Economista. Profesor-Investigador de El Colegio de México. Síguelo en Twitter: @esquivelgerardo

El Vaso Medio Vacío

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Se ha puesto de moda afirmar que los programas sociales de la actual administración son regresivos. Esto lo ha dicho el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado <a href="https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CEESP-alerta-sobre-dispersion-desigual-de-programas-sociales-20230730-0055.html" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>, el investigador de la Universidad de Guadalajara, Máximo Jaramillo, <a href="https://redaccion.nexos.com.mx/corte-de-caja-la-politica-social-de-la-4t/" target="_blank" rel="noopener">acá</a>, el columnista Jorge A. Castañeda <a href="https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-paradojas-de-la-ENIGH-20230726-0135.html" target="_blank" rel="noopener">por aquí</a> y el analista Carlos Ramírez <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/07/26/enigh-2022-hogares-mas-ricos-los-mas-beneficiados-por-programas-sociales/" target="_blank" rel="noopener">por acá</a>, entre muchos otros. Es un término que en los últimos días se ha repetido sin cesar en la prensa, la radio y las redes sociales. Sin embargo, ¿es eso cierto?
Para empezar, quizás sería bueno decir qué entendemos por “regresivo” en el contexto de las transferencias de los programas sociales gubernamentales. En general, y de manera un tanto coloquial, podríamos decir que los programas serían regresivos si beneficiaran más a los ricos que a los pobres. Partamos pues de esta definición (no del todo correcta, como veremos más adelante) que resulta bastante intuitiva y en la que casi todos podríamos estar de acuerdo en una primera instancia, para analizar si es cierto que los programas sociales en México son regresivos.
Para ello, ordenaremos en forma ascendente a todos los hogares mexicanos de acuerdo con su ingreso per cápita y los dividiremos en 10 grupos de igual tamaño. Cada uno de estos grupos se define como decil, siendo el primer decil el que aglutina al 10 % de los hogares más pobres (o de menores ingresos per cápita) y el décimo decil al que se refiere a los hogares más ricos. Veamos ahora un primer indicador: el de la cobertura de los programas sociales por nivel del ingreso. Esto se muestra en la siguiente gráfica:
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La gráfica muestra que la cobertura declina en forma paulatina con el nivel del ingreso. Así, mientras que el 45.5 % de los hogares del primer decil tiene acceso a algún programa social, solo el 26 % de los hogares más ricos también lo tiene. Esto sugiere que la cobertura de los programas sociales no es regresiva sino al contrario, es progresiva, se atiende más a los hogares más pobres.
Ahora bien, ¿qué hay del monto de dinero que reciben los distintos deciles de hogares por los programas sociales? La siguiente gráfica muestra el monto de dinero trimestral por hogar que se recibe en los distintos deciles de hogares mexicanos:
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La gráfica muestra, en general, una cierta tendencia descendente que solo se ve interrumpida por dos pequeños aumentos en los deciles VII y IX. Sin embargo, la gráfica muestra con claridad que los apoyos económicos por hogar son mayores en los deciles bajos de la distribución que en los deciles altos. De hecho, el monto por hogar que reciben los miembros del primer decil es 22 % más alto que el de los hogares del décimo decil. Aquí tampoco se observa que los programas sociales tengan un carácter regresivo.
Otra forma de ver lo anterior es mediante una gráfica que muestre cómo se distribuye el total de los recursos de los programas sociales entre los distintos deciles de hogares. Esto se muestra en la siguiente gráfica:
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Noten que esta gráfica es prácticamente idéntica a la anterior, ya que en realidad es la misma información solo que presentada de una forma que podría resultar más intuitiva y fácil de comprender. Esta gráfica muestra que el 52.5 % de todos los recursos de los programas sociales se destinan a los hogares en la parte inferior de la distribución (esta es la suma de lo que corresponde a los cinco primeros deciles de hogares, es decir, al 50 % de menores ingresos), mientras que el 47.5 % se concentra en la parte superior. Esto nos puede parecer poco progresivo, es decir, poco favorable para los hogares pobres, pero es evidente que no podríamos afirmar que esta distribución de los recursos es regresiva. Es, de hecho, progresiva.
De lo dicho hasta aquí es más que evidente que los programas sociales en México no son regresivos, sino progresivos, tanto en su cobertura como en el destino de los recursos económicos. Quizá pueda considerarse que los programas deberían ser aún más progresivos de lo que ya son, pero eso no justifica que se diga que son regresivos.
Ahora bien, veamos una arista diferente de este asunto: ¿cómo influyen los apoyos económicos de los programas sociales en los distintos deciles de hogares? Es decir, ¿qué impacto tienen en el nivel de ingreso promedio de los diferentes deciles de hogares? Esta pregunta es clave para entender realmente el concepto de progresividad o regresividad de una transferencia. La siguiente gráfica muestra en qué porcentaje crece el ingreso promedio de los hogares de los distintos deciles como resultado de las transferencias de los programas sociales.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1309569" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/Programas-sociales-4-600x410.png" alt="Programas sociales ¿regresivos?" width="600" height="410" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/Programas-sociales-4-600x410.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/Programas-sociales-4-1024x701.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/Programas-sociales-4-768x525.png 768w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/Programas-sociales-4.png 1412w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
La gráfica muestra con toda claridad cómo el impacto de las transferencias sobre el ingreso promedio de los hogares varia enormemente entre los distintos deciles de la distribución del ingreso. Esto ocurre a pesar de que los montos que se otorgan por hogar no sean tan distintos entre sí, tal y como lo vimos en alguna de las gráficas previas. Así, el impacto de las transferencias en el ingreso promedio de los hogares más pobres es de 17.3 %, mientras que el impacto en los hogares del decil más rico es de menos de 1 %. Esto demuestra que existe un impacto distributivo no menor de las transferencias sociales, a pesar de que estas parezcan ser poco progresivas. Al tener este impacto tan diferenciado, esto implica que los programas sociales sí tienen un efecto igualador en la distribución del ingreso y, por ende, son más progresivas de lo que uno tendería a pensar solo viendo la pura distribución de los recursos entre los diferentes deciles de hogares.
Llegamos entonces a un punto clave de la discusión: ¿una transferencia uniforme a lo largo de la distribución del ingreso sería o no progresiva? Este podría ser, por ejemplo, el caso de una pensión universal o de un ingreso básico universal. En un caso hipotético como este, si todos y cada uno de los agentes económicos reciben el mismo monto de una transferencia, ¿esto es progresivo, neutral o regresivo?
La respuesta correcta es que todo depende de cómo es la distribución original, es decir, la distribución antes de las transferencias. Si la distribución original es perfectamente equitativa, una transferencia uniforme no afecta a la distribución y es, por lo tanto, neutral. Sin embargo, si la distribución original tiene un cierto grado de desigualdad, una transferencia uniforme resultará igualadora (es decir, reducirá la desigualdad) y, por lo tanto, deberá ser considerada como progresiva. Más adelante, en forma de anexo, se muestra un ejercicio simple que ilustra esta situación.
Así, finalmente hemos llegado al meollo del asunto: ¿cómo definimos formalmente si una intervención en forma de un impuesto o una transferencia es  progresiva o regresiva? La clave es saber qué efectos tiene esta intervención en la distribución del ingreso. En términos simples, si la hace más igualitaria, entonces es progresiva; si aumenta la desigualdad, entonces es regresiva.
Este resultado, que es bien conocido en la literatura económica, se lo debemos al economista Nanak Kakwani, quien hace ya casi medio siglo mostró cómo debíamos analizar si un impuesto o una transferencia eran progresivos o regresivos. De hecho, gracias a su trabajo los economistas contamos con el Índice Kakwani, que estima la progresividad o regresividad de una intervención de política púbica. En términos generales, y sin entrar en ningún tipo de discusión técnica, la condición general es que, si la distribución posterior a la intervención está menos concentrada que la distribución original, entonces la intervención debe ser considerada como progresiva. Por ello, una transferencia uniforme, (o incluso una ligeramente más concentrada en favor de los más ricos) es en general progresiva. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Esta explicación, que es un poco más técnica, es la que justifica utilizar transferencias uniformes, como un ingreso básico universal, con propósitos redistributivos. Dado que en la distribución original ya hay desigualdad, una transferencia uniforme ayuda a reducirla.
Resumiendo, los programas sociales gubernamentales en México no son regresivos ni siquiera en su interpretación más simple, ya que tanto en la cobertura como en el monto de los recursos asignados se les da prioridad a los hogares más pobres. Es cierto que la distribución de los recursos podría ser más progresiva (y de hecho antes lo era), sin embargo, esto no implica que los programas ahora hayan dejado de ser progresivos. Sin embargo, lo que es quizá más importante, es entender que incluso una distribución de recursos completamente uniforme a lo largo de la toda la distribución del ingreso es considerada como progresiva, ya que una política de este tipo también tiende a reducir la desigualdad inicial.
<h2>Anexo: Impacto distributivo de una transferencia uniforme</h2>
Veamos un ejemplo numérico del impacto distributivo de una transferencia uniforme. Supongamos una economía en la que sólo hay 10 hogares. Cada hogar es, por tanto, un decil. Supongamos que el ingreso de los hogares es tal y como se muestra en la columna “Ingreso Inicial” del cuadro que acompaña este anexo. Note que los valores de los ingresos de cada hogar coinciden con los observados en los ingresos promedio trimestral de los hogares por decil de la ENIGH-2022.
<h3>Ejemplo Numérico</h3>
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Ahora suponga que se quiere otorgar una transferencia uniforme de $12,000 por hogar. Para poder financiar esta transferencia, suponga que se cobra un impuesto proporcional de 18.84% a cada hogar. Note que esta tasa genera los $120,000 necesarios para pagar la transferencia uniforme a todos los hogares. Al ser un impuesto proporcional al ingreso inicial, observe que esto no afecta a la distribución inicial. Esto se aprecia con mayor claridad en la parte inferior del cuadro, en donde la participación por decil tanto del ingreso inicial como del impuesto y del ingreso después de los impuestos, es exactamente la misma. Es decir, la forma de financiar la transferencia ha sido neutral, ya que no ha afectado a la distribución inicial.
Ahora veamos qué pasa cuando se otorga la transferencia uniforme de $12,000 pesos por hogar (que en este caso es igual a la transferencia por decil). El ingreso final es el que se muestra en la última columna. Noten que esta transferencia uniforme cambia la distribución del ingreso tal y como se observa en la última columna de la parte inferior. Ahora, gracias a esta transferencia, el primer decil pasó de tener el 2.11 % del ingreso total a tener el 3.59 %. Vean también que la transferencia uniforme modificó las participaciones de todos los deciles. Para los primeros siete deciles la aumentó, mientras que para los últimos tres deciles la disminuyó. Esta intervención de política pública fue entonces claramente redistributiva y, por lo tanto, progresiva. Esto a pesar de que el monto transferido por hogar fue exactamente el mismo. La razón detrás de esta progresividad es que el impacto de la transferencia por deciles es muy distinto. La siguiente gráfica muestra el impacto diferenciado de la transferencia uniforme por decil:
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Noten la similitud de esta gráfica (en su forma, no en su magnitud) con la que se presentó anteriormente en la que se muestra el impacto en el ingreso de las transferencias de los programas sociales por decil.
Finalmente, veamos gráficamente qué es lo que implicó esta transferencia para la desigualdad. La siguiente gráfica muestra las Curvas de Lorenz para la distribución del ingreso antes y después de la transferencia. Vean como la curva de Lorenz posterior se acerca más a la línea de 45 grados, lo que implica que hay una mejor distribución del ingreso y una menor desigualdad.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1309573" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/Programas-sociales-8-600x424.png" alt="Programas sociales ¿regresivos?" width="600" height="424" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/Programas-sociales-8-600x424.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/Programas-sociales-8-1024x723.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/Programas-sociales-8-768x543.png 768w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/Programas-sociales-8.png 1458w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Así, este ejemplo ilustra el poder redistributivo incluso de una transferencia uniforme. Esta política es, por ende, progresiva, no neutral como muchos tenderían a creer en una primera instancia.
<a href="https://twitter.com/esquivelgerardo" target="_blank" rel="noopener">@esquivelgerardo</a>
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Kakwani (1977) desarrolló una medida de progresividad conocida como el Índice de Kakwani. Esta medida es simplemente la diferencia entre el Coeficiente de Gini de la intervención (impuesto o transferencia) y el Coeficiente de Gini de la distribución previo a la intervención. Véase Kakwani, Nanak C. (March 1977). &#8220;<a href="https://academic.oup.com/ej/article-abstract/87/345/71/5220713?redirectedFrom=fulltext&amp;login=false" target="_blank" rel="noopener">Measurement of Tax Progressivity: An International Comparison</a>&#8220;. The Economic Journal. 87 (345): 71–80. doi:10.2307/2231833. Para un análisis más reciente de este tema véase Enami, Larroulet y Lustig (2022), “<a href="http://www.ecineq.org/milano/WP/ECINEQ2022-601.pdf" target="_blank" rel="noopener">How Accurate is the Kakwani Index in Predicting Whether a Tax or a Transfer is Equalizing? An Empirical Analysis</a>”, Society for the Study of Economic Inequality, Working Paper Series, ECINEQ 2022 601.

¿Son realmente “regresivos” los programas sociales en México?

Una de las cosas que siempre me ha apasionado más de haber estudiado economía es que uno aprende a entender que hay cosas que son menos obvias y más complejas de lo que parecen a primera vista. Al estudiar economía uno aprende, por ejemplo, que hay cosas o situaciones indeseables (como la inflación), pero que su opuesto tampoco es necesariamente deseable (en este caso, la deflación). Para muchas personas esto es un sinsentido, pero no lo es para un economista que haya aprendido bien sus lecciones de macroeconomía. Me explico.
Para todos es evidente que una alta inflación es algo indeseable. Todos los que crecimos en México durante los años setenta, ochenta, o incluso noventa, conocemos de primera mano los efectos perniciosos de una inflación alta. El dinero pierde poder de compra rápidamente y los continuos aumentos de precios distorsionan muchas decisiones económicas de consumo, ahorro e inversión. No es casualidad que fue precisamente en los años noventa cuando se decidió otorgar autonomía al Banco de México y se le encomendó la tarea principal de combatir la inflación. Sin embargo, contrario a lo que muchos pensarían, el objetivo del banco central no es acabar con la inflación. Es decir, no busca lograr una inflación de cero por ciento. Uno estaría tentado a pensar que si la inflación es indeseable deberíamos tratar de que esta fuera la menor posible, cero inclusive. Otros podrían sugerir ir más allá: si la inflación es indeseable, ¿por qué no tratar de lograr una deflación, es decir, que los precios bajen? Finalmente, esto suena lógico: si nos molesta que los precios suban, ¿por qué no habríamos de querer que los precios bajen? Parece natural querer esto. O al menos plantearlo como alguna posibilidad.
Sin embargo, los economistas bien saben que la deflación es algo también indeseable. Es algo a lo que las autoridades económicas de todo el mundo temen. Hay países, como Japón, que han luchado por años para evitar una deflación. ¿La razón? Si estamos en una situación con deflación, esto también afecta las decisiones de consumo y ahorro de las personas. Es natural suponer que los agentes económicos podrían posponer su consumo de todo tipo de bienes si anticipan que los precios van a bajar en el futuro. Si todos los agentes se comportaran de esa manera, el consumo agregado caería y provocaría una caída en la demanda agregada; la producción se contraería y el desempleo aumentaría; el ingreso caería por la pérdida de empleo y el consumo se reduciría aún más derivado de la pérdida de ingresos, lo que acentuaría el círculo vicioso y provocaría una recesión económica. Por esta razón es que una deflación es algo tan indeseable como su opuesto, la inflación. Hay otras razones que explican por qué tampoco es deseable buscar una inflación de cero por ciento, ya que esto podría impedir el ajuste de precios relativos que en muchas ocasiones es deseable para acomodar los ajustes inevitables que hay en la oferta o demanda de algunos bienes.
Por todo ello es que los bancos centrales nunca buscan tener como objetivo ni el 0% ni mucho menos una deflación. La mayor parte de los bancos centrales concentran sus objetivos en alcanzar una inflación baja y estable, la cual normalmente fluctúa en un rango que va de 2% a 4%. En el caso de México, el objetivo del Banco de México es de 3% anual.
Todo el ejemplo anterior fue para ilustrar, con un caso que es relativamente fácil de comprender, aunque no es inmediatamente obvio, por qué en economía el opuesto de algo indeseable no es necesariamente deseable. Uno debe tratar de entender las ventajas y desventajas de las diferentes alternativas. Bueno, pues algo parecido ocurre con los movimientos del tipo de cambio. Si bien casi todos estaríamos de acuerdo en que un aumento significativo en el tipo de cambio es algo indeseable, no es del todo evidente cómo debemos valorar su contrario, es decir, cómo debemos valorar una reducción significativa del tipo de cambio (a lo que los economistas llaman una apreciación). De nuevo, los que vivimos en los años de alta inflación en México, nos acostumbramos a ver episodios de movimientos bruscos al alza en el tipo de cambio. Estos episodios, conocidos como depreciaciones (cuando el régimen cambiario era flexible) o devaluaciones (cuando el régimen cambiario era de tipo de cambio fijo o semifijo), producían un enorme malestar entre la población y se asociaban a mayores costos de importación, a inflación adicional y, en general, a crisis económicas constantes. Por todo ello, a buena parte de los mexicanos les queda clara que una depreciación importante es algo indeseable. Durante décadas, los mexicanos asociamos las depreciaciones cambiarias con crisis económicas. Y no es para menos, las devaluaciones importantes de 1976, 1981-82, 1985-87 y 1994-95 estuvieron todas ellas asociadas con fuertes crisis económicas.
Ahora bien, ¿quiere esto decir que una apreciación (es decir, una disminución de la paridad cambiaria) es algo deseable? En general, uno pensaría que sí. Es lo más lógico. Si una depreciación es indeseable, una apreciación parecería ser bienvenida. Sin embargo, una vez más la respuesta es menos obvia de lo que parece. Si bien una depreciación importante perjudica a la inmensa mayoría de la población (por sus efectos en inflación, precios de importación, etc.), una apreciación no necesariamente beneficia al grueso de la población. Beneficia a algunos y perjudica a otros. Beneficia, por ejemplo, a los consumidores de productos importados que, al menos en principio, podrían beneficiarse de menores precios en pesos. También beneficia a las familias que viajan al extranjero y que ahora podrían hacerlo a un menor costo en pesos. En cambio, una apreciación importante del tipo de cambio perjudica a los exportadores, quienes ahora recibirían menos pesos por sus ventas al exterior. También perjudica a todas las familias y negocios que dependen del turismo extranjero, ya que una moneda fuerte desincentiva a los extranjeros a venir a México, ya que el costo de viajar y consumir en el país se encarece para aquellos que tienen sus ingresos en dólares. Noten que esto implica que una apreciación importante afecta también a las y los trabajadores de los sectores exportadores y turísticos, ya que la demanda por sus productos y servicios podría disminuir. Finalmente, también perjudica a las familias receptoras de remesas, ya que ahora los envíos de dólares se traducirían en menos pesos. Una apreciación del peso podría ayudar al gobierno a reducir la carga en pesos de su deuda externa, sin embargo, también lo perjudica porque disminuyen sus ingresos por la venta de petróleo al exterior.
Así pues, el efecto de una apreciación es mucho más complejo de lo que uno pensaría. Por lo mismo, tener una moneda fuerte no es necesariamente algo que deba buscarse y quizá tampoco celebrarse. Aquí, como en otros temas económicos, la respuesta a la pregunta del título es “depende”. Una moneda fuerte ayuda a algunos y perjudica a otros. Si le preguntamos a los primeros, su respuesta seguramente será positiva. Si le preguntamos a los segundos, su respuesta será negativa. En cualquier caso, es importante entender las distintas aristas de este tema y no quedarnos con una visión demasiado simplista de lo que implica tener una moneda “fuerte”. Desde un punto de vista macroeconómico es sin duda un logro el haber mantenido la estabilidad cambiaria en un periodo tan turbulento como el que hemos vivido. Sin embargo, una cosa muy distinta es celebrar una apreciación cambiaria que tiene efectos distributivos importantes y que podría acarrear costos y riesgos no menores hacia adelante.
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¿Es deseable tener un superpeso?

El pasado 27 de febrero el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció la firma de un <a href="http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/acuerdo_gabinete_mexico_prospero_27022014.pdf" target="_blank" rel="noopener">Acuerdo de Certidumbre Tributaria</a>. Dicho acuerdo pretende “… otorgar certeza a los agentes económicos en la toma de decisiones, facilitar el proceso de planeación de las empresas –pequeñas, medianas y grandes– y permitir a los hogares programar adecuadamente sus adquisiciones y ahorro. Todo ello con el objetivo de fomentar la inversión y el crecimiento económico en el país con impacto sobre el bienestar de las familias&#8221;.
Entre otros compromisos, el acuerdo establece que “a partir del día de hoy y hasta el 30 de noviembre de 2018, el Gobierno Federal no propondrá cambios al marco tributario”- Lo anterior implica el compromiso explícito del gobierno de “No proponer nuevos impuestos; No aumentar las tasas de los impuestos existentes; No reducir o eliminar los beneficios fiscales ni las exenciones existentes”.
El Acuerdo también plantea el compromiso de “… mantener la trayectoria descendente del déficit público previamente anunciada, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de acceso a financiamiento para las familias y empresas del país”. Finalmente, “… se corrobora el compromiso por mejorar la eficiencia, la oportunidad y la transparencia en el uso de los recursos públicos”.
No sé a quién se le ocurrió que un Acuerdo de Certidumbre Tributaria era necesario o que era una buena idea. No es ni lo uno ni lo otro. Es, por el contrario, una pésima ocurrencia. Es una decisión que ata de manos al gobierno, que lo limita y que acota su capacidad de decisión e influencia en la conducción económica del país. Lo peor es que se trata de una decisión propia, un castigo autoinfligido. Ni siquiera es un acuerdo, pacto o compromiso en el que participen otros sectores de la sociedad. Es un acuerdo firmado por 12 Secretarios de Estado y por otros miembros del gabinete ampliado. En él se comprometen a hacer cosas que uno supone que no sería necesario reiterar: “Combate a la evasión fiscal”, “Pleno respeto a los derechos constitucionales y a las decisiones del Poder Judicial de la Federación”, “Mejorar la eficiencia y la oportunidad en el uso de los recursos públicos y la transparencia en los ingresos y en el ejercicio del gasto” y “Comunicación permanente y cercana con la sociedad civil&#8221;.
Sin embargo, de todos los compromisos establecidos en el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, el peor de ellos es el de comprometerse a no modificar el marco tributario de aquí a 2018. Y lo es por diversas razones. Entre otras, porque equivale a un intento de invasión de funciones de parte del Poder Ejecutivo ya que, de acuerdo a la Constitución, es el Congreso quien tiene la facultad “para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto” (Art. 73, fracción VII) y “para establecer contribuciones 1º. Sobre el comercio exterior, 2º. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales…, 3º Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, 4º. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación y 5º. Especiales…” (Art. 73, Fracción XXIX). Es por ello que, debido a la reserva de ley establecida en el art. 31, fracción IV de la Constitución, el Ejecutivo en realidad sólo puede comprometerse a no proponer modificaciones aunque, en principio, no podría hacerlo a que no las hubiere, ya que esto sale de su ámbito de decisión para caer en la órbita de las facultades del  Poder Legislativo.
Por otro lado, comprometerse a que no haya más modificaciones al marco tributario es un error porque ello conduce a congelar un statu quo que sabemos que está mal. La carga tributaria en el país es una de las más bajas del mundo, incluso después de la reforma fiscal de 2013. Además, el esquema tributario actual es insuficientemente progresivo, <a href="http://cdn.static-economist.com/sites/default/files/imagecache/original-size/images/print-edition/20140301_FNC432.png" target="_blank" rel="noopener">por lo que no contribuye a reducir la desigualdad que se genera en los ingresos antes de impuestos</a>. Peor aún, debido a la excesiva dependencia de los ingresos derivados del petróleo (cerca de 40% del total), los ingresos del gobierno siguen siendo altamente vulnerables a choques en los precios o en la producción de petróleo. Por ello, comprometerse por más de 4 años a no introducir nuevos impuestos o a no modificar los ya existentes es equivalente a envolverse por su propia voluntad en una camisa de fuerza. Es, paradójicamente, una locura.
Finalmente, y quizá más importante aún, es el hecho de que al congelar el marco tributario actual, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido renunciar a una de sus promesas de campaña más importantes y a lo que quizá era la reforma más ambiciosa que podía haber emprendido: la creación de un sistema de seguridad social universal. Este esquema, que por sus requerimientos de financiamiento debía ir precedido por una reforma fiscal de cierta envergadura, ha sido, en los hechos, cancelado por lo que resta del sexenio. En ese sentido, el Acuerdo de Certidumbre Tributaria es, al mismo tiempo, el acta de defunción (al menos temporal) de un incipiente Estado de Bienestar que podía haber dotado a los mexicanos de un mayor y mejor acceso a servicios de protección y seguridad social. Así de simple y así de grave.
Sinceramente, no entiendo qué pudo haber orillado a un gobierno que está empezando su gestión (apenas acaba de terminarse el primer cuarto del sexenio) a renunciar de esta manera al uso de uno de sus pocos instrumentos de política económica: la política monetaria le corresponde al Banco de México, que es una institución autónoma, mientras que en materia cambiaria tenemos un tipo de cambio relativamente flexible que se rige, al menos hasta cierto punto, por las leyes de la oferta y la demanda de divisas. El único instrumento que realmente le quedaba al gobierno para enfrentarse a las vicisitudes del ciclo económico era el de la política fiscal y ahora ha renunciado a utilizarlo. Así, al menos en materia económica, el gobierno ha renunciado a actuar como tal. Por ello, en lo que resta del sexenio navegaremos en la economía en una especie de piloto automático. Esperemos que no haya demasiada turbulencia.
<a href="https://twitter.com/esquivelgerardo" target="_blank" rel="noopener">@esquivelgerardo</a>

El Acuerdo de Certidumbre Tributaria: una pésima ocurrencia

Hay una expresión que se oye frecuentemente entre los asesores y los universitarios que están en proceso de titulación: “la mejor tesis es la tesis concluida”. La idea básica es que lo importante es terminar; que no importa que el trabajo no sea perfecto y que en un futuro quizá haya oportunidad para mejorarlo; que lo importante, por ahora, es graduarse. Nuestro Presidente, quien aspira al título de El Presidente Reformador, padece el síndrome del tesista: “la mejor reforma es la reforma concluida” parece ser su motto. No importa cómo ni en qué forma se logren las reformas, quizá después habrá tiempo para mejorarlas. Lo que importa ahora es aprobarlas. Y entre más rápido, mejor.
Al igual que el tesista que está dispuesto a cualquier cosa con tal  de titularse, el Presidente no tiene empacho en modificar el índice, algunos capítulos, la metodología, la hipótesis e incluso las conclusiones fundamentales de su trabajo. Si originalmente el índice del trabajo planteaba empezar con un par de capítulos sobre Transparencia y Comisión Nacional Anticorrupción, no hay ningún problema en desecharlos y cambiarlos por otros que se refieran al tema de la reforma laboral del sector educativo y de la competencia en telecomunicaciones. Que si originalmente se pensaba escribir un capítulo sobre “El papel del déficit cero como garante de la estabilidad y la prosperidad económica”, tampoco hay inconveniente alguno en cambiarlo, a recomendación de uno de los asesores, por otro titulado “El papel del déficit público como promotor del crecimiento y la recuperación económica”. Que si originalmente se había programado un capítulo sobre “Los contratos de utilidad compartida, lo que el General Cárdenas hubiera querido”, es factible cambiarlo por otro titulado “Los contratos de producción compartida y las concesiones, lo que el PAN y las empresas petroleras hubieran querido”. Que si antes de escribir un capítulo sobre la Reforma Energética un asesor recomienda escribir un capítulo sobre Reforma Política, adelante, ¿cuál es el problema?
El Presidente, como el tesista apresurado, es sumamente flexible. Se acomoda a lo que le soliciten y a lo que le recomienden sus asesores. Lo importante es titularse o conseguir las reformas. No importa que la tesis se desdibuje, que el marco teórico no coincida con la metodología o que las conclusiones contravengan el diagnóstico. Eso es lo de menos. Lo importante es alcanzar el objetivo. Tampoco parece importarle que un capítulo no embone con el otro, que incluso sea su opuesto o que plantee hipótesis excluyentes. Lo importante es que el asesor esté contento, que no le regatee la firma para el examen profesional y que no le impida festejar con familiares y amigos.
Por supuesto, siempre habrá quienes alaben la flexibilidad y versatilidad del tesista, su capacidad de adaptación, el que no esté sujeto a esquemas rígidos o que no esté atado por un marco ideológico o metodológico único. Habrá incluso quienes alaben su enfoque ecléctico. Y quizá tengan razón. Es posible que la flexibilidad del tesista no sea una debilidad sino una fortaleza. Es quizá lo que le permite avanzar y no estancarse. Es lo que le permitirá graduarse, a diferencia de algunos de sus compañeros, obstinados quizá en seguir un marco analítico demasiado rígido y que les impide acomodarse a las recomendaciones de sus asesores. Es por ello que la adaptabilidad en sí misma no es necesariamente algo negativo. Y es por ello también que lo importante será juzgar y evaluar al producto terminado y no sólo la forma en la que se logró éste. Aunque, evidentemente, la forma en la que se procedió durante la elaboración del trabajo puede ser determinante para explicar las características del producto final.
[contextly_sidebar id=&#8221;0178e8ccd24923ec47c5f7d1bf3cfb21&#8243;]Por eso, a la hora de juzgar las reformas, como las tesis, habrá que evaluarlas en sus propios méritos y no sólo en el hecho de haberse concluido. Habrá que evaluarlas en lo que pueden y no lograr. En su capacidad para alcanzar los objetivos buscados. A la fecha, lo que se ve es un mazacote de reformas concluidas, con problemas en la implementación como la reforma educativa o sin leyes secundarias como en el caso de las telecomunicaciones.
Tenemos, por otro lado, un adefesio llamado reforma político-electoral que ha dejado satisfecho a casi nadie y una reforma fiscal de alcance muy limitado, con un cierto carácter redistributivo, pero que queda muy lejos de lo requerido si lo que se deseaba era una verdadera reforma estructural de la hacienda pública. En el aspecto energético tenemos que la nueva propuesta que se está manejando, una que plantea la apertura total al sector privado, es absolutamente incompatible con la reforma fiscal aprobada. Por el tipo de reforma que se está discutiendo, es evidente que no habrá aumento de la renta petrolera en el corto plazo y los ingresos se quedarán muy cortos de lo previsto en la reforma fiscal. El capítulo 5 contradice al capítulo 3. El capítulo 4 no tiene ni pies ni cabeza. La conclusión no se deriva del análisis previo. El diagnóstico no coincide con las recomendaciones de política. Las reformas, como algunas tesis, están contrahechas. No siguen un esquema lógico y un marco conceptual apropiado o bien integrado. En este caso, la flexibilidad del tesista ha debilitado y desdibujado el trabajo.
Sin embargo, y a pesar de todo, una vez llegado el momento de la evaluación, el aspirante muy probablemente no será reprobado por los sinodales. Finalmente, habrá entregado un producto terminado. Flojo, pero completo. Quizá incluso bien empastado y con el escudo institucional al frente.  Sería muy difícil reprobarlo. Habrá cumplido con parte de lo que prometió y se tendrá que valorar las dificultades enfrentadas, el hecho de que los asesores tuvieran diferencias significativas en temas cruciales del trabajo presentado. El aspirante Peña Nieto será Licenciado. Nadie querrá reprobarlo. Pero nadie abogará tampoco por una mención honorífica. Quizá haya tiempo para mejorar el trabajo en un futuro. O quizá no.
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<a href="https://twitter.com/esquivelgerardo" target="_blank">@esquivelgerardo</a>

El Presidente tesista

A la gente en el actual gobierno le gusta citar con frecuencia a Santiago Levy, <a href="http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/departamentos/biografias,1347.html?bioid=8#.UjC_nn8vv08">el respetado economista mexicano que es hoy Vicepresidente del Banco Inter-Americano de Desarrollo</a> (BID). Repiten, hasta el cansancio, que Levy es su fuente de inspiración para la creación de un programa de seguridad social universal (SSU) que, al modificar la forma tradicional de su financiamiento, podría reducir los costos de las empresas y, por lo tanto, podría también detonar mejoras importantes en la productividad y el crecimiento. Justo eso fue lo que planteó el propio Enrique Peña Nieto <a href="http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/49187.html">en un artículo en El Universal en 2010</a> (énfasis mío):
… debemos plantearnos como una gran meta nacional la construcción de un nuevo Sistema de Seguridad Social Universal que garantice a toda la población acceso a los servicios de salud y otorgue una pensión a todos los adultos mayores del país. (…) De igual forma, se debe garantizar que todos los trabajadores tengan seguro de riesgos de trabajo y seguro de desempleo.
Este nuevo Sistema de Seguridad Social Universal debe unificar el sistema de salud para alcanzar dos objetivos. Primero, que los usuarios puedan decidir la clínica y el médico de su elección para fomentar la competencia entre las instituciones de salud y mejorar así su calidad. Segundo, evitar que se dupliquen los servicios para poder reducir el costo total del sistema.
El nuevo sistema debe ser financiado mayoritariamente por impuestos generales, en lugar de cuotas que castigan el salario de los trabajadores y el esfuerzo de los emprendedores. De esta forma, toda la población, sin excepción, tendría pensión y acceso a la salud, al mismo tiempo que dejarían de existir barreras para acceder al trabajo formal, lo que aumentaría la calidad de los empleos, la productividad y el crecimiento económico.
Para hacer realidad este objetivo debemos abandonar la lógica de las pequeñas reformas sin sentido estratégico. Necesitamos una reforma integral en la que, a la par de la creación del Sistema de Seguridad Social Universal, se apruebe una reforma fiscal para poder financiarlo y se transforme la legislación laboral para poner en sintonía a empresas y sindicatos con un nuevo esquema de derechos universales y de mayor productividad.
Cabe señalar que ésta fue, también, una de las principales propuestas de campaña de Peña Nieto y una que se detalla con bastante amplitud en su libro “México, la gran esperanza: Un estado eficaz para una democracia de resultados”.
[contextly_sidebar id=&#8221;2fe38601c6c82ec03f08226dc2048f04&#8243;]Ahora bien, ¿es esto lo que plantea la propuesta de reforma hacendaria-social que dio a conocer el gobierno el fin de semana pasado? No, ni mucho menos.
Para empezar, la parte social de la propuesta simplemente descartó el tema de la salud. Ni siquiera se menciona y no parece haber ningún avance o propuesta específica en la dirección de la consolidación de los distintos esquemas públicos que actualmente proveen servicios de salud en el país.
En cuanto a la pensión universal, se anunció la creación de un programa así llamado, pero que en realidad no es universal. Y no lo es, porque establece una serie de condicionantes para poder acceder a ella. En particular, sólo son elegibles para esta pensión aquellas personas “que tengan un ingreso mensual igual o inferior a quince salarios mínimos; que no reciban actualmente una pensión contributiva, y que a partir de la entrada en vigor de la Ley no se pensionen bajo un régimen de reparto del IMSS, del ISSSTE o de las entidades paraestatales”. Es decir, sólo serán elegibles aquellas personas que tengan un ingreso inferior a $972 mensuales y que no tengan ninguna otra pensión contributiva. Estos requisitos, además de quitarle el carácter de universal, implicarán la necesidad de crear un sistema administrativo de vigilancia, control y supervisión que sería innecesario bajo un esquema verdaderamente universal. Además de ello, es importante señalar que el monto que se propone en  este programa ($1,092), es tan bajo que es incluso inferior al nivel de ingreso necesario para adquirir una canasta básica en las zonas urbanas de acuerdo <a href="http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx">al criterio de la Línea de Bienestar Mínimo del CONEVAL</a>.  Por lo tanto, un adulto mayor que viva en zonas urbanas y que sólo reciba esta pensión mínima seguirá estando en condiciones de pobreza alimentaria o extrema.
En cuanto al seguro de desempleo, <a href="http://65.60.11.62/resumen.php?id=408282">lo que se está planteando</a> es que sea un programa financiado por las contribuciones patronales, del cual una parte se destinará a una subcuenta individual nueva y una parte se irá a un fondo solidario. En caso de que los recursos acumulados no alcancen para cubrir el seguro, el resto será cubierto mediante recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En cualquier caso, lo que llama la atención es que, a diferencia de lo prometido, no se trata de un programa financiado por impuestos generales, sino a partir de las contribuciones ya existentes. En ese sentido, este programa sigue estando a cargo de las contribuciones de los patrones y no abarata la contratación de trabajadores formales. Por ende, tampoco se podrán alcanzar por esta vía los supuestos beneficios en términos de creación de  empleo formal, aumentos en productividad y crecimiento económico.
Finalmente, llama la atención que la propuesta de estos programas venga acompañada de  un aumento descomunal en el gasto público <a href="https://twitter.com/esquivelgerardo/status/376896800927383552/photo/1">por medio billón de pesos, es decir, por $500,000,000,000</a>, el cual equivale a un aumento del gasto de 9.3% en términos reales. Cabe señalar que este aumento en el gasto público no es el resultado de los nuevos programas sociales. Esto se debe a que el seguro de desempleo es, en principio, autofinanciable con las contribuciones patronales ya establecidas, por lo que corre a cargo de los empleadores; mientras que el programa de la pensión universal planea utilizar fundamentalmente los recursos ya asignados al Programa 65 y más. De hecho, comparando el PEF 2014 con el del año pasado se observa que los recursos para este programa crecen de $26,000,000,000 a $45,000,000,000, por lo que los recursos adicionales necesarios para financiar estos dos programas son de únicamente $19,000,000,000 (diecinueve mil millones de pesos). Esto implica que los nuevos programas solo requerirán el 3.8% del gasto adicional solicitado en el PEF 2014, mientras que el 96.2% de éste será para otros programas y proyectos.
En resumen, esta propuesta hacendaria-social, supuestamente inspirada en las ideas de Santiago Levy, en realidad representa una versión bastante deformada de la original; que se queda muy corta en su componente social, que no cuenta con una adecuada fuente de financiamiento, que no elimina las distorsiones en la carga  fiscal de las empresas y que, para colmo, trata de ser aprovechada para justificar un enorme incremento de gasto público adicional. Es, en pocas palabras, la creación de un monstruo fiscal inspirado en una interesante propuesta de Levy pero que el gobierno actual se ha encargado de transformar en un auténtico Levinstein. Como dijera el propio Levy: “Buenas Intenciones, pobres resultados”.

La Reforma Hacendaria-Social o la creación de Levinstein

Hace unos días, se dieron a conocer las <a href="http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/pibbol.pdf">cifras del PIB de México correspondientes al segundo trimestre de 2013</a>. El reporte del INEGI mostró que la producción económica del país creció en 1.5% con respecto al mismo trimestre del año anterior, pero que se contrajo en -0.7% con relación al trimestre anterior (es decir, en -2.9% a tasa anualizada, que es la forma en la que se calcula y reporta en Estados Unidos).
A raíz de estos resultados ha habido un debate sobre si la economía mexicana está o no en recesión. <a href="http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/08/27/recesion-economia-pib-pena-nieto">Algunos analistas afirman que así es</a> y para ello se refieren a una caída de dos trimestres consecutivos en un cierto indicador de la actividad económica. El gobierno, por supuesto, <a href="http://cache.cnnexpansion.com/economia/2013/08/29/videgaray-niega-recesion-economica">niega esa interpretación</a> y enfatiza el hecho de que la actividad económica con respecto al año previo aún muestra un crecimiento positivo. Otros, más cautelosos, no niegan la posibilidad de que ya estemos en recesión aunque consideran <a href="http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/08/29/recesion-pena-videgaray-desempleo-pib">que aún no podemos saberlo con certeza</a>. En particular, sugieren que debemos esperar hasta conocer la información relativa al tercer trimestre para poder evaluar si estamos o no en una situación recesiva.
Por supuesto, tal diversidad de opiniones no ayuda a esclarecer el estatus actual de la economía mexicana. Partamos, entonces, de definir qué es una recesión. Para ello, utilizaremos <a href="http://www.nber.org/cycles/recessions.html">la definición del comité encargado de fechar los ciclos económicos en Estados Unidos</a>. De acuerdo a este comité, una recesión es el periodo que va de un pico (es decir, un punto máximo a partir del cual empieza a descender) a un valle (un punto mínimo a partir del cual empieza a ascender) de actividad económica. Otra consideración importante es que durante una recesión ocurre una reducción significativa y generalizada de la actividad económica, la cual puede durar de unos cuantos meses a más de un año. Más aún, el comité aclara que no tiene una definición fija de lo que es “actividad económica” y que examina y compara diversos indicadores generales tales como el PIB, el empleo o el ingreso real, aunque también puede utilizar indicadores sectoriales tales como las ventas o la producción industrial, particularmente en aquellos casos en los que no es tan fácil identificar la existencia de un pico en la actividad económica en su conjunto.
Por lo tanto, podemos concluir que hay tres características clave para saber si estamos o no en una recesión: 1) Identificar un pico en la actividad económica, 2) Que haya una reducción significativa y generalizada de la actividad económica y 3)  Que dicha reducción haya durado por lo menos unos cuantos meses. Noten que estas tres características explican  por qué es tan común que se utilice como un indicador de la existencia de una recesión el que el PIB de una economía caiga durante dos trimestres consecutivos. Esto implicaría, casi por sí mismo, que se habría alcanzado un máximo en la actividad económica y que habría habido una caída generalizada en diversos sectores de la economía al menos durante unos cuantos meses. Lo anterior, sin embargo, no es una definición técnica ni una condición sine qua non. Es decir, no es algo que deba cumplirse necesariamente ya que, como se dijo antes,  el PIB no es la única variable relevante en esta definición y ni siquiera la más importante porque se consideran de mayor utilidad indicadores con frecuencia mensual.
Veamos ahora el comportamiento de algunos indicadores relevantes sobre la actividad económica. En este sentido, quizá la variable más importante a observar sea el indicador coincidente de la actividad económica. Este es un indicador compuesto que incluye información de 6 variables: índice de actividad económica (que es, según el INEGI, “una estimación del PIB mensual” construida a partir de información del PIB trimestral y del Índice Global de Actividad Económica), índice de actividad industrial, ventas al por menor en establecimientos comerciales, número de asegurados permanentes en el IMSS, tasa de desocupación urbana e importaciones totales. El <a href="http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Comunicados/sica.pdf">comportamiento más reciente</a> de este indicador se muestra en la siguiente gráfica:
<a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-el-vaso-medio-vacio/2013/09/06/estamos-o-no-en-recesion/coincidente-0913/" rel="attachment wp-att-274210"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-274210" alt="Coincidente 0913" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2013/09/Coincidente-0913.png" width="979" height="850" /></a>
El gráfico muestra 3 resultados importantes: 1) En meses recientes se alcanzó un punto máximo en este indicador (en junio de 2012, para ser precisos), 2) A partir de entonces se observa una caída significativa y constante que ya ha durado 12 meses, y 3) Por tercer mes consecutivo, el índice se encuentra por debajo de su tendencia de largo plazo (100). Nótese que los primeros dos resultados coinciden precisamente con lo descrito anteriormente como un periodo de recesión por lo que, usando los criterios del Comité de Ciclos Económicos de Estados Unidos, México habría entrado en fase de recesión a partir de julio de 2012.
El tercer resultado mencionado en el párrafo anterior también es particularmente importante para saber si estamos o no en una recesión ya que, según el propio INEGI, el valor del indicador coincidente junto con su tendencia de largo plazo contribuyen a identificar las diferentes etapas del ciclo económico (véase la nota técnica de <a href="http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Comunicados/sica.pdf">este comunicado</a>). En particular, INEGI considera que estamos en un periodo de recesión cuando “el componente cíclico del indicador está decreciendo y se ubica por debajo de su tendencia de largo plazo”. Esto es precisamente lo que se muestra en el gráfico previo al menos desde el mes de abril de 2013, lo que confirmaría que el país se encuentra ya en recesión económica de acuerdo a los propios criterios del INEGI. Lo anterior no implica, sin embargo, que la recesión hubiera empezado apenas en abril de 2013, sino que es a partir de entonces que se puede afirmar con certidumbre que la recesión ya ha empezado. En realidad, la recesión en México habría empezado a partir de julio de 2012 ya que el pico de actividad económica habría ocurrido en junio de ese año.
Otros indicadores parecen confirmar la conclusión anterior. Veamos, por ejemplo, gráficas de algunas otras variables relevantes:
<a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-el-vaso-medio-vacio/2013/09/06/estamos-o-no-en-recesion/otros-indicadores/" rel="attachment wp-att-274211"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-274211" alt="Otros indicadores" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2013/09/Otros-indicadores.png" width="1349" height="548" /></a>
Las gráficas anteriores, correspondientes a la “estimación del PIB mensual” y a la actividad en el sector industrial ajustada por tendencia-ciclo, revelan que, en ambos casos, 1) se alcanzó un máximo a mediados del año pasado, 2) que han caído en forma significativa a partir de entonces y 3)  que ambos indicadores están por debajo de su tendencia de largo plazo.
Otros indicadores más directos (todos ellos utilizando información en forma desestacionalizada) parecen confirmar la existencia de un pico en la actividad económica en algún momento del año anterior, aunque difieren en la fecha de ocurrencia de dicho punto de inflexión. Por ejemplo, el indicador global de actividad económica (IGAE) alcanzó su punto máximo en noviembre de 2012. Por su parte, el índice de actividad industrial (IAI) también alcanzó su valor máximo en noviembre de 2012, aunque en realidad venía oscilando desde junio de 2012. La tasa de desocupación trimestral alcanzó su punto mínimo en el primer trimestre de 2012 y ha crecido lenta pero consistentemente durante los últimos 5 trimestres. Las ventas netas al por menor alcanzaron su máximo en septiembre de 2012, mientras que las ventas netas al por mayor lo hicieron en agosto de 2012.
En conjunto, todos los indicadores aquí comentados muestran que se cumple la existencia de, primero, haber alcanzado un punto máximo de actividad económica en algún momento de 2012; segundo, que a partir de entonces la actividad ha disminuido de manera consistente y generalizada y, tercero, que ésta ha caído ha tenido una duración de varios meses. Por ello, es posible concluir que, desafortunadamente, México se encuentra una vez más en un periodo de recesión económica. Esta recesión habría empezado en algún momento de 2012, el cual  podríamos identificar entre julio y noviembre de ese año según el tipo de indicador que usemos para definirla. De acuerdo a los propios datos y definiciones del INEGI, la recesión habría empezado a partir de junio/julio de 2012 y las cifras de abril de este año habrían confirmado que teníamos elementos suficientes para identificarla como tal. Esta recesión sería la tercera en lo que va del presente siglo y la séptima en los últimos 30 años, tal y como se puede apreciar en los periodos sombreados de la primera gráfica. Esperemos que está recesión sea corta y de poca profundidad.

¿Estamos o no en recesión?

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Este lunes 29 de julio se dieron a conocer las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) sobre las cifras oficiales de pobreza multidimensional en México para 2012. Para cuando usted lea este documento es posible que ya esté mareado con tanta cifra y que incluso esté confundido por los titulares tan contradictorios como los que seguramente habrán elegido los medios para dar a conocer los resultados. Especulo un poco: “Buenas noticias: bajó la tasa de pobreza”, “Malas noticias: subió el número de pobres”, “Aumentó la carencia del tipo X”, “Bajó la carencia del tipo Y”. Lo cierto es que los resultados oficiales se prestan un poco para estas interpretaciones tan diversas: el número de pobres en México entre 2010 y 2012 en efecto subió en medio millón de personas, pero la tasa de pobreza (es decir, el número de pobres como porcentaje de la población total) bajó de 46.1% a 45.5% en ese mismo periodo.
Estos y otros resultados dados a conocer por el CONEVAL seguramente serán materia de discusión, crítica y análisis en las semanas por venir. La mayor parte de estas discusiones, sin embargo, se centrarán en resultados específicos o de corto plazo. Esto se debe a que los resultados de la pobreza multidimensional sólo se conocen para los años 2008, 2010 y ahora 2012, por lo que las comparaciones sólo podrán hacerse para el periodo relativamente corto que va de 2008 a 2012 (el cual, por lo demás, se ve afectado por un cambio en la medición del uso del combustible para cocinar a partir de 2010). Anticipo, por ejemplo, una discusión interesante sobre la medición del número de personas que sufren de  carencia por alimentación, la cual presenta cambios muy drásticos (y, por lo tanto, inverosímiles) en algunas entidades federativas en un lapso relativamente corto (disminuciones de 42% y 38% en el Estado de México y Campeche, respectivamente, o aumentos de más de 43% en Morelos y Tamaulipas, por ejemplo). Más allá de estas discusiones, sin duda necesarias, hay un tema que considero más fundamental y que creo que debería ser la nota periodística del reporte de CONEVAL: el carácter aparentemente estructural de la pobreza en México y el evidente fracaso de las políticas sociales que se han implementado para combatirla.
Para poder hablar de este tema, sin embargo, es necesario usar un concepto de pobreza ligeramente distinto. En vez de hablar de la pobreza multidimensional, de reciente y controversial medición (véase, por ejemplo, el artículo que escribí en Nexos en 2010, “<a href="http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&amp;Article=2099486">Pobreza y Trivialidades</a>”),  es necesario hablar del concepto que se usaba anteriormente para medir la pobreza en México: la pobreza por ingresos, la cual afortunadamente aún se sigue reportando por el CONEVAL. La evolución de este tipo de pobreza, en sus tres niveles, se muestra en el siguiente gráfico:
<a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-el-vaso-medio-vacio/2013/07/30/combate-a-la-pobreza-dos-decadas-perdidas/blog-esquivel-30jul13-ok/" rel="attachment wp-att-268987"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-268987" alt="Blog esquivel 30jul13 OK" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2011/04/Blog-esquivel-30jul13-OK-456x342.jpg" width="456" height="342" /></a>
Fuente: <a href="http://www.coneval.gob.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza%202012/Porcentaje%20Poblaci%C3%B3n_grande.jpg">CONEVAL</a>
Lo que revela la gráfica es contundente y no se presta a ambigüedades ni a dobles interpretaciones. De ella podemos extraer dos conclusiones básicas: primero, que entre 2006 y 2012 hubo un claro y marcado aumento en todos los tipos de pobreza en México (que van desde un 22% en el caso de la pobreza total o de patrimonio, hasta un 40% en el caso de la pobreza alimentaria o extrema) y, segundo, que en 2012 las cifras de todos los tipos de pobreza no son muy distintas de las tasas que se tenían exactamente dos décadas atrás, es decir, que llevamos básicamente dos décadas perdidas en el combate contra la pobreza en el país.
Estos últimos resultados también nos permiten concluir dos cosas adicionales: primero, que las políticas sociales que ha implementado el Estado mexicano en estas dos décadas han sido claramente inefectivas y que no han logrado su propósito fundamental. Esto, por supuesto, no quiere decir que no haya programas sociales buenos o efectivos, sino que los resultados de estos programas se ven contrarrestados por otras políticas sociales o económicas que, al ponerlas en la balanza, han dado lugar a un nulo avance en materia de combate a la pobreza en el país. En segundo lugar, estos resultados también destruyen el mito (reforzado el lunes mismo por el Secretario de Hacienda y la Secretaria de Desarrollo Social) de que el crecimiento económico podría ser suficiente para reducir la pobreza en una economía. En el caso de México, la economía entre 1992 y 2012 sin duda creció. Poco, pero creció. Por ejemplo, en términos de PIB per cápita la economía creció en casi un 25% en ese periodo, es decir, a una tasa ligeramente inferior al 1% por año. Este crecimiento, magro como lo es, no se tradujo sin embargo en ninguna mejora en términos del combate a la pobreza en el país. Esto quiere decir que los frutos del crecimiento de ese periodo no beneficiaron a los más pobres, por lo que la asociación que se ha planteado entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza es una simplificación absurda.
Por todo lo anterior creo que es hora de discutir seriamente el tema de la pobreza y la política social en el país. No para justificar políticas sociales supuestamente novedosas (como la Cruzada contra el Hambre, que no es sino una <a href="http://democraciadeliberada.tumblr.com/post/48175080083/la-teletonizacion-de-la-politica-social">mezcolanza de los antiguos e inefectivos programas sociales</a>), ni para llevar agua al molino de las Reformas que ahora se justifican bajo cualquier situación y circunstancia. No, para lo que necesitamos discutir seriamente el tema de la pobreza es para entenderla y combatirla seriamente, para reducir sus efectos perniciosos y para aumentar las oportunidades de vida para amplios segmentos de la población. También necesitamos discutirla para entender con mayor claridad su dimensión regional (concentrada en el Sur-Sureste del país) y etaria, ya que la pobreza afecta de manera desproporcionada a los niños, jóvenes y adultos mayores del país. Para todo eso es que necesitamos discutirla.
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Combate a la pobreza: dos décadas perdidas

Noto a mucha gente muy entusiasmada con la propuesta de Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones que se dio a conocer hace pocos días. La Diputada Purificación Carpinteyro, por ejemplo, incluso <a href="http://youtu.be/dUsRpY_tl5M">ha llegado a equiparar la reforma</a> con la caída de Muro de Berlín y con la Independencia de México. <a href="http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2013/03/63480.php">El Senador Corral dice que ésta es</a> “la verdadera reforma política que México ha esperado por largo tiempo”. La reforma no es mala, pero tampoco hay que exagerar. Aquí, como en tantas otras cosas, se aplica la máxima atribuida a Manuel Gómez Morín: “Que no haya ilusos, para que no haya desilusionados”. Veamos algunos puntos relacionados con esta propuesta de reforma.
1. La Reforma no es mala, pero tampoco es una panacea
La reforma propuesta no es mala. De hecho, tiene varios de los elementos que muchos analistas habíamos descrito que debería contener una reforma en el sector: apertura en todos los mercados, incentivos  a la convergencia, fomento de la competencia, etc.  Véase, por ejemplo, <a href="http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&amp;Article=29015">esto que escribí en 2009</a> en donde planteé algunas de las características deseables que, en mi opinión, debería tener una reforma (aunque de carácter subóptimo) en el sector. A pesar de que la reforma propuesta vaya en esta dirección, he leído varios análisis en donde claramente se exageran los beneficios de la reforma ya sea en materia de competencia, de precios, de contenidos, de inversión y/o de crecimiento económico. Creo que, desafortunadamente, nada de esto verá en el corto y quizá ni siquiera en el mediano plazo, por algunas de las razones que mencionaré a continuación.
2. Un mayor número de competidores es deseable, pero no es “la” solución
Los mercados de telecomunicaciones, en especial el de la televisión y de la telefonía, son mercados que por sus características técnicas (economías de escala y/o de red) tienden en forma natural a estar  altamente concentrados. Por ello, en este tipo de mercados el fomento a la competencia enfrenta límites muy serios. No se puede crear fácilmente competencia simplemente a través del otorgamiento de mayores concesiones. Esto puede aumentar el número de competidores, pero esto no necesariamente se traducirá en mejores condiciones de competencia en el sector. Un ejemplo de lo que podría ocurrir en estos sectores es <a href="http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2013/01/09/pide-banxico-mas-competencia-sector-financiero">lo que ha pasado en el sector financiero</a>. Allí se pensaba que otorgando un mayor número de concesiones de bancos se lograría una mayor competencia en el sistema bancario y una menor concentración. La evidencia demuestra que esto no ha sido así. Es cierto, ahora hay un mayor número de competidores (es decir, de bancos), sin embargo, el mercado sigue estando altamente concentrado porque los incumbentes (es decir, los bancos que ya existían antes de que se otorgaran las nuevas concesiones) son muy grandes y poderosos, se aprovechan de sus economías de escala y de red, y se benefician de una regulación relativamente laxa que les favorece. Es por ello que no debe exagerarse la importancia ni los potenciales efectos benéficos de que haya un mayor número de competidores. Esto nos lleva al siguiente punto.
3. La clave está en la regulación
Por lo antes dicho, la clave para mejorar las condiciones de competencia en un sector como el de las telecomunicaciones, al igual que en el financiero, reside en la regulación. En ese sentido es de crucial importancia entender cuál es el papel del órgano regulador en este sector, así como el papel de las otras instancias que influyen en la operación de las empresas del sector. Por ello, la primera pregunta relevante que debe responderse es si es verdaderamente necesaria una nueva instancia como el llamado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) que se propone como sustituto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). A mí no me parece claro que esto deba ser así. ¿Cuál es la justificación para esta sustitución? ¿Por qué sería mejor el nuevo órgano? Es cierto que, en el pasado, la COFETEL ha respondido a los intereses de algunas empresas del sector. Sin embargo, eso no parece ser el caso en estos momentos. De hecho, sería hasta cierto punto paradójico que ahora que finalmente la COFETEL ha empezado a actuar seriamente como órgano regulador y que ha adoptado medidas importantes en beneficio de los consumidores (<a href="http://www.cft.gob.mx:8080/portal/wp-content/uploads/2012/10/COMUNICADO_13_11.pdf">como es el caso de las tarifas de interconexión</a>) la pretendan desaparecer. ¿Qué pasará con todo el bagaje técnico que se ha acumulado en la COFETEL? ¿Por qué se pretende empezar de cero en el nuevo órgano? ¿Por qué no mejor reformar a la COFETEL, dotarla de autonomía y ampliar el número de comisionados en lugar de desaparecerla?
Por otro lado, tampoco es claro que sea benéfico que el nuevo órgano regulador también asuma las labores de promoción de competencia en el sector. En el marco institucional actual, la labor de regulación del sector y de promoción de la competencia recae en dos órganos distintos: la COFETEL y la Comisión Federal de Competencia (COFECO). ¿Por qué se cree que sería mejor que un solo órgano aglutine estas dos funciones? La promoción de la competencia y el análisis de prácticas anticompetitivas es un tema que requiere de una gran especialización. ¿Qué experiencia en esta materia tendrían los comisionados del propuesto IFETEL? ¿Por qué hacer del sector de telecomunicaciones un sector único con una regulación de competencia distinta al del resto de la economía? ¿Por qué no mejor se busca fortalecer a la COFECO en general, lo cual tendría efectos benéficos para todos los sectores de la economía? En general, no parece deseable concentrar en un solo ente el poder regulador y el poder de promoción de la competencia de un sector en específico. Hacer esto dotaría de un inmenso poder a los nuevos comisionados, pero por lo mismo, incrementaría los incentivos de las empresas del sector para buscar la captura de los reguladores. En cambio, mantener estas funciones separadas sería deseable no sólo porque esto garantizaría una cierta independencia de las decisiones en una u otra materia, sino porque ayudaría a fomentar la especialización en estas dos importantes áreas de la política pública.
Por supuesto, hay otros elementos relativos a la conformación y funciones del IFETEL que deben ser revisados. Muy especialmente, lo relacionado a la participación del Presidente, así sea mediante la emisión de opiniones no vinculantes para el otorgamiento o revocación de las concesiones (art. 28). Esto es claramente inadmisible y no debería ser aprobado como parte de la Reforma por tratarse de una franca violación a los principios de autonomía que se supone deben prevalecer en un órgano de esta naturaleza.
4. Sobe los Agentes Económicos Preponderantes en el sector
La propuesta de reforma establece que el IFETEL deberá identificar en un plazo de 180 días a los agentes económicos preponderantes en el sector y que deberá establecer una regulación asimétrica en función de ello. Para lograr lo anterior, se propone el establecimiento de un criterio “objetivo” que establece que un agente económico será considerado como preponderante si cuenta, de manera directa o indirecta, con una participación superior al 50% del total nacional en la prestación de servicios de radiodifusión o telecomunicaciones. Este porcentaje será medido ya sea en número de usuarios, en tráfico de redes o por la capacidad utilizada de las mismas.
Aunque a muchos les parezca razonable esta forma de definir a un agente económico preponderante, en realidad no tiene mucho sentido desde un punto de vista económico. Aunque el tamaño relativo de una empresa en un sector puede ser relevante en la identificación de una empresa con poder sustancial de mercado, nada indica que deba usarse un umbral específico y único para identificar a una empresa como preponderante y, por lo tanto, como sujeta a una regulación diferente al de las otras empresas participantes en el mercado. Imagine, por ejemplo, un mercado con 3 empresas: una con 50.1% del mercado, otra con 49.8% y una más con 0.1% del total. ¿Por qué tratar diferente a la primera que a la segunda? La teoría económica ha demostrado que lo verdaderamente relevante para promover la competencia no reside en la participación de mercado de una empresa, sino en las prácticas de los participantes en el sector. Así, es posible que 5 empresas, cada una con 20% del mercado, incurran en prácticas anticompetitivas a través de esquemas de colusión, mientras que un duopolio en el que cada una de las empresas cuenta con 50% del mercado podría no estar actuando de manera anticompetitiva.  Por ello, una regulación basada en un umbral del 50% de participación en el mercado es equívoca y podría incluso ser bastante injusta.
En los hechos, el criterio de 50% para definir agentes económicos preponderantes puede tener un trasfondo más político que técnico, ya que parece tener un destinatario específico: las empresas de Carlos Slim. Basta echar un vistazo a las cifras del sector para darse cuenta de que la aplicación de este criterio únicamente afectará a las empresas de Slim (ver cuadro anexo), mientras que Televisa podrá librarlo fácilmente, sobre todo una vez que se otorguen las concesiones correspondientes para las nuevas cadenas de televisión abierta. Lo anterior es más evidente aún en la forma que se pretende aplicar la condición de must carry/must offer. De acuerdo a ésta, la señal de los canales de televisión abierta será gratuita para todos los oferentes de televisión de paga, con excepción de aquellos que hayan sido identificados como preponderantes en cualquier segmento de las telecomunicaciones. Es evidente que el único perjudicado con este tipo de excepción será nuevamente Carlos Slim, cuyas empresas serían las únicas que deberían pagar por transmitir los contenidos de la televisión abierta, con lo que se estaría protegiendo nuevamente a las empresas televisoras que también participan en el mercado de televisión de paga y se estaría impidiendo la libre competencia en este mercado. En ese sentido, la propuesta de que un agente económico preponderante sea tratado de manera asimétrica en este aspecto no favorece la competencia en precios en el mercado de televisión de paga, sino que más bien la obstaculiza, por lo que es algo que también debería ser eliminado de la propuesta de reforma.
<figure id="attachment_251892" aria-describedby="caption-attachment-251892" style="width: 762px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-el-vaso-medio-vacio/2013/03/19/telecomunicaciones-ni-ilusos-ni-desilusionados/blog-esquivel-telecomms-ocde/" rel="attachment wp-att-251892"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-251892" alt="Fuente: OCDE, Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de las telecomunicaciones en México, 2012." src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2013/03/Blog-Esquivel-Telecomms-OCDE.png" width="772" height="828" /></a><figcaption id="caption-attachment-251892" class="wp-caption-text">Fuente: OCDE, Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de las telecomunicaciones en México, 2012.</figcaption></figure>
5. La economía política de la reforma
He escuchado a legos y expertos afirmar que esta propuesta de reforma afecta a todos los monopolios de las telecomunicaciones por igual y que beneficia fundamentalmente a los consumidores. Creo que muchos aún no han entendido bien la reforma propuesta. Tal y como está, la reforma beneficia fundamentalmente a las televisoras (en especial a Televisa) y perjudica a América Móvil (Telmex-Telcel). Los supuestos beneficios a los consumidores, sin embargo, terminarán dependiendo más de la regulación que se imponga después de la reforma que de ésta, ya que lo que se propone en la reforma en realidad no tendrá efectos en el corto plazo para los consumidores. Como ya se dijo, es posible que haya más oferentes, pero esto no garantizará por sí mismo ni mejores precios, ni mejor calidad en el servicio, ni tampoco mejores contenidos (vean, a manera de ejemplo, la programación de Cadena 3, una de las posibles beneficiarias de las nuevas cadenas de televisión abierta).
En realidad, lo único cierto hasta ahora de la reforma es que le ofrece a las televisoras la posibilidad de acceder a un nuevo, jugoso y mucho más grande mercado que el de la televisión misma: el mercado de telefonía e internet; al mismo tiempo que les ofrece una cierta protección en el mercado de televisión de paga y les garantiza la supervivencia de sus concesiones actuales de televisión abierta. Si, es cierto, la reforma las enfrentará a una mayor competencia a través de las nuevas cadenas nacionales, pero el efecto de eso es mínimo cuando se le compara con los potenciales beneficios de acceso a los nuevos mercados. El tamaño de los mercados de televisión de paga, telefonía e internet son mucho más grandes que el de la televisión abierta, por lo que estas empresas tienen mucho que ganar y poco que perder. En contraste, las empresas de Carlos Slim están precisamente en la situación opuesta. ¿Cuánto perderán? Esto depende en parte de si se mantiene o no la definición de agente económico preponderante que se plantea en esta reforma. Si se mantiene, los costos para estas empresas podrían ser relativamente altos, ya que podrían obligarlo a separar y partir a sus empresas de telefonía fija y móvil y a competir en la televisión de paga en franca desventaja. Si no se mantiene la definición, Slim podría perder parte de su segmento de mercado en telefonía e internet, pero podría compensarlo parcialmente con lo que pudiera obtener en la televisión abierta o de paga, así como en términos del poder político que podría adquirir si él fuese uno de los beneficiarios de las nuevas cadenas de televisión abierta. En resumen, no es para nada evidente que la reforma afecte a todos los monopolios de las telecomunicaciones, ni mucho menos que lo haga de la misma manera.
El otro gran ganador de la reforma, por cierto, es el gobierno, quien podrá tener más instrumentos de control político y administrativo sobre los participantes en el mercado, así como una cierta preponderancia en la conformación de los nuevos órganos reguladores propuestos y a través del otorgamiento de las nuevas concesiones de televisión abierta. Esto último sin duda tendrá efectos positivos para el gobierno en términos de voluntades y afinidades por parte de los grupos económicos que eventualmente resulten beneficiados en la asignación de las nuevas concesiones. Así, por ejemplo, no es casual que ya se hable como potenciales beneficiarios de estas nuevas concesiones a algunas empresas vinculadas a medios de comunicación que hasta ahora han sido particularmente afines a la actual administración.
6. ¿Mejores contenidos? ¿Una BBC Mexicana?
Algunas de las mentes más brillantes de México han afirmado que la reforma traerá consigo mejores contenidos en la televisión mexicana. También los he oído decir que gracias a la Reforma tendremos una especie de BBC o de PBS mexicana. Quisiera creerles, pero lo dudo. La razón es muy simple: el problema de los contenidos no es de oferta, sino de demanda. Aunque no lo crean, en la televisión mexicana hay buenos contenidos. Vean el Canal 11, el 22 o el canal de la UNAM, por ejemplo. Vean, incluso, algunos programas de debate e informativos en la televisión privada. No, el problema no es la falta de oferta de televisión de calidad. El problema es que no hay suficiente demanda por este tipo de televisión en México. Una mayor oferta de canales en la televisión puede simplemente repetir lo que actualmente ocurre en la radio. Es decir, es evidente que allí hay varios competidores y oferentes de servicios, pero ¿cuántos de los radioescuchas están realmente dispuestos a cambiarle de una cierta estación a las estaciones del IMER o de Radio UNAM? ¿Cuánto han cambiado o mejorado los contenidos de las radiodifusoras a partir de la existencia de estas otras radiodifusoras? No lo sé de cierto, pero me atrevo a afirmar que muy poco. Con esto no quiero decir que no sea deseable que haya una nueva cadena de televisión pública, o que me opongo a que haya más y mejores programas de calidad o con mejores contenidos. Es evidente que incluso el gusto por lo que se considera como televisión de calidad es algo que se va formando, por lo que una mayor oferta puede ser deseable bajo cualquier circunstancia. Lo único que quiero decir con esto es que no nos ilusionemos, que no creamos que los nuevos canales mejorarán la oferta de contenidos como por arte de magia o, en su caso, que los nuevos contenidos atraerán inmediatamente a nuevos televidentes. No, eso no pasará. O no al menos en el corto o mediano plazo. Eso tomará mucho tiempo. Así como la mayoría de los radioescuchas no ha abandonado estaciones como “La Z” por “Opus 94”, así tampoco deberíamos esperar que la gente abandone las telenovelas por algún documental o alguna serie que transmita la nueva cadena pública.  Una vez más, que no haya ilusos para que no haya desilusionados.
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En resumen, los grandes ganadores de esta reforma son las televisoras. Algunos miembros del Pacto por México, principalmente los líderes perredistas, han insinuado que quienes se opongan a la reforma se estarán aliando con los monopolios de las telecomunicaciones. También han dicho que quien vote en contra de la reforma es porque sin duda forma parte de la llamada “telebancada”. Se equivocan. Es justo al revés. Votar por la reforma tal y como está si revelaría una cierta simpatía con los intereses de las televisoras y con un trato asimétrico favorable a empresas con un evidente poder de mercado. La búsqueda del interés público pasa no sólo por aprobar esta reforma, sino que también pasa por revisarla, discutirla y corregirla. En particular, es necesario fortalecer y no eliminar a la COFETEL, es conveniente mantener la separación entre órganos reguladores y de competencia, es necesario eliminar el criterio (aparentemente objetivo) de agente preponderante en el mercado que conlleva nombre y apellido, es necesario eliminar las propuestas de regulación asimétrica que pretenden favorecer a unos a expensas de competidores y consumidores y, finalmente, es necesario impedir la intervención del Ejecutivo en el otorgamiento y revocación de las concesiones de telecomunicaciones. Hacerlo de otra manera podría ayudar a algunas empresas, pero no necesariamente redundará en beneficio de los consumidores. Ya veremos qué es lo que verdaderamente les interesa a nuestros legisladores.

Telecomunicaciones: ni ilusos ni desilusionados

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Desde hace ya varios años existe una corriente que sugiere que las portadas de las revistas de negocios  en realidad podrían ser indicadores contrarios. Es decir, que cuando una portada habla bien (mal) o pronostica una mejoría (deterioro) de una empresa, una persona o un país, en realidad deberíamos esperar que a partir de entonces les vaya relativamente mal (bien). Véase, por ejemplo, <a href="http://seekingalpha.com/article/38438-magazine-covers-the-1-contrarian-indicator">este post</a> de 2007, <a href="http://www.anderson.ucla.edu/Documents/areas/fac/finance/super_ceo.pdf">este trabajo académico</a> de ese mismo año y <a href="https://www.karvy.com/InstitutionalEquitiesReports/EconomyStrategy/Files/Karvy%20Tech_Magazine%20Cover%20Indicator.pdf">una revisión más reciente</a> de este fenómeno. Obviamente, esta relación no implica causalidad, sino quizá únicamente refleje el rezago con el que estas revistas identifican una cierta tendencia y que produce que, cuando estas revistas identifican una tendencia favorable o desfavorable, ésta en realidad ya está terminando o está a punto de terminar.
En años recientes, la revista británica The Economist ha publicado dos portadas particularmente optimistas sobre la economía de dos países de América Latina: Brasil y México. Veamos lo que ha ocurrido en cada uno de estos casos a partir de la publicación de dichas portadas.
El caso de Brasil
En su portada del 14 de noviembre de 2009, The Economist publicó una imagen en la que se mostraba a la famosa escultura del Cristo del Corcovado como si fuese un cohete que estuviera despegando. La escultura, una de las llamadas <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Nuevas_Siete_Maravillas_del_Mundo_Moderno">Nuevas 7 Maravillas del Mundo Moderno</a>, es mundialmente conocida como un símbolo de Río de Janeiro y, en general, de todo Brasil. El título que acompañaba a la imagen era contundente: “Brasil despega” (Braziltakes off). La portada fue tan impactante que el propio staff de The Economist la consideró como <a href="http://www.businessinsider.com/these-are-the-14-best-economist-covers-2011-7?op=1">una de las mejores portadas de la revista en los últimos 20 años</a>.
<a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-el-vaso-medio-vacio/2013/01/30/las-portadas-de-the-economist-un-indicador-contrario/portada-brasil-ge/" rel="attachment wp-att-241815"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-241815" alt="Portada Brasil GE" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2013/01/Portada-Brasil-GE-227x300.jpg" width="227" height="300" /></a>
El <a href="http://www.economist.com/node/14845197">artículo central de ese número</a> hablaba en términos muy elogiosos de la economía brasileña y de sus perspectivas de crecimiento futuras:
“China puede estar encabezando la salida de la economía mundial de la recesión, pero Brasil también está enrachado. No evitó la contracción, pero estuvo entre los últimos en caer y fue de los primeros en levantarse. Su economía está creciendo otra vez a una tasa anualizada de 5% y debería acelerarse durante los próximos años, conforme empiecen a producir los nuevos campos petroleros en aguas profundas y conforme los países asiáticos sigan hambrientos por los alimentos y minerales de la vasta y generosa tierra brasileña&#8221;.
El artículo también decía que Brasil pronto superaría a Francia y Gran Bretaña, que llegaría a ser la quinta economía mundial y que estaba en mejores condiciones que los otros países BRICs (es decir, que Rusia, India y China). El artículo también identificaba varias áreas de riesgo (tipo de cambio apreciado, gasto público ineficiente, baja educación, mala infraestructura y violencia). Lo anterior, sin embargo, no era suficiente para que The Economist cambiara su posición:
“A pesar de ello, el curso del país parece haber sido fijado. Su despegue es aún más admirable porque ha sido logrado a través de reformas y de un consenso democrático. Si tan sólo China pudiera decir lo mismo”.
¿Qué ocurrió con la economía brasileña a partir de la portada favorable de The Economist? ¿Se materializaron las perspectivas optimistas de la revista? La respuesta es un contundente NO. De hecho, a partir de la publicación de la revista, el crecimiento del PIB brasileño alcanzó su punto máximo en el siguiente trimestre y, desde entonces, prácticamente no ha dejado de caer (ver gráfica).
<a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-el-vaso-medio-vacio/2013/01/30/las-portadas-de-the-economist-un-indicador-contrario/grafica-pib-brasil-ge/" rel="attachment wp-att-241816"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-241816" alt="Grafica PIB Brasil GE" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2013/01/Grafica-PIB-Brasil-GE-300x217.png" width="300" height="217" /></a>
Noten que esto no quiere decir que el producto haya caído, sino que simplemente se ha desacelerado notablemente. En cualquier caso, es notable la rapidez de la desaceleración justo a partir de la optimista publicación de The Economist. Esta caída ha llegado a ser a tal grado preocupante, que en el número más reciente de esa misma revista se publica un nuevo artículo titulado “<a href="http://www.economist.com/news/americas/21569706-more-inflation-less-growth-wrong-numbers">Economía brasileña: Números equivocados</a>”. En dicho artículo se menciona incluso que la economía brasileña “podría entrar en un largo periodo de alta inflación y bajo crecimiento”. Un cambio sin duda dramático con respecto a las expectativas de un país que apenas 3 años atrás era considerado un país ejemplar y en proceso de despegue.
 
El caso de México
Casi 3 años después de aquella famosa portada sobre Brasil, The Economist publicó una portada relativamente similar sobre México. En esta ocasión, la imagen era de varios sombreros de charro volando sobre un terreno desértico y el título de la portada era “El ascenso de México” (“The rise of Mexico”).
<a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-el-vaso-medio-vacio/2013/01/30/las-portadas-de-the-economist-un-indicador-contrario/portada-mexico-ge/" rel="attachment wp-att-241817"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-241817" alt="Portada Mexico GE" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2013/01/Portada-Mexico-GE-226x300.jpg" width="226" height="300" /></a>
En dicho número del semanario británico venían incluidos varios artículos muy favorables sobre las perspectivas políticas y económicas de México. El <a href="http://www.economist.com/news/special-report/21566773-after-years-underachievement-and-rising-violence-mexico-last-beginning">reporte especial sobre México</a> coincidía, además, con la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como Presidente de México y, al igual que en el caso de Brasil, el semanario hacía pronósticos muy optimistas y hasta temerarios <a href="http://www.economist.com/news/special-report/21566782-cheaper-china-and-credit-and-oil-about-start-flowing-mexico-becoming">sobre el futuro económico del país</a>:
“El país de tradicional bajo rendimiento en Latinoamérica creció más rápido que Brasil el año pasado y lo volverá a hacer en este año, con una tasa cercana a 4% comparado contra menos del 2% de Brasil. El Sr. Peña aspira a conseguir un crecimiento de hasta 6% antes de que termine su sexenio. Al final de esta década, México muy probablemente estará entre las 10 economías más grandes del mundo y algunos cuantos optimistas incluso pronostican que México podría convertirse en la economía más grande de América Latina.” 
¿Qué ha pasado con la economía mexicana que produjo tal cambio de expectativas de la revista británica? ¿En qué se basa tanto optimismo? ¿Está justificado?
En principio, no parece haber cambiado nada sustancial o de fondo en la economía mexicana. El único cambio observable es más bien político y tiene que ver con el cambio de gobierno y, sobre todo, con el cambio de discurso del nuevo gobierno. Esto se debe a que la nueva administración ha puesto el énfasis en las reformas económicas que pretende hacer y a que cada vez habla menos de la violencia y la inseguridad en el país, a pesar de que éstas no han disminuido en lo absoluto. Sin embargo, fuera de eso, no parece haber en realidad muchas razones para anticipar un cambio radical o de fondo en las perspectivas económicas del país.
Más aún, la evidencia que menciona The Economist en el sentido de que México ha crecido más rápido que Brasil en realidad son factores coyunturales y no estructurales y se explican en buena medida por el hecho de que México cayó mucho más en 2009 que Brasil, por lo que en realidad no es del todo sorprendente que México haya crecido más rápido en los años subsecuentes.
Sin embargo, lo que es realmente preocupante es que, contrario a lo que anticipa The Economist, México no parece estar ascendiendo sino estancándose. De hecho, la publicación de la portada del semanario inglés coincide, precisamente, con los primeros signos de un fenómeno de recesión en la economía mexicana. Por ejemplo, las cifras más recientes del <a href="http://www.inegi.org.mx/sistemas/calendariodifusion/coyuntura/default.aspx?_file=/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/sica.pdf">sistema de indicadores cíclicos de la economía</a> sugieren que la economía mexicana podría empezar a estancarse o incluso a contraerse. La gráfica siguiente muestra, por ejemplo, que el índice adelantado de la economía está ya a punto de entrar en zona de contracción, mientras que el índice coincidente parece haber alcanzado un máximo, por lo que podría empezar a disminuir en los meses siguientes.
<a href="https://front.animalpolitico.com/blogueros-el-vaso-medio-vacio/2013/01/30/las-portadas-de-the-economist-un-indicador-contrario/indicadores-ge/" rel="attachment wp-att-241818"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-241818" alt="Indicadores GE" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2013/01/Indicadores-GE-300x202.png" width="300" height="202" /></a> 

En fin, esperemos que en esta ocasión la portada de The Economist no sea un indicador contrario y que efectivamente la revista inglesa acierte en señalar las posibilidades de un verdadero ascenso de la economía mexicana. En cualquier caso, lo ocurrido con Brasil y los primeros indicios de lo que está ocurriendo en México, deberían servir como lección de prudencia y cautela a la hora de interpretar estos análisis tan optimistas de revistas que, contrario a lo que muchos suponen, suelen ir un tanto rezagadas en el análisis de la coyuntura económica o bien, que suelen extrapolar situaciones coyunturales como si fuesen auténticos cambios estructurales.
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Las portadas de The Economist: ¿Un indicador contrario?

Este año, al igual que en el 2006, mi voto en la elección presidencial será para el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). A diferencia de algunos otros electores que han manifestado públicamente su apoyo a AMLO, mi voto no es un voto a regañadientes o por “el menos peor”; no es tampoco un “voto útil” o de carácter estratégico; y mucho menos aún se trata simplemente de un “voto de castigo” al PAN. Mi voto es un voto razonado, reflexionado y convencido de que AMLO es la mejor opción para México en un momento como el actual. Me explico.
Primero, y muy importante, votaré por AMLO porque comparto con él sus principios, su diagnóstico del país y sus objetivos. Al igual que él, yo no robo, no miento, no engaño. No sólo eso, detesto a los que sí lo hacen, y los detesto aun más si se dedican a la política. Esto implica que detesto a la gran mayoría de los políticos, sobre todo a la mayoría de los priistas, a algunos panistas, e incluso a varios políticos de izquierda, cuyo modo de vida no puede explicarse por sus ingresos laborales o profesionales ni por sus hipotéticas o reales actividades empresariales. Sé, porque he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y porque conozco a mucha gente cercana a él, que la honestidad y rectitud de Andrés Manuel son a toda prueba. No ha habido nadie en todos estos años de intensa fiscalización, escrutinio público y golpeteo mediático, que aporte una sola prueba de dinero mal habido o de que él tenga un nivel de vida por encima de <a href="https://front.animalpolitico.com/animal-electoral/2012/06/03/detalla-lopez-obrador-ingresos-personales-y-aportaciones-ciudadanas/">los ingresos que percibe</a>.
También comparto con Andrés Manuel su diagnóstico del país y sus objetivos. Creo, al igual que él, que los principales flagelos del país son la corrupción, la pobreza y la terrible desigualdad social que caracterizan al país. Para mí, como para AMLO, es inadmisible que en un país tan rico y con tanta abundancia de recursos humanos y naturales, tengamos, de acuerdo a cifras oficiales, a <a href="http://web.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza%20por%20ingresos%202010/grafico02_ingresos_2010.jpg">más de la mitad de la población</a> viviendo en situación de pobreza y que alrededor de una quinta parte de los mexicanos estén en condiciones de pobreza extrema o alimentaria, es decir, que ni siquiera tengan un ingreso suficiente como para poder adquirir una canasta alimentaria que les provea de los nutrientes para una subsistencia mínimamente saludable. En ese mismo sentido, tampoco es admisible el elevadísimo nivel de desigualdad que ha persistido en el país históricamente y que hace que México tenga uno de los Coeficientes de Gini (la medida de desigualdad más utilizada) <a href="http://www.finanzasblog.com.ar/wp-content/gini-ocde.jpg">más altos en todo el mundo</a>. No es casualidad, por supuesto, que en México convivan <a href="http://aristeguinoticias.com/carlos-slim-es-el-hombre-mas-rico-del-mundo-bloomberg/">el hombre más rico del mundo</a> y varios <a href="http://www.forbes.com/billionaires/#p_1_s_a0_All%20industries_Mexico_All%20states_">multimillonarios que forman parte de la lista de Forbes</a> con más de 20 millones de mexicanos que viven en la peor de las miserias.
También coincido con la parte de su diagnóstico que señala que debemos buscar alternativas de política económica a las que hemos seguido en los últimos 30 años sin que esto implique, por supuesto, el abandono de la estabilidad macroeconómica que tanto nos ha costado conseguir. La razón de ello es simple: es más que evidente que el modelo económico que hemos seguido no está funcionando. Vean si no <a href="http://yfrog.com/ocejazp">el lamentable comportamiento del PIB per capita de México desde 1980</a> en relación al desempeño de otros países. Noten que esto no es el resultado de la política económica exclusivamente del PAN ni del PRI, es el resultado de lo que hemos venido haciendo en esta materia en los últimos 30 años y eso es lo que tenemos que cambiar. Esa, casualmente, es el tipo de política económica que proponen mantener los candidatos de los otros partidos.
Por lo antes dicho, coincido con AMLO en que lo que requiere México es actuar en dos amplios frentes: primero, en mejorar y reorientar la política social para atender a grupos que hasta hoy no han sido cubiertos en algunas dimensiones y, segundo, en restablecer, cuanto antes, el crecimiento económico a tasas altas y sostenidas. También coincido con él en que la forma de lograr este último objetivo pasa por la vía del fortalecimiento del mercado interno, y que esto en parte se puede lograr mediante ambiciosos planes de expansión de la inversión pública en sectores clave de la economía, los cuales a su vez podrían detonar proyectos complementarios de inversión privada. Coincido también con él en que el discurso que apela a las “reformas estructurales que el país necesita” es una cantaleta sin ningún sustento teórico ni empírico (como <a href="http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&amp;Article=2102461">ya lo he discutido en otro lado</a>) y que sólo busca justificar reformas como la laboral o la energética que únicamente pretenden beneficiar a empresas y sectores específicos de la población.
Finalmente, también coincido con AMLO en que para lograr un mejor crecimiento económico es necesario promover la competencia o regular fuertemente a las empresas dominantes en ciertos sectores (telecomunicaciones, financiero, etc.). Esto último a pesar de que ello implique afectar a poderosos intereses económicos que hasta ahora han logrado impedir cualquier reforma en esa dirección. Por eso mismo, estoy convencido de que el único candidato que realmente puede lograr algo en esta materia es AMLO, ya que, al carecer de cualquier tipo de compromisos con alguno de los grupos de interés en conflicto, él podría ser el único que pudiera actuar de manera independiente y objetiva y que le permitiera tomar decisiones que vayan en beneficio del interés público y no sólo del interés privado.
Por lo dicho hasta aquí, creo que resultan evidentes mis coincidencias con AMLO en aspectos sustantivos de su personalidad, su diagnóstico, sus propuestas y sus políticas. Es posible que mucha gente coincida con lo que he dicho hasta aquí y que, a pesar de ello, considere injustificable votar por AMLO por alguna otra razón. Voy a referirme brevemente a algunas de las principales objeciones que he escuchado en este sentido.
a)     AMLO pondría en riesgo la estabilidad económica. Quién dice esto no sabe del tema, no está muy bien informado o lo dice de mala fe. Supongamos, sin conceder, que en efecto AMLO quisiera tomar medidas que pusieran en riesgo a la economía. Esto sería prácticamente imposible de lograr. Para empezar, porque el país ha logrado avances institucionales muy importantes en esta materia. Por ejemplo, la política monetaria y, por lo tanto, el combate a la inflación, son responsabilidad exclusiva del Banco de México, el cuál es autónomo desde 1994 y en el cual no puede influir la voluntad del Presidente. En cuanto a la política fiscal, el país tiene, desde el 2006, una Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que garantiza la existencia de un presupuesto equilibrado y en la que cualquier aumento propuesto al gasto tiene que venir acompañado de su correspondiente fuente de ingresos. Esta Ley también impide cualquier posibilidad de que el gobierno se endeude sin justificación alguna. Claro está que esto podría cambiarse si el Congreso así lo decidiera, aunque esto sólo podría ocurrir si el Presidente contara con una mayoría absoluta en el Congreso, lo que seguramente no será el caso en estas elecciones. Ahora bien, quien crea que AMLO es una persona imprudente en el manejo de las finanzas públicas, quizá desconozca los resultados de su gestión en el DF. Allí, AMLO eliminó  gastos innecesarios, introdujo varios mecanismos de ahorro en la compra y adquisición de bienes y servicios y mejoró la recaudación. Todo ello le permitió financiar múltiples programas sociales (Pensiones a Adultos Mayores, apoyo a Madres Solteras, Uniformes y útiles escolares, etc.) y gastar en muchos otros proyectos de infraestructura y de inversión (Metrobús, 2º. Piso, compra de 45 trenes del metro, étc.), todo ello sin necesidad de aumentar en forma significativa la deuda de la ciudad. Más aún, durante los últimos tres años de su gestión la deuda del DF no sólo no aumentó en términos reales, sino que incluso disminuyó ligeramente como puede verse <a href="http://www.scribd.com/doc/97481499/Deuda-DF-1999-2005-Propuestas-y-Mitos-Administracion-AMLO">en este documento</a> y en el documento oficial de la Cámara de Diputados que allí se cita.
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b)     AMLO no es demócrata y no respeta las instituciones. Creo que este argumento no tiene mayor sustento. AMLO ha participado reiteradamente en la política por la vía electoral, lo cual revela su convicción de que esa es precisamente la forma apropiada de participar en esta actividad. De las cuatro ocasiones anteriores en las que participó en procesos electorales (esta es la quinta), sólo ha triunfado en una de ellas (en la elección para Jefe de Gobierno del D.F. en el 2000). En otras tres ocasiones ha perdido, 2 veces como candidato a Gobernador en Tabasco, en 1988 y 1994, y una como candidato a la Presidencia en el 2006.
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En los tres casos en los que ha perdido, AMLO ha protestado ante las instancias electorales correspondientes y ha recurrido a la movilización política, pero nunca se ha inclinado por una vía que no sea la pacífica y jamás ha promovido, en los hechos, un quiebre institucional o la ruptura del orden constitucional. En todos los casos, sin embargo, la movilización política ha resultado en el reconocimiento, de una u otra forma, de irregularidades en el proceso electoral, lo cual, por sí mismo, podría justificar plenamente la movilización popular.
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Por ejemplo, en 1988 y en 1991 (cuando AMLO no contendió personalmente, aunque él era el líder del PRD en Tabasco), la movilización llevó a la anulación de algunos comicios en alcaldías o distritos en Tabasco y/o al reconocimiento del triunfo de la izquierda en algunas de estas comunidades. En el caso de 1991, la movilización (el primer “Éxodo por la democracia”) condujo al reconocimiento de una gran cantidad de irregularidades en el proceso electoral en al menos 3 municipios, al reconocimiento del triunfo del PRD en ellos y, eventualmente, condujo a la caída del Gobernador responsable de haber intervenido en el proceso electoral. Por su parte, la movilización de 1994 (el segundo “Éxodo por la democracia”) culminó con la presentación en el Zócalo de la ciudad de México de las pruebas más contundentes del exceso de gastos de campaña que jamás se haya visto: cajas y cajas documentando uno a uno los excesivos gastos en los que había incurrido Roberto Madrazo y demostrando que había excedido en 40 veces el límite de gastos de campaña. Si bien este movimiento no tuvo éxito en lograr una revisión de los resultados electorales a nivel local, si fue un elemento clave <a href="http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/155/5.pdf">en la negociación</a> y eventuales resultados de la muy importante reforma electoral de 1996.
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Por otra parte, la movilización post-electoral de 2006, a pesar de la leyenda negra que se ha gestado sobre ella, fue una movilización pacífica en la que no hubo ni violencia ni quiebre institucional. En cambio, es innegable que la movilización y la presión política si lograron una nueva reforma electoral que cambió de manera radical (para bien, aunque aún es perfectible) la relación medios de comunicación-proceso electoral-partidos políticos.
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En síntesis, en ninguno de estos casos, la movilización política post-electoral se ha traducido en violencia post-electoral o en un quiebre institucional y si, por el contrario, se han traducido en el reconocimiento de irregularidades en el proceso electoral y en mejoras a nuestras leyes electorales. En ese sentido, las múltiples movilizaciones que ha encabezado AMLO han, sin duda, contribuido también a mejorar nuestro sistema electoral y, por lo tanto, a nuestro régimen democrático.
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c)     AMLO no representa a la izquierda moderna. Este argumento, muy usado tanto por gente auténticamente de izquierda como por gente que no lo es pero que trata de hacerse por progresista, me parece uno de los más injustos de todos. Es cierto que AMLO no es de un corte  tan liberal o socialdemócrata como a mí o a otros nos gustaría. Sin embargo, creo que la gente auténticamente de izquierda debería reconocerle al menos dos cosas a AMLO. En primer lugar, que él representa mejor que nadie a los políticos que han logrado que la izquierda hoy en día sea una opción viable a nivel nacional en México. Recordemos de donde se viene: en 1988, Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo, oficialmente, 5.9 millones de votos (31%); en 1994, Cuauhtémoc recibió 5.8 millones de votos (16.6%); mientras que en el 2000 Cuauhtémoc recibió 6.2 millones de votos (16.6%). Lo anterior implica que, para el año 2000, la izquierda ya se había vuelto prácticamente testimonial y no lograba avanzar en las preferencias electorales a nivel nacional. En cambio, en el 2006, y gracias en buena medida a su extraordinaria gestión como Jefe de Gobierno en el Distrito Federal, AMLO logró obtener 14.8 millones de votos (35.3%), es decir, 8 millones de votos adicionales y más del doble en porcentaje de lo que la izquierda había obtenido 6 o 12 años atrás.
Si AMLO era o no el mejor candidato en este momento para la izquierda, es algo que se puede discutir, pero que quizá no tiene mucho sentido hacerlo en este momento. Es cierto que quizá una potencial candidatura de Marcelo Ebrard hubiera atraído el voto de un cierto segmento de la población que prefiere a políticos más moderados; sin embargo, también es posible que una parte del voto duro de la izquierda en ciertas regiones del país no lo hubiera seguido con tanto entusiasmo como lo hacen con Andrés Manuel. En cualquier caso, no debemos desestimar que hubo un acuerdo entre los dos precandidatos más fuertes de la izquierda para designar al candidato y que AMLO resultó el ganador en dicho proceso.
El segundo punto que creo que debe reconocérsele a AMLO es que, si bien él en lo personal no representa a la izquierda que muchos consideran moderna, tampoco es alguien que le cierre el paso a ésta y, más aún, es alguien que ha promovido abiertamente a este tipo de militantes. Tal es el caso, precisamente, de Marcelo Ebrard. Recordemos que Marcelo fue candidato a la Jefatura de Gobierno del D.F. en el año 2000 por el Partido del Centro Democrático y que, unos meses antes de la elección, contaba con apenas el 2% de intención de voto. En parte por eso, en marzo de ese año Marcelo anunció la declinación a su candidatura y el establecimiento de una alianza de su partido con los otros cinco partidos que ya apoyaban a AMLO. En correspondencia, Andrés Manuel nombró a Marcelo Ebrard como su asesor de 2000 a 2002, después lo nombró como Secretario de Seguridad Pública de 2002 a 2004 y, cuando Ebrard fue removido de su cargo <a href="http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=16055">por instrucciones del Presidente Fox</a> debido al incidente de Tláhuac, AMLO lo rescató <a href="http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=19884&amp;tabla=primera">nombrándolo como Secretario de Desarrollo Social</a>. Posteriormente, es evidente que el apoyo de AMLO fue muy importante para que Ebrard fuera el candidato del PRD a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y, más tarde, Jefe de Gobierno.
Por todo lo anterior, me parece injusto (y un tanto mezquino) que gente de izquierda pretenda negarle el voto a AMLO con este argumento. No sólo por lo mucho que él ha hecho por la izquierda en México en términos de la búsqueda de condiciones más equitativas en el proceso electoral, sino porque es él, con su desempeño en el ejercicio de gobierno y con sus decisiones y nombramientos políticos, quién le ha abierto la puerta y las posibilidades de triunfo y de gobierno a una izquierda más moderna, más abierta y más liberal en el país. En ese sentido, el hecho mismo de que AMLO ya haya designado al gabinete que lo acompañaría y que en éste se incluyan los nombres de Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, entre otros, debería ser visto como una garantía del interés de AMLO por lograr la transición de la izquierda hacia una vertiente más moderna y liberal que la que él mismo representa.
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Ya he expuesto las razones que me llevan a votar por AMLO. También ya he dado respuesta a algunos de los argumentos más comúnmente utilizados que he leído o que me han dado muchos conocidos para justificar no votar por él. Sólo me resta decir que mi voto por AMLO no está exento de críticas ni es un cheque en blanco. Al igual que muchos otros, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que él propone. No coincido con su idea de reducir el precio de la gasolina, no coincido con su idea de sujetar a consulta lo que deberían ser derechos universales, no coincido con su posición ante el SME, no coincido con su propuesta de acceso garantizado a la educación superior, etc. No coincido en muchas cosas con él y, si llegara a ganar, las cuestionaría como cuestiono muchas otras decisiones de política pública. Sin embargo, creo que estas diferencias de opinión no son suficientes como para impedirme votar por él. Mis coincidencias con él, en sus principios, su diagnóstico del país y en muchas de sus propuestas, simplemente no pueden compararse con mis diferencias. Por ello, este domingo 1 de julio votaré, sin dudarlo, por Andrés Manuel López Obrador.
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Mi voto razonado es por AMLO

En días recientes se han presentado encuestas que muestran resultados muy diferentes entre sí. En un extremo, por ejemplo, <a href="http://gruporeforma-blogs.com/encuestas/?page_id=1672">el periódico Reforma publicó</a> el jueves pasado una encuesta en la que el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aparecía sólo 4 puntos por debajo del candidato del PRI y del PVEM, Enrique Peña Nieto (EPN) (34% versus 38%). En el otro extremo, el periódico El Financiero publicó ese mismo día <a href="http://www.elfinanciero.com.mx/item/22768/26">una encuesta de Indemerc-Harris</a> que mostraba una brecha entre esos mismos dos candidatos de 24 puntos porcentuales (50% versus 26%), es decir, una diferencia de 20 puntos porcentuales con respecto a la de Reforma.
En los días posteriores a la difusión de estas dos encuestas se han publicado al menos otras 4 encuestas más y todas ellas han mostrado resultados intermedios. Por ejemplo, este lunes <a href="http://redpolitica.mx/ruta-electoral/amlo-gana-terreno-en-encuesta-pena-nieto-se-mantiene-la-cabeza">la encuesta de Buendía y Laredo</a> para El Universal calculó una brecha de 16 puntos entre EPN y AMLO; un resultado similar obtuvo <a href="http://www.grupoformula.com/notas.asp?Idn=247886">la empresa Con Estadística</a> quien elaboró una encuesta para Radio Fórmula, mientras que <a href="http://www.parametria.com.mx/Estudios/Images/images/Diapositiva2_569.gif">la encuesta de Parametría</a> mostró una brecha de sólo 13 puntos porcentuales. Este martes, la empresa Consulta-Mitofsky <a href="http://consulta.mx/web/images/eleccionesmexicopdf/18-Variables_junio1.pdf">presentó sus resultados semanales</a> y en su encuesta más reciente obtuvo una brecha de 14 puntos porcentuales entre las preferencias efectivas de AMLO y de EPN.
¿A quién creerle? ¿La diferencia es de 4, 13, 14, 16 ó 24 puntos porcentuales entre EPN y AMLO? ¿Por qué difieren tanto las encuestas entre sí? Estas son, entre otras, las preguntas que mucha gente que se hace y que a muchos los hacen dudar de la validez de estos instrumentos.
Hay muchas razones para que los resultados de una encuesta difieran de otras. Un factor importante, por ejemplo, es si la encuesta es en hogar o telefónica, lo cual, en este caso, no parece ser relevante porque al parecer todas ellas han sido realizadas en vivienda. Otra diferencia es si la pregunta es a viva voz, con boleta simulada o con boleta y urna simulada. Aquí no todas las empresas hacen explícita su metodología, aunque si sabemos que, por ejemplo, Consulta Mitofsky y Reforma usan boleta y urna simulada, lo cual, en principio, haría más creíbles sus resultados.
Otro factor que podría influir en los resultados es la tasa de rechazo a participar en la encuesta, la cual difiere enormemente entre las empresas encuestadoras (véase, por ejemplo, <a href="http://gruporeforma-blogs.com/encuestas/?page_id=43">este cuadro comparativo</a>). Este argumento ha sido utilizado, por ejemplo, por el investigador John Ackerman <a href="http://aristeguinoticias.com/cuestiona-investigador-de-la-unam-encuesta-de-mitofsky-a-favor-de-epn/">para descalificar</a> los resultados de algunas encuestas con altas tasas de rechazo como las de Consulta Mitofsky (aunque sus tasas de rechazo no son muy distintas a las de Parametría, por ejemplo). Para que esto último fuese correcto, sin embargo, tendríamos que suponer que la gente que rechaza participar en la encuesta va a votar de forma diferente a los que sí aceptan participar en ella. Es posible que así sea, aunque es muy difícil poder hacer un juicio sobre el sentido del voto en ausencia de mayor información. En cualquier caso, me parece razonable que mucha gente crea (aunque sería sólo eso, una creencia) que una encuesta con una menor tasa de rechazo pueda captar mejor la intención de voto que una que presenta altas tasas de rechazo.
Más allá de estas posibles fuentes de discrepancia entre las encuestas, en este post me quiero referir a una dimensión en particular: el aspecto regional de las encuestas. Normalmente, las encuestas electorales son diseñadas para que sean representativas a nivel nacional. Sin embargo, en un país como México, con una marcada heterogeneidad regional en las preferencias electorales, quizás sería deseable que las encuestas también fueran representativas a nivel regional (es decir, con un tamaño de muestra por región que garantice que los resultados obtenidos en esa región sean un reflejo confiable de lo que se espera que pudiera pasar en dicha zona). Ahora bien, algunas encuestadoras publican resultados por región sin informarnos si su muestra está diseñada para ello. En este caso en particular, me quiero referir a dos casos concretos que pudieran ayudarnos a entender porque los resultados de algunas encuestas son tan distintos entre sí. Me refiero a los casos de la encuesta de Reforma y de Consulta Mitofsky. Cabe recordar que comparar estos casos resulta interesante por tratarse de una de las encuestas con resultados extremos y de una de las encuestas con resultados representativos de otro grupo de  encuestas.
Vean aquí los <a href="http://gruporeforma-blogs.com/encuestas/wp-content/uploads/2012/05/05_31_jueves_capsula_3.png">resultados por región</a> de la encuesta de Reforma:
<a href="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2012/06/Captura-de-pantalla-2012-06-05-a-las-20.07.13.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-159" title="Captura de pantalla 2012-06-05 a la(s) 20.07.13" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2012/06/Captura-de-pantalla-2012-06-05-a-las-20.07.13-264x300.png" alt="" width="264" height="300" /></a>(haz click para agrandar la imagen)
Y aquí los resultados por región de la <a href="http://consulta.mx/web/images/eleccionesmexicopdf/18-Variables_junio1.pdf">encuesta de Consulta-Mitofsky</a> (p.14):
<a href="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2012/06/Captura-de-pantalla-2012-06-05-a-las-20.07.23.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-160" title="Captura de pantalla 2012-06-05 a la(s) 20.07.23" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2012/06/Captura-de-pantalla-2012-06-05-a-las-20.07.23-300x182.png" alt="" width="300" height="182" /></a>(haz click para agrandar la imagen)

Cabe señalar que los datos de Consulta-Mitofsky por región son brutos (no efectivos) y que las definiciones de las regiones varían ligeramente entre las dos casas encuestadoras (de hecho, la única diferencia es que Consulta-Mitofsky incluye a Nayarit en la zona Norte, mientras que Reforma la incluye en la zona Centro-Occidente).
Para hacer las comparaciones entre los resultados de las dos encuestas, he preparado el siguiente cuadro el cual muestra las preferencias efectivas por región y encuestas, así como las diferencias entre las encuestas por candidato.

<a href="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2012/06/Captura-de-pantalla-2012-06-05-a-las-20.07.341.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-162" title="Captura de pantalla 2012-06-05 a la(s) 20.07.34" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2012/06/Captura-de-pantalla-2012-06-05-a-las-20.07.341-300x252.png" alt="" width="300" height="252" /></a>(haz click para agrandar la imagen)
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El cuadro muestra algunos resultados interesantes.
Primero, los resultados por región en términos del puntero y del ordenamiento del resto de los candidatos tienden a coincidir en tres de las cuatro regiones: Norte, Bajío y Centro.
Segundo, la encuesta de Reforma revela mayores tasas de votación para Quadri en todas y cada una de las regiones. Quizá esto se deba a las distintas tasas de rechazo en las encuestas. Si este fuera el caso, ello implicaría que varios de los que no aceptan participar en las encuestas quizá piensan votar por este candidato. Si esto fuese correcto, se reforzaría la creencia de preferir encuestas con menores tasas de rechazo.
Tercero, los resultados en las regiones Bajío y Centro son bastante similares en las dos encuestas. De hecho, si uno ve las diferencias entre encuestas para EPN y AMLO en estas dos regiones, podrá notar que las diferencias en una región tienden a compensarse en la otra (+2.4 vs -1.9 para EPN y -3.2 vs. 2.6 para AMLO). Esto implica que, en general, estas dos regiones no explican la diferencia observada entre las dos encuestas.
Cuarto, una primera diferencia importante entre las dos encuestas aparece en la zona Norte. Aquí Consulta-Mitofsky le da 47% de intención de voto a EPN, mientras que Reforma sólo encuentra una preferencia de 39%, una diferencia de 8 puntos porcentuales. Exactamente lo contrario ocurre con AMLO: mientras que Reforma le da 24% de intención de voto, Consulta-Mitofsky sólo le otorga el 16.5%, una diferencia de 7.5 puntos porcentuales. ¿Cuál es el correcto? De nuevo, no lo sabemos. Sólo podemos mencionar que en estos estados norteños AMLO obtuvo en el 2006 rangos de votación que iban de 16% y 18.3% en Nuevo León y Chihuahua hasta el 35.7% y 43.1% en Zacatecas y Baja California Sur, por lo que es posible que el resultado de Consulta-Mitofsky de 16.5% esté subestimando la intención de voto por AMLO en esta región. Por otra parte, el resultado de Reforma, aunque más cercano al promedio de votación que obtuvo AMLO en la región en el 2006, quizá está sobreestimando su intención de voto, ya que parecería sugerir que ésta no ha disminuido, a pesar de que a nivel nacional sí se observa este fenómeno.
Quinto, el resultado más sorprendente, sin embargo, es el de la zona Sur-Sureste del país. Aquí las diferencias entre las encuestadoras son bastante notables y de hecho ni siquiera coinciden en identificar al puntero en la región. Así, mientras que para Consulta-Mitofsky EPN encabeza la intención de voto en esta zona con 47% y con una ventaja de 13 puntos porcentuales sobre AMLO, la encuesta de Reforma ofrece un resultado muy distinto: para ellos, AMLO encabeza la intención de voto en esta región con 42% y con una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre EPN. La diferencia entre encuestas en la intención de voto para EPN es de 15 (¡quince!) puntos porcentuales, los cuales resultan muy difíciles de justificar desde un punto de vista estadístico. Es muy posible que aquí sí las diferencias tengan que ver con el diseño muestral, con las secciones electorales donde se levantaron las encuestas (es muy diferente si se encuestó en Veracruz o Yucatán que en Tabasco o Guerrero, por ejemplo) y/o con las tasas de rechazo. Aquí de nuevo, sin información adicional es muy difícil saber quién está en lo correcto y quién está equivocado. Sin embargo, vale la pena señalar que fue precisamente en los estados del sur-sureste del país en dónde AMLO obtuvo una victoria más amplia en los comicios del 2006 y que se requeriría de un formidable cambio en las preferencias electorales como para pensar que EPN tiene la misma intención de voto en los estados del Sur que en los del Norte.
En resumen, creo que la clave para entender las diferencias en las encuestas tiene que ver con el factor regional. En el caso particular de las encuestas de Consulta-Mitofsky y Reforma las diferencias fundamentales aparecen en las zonas Norte y Sur-Sureste del país. Para saber quién de ellos está captando mejor la intención de voto en esas zonas se requeriría de mayor información pero, en general, creo que se podría afirmar que quien quiera de ellos que haya hecho un mejor trabajo en el diseño de su muestra a nivel regional, particularmente en las zonas Norte y Sur-Sureste del país, es el que está captando mejor la verdadera intención de voto en el país en este momento.
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<div><a title="" href="#_ftnref">Nota importante: </a>Todas las cifras que se mencionan en esta nota se refieren a preferencias efectivas, es decir, sin incluir a los votantes indecisos o los votos nulos.</div>

¿Por qué difieren tanto las encuestas entre sí?

A estas alturas ya casi todo mundo se enteró de la incapacidad de Enrique Peña Nieto para mencionar tres libros o autores que lo hubieran influenciado o marcado en su vida. Si usted es de los pocos que aún no ha visto el video de la participación de Peña Nieto en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, aquí lo puede ver. Estoy seguro de que reirá y/o se deprimirá, pero no le será indiferente:
<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/C3NKGfoTACg?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/C3NKGfoTACg?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
A lo que poca gente le ha puesto suficiente atención, sin embargo, es a los libros que supuestamente ha leído el precandidato del PRI a la Presidencia de la República. Según él, los libros que sí ha leído, además de unos cuantos  pasajes de la Biblia durante su adolescencia, son los siguientes: “La Silla del Águila” de Carlos Fuentes (que en la conferencia atribuyó a Enrique Krauze); una trilogía de Jeffrey Archer (un político inglés, escritor de libros malísimos pero muy exitosos, que se hiciera famoso en los 80s y que acabara pasando una temporada en la cárcel por una acusación de perjurio y por obstrucción de la justicia); y, finalmente, el libro que, según él, está leyendo en la actualidad, “<a href="http://www.rhmx.com.mx/salalectura/pdf/9786073103831.pdf">La Inoportuna Muerte del Presidente</a>” (de Alfredo Acle Tomasini, de quién no recordó su nombre en la conferencia ni siquiera cuando se lo mencionaron). Revisemos brevemente el contenido de estos libros.
La trilogía de Archer empieza con “Kane y Abel”, la historia de dos hombres de orígenes muy distintos, pero muy ambiciosos, que se enfrentan mutuamente durante muchos años en su intento por construir un imperio económico en los Estados Unidos. Hacia el final de la novela, los dos hombres quedan unidos familiarmente ya que la hija de Abel (Florentina) y el hijo de Kane (Richard) se enamoran y se casan a pesar de la oposición de sus padres. El segundo libro de la trilogía, “La Hija Pródiga” (que fue el único título que mencionó Peña Nieto en la conferencia), narra las vicisitudes de Florentina y Richard para enfrentar y sobrevivir a la animadversión de sus padres, así como la forma en la que ellos mismos fueron extendiendo y fortaleciendo el imperio económico que habían heredado. En algún momento, sin embargo, Florentina decide iniciar una carrera en la política estadounidense, la cual se ve afectada por la muerte súbita de su esposo en un accidente automovilístico. Así, después de un periodo de confusión, la viuda decide regresar a la política con el único objetivo de alcanzar la Presidencia de los Estados Unidos. Posteriormente, Florentina acepta ser parte de una fórmula en la que ella aparece como candidata a la Vicepresidencia y uno de sus rivales de partido como candidato a la Presidencia, bajo el acuerdo explícito de que ella sucedería a este último al término de su primer y único periodo como Presidente. Casi al finalizar dicho periodo, el Presidente la traiciona al anunciar públicamente tanto su candidatura para un segundo periodo como el que iría acompañado de otro compañero de fórmula para la Vicepresidencia. De esta manera, el sueño de la hija pródiga está a punto de no verse cumplido. Sin embargo, la muerte súbita del Presidente por un ataque al corazón la convierte en la primera mujer Presidente de los Estados Unidos de América. Finalmente, el tercer libro de la serie de Jeffrey Archer se titula “¿Se lo decimos al Presidente?” y trata sobre un complot en el que participan algunos senadores para tratar de matar a la Presidenta de los Estados Unidos, Florentina Kane, debido a que ella ha propuesto una ley que endurece el control a la venta de armas.
Por su parte, “La Silla del Águila” de Carlos Fuentes es una novela escrita en 2002 que describe las intrigas palaciegas en torno al Presidente y a la sucesión presidencial en México en el año 2020. La novela introduce a los personajes mediante diversos intercambios epistolares en donde se describe una compleja red de relaciones personales en el círculo cercano al Presidente de la República (Lorenzo Terán). Los participantes en esta trama son, entre otros, el secretario de Gobernación (Bernal Herrera), el jefe de Gabinete (Tácito de la Canal), el ambicioso y joven columnista interesado en la política (Nicolás Valdivia) y la truculenta y omnipresente operadora política y sexual, María del Rosario Galván.
Como suele suceder en la realidad mexicana, los miembros del gabinete participan en el juego de la sucesión, tratan de establecen alianzas y buscan quedar bien con el Presidente para resultar elegidos. Dentro de los posibles candidatos hay dos con mayor fuerza que el resto: Bernal y Tácito. Sin embargo, la operadora Galván le ha prometido al joven Valdivia que él llegará a ser el Presidente de México, y para ello lo empieza a acercar a la cúpula del poder, primero en Los Pinos como colaborador de Tácito de la Canal y luego como Subsecretario de Gobernación. Un componente importante de la trama es que el Presidente Terán está enfermo pero sólo unas cuantas personas conocen de la gravedad de su enfermedad. En particular, y gracias a su cercanía personal con el Presidente, la operadora Galván sabe que éste puede morir en cualquier momento, por lo que ella actúa en función no sólo de la sucesión formal (que tendrá lugar en 2024), sino también en caso de que el Presidente fallezca antes del fin de su gestión. Al mismo tiempo, una serie de investigaciones personales y de corrupción, producen simultáneamente la salida de los dos hombres fuertes del gabinete, Tácito y Bernal, quienes iniciarán formalmente sus campañas rumbo a la Presidencia de la República. Esta situación permite el rápido ascenso del joven Valdivia a la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, repentinamente fallece el Presidente Terán y el Secretario Valdivia es nombrado Presidente substituto (no interino), debido a que el fallecimiento ocurrió <a href="http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/85.htm?s=">en el tercer año de la administración</a> del Presidente Terán. El resto de la historia borda sobre otros secretos, personales y políticos, que conducen a traiciones o complicidades posteriores. La mayor parte de ellas, obviamente, giran en torno a la llamada “Silla del águila”.
Un detalle interesante de este libro es que en él se hace referencia a la elección presidencial del 2012. En ella habría obtenido el triunfo Tomas Moctezuma Moro, un candidato redentor, que prometía acabar con la corrupción y que protegería a los humildes contra el abuso. “Era un mesías”, escribió Fuentes. El candidato triunfador, sin embargo, “cayó asesinado antes de asumir el poder”. En realidad, como se revela más adelante en la novela, el Presidente electo habría sido encerrado en San Juan de Ulúa durante 8 años, sólo para ser asesinado posteriormente por órdenes del Presidente Valdivia.
Finalmente, “<a href="http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/85.htm?s=">La Inoportuna Muerte del Presidente</a>” es un libro publicado recientemente por el economista Alfredo Acle Tomasini, del cual pueden leer aquí <a href="http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=7454">una reseña</a> que hiciera el periodista recientemente fallecido, Miguel Ángel Granados Chapa. El título del libro enuncia perfectamente la trama de este thriller político: el Presidente de México fallece inesperadamente mientras duerme, durante la noche que separaba el fin de su segundo año de gobierno y el principio del tercero. Como es sabido, <a href="http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/85.htm?s=">el artículo 84 de la Constitución establece</a> distintos mecanismos para resolver la ausencia total del Presidente dependiendo de cuándo ocurre ésta: si es en los primeros dos años de Gobierno, el Congreso designa a un Presidente Interino, el cual debe convocar a nuevas elecciones en un cierto plazo; si la ausencia total ocurre en los últimos cuatro años de la administración, el Congreso elige a un Presidente Substituto, el cual debe terminar el periodo para el que había sido electo el Presidente ausente. Cabe señalar que, en este caso, la Constitución no establece ni un quórum mínimo ni la necesidad de que la designación sea por mayoría calificada, por lo que una minoría en el Congreso podría terminar eligiendo al nuevo Presidente.
La trama de esta novela sugiere, al igual que en el caso anterior, la existencia de múltiples alianzas, relaciones y animadversiones entre los miembros cercanos al Presidente. La fecha de la muerte del Presidente y las condiciones en las que ésta ocurrió, sugieren la existencia de un complot orquestado por otros políticos (miembros del Gabinete, del Congreso e incluso una Gobernadora) y por un exitoso empresario, los cuales habrían conspirado para asesinar al Presidente y para impulsar a uno de ellos como Presidente Substituto. No revelaré detalles de lo que ocurre más adelante ni de cómo se resuelve la interesante trama que plantea el autor de esta novela. Baste señalar, sin embargo, que entre los factores que pudieron haber propiciado el asesinato del Presidente estaba un intento de su parte por llevar a cabo reformas importantes en el país: “una reforma fiscal profunda”, “regular a los medios y las telecomunicaciones” e “implantar nuevas medidas para evitar el blanqueo de dinero” (p. 200).
Hasta aquí los resúmenes. Llama la atención, de entrada, la fascinación (obsesión, quizá) de Peña Nieto con el tema de la Presidencia y de la lucha por el poder. Mientras que muchos otros políticos se han nutrido de las lecturas de Maquiavelo (El Príncipe) o de Sun Tzu (El Arte de la Guerra) como fuente de inspiración o guía de su comportamiento político, el candidato del PRI parece conformarse con la lectura de obras de ficción que simplemente tratan de recrear las intrigas palaciegas que se dan en torno a la incesante búsqueda del poder. Resulta un tanto decepcionante, al menos para mí, que el candidato se interese sólo en la esta dimensión de la política y no en lecturas o temas que le ayuden a entender mejor las complejidades o limitaciones del poder presidencial (biografías de estadistas, por ejemplo), por no decir textos o referencias bibliográficas que le ayuden a entender mejor al país al que pretende gobernar (libros de historia o diagnósticos sobre la situación actual, por ejemplo).
En cualquier caso, resulta interesante saber si estas lecturas son un mero entretenimiento derivado de su propia actividad política o si el candidato deriva de ellas lecciones de comportamiento sobre el uso y ejercicio del poder presidencial (lo cual no sería descabellado dada la evidente escasez de otro tipo de lecturas). En este sentido, me pregunto si, por ejemplo, el hecho de que en las novelas que ha leído la gente del círculo cercano al Presidente conspiró en contra suya, lo llevaría a preferir lealtad antes que eficacia en la conformación de su entorno más cercano; o si el hecho de que en los tres libros que ha leído se haya intentado asesinar (en dos de ellos con éxito) a un Presidente que planeaba realizar reformas que afectarían a grupos de interés claramente identificados, lo llevaría a ser muy cauteloso en cualquier intento por realizar reformas de este tipo (o incluso a  ni siquiera considerarlas).
Finalmente, es claro que los tres libros tienen varios temas en común: la ambición, la tragedia, el poder presidencial, las intrigas y la traición. Curiosos temas para una persona que aspira a ser Presidente de la República. ¿Somos lo que leemos o leemos lo que somos?

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