El 29 de enero de 2022 la destacada periodista Lourdes Maldonado, de Baja California, fue asesinada a las puertas de su domicilio en una colonia popular de Tijuana y luego le seguirían Sheila Johana y Yesenia Mollinedo, el 9 de mayo, baleadas afuera de un Oxxo en Veracruz.
Susana Mendoza Carreño, de Radio Universidad de Jalisco, estuvo delicada tras el brutal ataque que intentó quitarle la vida el 1º de julio de 2022 en Puerto Vallarta, Jalisco. Por si esto fuera poco, ese mismo día, Cinthia de la Cruz, hija del periodista Antonio de la Cruz, asesinado el 29 de junio en Ciudad Victoria, murió como víctima colateral del ataque contra su padre, tras permanecer varios días hospitalizada.
Ello se da como resultado de la espiral de agresiones contra mujeres periodistas en México, que van en aumento, lo mismo que las embestidas contra la prensa en general, aunque las violencias contra las comunicadoras crecen, son variadas y en distintos planos interseccionales.
Bajo este panorama, organizaciones que defienden la Libertad de Expresión al mismo tiempo que instituciones académicas de investigación revelan un aumento preocupante en las agresiones contra la prensa en 2022 –y en lo que va del sexenio-. A la par del incremento en particular de ataques contra mujeres periodistas mexicanas, un tema invisibilizado en medio de las tragedias que agobian al periodismo nacional con 157 asesinatos desde el año 2000 y doce este año, tres de ellas mujeres.
Por estos hechos, México se convirtió durante 2022 en el segundo país donde se matan a más periodistas en el mundo después de Ucrania, a pesar de no estar en guerra, por lo que es sumamente letal ejercer la profesión periodística.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la violencia contra las mujeres periodistas y las trabajadoras de los medios de comunicación en América se manifiesta de distintas formas: “desde el asesinato, la violencia sexual, incluido el acoso sexual hasta la intimidación, abuso de poder y amenazas basadas en el género”.
En su informe del 2018 –el primero en su tipo- sobre violencia contra mujeres periodistas en América, refiere en su párrafo 48 que “la violencia contra las mujeres es perpetrada por distintos actores, como funcionarios del Estado, fuentes de información o colegas, y tiene lugar en diversos contextos y espacios, incluyendo la calle –como ha ocurrido en México- el lugar de trabajo y las oficinas o instituciones estatales”.
En concordancia con dicho informe, la directora general de CIMAC hace una identificación clara de las violencias que atañen a las periodistas mexicanas en al menos tres frentes, que incluyen: 1) el estigma social, que no les perdona su libertad para informar en lugar de “cumplir” con los roles de género y patriarcales que les han sido culturalmente impuestos -como cuidar a los hijos-; 2) acosos, hostigamientos y trato diferenciado en las redacciones; 3) además de amenazas y campañas de desprestigio, provenientes casi siempre de sus fuentes (ya sean políticos, líderes o el crimen organizado, o todos…), cuando su trabajo incomoda.
Una reciente encuesta de la organización Periodistas Unidas Mexicana titulado “AcosoData: Termómetro del acoso sexual contra las mujeres en medios periodísticos”, arrojó que el 60 % de las encuestadas dijo vivir acoso y hostigamiento por parte de sus jefes, mientras que el 49 % identificaron a sus fuentes de información como el agresor, generalmente funcionarios públicos, líderes sindicales o de organizaciones, quienes piden una exclusiva a cambio de un chantaje sexual.
Y sí. Acosadas en las redacciones, sobajadas por jefes machistas, hostigadas por funcionarios de comunicación social dedicados a cuidar la imagen de sus jefes corruptos y acosadas también por una sociedad que cuestiona su comportamiento crítico, y de frente a un gremio que las margina, discrimina y aísla -cuando no responden a los patrones típicos de la prensa oficialista- las mujeres periodistas en México caminan al filo del riesgo, menosprecio y desprestigio.
La RELE en el informe (2018) ya mencionado, en su párrafo 12 señala que si bien las mujeres periodistas enfrentan los mismos riesgos que sus pares varones cuando investigan y reportan temas sobre corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos humanos, “también enfrentan riesgos específicos por el hecho de ser mujeres y en la intersección de otras identidades como la raza y la etnia”.
También destaca que en particular “los actos de violencia contra las mujeres y en especial contra las mujeres periodistas no son actos aislados, sino que son sintomáticos de un patrón de discriminación estructural contra las mujeres que tiene sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres ante los hombres”.
Esta desvalorización que se da al trabajo de las mujeres periodistas, se traduce, cuando incomoda a sectores del poder, en distintas formas de violencia, una de las más recurrentes el acoso y las campañas de desprestigio que suelen darse en el ámbito público, pero que invaden esferas privadas.
Estas campañas suelen desprestigiar su trabajo con base a la estigmatización y lanzando sobre ellas una serie de cuestionamientos y calificativos denigrantes, y negativos, golpeando su integridad personal y agrediendo o cuestionando aspectos de su vida personal.
Existe una diferencia entre la violencia ejercida contra las mujeres periodistas en comparación con la viven hombres periodistas, pues el ser mujer periodista enfrenta una violencia tripartita en México, por ser mujer, por la precariedad laboral y por el riesgo del ejercicio periodístico.
Frente a estos contextos y considerando que los ataques contra mujeres periodistas tienen diversas intersecciones, hablar de su protección requiere acciones conjuntas de los tres niveles de gobierno, pues como se sabe las principales agresiones contra periodistas en el interior del país provienen de políticos locales.
Pero hace falta además el compromiso de los otros entes que concurren en los ecosistemas informativos nacionales, regionales y estatales, esto es empresarios y dueños de medios –para garantizar condiciones dignas laborales-, y hasta de periodistas que dirigen redacciones y ocupan puestos directivos, pues como vemos, los acosos, hostigamientos –incluso de índole sexual- y hasta represiones contra compañeras, provienen de las propias redacciones y en ocasiones en colusión con funcionarios de prensa.
También será imposible si los Mecanismos de Protección a Periodistas en los Estados y las Fiscalías Generales de Justicia de las entidades –como ocurre en el caso de Edomex-, sigan sujetos a los juegos políticos de cada entidad sin atender los casos que les corresponde atender –de agresiones y delitos contra la prensa-, prolongando por conveniencias políticas la impunidad prevaleciente.
Sin todo ello, la protección de las mujeres periodistas que surge cada 8 de marzo como discurso colateral al Día Internacional de la Mujer, seguirá siendo solo eso, un recurso discursivo del que todos sacan leña…
En nuestra cabeza, el miedo: ¿me tocará a mí?
A pesar de la negociación, dos de las jugadoras han abandonado la concentración, pero no serán sancionadas.
El acuerdo se ha alcanzado prácticamente en el tiempo de descuento. Cuando apenas quedan dos días para que España tenga que enfrentarse a Suecia en la Liga de las Naciones, la mayor parte de la selección femenina de futbol ha aceptado poner fin al boicot, según ha anunciado el secretario de Estado de Deportes, Víctor Francos.
Tras siete horas de reuniones, el acuerdo por fin se alcanzó a las 05:00 hora local del miércoles.
Francos aseguró que la Federación Española de Fútbol (RFEF) se había comprometido a realizar “cambios inmediatos y profundos”.
Las jugadoras iniciaron el boicot después de que el entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales, besó a la delantera Jenni Hermoso tras el triunfo de España sobre Inglaterra en la final del Mundial femenil el mes pasado.
El beso, que Hermoso asegura no fue consensuado, provocó la dimisión de Rubiales, mientras que el técnico español Jorge Vilda fue despedido.
Dos de las 23 jugadoras convocadas para los partidos de la Liga de Naciones de este mes, Mapi León y Patri Guijarro, han optado por retirarse de la plantilla.
Francos agregó que las jugadoras que han decidido no jugar no se enfrentarán a sanciones, y que su decisión era “absolutamente respetable”.
Las jugadoras podrían haber recibido multas o una sanción por parte de la selección nacional por no presentarse a la convocatoria internacional.
España jugará contra Suecia el viernes y contra Suiza el martes en la Liga de las Naciones.
“Es una buena noticia poder decir que el equipo jugará los dos próximos partidos con garantías”, afirmó Francos, presidente del Consejo Nacional de Deportes (CSD).
El acuerdo se alcanzó, aseguró, tras mantener conversaciones “amistosas” en Valencia en las que participaron las jugadoras, dirigentes de la RFEF, el CSD y el sindicato de jugadoras Futpro.
“Se creará una comisión mixta entre la RFEF, el CSD y las jugadoras para hacer el seguimiento de los acuerdos, que se firmarán mañana”, afirmó Francos. “Las jugadoras han manifestado su preocupación por la necesidad de llevar a cabo cambios profundos en la RFEF, que se ha comprometido a realizar estos cambios de forma inmediata”.
El lunes, la nueva entrenadora, Montse Tomé, seleccionó a 15 jugadoras que ya formaron parte del equipo de la Copa del Mundo para el combinado que jugará la Liga de Naciones.
Tras el anuncio de la convocatoria el lunes, las jugadoras publicaron un comunicado diciendo que el boicot seguía vigente, y que habían sido puestas “en una posición en la que nunca quisimos estar”.
Aseguraron, asimismo, que tenían la intención de explorar las posibles implicaciones legales de ser convocadas en contra de sus deseos.
Tome dejó fuera de la plantilla a Hermoso para, según ella, “protegerla”.
Pero Jenni Hermoso aseguró que el hecho de seleccionar a jugadoras que estaban haciendo el boicot al equipo demostraba que “nada ha cambiado” en la RFEF.
Según ha explicado ahora el CSD, se va a establecer una comisión para monitorear los cambios acordados, que se centrará en políticas de igualdad, avances en la equiparación salarial y la mejora de la infraestructura del deporte femenino.
“Las jugadoras lo ven como un acercamiento de posiciones. La gran mayoría ha decidido quedarse por el bien de este acuerdo”, afirmó la presidenta de Futpro, Amanda Gutiérrez. “Es el comienzo de un largo camino por delante”.
Las jugadoras españolas viajaron el martes a la concentración en Valencia.
Cuando los periodistas en el aeropuerto de Barcelona le preguntaron cómo se sentía acerca de la situación, la centrocampista y dos veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, fue tajante: “Bueno, mal”.
A Rubiales se le ha prohibido acercarse a menos de 200 metros de Hermoso después de que ella presentara una demanda judicial.
Al comparecer ante el tribunal por primera vez el viernes, Rubiales negó haber agredido sexualmente a Hermoso.
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