa para un modelo de turismo más sostenible en Grecia.
“Ahora mismo los precios están fuera de control“, afirmó. “La mayoría de la gente no puede permitirse el lujo de ir a un bar o a un restaurante. El tráfico es insoportable”. Si no eres propietario de una casa es difícil encontrar una para alquilar que no sea Airbnb, lo que ha provocado escasez de trabajadores clave como médicos, enfermeras y profesores.
Si se cumplen las exigencias de los manifestantes habrá más espacio en las playas griegas para tomar sol de forma gratuita, algo que muchos viajeros agradecerán.
En décadas anteriores, la mayoría de las islas griegas eran conocidas como destinos económicos para mochileros bohemios, y muchos lugareños sienten que el libre acceso a las playas está en consonancia con esta reputación tradicional.
A Stephanou le gustaría que se dejara de promocionar a las islas Cícladas como un destino de lujo. “Aquí hay una historia asombrosa, sitios arqueológicos, senderos para caminar, buen vino y productos agrícolas”, dijo. “Esto puede atraer a un visitante más responsable que aquellos que simplemente quieren sentarse en una reposera con un cóctel“.
Los viajeros que no quieran contribuir a los problemas del turismo excesivo pueden sentirse inspirados a explorar el lado menos conocido de Grecia, como las oportunidades de senderismo en el espectacular paisaje montañoso que cubre todo el país, una gran actividad fuera de los meses pico de verano, cuando el clima es un poco más fresco.
Sin embargo, si realmente deseas pasar un tiempo relajándote en una reposera, ten la seguridad de que no desaparecerán por completo: los activistas sólo quieren verlas restringidas a las áreas habilitadas por licencias. Los visitantes de Paros pueden comprobar si las reposeras son legales en el sitio web de la campaña.
Esta nota fue publicada originalmente en BBC Travel. Puedes ver la nota original en inglés haciendo clic aquí.
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