La ambición impresa en el discurso de la actual coalición gobernante poco se compara con lo que serán sus magros resultados. En buena medida porque esa ambición siempre estuvo enfocada en la reconfiguración de una parte del orden político, pero no en el cambio estructural del país. La transformación ha sido, esencialmente, el intento de una nueva élite política por imponer nuevas reglas para administrar la rotación de cargos públicos. Nada más. Lo cual, en términos de la resolución de los problemas públicos del país es francamente decepcionante. Esos siguen ahí, básicamente intocados. Y la nueva elite, envuelta en discurso revolucionario, terminó en el mismo lugar que la elite anterior en lo que respecta a políticas públicas.
Uróboros es la serpiente que come su propia cola. Esta es una buena alegoría mitológica para ilustrar el ciclo de la vida pública mexicana desde la llegada del programa de liberalización económica de los ochenta. La nueva elite terminó en el mismo lugar que su antecesora. Tres decisiones de política me parecen la mejor demostración de este fenómeno. En seguridad, educación y salud, las soluciones que propuso la nueva élite a tres de los grandes problemas nacionales fueron las mismas que sus neoliberales antecesores: más prohibición, un nuevo currículo, y un marginal subsistema de atención. Anteriores y nuevos dirán que hay grandes diferencias en sus políticas y, en algunas formas, avances graduales pero significativos. Pero son eso: graduales. Se sigue sin atender el problema estructural que las originó. Son parches, pues.
El sexenio inició con mente abierta a una nueva política de drogas. El mismo presidente se dijo dispuesto a revisar alternativas a la prohibición. Parecía que había fuerza suficiente para legalizar el mercado de la mariguana, y des-escalar las operaciones de contrainsurgencia contra las organizaciones criminales en México. Sin embargo, a finales de este gobierno, la retórica de la prohibición, la presión norteamericana, y el mismo conjunto de políticas militares de sexenios anteriores han sido plenamente re-legitimizadas. Efectivamente, como desde el sexenio de Felipe Calderón, cada evento de la semana justificará el reforzamiento de la solución militar. Sin duda podemos encontrar pequeñas diferencias entre gobiernos. Sin embargo, mientras sigamos teniendo los más de 15 mil homicidios anuales en promedio registrados desde 2007, estamos estacionados en una crisis de violencia.
El sexenio inició revirtiendo prácticamente todas las reformas en materia de evaluación de la educación y contratación de profesores por concurso. Personalmente, también me opuse a dichas reformas. Y parecía que tendríamos un sexenio de política educativa mucho menos rimbombante: más trabajo en el aula, menos grandes ingenierías. El sistema educativo lo demanda. Sin embargo, aunque se ha expandido el gasto en becas, se desmantelaron casi todos los programas compensatorios. Peor aún, ante la falta de imaginación educativa, regresamos a la costumbre de reformar el currículo, pensando que después de otra reforma al plan de estudios, ahora sí vamos a mejorar los aprendizajes de la infancia mexicana. Al igual que en 1975, 1993 y 2004, los funcionarios de la SEP olvidaron que hay aulas con maestros y se pusieron a rehacer esquemas de materias. Como se repite en cada prueba PISA de la OCDE, el 1 % de la niñez mexicana tiene altos niveles de competencia en lectura, matemáticas o ciencia. Y el 45 % está en los bajos niveles de comprensión de lectura, y 56 % en capacidades matemáticas.
El presidente anunció que México tendría un mejor sistema de salud, a la altura de países escandinavos. La solución fue desmantelar los fondos del entonces Seguro Popular y las transferencias federales para el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar. En próximos días esta apuesta desaparecerá. La función será asignada al Instituto Mexicano del Seguro Social bajo un programa presupuestal llamado nuevamente bienestar. El problema de fondo es que escarbar en la escasez presupuestal y crear una nueva entidad fue la misma solución del Seguro Popular. En lugar de una reforma fiscal para fondear un sistema integral de salud, nuevamente el gobierno apuesta a un subsistema en lugar de crear un solo sistema fondeado con impuestos públicos. Incluyendo las dos metodologías del Coneval para medir la pobreza, el país sigue, en promedio, con más de la mitad de la población sin seguridad social y más de 15 % sin acceso alguno a servicios médicos.
Estos son problemas del pasado que permanecen en el presente, en buena medida porque no queremos arriesgar capital político, social y económico en sus soluciones estructurales. Se requiere de una reforma fiscal amplia para fondear las políticas que permitirían reducir la falta de acceso a la salud, a la educación y a la vida libre de violencia. Pero dado que la clase política -toda en su conjunto, gobernante y en oposición- ha apostado a soluciones temporales porque no quiere asumir costos políticos algunos, parece que estamos atrapados en Uróboros eternamente mordiéndonos la cola. Peor todavía, la nueva élite replica irreflexivamente la lógica de la anterior. Aunque la actual coalición gobernante anuncie reiteradamente que ya se acabó el neoliberalismo y el punitivismo conservador, en sus políticas estas ideologías siguen vivas y vibrantes. La transformación deseable hubiese sido abandonar esta tragedia mitológica.
Profesores y maestros han estado protestando durante semanas en todo el país exigiendo mayores derechos en las aulas.
Tras varias semanas de protestas realizadas por profesores en Corea del Sur, el gobierno aprobó una nueva ley para proteger más a los docentes de los padres que se quejan y los acosan.
Durante nueve semanas, profesores y maestros han estado protestando para exigir mayores derechos del ejercicios de sus funciones dentro de las aulas.
Afirman haber sido frecuentemente acosados por los padres de los alumnos que algunas veces los acusan maliciosamente de abuso infantil, para que los destituyan de sus cargos.
La ola de protestas se desató tras el suicidio de una joven maestra que había sido bombardeada por las quejas de los padres en Corea del Sur.
La maestra, que llevaba poco más de un año enseñando escribió que se había sentido tan abrumada por la locura de su trabajo que “quería dejarse ir”.
La situación de los profesores se ha vuelto imposible desde su punto de vista. Varios afirman que han sido denunciados por sujetar y restringir a un niño violento, o por simplemente llamarle la atención a un alumno.
Los profesores acusaron a los padres de aprovecharse de la ley de Bienestar Infantil, aprobada en 2014, que establece el despido automático de los profesores acusados de abuso infantil.
Según la nueva legislación, conocida como el proyecto de ley para el Restablecimiento de los Derechos de Profesores, los docentes no serán destituidos tan pronto se reporte el abuso infantil; se necesitará realizar más investigaciones y tomar más evidencia.
También habrá apoyo financiero disponible para la defensa legal de los profesores demandados y se impondrá mayor responsabilidad a los directores y rectores de las escuelas para que protejan a su plantel.
Las protestas de los profesores estallaron después del suicidio en julio de una maestra de primaria de 23 años que estaba abrumada por las quejas de los padres.
La joven maestra cumplía su sueño de infancia de ejercer la misma profesión de su madre y adoraba a los niños, contó uno de sus primos que descubrió el diario que había dejado atrás.
En éste describía las presiones de su trabajo, de un alumno que había herido en la cabeza a otro con un lápiz y cómo ella se había enzarzado en acaloradas llamadas telefónicas y mensajes con los padres.
Los profesores afirmaron que la cultura de denuncias maliciosas los habían dejado incapaces de enseñar o mantener la disciplina de los alumnos.
La Federación de Sindicatos de Maestros de Corea del Sur recibió con beneplácito la nueva legislación, declarando que tanto “expandiría el derecho a enseñar como proteger el derecho de los estudiantes para aprender”.
El sindicato expresó su “más profundo agradecimiento” a los profesores que se lanzaron a las calles durante nueve semanas seguidas, exigiendo mejores condiciones, y dijo que el resultado de hoy se debía a la fortaleza de ellos.
En las semanas recientes, el gobierno y las autoridades locales ya habían implementado una serie de medidas para proteger a los profesores y facilitarles el ejercicio de su trabajo, pero ninguna de estas era legalmente vinculante.
Las nuevas directivas del gobierno, formuladas a principios de este mes, estipulan que los profesores tienen el derecho a retirar de las aulas a los estudiantes indisciplinados y sujetarlos si es necesario.
Además de eso, la Oficina de Educación de Seúl anunció planes esta semana de grabar todas las llamadas de los padres hechas a los profesores y de instalar un chatbot (un simulador digital de conversación) para que actúe como primera línea de defensa contra las quejas de los padres.
Sin embargo, algunos maestros arguyen que las nuevas leyes no van suficientemente lejos.
El presidente de la Federación de Sindicatos de Profesores, Kim Yong-seo, llamó la nueva legislación “un gran paso hacia la protección de los profesores y estudiantes”, pero señaló que había áreas que todavía necesitaban mejorarse.
Hizo un llamado a los políticos para que enmienden el Acta de Bienestar Infantil, sosteniendo que no debería ser posible que una simple acción disciplinaria de los alumnos sea catalogada como abuso infantil.
Unos profesores también quieren que se penalicen a los los padres que hagan acusaciones falsas de abuso infantil.
Kim Jin-seo, una profesora de 28 años que habló con la BBC durante una de las protestas, dijo que la nueva ley no impediría las denuncias infundadas de abuso infantil, porque sin el temor de repercusiones, los padres continuarían acusando maliciosamente a los profesores que no les cayeran bien.
Se estima que la sociedad hipercompetitiva de Corea del Sur es en parte responsable de la cultura de hostigamiento por parte de los padres.
Los resultados académicos son considerados el mejor indicador del éxito, lo que significa que los estudiantes compiten ferozmente para obtener las mejores calificaciones desde una edad muy temprana para garantizar la entrada a las principales universidades.
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