Extorsión a familias migrantes: alto al lucro con los derechos de niñas, niños y adolescentes
Las niñas, niños y adolescentes (NNA) en contexto de migración enfrentan diversos factores de vulnerabilidad y riesgo que afectan su desarrollo y ponen en riesgo su vida e integridad. Los Estados, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, están obligados a garantizar el cumplimiento del Interés Superior de la niñez, sin distinción alguna.
Ello implica la obligación legal de asegurar las condiciones para que NNA puedan ejercer integralmente sus derechos humanos, incluyendo -entre otras- la no detención en estaciones migratorias ni en ningún otro espacio improvisado -como las llamadas áreas de canalización de familias y NNA migrantes del INM-, garantías para un debido proceso, contar con representación legal adecuada y de calidad, acceso a información pertinente a su edad y sensible a sus necesidades específicas, así como mecanismos y espacios amigables y pertinentes a su edad o para expresar libremente sus opiniones e intereses en todos los asuntos que les afecten y a que éstas sean efectivamente tomadas en cuenta.
Durante la última década, hemos documentado el incremento de NNA en contexto de migración. Para dar una idea de la magnitud de esta realidad, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que del 1 de enero al 24 de marzo de 2023 “rescató” a 34 mil 489 NNA migrantes extranjeros, 7.04 % (2,429) viajando solos(as), y el resto, 32 mil 060 NNA (92.96 %) viajando acompañados(as) por algún familiar o persona conocida. Según esta misma institución, esta cifra equivale al 31.1 % del total de NNA “localizados y auxiliados” por el INM durante todo 2022.
Pero más allá de cifras, hablamos de niñas, niños y adolescentes que enfrentan sistemáticamente vulneraciones a sus derechos humanos. Ya sea desde la salida o expulsión de sus lugares de origen, al verse forzados(as) a salir -solos o en compañía de sus familias- por la imposibilidad de acceder a derechos, por violaciones a sus derechos humanos y/o por persecución o riesgo de ser reclutados(as) forzosamente por pandillas, así como durante su tránsito y llegada al lugar de acogida y/o refugio, en donde están expuestos(as) a distintas violencias -incluida la violencia sexual-, al acecho de grupos criminales, a prácticas xenofóbicas y discriminatorias, a la falta de condiciones básicas de subsistencia (agua, alimento, vestido, cobijo, atención médica, etc.), a la falta de servicios y de políticas adecuadas para su atención, así como a la violencia institucional (detenciones, deportaciones, separación familiar, etc.)
Los avances legales en materia de protección integral de NNA en contexto de migración, aunque necesarios, no son suficientes. Persisten inercias y problemas estructurales que dificultan su implementación, como la simulación, la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional y entre órdenes de gobierno, así como la corrupción e impunidad.
Un grupo de NNA en especial situación de vulneración son las niñas y niños que son trasladados(as) en condiciones de tráfico por polleros o coyotes para poder reunirse con sus madres o padres que se encuentran en Estados Unidos. Viajan sin soporte vital, en compañía de personas que no velan por sus intereses y están expuestos(as) a peligros durante el trayecto. Tanto ellas y ellos, como sus familias, están expuestas a la extorsión por parte de los traficantes, y peor aún, por funcionarios mexicanos y consulares.
En este contexto resulta aún más grave la denuncia publicada recientemente sobre presuntos actos de extorsión por parte de funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, institución del Estado mexicano encargada -paradójicamente- de su protección. Esta denuncia exige del gobierno mexicano una investigación exhaustiva, pronta y expedita que llegue hasta sus últimas consecuencias y garantice la no repetición. Este tipo de hechos no pueden quedar en la impunidad; es inaceptable que funcionarios lucren con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en contexto de migración.
* La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes – REDODEM (@RedodemMX) es una red nacional de albergues, casas para migrantes y organizaciones en 14 estados del país.
Profesores y maestros han estado protestando durante semanas en todo el país exigiendo mayores derechos en las aulas.
Tras varias semanas de protestas realizadas por profesores en Corea del Sur, el gobierno aprobó una nueva ley para proteger más a los docentes de los padres que se quejan y los acosan.
Durante nueve semanas, profesores y maestros han estado protestando para exigir mayores derechos del ejercicios de sus funciones dentro de las aulas.
Afirman haber sido frecuentemente acosados por los padres de los alumnos que algunas veces los acusan maliciosamente de abuso infantil, para que los destituyan de sus cargos.
La ola de protestas se desató tras el suicidio de una joven maestra que había sido bombardeada por las quejas de los padres en Corea del Sur.
La maestra, que llevaba poco más de un año enseñando escribió que se había sentido tan abrumada por la locura de su trabajo que “quería dejarse ir”.
La situación de los profesores se ha vuelto imposible desde su punto de vista. Varios afirman que han sido denunciados por sujetar y restringir a un niño violento, o por simplemente llamarle la atención a un alumno.
Los profesores acusaron a los padres de aprovecharse de la ley de Bienestar Infantil, aprobada en 2014, que establece el despido automático de los profesores acusados de abuso infantil.
Más investigación y evidencia para acusar a profesores en Corea del Sur
Según la nueva legislación, conocida como el proyecto de ley para el Restablecimiento de los Derechos de Profesores, los docentes no serán destituidos tan pronto se reporte el abuso infantil; se necesitará realizar más investigaciones y tomar más evidencia.
También habrá apoyo financiero disponible para la defensa legal de los profesores demandados y se impondrá mayor responsabilidad a los directores y rectores de las escuelas para que protejan a su plantel.
Las protestas de los profesores estallaron después del suicidio en julio de una maestra de primaria de 23 años que estaba abrumada por las quejas de los padres.
La joven maestra cumplía su sueño de infancia de ejercer la misma profesión de su madre y adoraba a los niños, contó uno de sus primos que descubrió el diario que había dejado atrás.
En éste describía las presiones de su trabajo, de un alumno que había herido en la cabeza a otro con un lápiz y cómo ella se había enzarzado en acaloradas llamadas telefónicas y mensajes con los padres.
Los profesores afirmaron que la cultura de denuncias maliciosas los habían dejado incapaces de enseñar o mantener la disciplina de los alumnos.
Chatbots y llamadas grabadas
La Federación de Sindicatos de Maestros de Corea del Sur recibió con beneplácito la nueva legislación, declarando que tanto “expandiría el derecho a enseñar como proteger el derecho de los estudiantes para aprender”.
El sindicato expresó su “más profundo agradecimiento” a los profesores que se lanzaron a las calles durante nueve semanas seguidas, exigiendo mejores condiciones, y dijo que el resultado de hoy se debía a la fortaleza de ellos.
En las semanas recientes, el gobierno y las autoridades locales ya habían implementado una serie de medidas para proteger a los profesores y facilitarles el ejercicio de su trabajo, pero ninguna de estas era legalmente vinculante.
Las nuevas directivas del gobierno, formuladas a principios de este mes, estipulan que los profesores tienen el derecho a retirar de las aulas a los estudiantes indisciplinados y sujetarlos si es necesario.
Además de eso, la Oficina de Educación de Seúl anunció planes esta semana de grabar todas las llamadas de los padres hechas a los profesores y de instalar un chatbot (un simulador digital de conversación) para que actúe como primera línea de defensa contra las quejas de los padres.
Más cambios serán necesarios, dicen los profesores en Corea del Sur
Sin embargo, algunos maestros arguyen que las nuevas leyes no van suficientemente lejos.
El presidente de la Federación de Sindicatos de Profesores, Kim Yong-seo, llamó la nueva legislación “un gran paso hacia la protección de los profesores y estudiantes”, pero señaló que había áreas que todavía necesitaban mejorarse.
Hizo un llamado a los políticos para que enmienden el Acta de Bienestar Infantil, sosteniendo que no debería ser posible que una simple acción disciplinaria de los alumnos sea catalogada como abuso infantil.
Unos profesores también quieren que se penalicen a los los padres que hagan acusaciones falsas de abuso infantil.
Kim Jin-seo, una profesora de 28 años que habló con la BBC durante una de las protestas, dijo que la nueva ley no impediría las denuncias infundadas de abuso infantil, porque sin el temor de repercusiones, los padres continuarían acusando maliciosamente a los profesores que no les cayeran bien.
Se estima que la sociedad hipercompetitiva de Corea del Sur es en parte responsable de la cultura de hostigamiento por parte de los padres.
Los resultados académicos son considerados el mejor indicador del éxito, lo que significa que los estudiantes compiten ferozmente para obtener las mejores calificaciones desde una edad muy temprana para garantizar la entrada a las principales universidades.
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