Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex.

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En septiembre de 2014, México y el mundo fueron testigos de un acto de violencia que conmocionó a la sociedad: la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Nueve años después, el caso sigue sin resolverse, sumido en la impunidad y la falta de respuestas.
<h2>La Impunidad persistente </h2>
En el último informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), se destaca la sistemática retención de información sobre los acontecimientos de ese 26 de septiembre de 2014. Esto arroja luz sobre el papel de las fuerzas de seguridad en la falta de transparencia y en cómo las autoridades actuaron y actúan para mantener el caso en la impunidad. Además, se señala la negación de hechos por parte de las Fuerzas Armadas, lo que ha complicado aún más la búsqueda de la verdad.
La negación de hechos por parte de las Fuerzas Armadas plantea cuestiones fundamentales sobre la responsabilidad de las instituciones militares en la protección de los derechos humanos y sobre todo en el rol que tiene como perpetradores de violencia. “Ayotzinapa” ilustra la necesidad de una supervisión adecuada y de mecanismos efectivos de rendición de cuentas para las fuerzas de seguridad en el país.
La retención de información y la falta de transparencia por parte de las autoridades son un recordatorio doloroso de las deficiencias del sistema de justicia en México. Cuando las instituciones encargadas de proteger a la población y garantizar la justicia se convierten en obstáculos para la verdad, se socava la confianza en el sistema y se perpetúa la impunidad.
<h2>Verdad y Memoria </h2>
La búsqueda de la verdad y la construcción de la memoria son fundamentales para la justicia en el caso Ayotzinapa. Mantener viva la memoria de los estudiantes desaparecidos es un acto de resistencia y un homenaje a su lucha. El hecho de que el caso siga sin resolverse después de nueve años refleja una lucha constante por parte de las familias de los estudiantes desaparecidos. Es una lucha no solo por conocer la verdad sobre lo sucedido, sino también por responsabilizar a quienes tienen la obligación de brindar justicia y protección a las y los ciudadanos.
La búsqueda de la verdad no es un capricho, sino una necesidad imperante en cualquier sociedad que aspira a la justicia. Mantener viva la memoria de los estudiantes desaparecidos es un acto de resistencia contra el olvido y la impunidad. La sociedad civil, las familias y personas defensoras de derechos humanos se niegan a permitir que estos jóvenes sean olvidados. Su memoria se convierte en un faro que ilumina el camino hacia la justicia y la rendición de cuentas.
<h2>Exigiendo justicia</h2>
A pesar de los años transcurridos, la lucha por la justicia no se ha detenido. Es importante destacar que las autoridades tienen la obligación de investigar, reparar el daño y garantizar que hechos como los ocurridos en Ayotzinapa no se repitan. La lucha por la justicia es un llamado a la prevención de futuros abusos por parte de las fuerzas de seguridad e instituciones y políticas que permitieron que este crimen ocurriera. Garantizar que hechos similares no se repitan es parte integral de la búsqueda de justicia.
La búsqueda de la verdad no es solo una lucha por los 43 estudiantes desaparecidos, sino también una lucha por el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a vivir en un país donde se respeten los derechos humanos y se garantice la seguridad. Es un llamado a que las autoridades cumplan con su deber de proteger a la población y brindar justicia. La memoria de los 43 jóvenes sigue viva y su legado es un recordatorio constante de la necesidad de un sistema de justicia transparente y efectivo en México.
* Silvia Ruíz es Coordinadora de Prevención para el programa de Protección y defensa para ARTICLE 19 México y Centroamérica.

Ayotzinapa a 9 años: la lucha por la verdad y la justicia continúa

México se reconoce constitucionalmente como un país pluricultural dada la diversidad de culturas que coexisten en su territorio. Ello obedece a las más de 23.2 millones de personas de tres años y más que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale a 19.4 % de la población total, así como al 6.1 % de la población de 3 años y más hablantes de una lengua indígena, de acuerdo con el <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_PueblosInd22.pdf" target="_blank" rel="noopener">Censo 2020 del INEGI</a>.
Sin embargo, este reconocimiento a la diversidad cultural a nivel constitucional y convencional, en la realidad desafortunadamente no va de la mano con el respeto a los derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades indígenas.
Un ejemplo de ello es la falta de acceso que los pueblos y las comunidades indígenas han tenido respecto al derecho a la información, el cual plantea que las personas puedan acceder a información de interés en donde se vean afectados ya sea de manera positiva o negativa su bienestar, además de que para los pueblos indígenas esta información pueda estar disponible en sus lenguas y adecuadas a su cultura. Sin embargo, del reconocimiento a la práctica sigue existiendo una gran brecha, ya que este derecho a la información así como los demás derechos humanos son poco ejercidos para las personas, pueblos y comunidades indígenas, e incluso les son violentados.
Como cada 9 de agosto, se reconoce y se celebra la existencia de los pueblos indígenas en el mundo y lo mucho que aportan a la cultura. Pero en esta misma fecha los pueblos indígenas relatan las inconsistencias de las políticas públicas, las violaciones de sus derechos humanos, la desigualdad en la que ejercen sus derechos y el racismo del que siguen siendo objeto. Es el caso de las comunidades nahuas de la Sierra nororiental y norte de Puebla, quienes en la necesidad de acceder a la información, fortalecer su cosmovisión e impulsar los valores comunitarios como pueblo masewal desde su propia lengua materna, fundaron en el 2012 la <a href="https://clavigero.iteso.mx/2019/11/04/entrelazando-modelos-economicos-alternos-union-de-cooperativas-tosepan/" target="_blank" rel="noopener">Radio Tosepan Limakxtum</a>, una radio comunitaria indígena que este año inició un proceso de defensa por su derecho a la autonomía y libre determinación.
El caso de defensa de la autonomía de la Radio Tosepan Limakxtum inició en el primer cuatrimestre del año 2022, ante una consulta realizada por la radio al Instituto Nacional Electoral, el cual expresaba que la radio había recibido diversas notificaciones relacionadas con la transmisión de mensajes de la autoridad electoral y de los diferentes partidos políticos en el medio comunitario. Ante ello, en junio del 2022, el representante legal de Tosepan manifestó que “Radio Tosepan  Limakxtum,  A.  C, al  ser  una concesionaria  social  indígena, requiere un tratamiento específico respecto a las obligaciones que se le solicita asumir, que sea acorde a sus <a href="https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/149748" target="_blank" rel="noopener">sistemas normativos y derechos”</a>.
A pesar de diversas reuniones que se sostuvieron entre la Radio y diversas  autoridades  del INE, en “donde expusieron ampliamente las dificultades y violaciones a los derechos humanos y fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas, que implicaría la transmisión de mensajes de partidos políticos  y/o  mensajes  electorales no contextualizados  a  las cosmovisiones, sistemas normativos y usos y costumbres de estos pueblos y comunidades”, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) <a href="https://www.te.gob.mx/front3/publicSessions/detail/1677/0" target="_blank" rel="noopener">falló en contra de la Radio</a> el 05 de julio de 2022, avalando la determinación de la autoridad electoral, resolución que atenta contra los derechos de autonomía, libre determinación y de comunicación de los Pueblos Indígenas, derecho que reconoce los mecanismos de toma de decisiones sobre sus formas específicas de organización social, entre ellas, la de informarse.
Precisamente, en virtud del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, es importante preguntarnos: ¿los pueblos indígenas están realmente ejerciendo plenamente sus derechos? ¿Qué sucederá con el ejercicio autónomo de derecho a la información y libertad de expresión de los pueblos nahuas de la Sierra de Puebla? ¿Resulta más importante una acción de transmitir información de la que no se tiene interés, a un derecho que violenta una decisión comunitaria? ¿Hasta dónde los pueblos indígenas pueden ejercer la libre determinación y la autonomía? ¿Qué tendrían que celebrar el Estado y sus instituciones centralizadas y autónomas en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Frente a estas y más preguntas, hoy y todos los días las comunidades y pueblos indígenas muestran sus resistencias.
* Abigail Castellanos García es enlace de Transparencia Proactiva en Oaxaca, para ARTICLE 19 México y Centroamérica.

Los pueblos indígenas y el ejercicio a la información desde la autonomía y libre determinación

El pasado 25 de junio en Guatemala tuvo lugar la primera vuelta de las elecciones generales, arrojando un resultado muy cerrado que dio pie a una segunda vuelta electoral que tendrá lugar el próximo 20 de agosto, en medio de un clima convulso que sacude al país a raíz de que la Corte de Constitucionalidad ordenara al Tribunal Supremo Electoral que suspendiera la &#8220;calificación y oficialización&#8221; de los resultados electorales, hasta que se realizara una revisión de la votación.
En el marco de la primera vuelta electoral, los pasados 24, 25 y 26 de junio la <a href="https://redrompeelmiedoguatemala.org/" target="_blank" rel="noopener">Red Rompe el Miedo Guatemala (RRMG)  </a>llevó a cabo el monitoreo de las condiciones bajo las cuales  las personas periodistas y comunicadoras llevaron a cabo su labor, dado que en contextos autoritarios la libertad de prensa termina siendo vista como una amenaza. De hecho, como lo menciona la misma RRMG “la prensa cumple un rol fundamental al plantear los temas electorales, informar al electorado sobre los principales acontecimientos y comunicar las plataformas, las políticas y las promesas de los partidos y electores”. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Resultado de este monitoreo, la Red difundió el informe en el cual reportó un total de 27 incidentes que afectaron a un total de 38 personas periodistas y comunicadoras, en su mayoría por obstaculización a su labor. La situación toma un sentido más apremiante si se considera el papel fundamental que durante la segunda vuelta el gremio seguirá desempeñando ante un panorama político cada vez más disputado.
La RRMG recibió diversas denuncias e identificó casos que fueron dados a conocer en redes sociales. Entre las agresiones más recurrentes se reportaron la obstaculización de la labor periodística, de igual forma reportaron casos de intimidación en zonas silenciadas. En la observación y análisis se destaca que previo al cierre de urnas hubo un repunte de los incidentes, pues poco más de la mitad tuvieron lugar durante este periodo de tiempo.
La mayor parte de estos incidentes identificaron como responsables a los coordinadores de los centros de votación, mientras en al menos tres ocasiones la responsabilidad fue de la Policía Nacional Civil. Uno de los casos más graves fue la intimidación con disparos de arma de fuego llevada a cabo en la región de San José La Blanca, San Marcos, por agentes no identificados.
Los ataques a la prensa durante coyunturas electorales no deben ser subestimados en ningún país, pero ante el desmantelamiento institucional y la cooptación estatal por la que atraviesa Guatemala es fundamental que la comunidad internacional acompañe con detenimiento y de manera más cercana la segunda vuelta. Las agresiones en contra del gremio periodístico tienen un claro efecto inhibidor de su labor y afecta el derecho a las personas a estar informadas.
Finalmente, es menester que el Tribunal Supremo Electoral y las juntas electorales corrijan las actuaciones arbitrarias que obstaculizaron la cobertura periodística en los centros mencionados y se debe asegurar que todas las personas coordinadoras de centros de votación se encuentren totalmente capacitadas. Por otro lado, los incidentes registrados demuestran que la labor de las personas periodistas y comunicadoras necesita ser respaldada desde las autoridades en sus distintos niveles.
* Claudia Ordóñez es oficial del programa de Centroamérica y el Caribe para ARTICLE 19 MX-CA.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> RRMG. Informe Monitoreo Electoral de la primera vuelta de elecciones en Guatemala, 6 de junio 2023.

Intimidación y obstaculización a la labor periodística, principales agresiones contra la prensa en las elecciones en Guatemala

Intimidación y obstaculización contra la prensa en las elecciones en Guatemala

Preocupadas por el contexto de criminalización y acoso que enfrenta la prensa en Guatemala y en el marco de las elecciones generales del próximo 25 de junio, en el mes de mayo ocho organizaciones internacionales y dos redes que trabajan por la libertad de expresión y de prensa en la región, nos dimos a la tarea de llevar a cabo una misión de observación internacional sobre la libertad de prensa en Guatemala.
Los resultados más relevantes de este ejercicio están plasmados en el ”<a href="https://articulo19.org/informe-de-hallazgos-de-la-mision-internacional-sobre-libertad-de-prensa-y-de-expresion-en-guatemala/" target="_blank" rel="noopener">Informe de hallazgos de la misión internacional sobre libertad de prensa y de expresión en Guatemala”</a>, publicado recientemente, del cual vale la pena destacar los siguientes elementos:
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1297215" src="https://panel.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2023/06/libertades-en-Guatemala.jpg" alt="" width="500" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/06/libertades-en-Guatemala.jpg 500w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/06/libertades-en-Guatemala-375x600.jpg 375w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />
<a href="https://twitter.com/article19mex/status/1671910929963921409" target="_blank" rel="noopener">Guatemala atraviesa por una fuerte crisis democrática</a> donde se está intensificando un sistema de intimidación, silenciamiento y restricciones al  periodismo independiente que investiga el ejercicio de poder y exhibe casos de corrupción donde están involucrados funcionarios de estado, empresas, crimen organizado y el ejército.
La prensa es vista, entonces, como una amenaza a la alianza entre actores estatales y privados, que busca  controlar instituciones, y sostener la corrupción y la impunidad en el país.
Dentro de este sistema, la criminalización a periodistas y personas comunicadoras no es reciente. Los casos que documentó la misión datan de hace 10 años a la fecha, siendo el más reciente la sentencia a 6 años de prisión contra el presidente de <a href="https://twitter.com/el_Periodico" target="_blank" rel="noopener">elPeriódico</a>, José Rubén Zamora, así como el de ocho periodistas que fueron acusados hace unos meses por el delito de “obstrucción de la justicia” por haber publicado el desarrollo del juicio contra Zamora.
Se observó una estructura que facilita y se encuentra detrás de las agresiones contra la prensa, cuya operación ha generado un efecto de miedo y autocensura que tiene como resultado más de 20 periodistas que dejaron el país después de haber sido amenazados o acosados judicialmente, y otros que han renunciado al ejercicio de su labor, o bien, a firmar sus notas.
Frente a ello, encontramos una institucionalidad debilitada y cómplice, por  acción y omisión en garantizar las condiciones de seguridad y libertad para el ejercicio periodístico, y sin un compromiso real de implementar un programa de protección para periodistas y sin registros oficiales que reflejen realmente el número de casos de agresión que sufren las personas periodistas.
La misión concluyó que la libertad de expresión en Guatemala está en riesgo, así como los derechos de las personas periodistas y comunicadoras a informar, pero principalmente el derecho de la ciudadanía a estar informada para tomar decisiones de manera libre y consciente, en particular en este contexto electoral.
No obstante, también se observó a una sociedad guatemalteca proactiva ante un panorama que desafía la democracia de su país. La <a href="https://redrompeelmiedoguatemala.org/" target="_blank" rel="noopener">Red Rompe el Miedo Guatemala (RRMG)</a>, es un ejemplo de las iniciativas que van surgiendo. Desde 2020, la RRMG retomó la idea de la <a href="https://informaterompeelmiedo.mx/" target="_blank" rel="noopener">Red Rompe el Miedo en México</a>, pero desde un enfoque distinto. A diferencia de la última, la RRMG realiza acciones de monitoreo constante desde un enfoque preventivo y también monitorea coyunturas álgidas como los próximos comicios electorales. La articulación centra sus esfuerzos en la prevención y en la atención a periodistas y comunicadores sociales y comunitarios, así como la ejecución de acciones de incidencia a nivel interamericano y universal.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1297220" src="https://panel.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2023/06/Red-Rompe-el-Miedo-Guatemala.jpg" alt="" width="600" height="700" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/06/Red-Rompe-el-Miedo-Guatemala.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/06/Red-Rompe-el-Miedo-Guatemala-514x600.jpg 514w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /> 
La <a href="https://twitter.com/RompeElMiedoGt/status/1669875636817612801" target="_blank" rel="noopener">Red</a> actualmente se conforma de un núcleo gestor que son seis entidades, entre medios de comunicación y organizaciones con experiencia y conocimiento en la materia: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro Cívitas, Factor 4, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Protection International Mesoamérica y Sobrevivencia Cultural. El motor de la RRMG, son sus 31 nodos-periodistas, que de forma voluntaria se encargan de generar y registrar los casos de agresión en el Sistema de Alerta Temprana, el cual permite la sistematización de información para la generación de alertas o informes.
En semanas anteriores, la Red ha diseñado diversos materiales de difusión con información útil para prevenir agresiones y llevar a cabo una cobertura segura de la jornada electoral. Entre ello, se hizo un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral para elaborar un cartel con información sobre los límites y alcances del marco legal, el cual fue impreso por la Red y será distribuido en más de mil casillas.
Bajo este esquema, es que en las próximas elecciones generales del 25 de junio, la Red llevará a cabo una labor de observación en terreno y a la distancia, sobre las condiciones en que periodistas y personas comunicadoras llevarán a cabo la cobertura electoral, atenta para denunciar ante las autoridades, mecanismos internacionales de protección y a la sociedad civil nacimiento e internacional, sobre el resultado de dicho monitoreo.
* Claudia Ordoñez y Cintia Alva son integrantes del Programa de Centroamérica y el Caribe de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica.

La defensa por informar en la jornada electoral de Guatemala

¿Un futuro distópico o una digitalidad utópica del metaverso? ¿La inteligencia artificial supone un riesgo de “extinción para la humanidad” o es posible pensarla con perspectiva de derechos humanos? ¿Existe algún mecanismo de naturaleza internacional que permita regular el descontrolado espionaje en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos? Estas y otras preguntas fueron las que surgieron en RightsCon Costa Rica 2023. Una de las conferencias más relevantes en el mundo sobre derechos humanos y tecnología que congrega a actores de sociedad civil, empresas, academia, comunidad técnica y gobiernos.
El programa se desarrolló durante cinco días y tuvo la participación de miles de personas de todos los rincones del planeta. Aunque desafortunadamente unas 300 personas de 64 países no pudieron asistir porque el gobierno de Costa Rica no les otorgó la visa.
Talleres, paneles, espacios de debate y reflexión permitieron abordar una decena de temáticas que cruzan a la tecnología y los derechos humanos. Acceso e inclusión; inteligencia artificial; gobernanza de contenidos y desinformación; Cibernormas y cifrado, protección de datos; seguridad digital para las comunidades, tecnología emergente, futuros, ficciones y creatividad; gobernanza, política y elecciones; privacidad y vigilancia, entre muchos otros.
Como parte de este esfuerzo de diálogo ampliado, Artículo 19 y el Rathenau Institute (RI) organizamos un taller que permitiera abordar, desde una perspectiva multisectorial, cómo sería un mundo donde las capas digitales se van instalando cada vez más en nuestras sociedades. Una invitación para reflexionar sobre el metaverso desde una mirada de derechos humanos. Es decir, sobre ese entorno en el que los mundos digital y físico se integran aún más.
Lo que buscamos fue generar una conversación que permitiera explorar los potenciales riesgos y las oportunidades en materia de derechos humanos. Un día antes, el 5 de junio, Apple presentó sus gafas de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV), Apple Vision Pro. Con ello, la empresa de Cupertino no sólo se embarca en una aventura tecnológica en donde otros, como Microsoft, no parecen haber tenido mucho éxito. Sin embargo, la apuesta por el metaverso, aún con sus incertidumbres, y cuyo punto máximo de atracción se creó durante la pandemia con la apuesta de Meta, abre también un camino para reflexionar sobre sus implicaciones para la privacidad, la libertad de expresión y otros derechos humanos.
Hacia esa misma dirección apuntó el Instituto de Derechos Humanos (IIDH), que organizó por su parte el conversatorio “Derechos Humanos y el metaverso: pensando la agenda para proteger derechos humanos”. Ahí, las y los panelistas reflexionaron también sobre las implicaciones en materia de privacidad o como este desarrollo tecnológico podría seguir profundizando las brechas digitales en el mundo.
El Dr. Eduardo Bertoni, representante de la Oficina Regional para América del Sur del IIDH, apuntó a modo de conclusión que si bien puede tratarse de un desarrollo tecnológico que tardará tiempo en instalarse y que aún no se puede confirmar cuánta será su relevancia, resulta relevante generar una conversación sobre las implicaciones para el ejercicio de los derechos humanos.
Las tecnologías de vigilancia también fueron parte de una discusión de particular interés en RightsCon. Ante la oleada de casos de espionaje en el mundo en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, como los recientemente revelados en México en la investigación #EjércitoEspía, la Relatora Especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, Fionnuala Ní Aoláin, presentó el reporte “Regulación mundial del comercio de contra el terrorismo: propuestas para un enfoque para un enfoque respetuoso con los derechos humanos”.
Con esta propuesta, la relatora abre una conversación importante sobre un marco regulatorio internacional que establezca mecanismos vinculantes para que ponga freno al poder corporativo y establezca, al mismo tiempo, que se discute una moratoria a la exportación de este tipo de tecnologías y si debería haber una prohibición total.
Finalmente, una discusión que continúa confrontando diversas posturas se dio alrededor de la propuesta de UNESCO para crear las “Guías para regular las plataformas digitales”. En febrero de 2023, Artículo 19 externó su preocupación sobre el segundo borrador que presentó y alertó sobre los riesgos que generaría para la libertad de expresión.
El debate continuó en RightsCon cuando en mayo más de cuarenta organizaciones civiles de Asia Pacífico urgieron a la UNESCO a pausar el proceso por considerar que la regulación local se utiliza habitualmente para controlar e intimidar a la ciudadanía. Lo que en la práctica, señalan en un comunicado, estas directrices se utilizarán para justificar una mayor regulación en lugar de una mejor regulación.
Ya sea sobre temas de Inteligencia Artificial, el incierto metaverso, la moderación de contenidos en plataformas digitales, o las tecnologías de vigilancia, RightsCon seguirá siendo un espacio de encuentro y debate sobre los desafíos tecnológicos desde un crisol de perspectivas que convergen y dialogan, poniendo en el centro, una perspectiva de derechos humanos.
* Vladimir Cortés es oficial del programa de Derechos Digitales para ARTICLE 19 México y Centroamérica.

Espionaje, Metaverso e Inteligencia Artificial: #RightsCon y la mirada desde los derechos humanos

Este 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que, debido al contexto actual en el país, convoca a la reflexión sobre los graves retrocesos en materia de derecho a la información ambiental. Este año, la conmemoración se ensombrece debido a las diversas iniciativas y Acuerdos presentados por el Ejecutivo federal, que pretenden limitar el acceso a información sobre proyectos y obras a cargo del gobierno federal, a pesar de las denuncias por parte de organizaciones de la sociedad civil y comunidades sobre los impactos ambientales y violaciones a los derechos humanos que su ejecución ha generado.
Como si se tratase de una amenaza a la soberanía de la Nación que la ciudadanía tenga acceso a información de interés, el 21 de noviembre de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la  Federación (DOF) el <a href="https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635985&amp;fecha=22/11/2021#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">Decreto</a> mediante el cual el Ejecutivo declaraba de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras de infraestructura, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, entre otros. Ello implicaría que cualquier información relacionada con cuestiones como costos, licitaciones y responsables, así como daños al medio ambiente generados por estas obras, se vuelven de carácter reservado.
Ante este contexto, el 10 diciembre del mismo año, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la <a href="https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Controversia%20Constitucional%20101221.pdf" target="_blank" rel="noopener">Controversia Constitucional</a> 217/2021 en contra de dicho decreto. El organismo garante del derecho a la información argumentó que el decreto transgredía los principios de supremacía constitucional y legalidad, ya que de manera anticipada y generalizada clasifica como reservada la información relacionada con estas obras, contrario a lo que establece la Ley General de Transparencia respecto a que los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen información como reservada y, mucho menos, clasificar documentos antes de que se genere esta información.
El artículo 6o de la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf">Constitución</a><a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf" target="_blank" rel="noopener"> Política de los Estados Unidos Mexicanos</a> (CPEUM) reconoce el derecho a la información y establece que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. De acuerdo con la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública</a>, este principio se refiere a que toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible. 
Por su parte, la <a href="https://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/ExtractivasESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">Comisión Interamericana de Derechos Humanos</a> (CIDH) ha señalado que, cuando el acceso a la información se niegue, el Estado debe probar las razones de la negativa o reserva de la información, además de comprobar por qué revelar la información causaría un daño mayor al interés público a proteger.
Luego de un año, el 18 de mayo de 2023, la  SCJN <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7359" target="_blank" rel="noopener">determinó</a> invalidar el decreto de noviembre de 2021 por transgredir al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información, debido a que la reserva de la información en los términos que se establecen en dicho acuerdo impide el ejercicio de control ciudadano sobre el actuar público y contraviene la facultad del INAI para delimitar los alcances de la seguridad nacional y el interés público, para fines de transparencia.
Como reacción, y a manera de embate contra la SCJN y el INAI, el mismo día de la resolución el Ejecutivo federal publicó otro <a href="https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5689265&amp;fecha=18/05/2023#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">Decreto</a> en los mismos términos del expedido en noviembre de 2021. Ante este escenario de franco desacato por parte del Ejecutivo, el INAI interpuso un <a href="https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-133-23.pdf" target="_blank" rel="noopener">recurso de queja</a> ante la SCJN, señalando que violaba la suspensión otorgada por el Máximo Tribunal en la controversia constitucional 217/2021.
En su determinación, la SCJN se mantuvo firme en la postura emitida sobre el decreto de 2021, al <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7360" target="_blank" rel="noopener">señalar</a> la inconstitucionalidad de este nuevo decreto y declarando su invalidez. Con ello, este Tribunal destaca la importancia del acceso a la información como pilar de una sociedad democrática y subraya la función indispensable del INAI como garante de este derecho.
El derecho de acceso a la información ambiental forma parte de una de las obligaciones que ha asumido el gobierno mexicano mediante la ratificación del <a href="https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu">Acuerdo de </a><a href="https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu" target="_blank" rel="noopener">Escazú</a>, que respecto a derecho a la información ambiental establece el <a href="https://escazuahora.com.co/wp-content/uploads/2020/05/ABC_del_Acuerdo_de_Escazu-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">deber estatal</a> de garantizar el acceso a la información ambiental que está bajo su poder, control o custodia.
La insistencia de los acuerdos presentados por el Ejecutivo Federal puede generar un ambiente de opacidad en el acceso a información sobre asuntos de interés público, que pueden entrañar violaciones a derechos humanos como el acceso a un medio ambiente sano. Esto es sumamente peligroso ya que manda el mensaje a otros actores gubernamentales y privados de que pueden proceder con la misma opacidad, devastar el medio ambiente o legitimar casos de corrupción sin ninguna repercusión.
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El derecho de acceso a información ambiental, ¿un asunto de seguridad nacional?

El pasado 17 de mayo el Espacio OSC organizó en la Ciudad de México el Seminario Internacional de Políticas de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Un evento que contó con la presencia de autoridades federales, cuerpo diplomático, ONU-DH México, expertas internacionales, personas defensoras y periodistas. La jornada tuvo cuatro ejes de discusión: los procesos de construcción de políticas públicas para la protección; la gobernanza en red y la coordinación interinstitucional; el papel del poder judicial y las fiscalías en la investigación, y el papel de la sociedad civil en esta construcción de políticas públicas de protección en la región.
En torno a la reflexión de cómo han sido los procesos de construcción de políticas de protección, para la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) destacó que la emisión de una sentencia de la CoIDH de 2014 dio lugar a un Mecanismo de Protección, donde la sociedad civil ha tenido un papel decisivo a través de mesas de trabajo. En tanto, para la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, la política de protección se ha centrado en la seguridad física, pero se requiere una política pública integral, holística y sistémica que genere entornos que garanticen el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión acorde a estándares internacionales.
Para el Mecanismo de Protección de la Ciudad de México ha sido fundamental la experiencia territorial para crear procesos de atención integrales que respondan a las necesidades de las personas beneficiarias, ampliando la mirada sobre los tipos de amenazas, vulnerabilidades, patrones de agresiones y niveles de riesgo.
Protection International reconoció el papel que ha desempeñado el Espacio OSC durante sus más de 10 años de trabajo, colocándolo como uno de los referentes regionales que ha propuesto insistentemente técnica y reflexión en torno a la protección en México.
Con relación a la gobernanza en red y la coordinación interinstitucional, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay manifestó que pese a que existe un Mecanismo de protección de testigos este no tiene una dimensión sobre derechos humanos y su principal reto es la coordinación entre entidades y sociedad civil, así como un presupuesto que sea destinado a este ente anualmente. Desde la experiencia del CEDEHM en Chihuahua, fue vital la realización de un diagnóstico sobre los orígenes del riesgo para personas periodistas y defensoras que dio lugar a una Alerta Temprana en 2016.
Esto impulsó que en 2017 se publicara el Plan de Contingencia como una medida de prevención y no de reacción. En Veracruz, a 10 años de la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, se ha tenido que pensar cómo dejar de actuar reactivamente y pensar en la prevención, ampliando y construyendo un sistema de protección estatal, convenciendo a las autoridades estatales para hacer efectiva la garantía de derechos.
Desde Brasil, el Programa de Protección que fue creado en 2004 enfrenta el reto de contar con presupuesto limitado, poca participación de sociedad civil, excluye a los pueblos indígenas, existe una débil articulación de políticas públicas en materia de derechos humanos en medio de retrasos en procesos de justicia.
En torno al papel que deben desempeñar las diferentes instancias y procesos judiciales, se dio un interesante diálogo entre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Propuesta Cívica y la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada del Estado de Chihuahua, donde estuvieron conversando acerca de los logros, necesidades y retos que hay desde este punto en torno a la protección y al desarrollo de la labor de defensa y la libertad de expresión.
Se hizo mucho hincapié en la necesidad de poder tener buenos análisis de contexto, sobre todo en contextos de macrocriminalidad, con el objetivo de poder esclarecer ataques y también para identificar patrones que permitan vincularlos a otros, así como en la necesidad de que las sentencias condenatorias vayan acompañadas siempre de medidas preventivas y restaurativas. En este sentido apuntaban como primordial las labores de prevención y protección que pueden darse desde las Fiscalías, incorporando los enfoques de DDHH, género e interseccionalidad, guiando al conjunto de actores que están involucrados en las investigaciones y proporcionando medidas de protección, de forma complementaria a otras instituciones como el Mecanismo Federal.
Aunque ha habido avances en la protección de periodistas mediante un protocolo homologado de investigación para delitos contra este colectivo, todas las ponentes coincidieron en la necesidad de la creación de protocolos similares para delitos y agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos, como un elemento que ayudaría a mejorar y garantizar su legítima labor, al igual que la mejor coordinación entre las Fiscalías estatales y la FGR.
Como se destacó a lo largo de toda la jornada, el papel que juega la sociedad civil en la generación de políticas públicas es imprescindible y necesario, si se pretende contar con políticas que realmente generen entornos seguros para la labor de defensa y libertad de expresión. Desde las organizaciones colombianas ACIN y CRIC se puso el foco en las experiencias indígenas, colectivas y comunitarias en torno a la protección, que aportan un valor y un enfoque que, por regla general, no se han tenido en cuenta desde los actores gubernamentales, pese a los conocimientos y aportes que atesoran. Esta resistencia al papel que pueden tener las comunidades y organizaciones de la sociedad civil fue enfatizada también por Somos Defensores Colombia.
Para Sara Méndez, miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo Federal, el papel que ha tenido la sociedad civil a la hora de abrir algunos canales institucionales, pese a las resistencias, ha sido de suma importancia para avanzar en políticas y herramientas que ayudan a proteger a defensores y periodistas. Desde PBI México, se puso en valor la labor de articulación que ha realizado en sus más de 10 años el Espacio OSC, mismo que se ha materializado, entre otros elementos, en la consecución del actual marco legislativo en torno a la protección de defensores y periodistas, pero también en el intercambio de experiencias, buenas prácticas y cuidados colectivos entre organizaciones y personas de todo el territorio mexicano.
Frente a un contexto de violencias múltiples en la región, que la posicionan como la región más peligrosa para defender derechos humanos y la libertad de expresión, es necesario seguir pensando en rutas de acción colectiva con la participación de la sociedad civil para generar políticas de protección estatales.
* El Espacio OSC es una articulación de 14 organizaciones que monitorea y propone reformas y mejoras a la actual política de protección en México. Inspirados en el trabajo en red, el Espacio busca potencializar la labor en pro de las personas defensoras y periodistas, desde un enfoque interseccional, de género, colectivo y comunitario.

Las políticas de protección para defensoras y periodistas en América Latina: avances y retos

Una forma de conocer qué hace el gobierno es a través de la transparencia, un derecho humano que tenemos todas las personas. Ese derecho que nos posibilita saber y contar con información sobre lo que hacen las autoridades gubernamentales, las decisiones tomadas día con día o el uso que hacen de los dineros de todas y todos. Esta lucha ciudadana por hacer valer nuestro derecho a saber y allanar la opacidad del quehacer gubernamental se cristalizó hace casi 21 años con la primera ley en la materia (11 de junio de 2002). Ha pasado mucho desde entonces y aunque no todo ha sido de color rosa, el balance apunta a ser bastante positivo.
En esta remembranza es obligado traer a la memoria casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos como las masacres de San Fernando o las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya o casos de corrupción como Odebrecht, Casa Blanca y Grupo Higa, cuyos detalles pudieron conocerse por resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el órgano -ahora constitucionalmente autónomo- creado en 2003 para salvaguardar expresamente los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
Un <a href="https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-001-23.pdf" target="_blank" rel="noopener">comunicado del INAI de principios de este año</a> refiere que durante 2022, los recursos de revisión -cuando alguna autoridad se niega a entregar la información o no lo hace de acuerdo con lo solicitado- aumentaron un 48 por ciento (24,740) en comparación con los interpuestos en 2021 (16,894), lo cual pone en evidencia una tendencia a favor de la secrecía y no de la apertura gubernamental. Desafortunadamente, a partir del primero de abril de este 2023, el órgano de gobierno de este instituto quedó imposibilitado para sesionar legalmente y, por lo tanto, para resolver estos recursos y otras tantas facultades que sólo son posibles con un quórum mínimo de cinco de sus siete integrantes.<a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Esta alarmante situación -que el pleno del instituto esté conformado únicamente con cuatro de sus siete integrantes- es producto de la omisión deliberada, negligencia e incapacidad del Senado de la República para cumplir con una de sus obligaciones legislativas básicas, la de designar a quienes ocupan altas responsabilidades públicas, como lo son las de comisionadas y comisionados del INAI.
¿Cómo llegamos a este punto? El 31 de marzo de 2022, concluyó el periodo de dos comisionados del INAI en ese entonces. El Senado inició el proceso y hay que decir que las comisiones encargadas (de Anticorrupción y de Justicia) incorporaron diversas buenas prácticas: la conformación de un Consejo de Evaluación (ciudadano) <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> para valorar las entrevistas; la aplicación de cédulas de evaluación por parte de los grupos parlamentarios; una lista con los trece puntajes más altos sobre el total de las 48 personas participantes y un dictamen detallado con la publicación de las evaluaciones (1o de abril de 2022). Sin embargo, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) se demoró 334 días para presentar una propuesta al pleno, ésta incluyó sorpresivamente a uno de los aspirantes peor evaluados. Por inverosímil que suene, contó con el voto de 74 senadoras y senadores. Ambas propuestas fueron objetadas 15 días después por el presidente de la República en uso de sus facultades constitucionales para el caso. Desde esa fecha y con todo el rezago injustificable previo, más <a href="https://twitter.com/ConsejoConINAI/status/1641568848305614850" target="_blank" rel="noopener">una orden judicial</a> que les mandata resolver a la brevedad, no parece que tengan la intención de cumplir con sus obligaciones.
A lo anterior se suma una vacante más que se produjo el 31 de marzo pasado ante el término del periodo de otro comisionado. A diferencia del proceso de 2022, en esta ocasión las mismas comisiones decidieron dar un paso atrás y no realizar entrevistas ni convocar a un Consejo de Evaluación externo. La lista de diez evaluaciones destacadas se limitó a una revisión documental de las 52 personas inscritas, once de ellas participantes del ejercicio anterior y sólo dos dentro de los puntajes más altos que realizó en aquella ocasión el Consejo de Evaluación (ciudadano). Por eso, desde el Observatorio de Designaciones Públicas (ODP) insistimos en que este último proceso debe reponerse en armonía con el principio constitucional de progresividad. Dicho dictamen fue aprobado el 27 de marzo.
El desenlace no se vislumbra a favor de la transparencia, todo lo contrario. Hace días, el secretario de Gobernación<a href="https://twitter.com/RicardoMonrealA/status/1646248824892018694" target="_blank" rel="noopener"> declaró</a> que veía “muy difícil, por no decir que imposible, que en este periodo se pueda construir la mayoría requerida constitucionalmente para hacer los nombramientos en el INAI”. Un día después, el coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA planteó tres posibles escenarios: 1) la resolución de una designación (la de 2023) por parte del Senado antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias (30 de abril); 2) que se convoque a un periodo extraordinario para el tema o 3) esperar a la resolución de la controversia constitucional interpuesta por el INAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Todos insuficientes y lejos de la encomienda que tienen de respetar, promover, proteger y garantizar de manera plena los derechos de acceso a la información y protección de datos personales del pueblo de México.
Una cuarta posibilidad es que designen ¡ya! perfiles adecuados en una institución clave para la apertura democrática e importante contrapeso al ejercicio del poder. Esa que nos pertenece y quieren arrebatar no designando. ¡No más retrasos!
<a href="https://twitter.com/search?q=%23SinCuotasNiCuates&amp;src=typed_query" target="_blank" rel="noopener">#SinCuotasNiCuates</a>
* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (<a href="https://twitter.com/designaciones" target="_blank" rel="noopener">@designaciones</a>), proyecto impulsado por ARTICLE 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas; y, generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de México.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> El artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que las sesiones del pleno del INAI son válidas con la asistencia de al menos cinco personas comisionadas. Entre las decisiones que no podrá tomarse son la resolución de recursos de revisión, la atracción de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos garantes, la emisión de recomendaciones a los sujetos obligados respecto a la información que están obligados a publicar o la posibilidad de interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad ante decisiones que buscan limitar el acceso a la información.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Integrado por: Universidad Iberoamericana; el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; la Universidad de Guadalajara; el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; y, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), conformado por: Artículo 19; Causa Natura; Contraloría Ciudadana; Equis Justicia para las mujeres; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; GESOC; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Instituto Mexicano para la Competitividad; México Evalúa; Observatorio Nacional Ciudadano; Social TIC y Transparencia Mexicana.

¿A favor o en contra de la transparencia?

El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua como una manera de recordar a los países la crisis del agua y el saneamiento que se vive <a href="https://www.un.org/es/observances/water-day" target="_blank" rel="noopener">a nivel mundial</a>. Sin embargo, en países como México esto no solamente se ha convertido en una asignatura pendiente, sino en un tema de urgente atención.
Un ejemplo de ello es la contaminación del agua y los cenotes, latente en el estado de Yucatán, provocada en gran parte por la instalación de mega fábricas de carne de cerdo para exportación al extranjero, que representan un sistema de producción masiva donde se violan los derechos de las personas, los pueblos y comunidades indígenas con la omisión y aquiescencia del estado, lo cual ha generado diversos conflictos socio ambientales en la entidad que ha llegado a cobrar mayores dimensiones.
De acuerdo con datos de la organización <a href="https://www.greenpeace.org/static/planet4-mexico-stateless/2020/05/188dc911-reporte_granjas_webok3.pdf" target="_blank" rel="noopener">Greenpeace</a>, en la Península de Yucatán se han instalado 257 granjas porcícolas, de las cuales sólo 18 cuentan con Manifestaciones de Impacto ambiental. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Además, de acuerdo con esta organización, existen diversas afectaciones provocadas por las granjas, entre las que se encuentran: 1. Contaminación de los mantos freáticos, derivado de la acumulación de metales pesados en la capa superficial del suelo, nutrientes y la infiltración de nitratos; 2. Contaminación del aire debido a la degradación microbiana de las excretas; 3. Daños a la salud de los humanos y de los animales, que desarrollan trastornos respiratorios y digestivos, ya que las actividades de las granjas porcícolas emiten malos olores y ruido, además de afectar la calidad del paisaje.
Colectivos mayas del poniente de Yucatán, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizaron ocho monitoreos de la calidad del agua en 19 puntos de la zona cercanas a las granjas pertenecientes a la empresa Kekén, en una investigación cuya primera etapa fue denominada <a href="https://fb.watch/jpU-th9bhj/" target="_blank" rel="noopener">&#8220;Monitoreo Acuífero Regional&#8221;</a>. Encontraron que de 200 muestras en 23 cuerpos de agua, la mayoría en cenotes, cuerpos de agua utilizados para la apicultura o consumo humano y pozos artesanales, hubo presencia de coliformes fecales y el 35 % de las muestras arrojaron un resultado de inseguras.
Debido a este escenario, comunidades mayas como Homún, Kinchil, Maxcanú, Celestún, Chapab y Sitilpech -que se han visto afectadas- se han convertido en personas defensoras ambientales para poder cuidar el agua y su territorio ante la imposición de megaproyectos, y han denunciado públicamente y ante instancias judiciales el despojo de tierras de la población maya para instalación de megaproyectos, los altos niveles de contaminación de la selva maya y el nivel crítico de contaminación del acuífero, incluidos los cenotes de Yucatán, debido al uso de carga y descarga de agua para la industria, la proliferación de mega-granjas y el uso de plaguicidas para la agroindustria como consecuencias de una problemática raíz: <a href="https://agua.org.mx/biblioteca/los-cenotes-de-la-peninsula-de-yucatan-como-sujetos-de-derechos-informe-fundacion-para-el-debido-proceso/" target="_blank" rel="noopener">“un paradigma dominante que ve a la especie humana como superior y separada de los sistemas vivos de la Tierra”</a>.
Estos megaproyectos han pasado por el mismo modo de operación, sin procesos de consulta indígena, sin brindar información clara, oportuna y en sus lenguas a las comunidades, sin acceso a la información ambiental y a la participación en la toma de decisiones y, sobre todo, surgen como un modelo extractivista que no reconoce a las comunidades indígenas mayas como sujetas de derecho.
Además, las comunidades que han hecho frente a esta imposición, activistas y organizaciones de derechos humanos que las acompañan en sus demandas, han sido criminalizadas por el gobierno del estado, calificándolos de “pseudo ambientalistas” o “provocadores”. También han sido víctimas de acoso judicial, como es el caso de la comunidad de Sitilpech, donde algunos de sus integrantes han sido vinculados a proceso por parte de la <a href="https://www.facebook.com/KananDDHH/photos/a.196276251926875/778835660337595/" target="_blank" rel="noopener">Fiscalía General del Estado de </a><a href="https://www.facebook.com/KananDDHH/photos/a.196276251926875/778835660337595/">Yucatán</a>, y han sufrido represión por parte de la Policía Estatal como la ocurrida el día 22 de marzo de 2023, cuando en una manifestación en apoyo a la comunidad de Sitilpech, cuatro personas asistentes a la marcha fueron <a href="https://www.facebook.com/KananDDHH/photos/a.196276251926875/778949616992866/" target="_blank" rel="noopener">detenidas arbitrariamente</a> por personas vestidas de civil a bordo de automóviles no identificados.
​Ante este escenario es urgente que los gobiernos presten especial atención a la magnitud de la problemática que provoca la falta de control, fiscalización y supervisión de las actividades empresariales cuyas actividades provocan la contaminación del agua. Las instancias de los tres niveles de gobierno deben generar las condiciones para que las comunidades indígenas y sus integrantes tengan participación efectiva en los planes de desarrollo o de inversión dentro de su territorio, además del deber estatal de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones, <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">brindando información y manteniendo un diálogo constante entre las partes involucradas</a>.
Es importante no olvidar el vínculo indisoluble de los pueblos y comunidades indígenas con sus tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentran, así como los elementos corporales que se desprenden de éstos, y la necesidad que tienen de proteger su derecho a ese territorio brindando información y manteniendo un diálogo constante entre las partes involucradas, <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">a fin de garantizar su supervivencia física y cultural</a>.
* Mayra López Pineda es Coordinadora de Acceso a la Información y Transparencia Proactiva. Marilyn Alvarado es Enlace de Derecho a la Información en Yucatán.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Las Manifestaciones de Impacto Ambiental son estudios especializados regulados en la política ambiental que tienen como fin prevenir, mitigar y restaurar los daños ocasionados al ambiente por actividades u obras.

La crisis del agua en las comunidades mayas de Yucatán

El 29 de enero de 2022 la destacada periodista Lourdes Maldonado, de Baja California, fue asesinada a las puertas de su domicilio en una colonia popular de Tijuana y luego le seguirían Sheila Johana y Yesenia Mollinedo, el 9 de mayo, baleadas afuera de un Oxxo en Veracruz.
Susana Mendoza Carreño, de Radio Universidad de Jalisco, estuvo delicada tras el brutal ataque que intentó quitarle la vida el 1º de julio de 2022 en Puerto Vallarta, Jalisco. Por si esto fuera poco, ese mismo día, Cinthia de la Cruz, hija del periodista Antonio de la Cruz, asesinado el 29 de junio en Ciudad Victoria, murió como víctima colateral del ataque contra su padre, tras permanecer varios días hospitalizada.
Ello se da como resultado de la espiral de agresiones contra mujeres periodistas en México, que van en aumento, lo mismo que las embestidas contra la prensa en general, aunque las violencias contra las comunicadoras crecen, son variadas y en distintos planos interseccionales.
Bajo este panorama, organizaciones que defienden la Libertad de Expresión al mismo tiempo que instituciones académicas de investigación revelan un aumento preocupante en las agresiones contra la prensa en 2022 –y en lo que va del sexenio-. A la par del incremento en particular de ataques contra mujeres periodistas mexicanas, un tema invisibilizado en medio de las tragedias que agobian al periodismo nacional con 157 asesinatos desde el año 2000 y doce este año, tres de ellas mujeres.
Por estos hechos,  <a href="https://www.forbes.com.mx/mexico-es-el-pais-mas-peligroso-para-los-periodistas-por-encima-de-ucrania/" target="_blank" rel="noopener">México se convirtió durante 2022 en el segundo país donde se matan a más periodistas en el mundo después de </a><a href="https://www.forbes.com.mx/mexico-es-el-pais-mas-peligroso-para-los-periodistas-por-encima-de-ucrania/">Ucrania</a><a href="https://www.forbes.com.mx/mexico-es-el-pais-mas-peligroso-para-los-periodistas-por-encima-de-ucrania/">,</a> a pesar de no estar en guerra, por lo que es sumamente letal ejercer la profesión periodística.
<h2>Dimensiones de la Violencia contra las mujeres periodistas en México</h2>
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la violencia contra las mujeres periodistas y las trabajadoras de los medios de comunicación en América se manifiesta de distintas formas: “desde el asesinato, la violencia sexual, incluido el acoso sexual hasta la intimidación, abuso de poder y amenazas basadas en el género”.
En su<a href="http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/MujeresPeriodistas.pdf" target="_blank" rel="noopener"> informe del 2018</a> –el primero en su tipo- sobre  violencia contra mujeres periodistas en América, refiere en su párrafo 48 que “la violencia contra las mujeres es perpetrada por distintos actores, como funcionarios del Estado, fuentes de información o colegas, y tiene lugar en diversos contextos y espacios, incluyendo la calle –como ha ocurrido en México- el lugar de trabajo y las oficinas o instituciones estatales”.
En concordancia con dicho informe, la directora general de CIMAC hace una identificación clara de las violencias  que atañen a las periodistas mexicanas en al menos tres frentes, que incluyen: 1) el estigma social, que no les perdona su libertad para informar en lugar de “cumplir” con los roles de género y patriarcales que les han sido culturalmente impuestos -como cuidar a los hijos-; 2) acosos, hostigamientos y trato diferenciado en las redacciones; 3) además de  amenazas y campañas de desprestigio, provenientes casi siempre de sus fuentes (ya sean políticos, líderes o el crimen organizado, o todos…), cuando su trabajo incomoda.
Una reciente <a href="https://luchadoras.mx/periodistas-unidas-mexicanas-metoo/" target="_blank" rel="noopener">encuesta</a> de la organización Periodistas Unidas Mexicana titulado “AcosoData: Termómetro del acoso sexual contra las mujeres en medios periodísticos”, arrojó que el 60 % de las encuestadas dijo vivir acoso y hostigamiento por parte de sus jefes, mientras que el 49 % identificaron a sus fuentes de información como el agresor,  generalmente funcionarios públicos, líderes sindicales o de organizaciones, quienes piden una exclusiva a cambio de un chantaje sexual.
Y sí. Acosadas en las redacciones, sobajadas por jefes machistas, hostigadas por funcionarios de comunicación social dedicados a cuidar la imagen de sus jefes corruptos y acosadas también por una sociedad que cuestiona su comportamiento crítico, y de frente a un gremio que las margina, discrimina y aísla -cuando no responden a los patrones típicos de la prensa oficialista- las mujeres periodistas en México caminan al filo del riesgo, menosprecio y desprestigio.
La RELE en el <a href="http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/MujeresPeriodistas.pdf" target="_blank" rel="noopener">informe</a><a href="http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/MujeresPeriodistas.pdf"> (2018)</a> ya mencionado, en su párrafo 12 señala que si bien las mujeres periodistas enfrentan los mismos riesgos que sus pares varones cuando investigan y reportan temas sobre corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos humanos, “también enfrentan riesgos específicos por el hecho de ser mujeres y en la intersección de otras identidades como la raza y la etnia”.
También destaca que en particular “los actos de violencia contra las mujeres y en especial contra las mujeres periodistas no son actos aislados, sino que son sintomáticos de un patrón de discriminación estructural contra las mujeres que tiene sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres ante los hombres”.
Esta desvalorización que se da al trabajo de las mujeres periodistas, se traduce, cuando incomoda a sectores del poder, en distintas formas de violencia, una de las más recurrentes el acoso y las campañas de desprestigio que suelen darse en el ámbito público, pero que invaden esferas privadas.
Estas campañas suelen desprestigiar su trabajo con base a la estigmatización y lanzando sobre ellas una serie de cuestionamientos y calificativos denigrantes, y negativos, golpeando su integridad personal y agrediendo o cuestionando aspectos de su vida personal.
Existe una diferencia entre la violencia ejercida contra las mujeres periodistas en comparación con la viven hombres periodistas, pues el ser mujer periodista enfrenta una violencia tripartita en México, por ser mujer, por la precariedad laboral y por el riesgo del ejercicio periodístico.
Frente a estos contextos y considerando que los ataques contra mujeres periodistas tienen diversas intersecciones, hablar de su protección requiere acciones conjuntas de los tres niveles de gobierno, pues como se sabe las principales agresiones contra periodistas en el interior del país provienen de políticos locales.
Pero hace falta además el compromiso de los otros entes que concurren en los ecosistemas informativos nacionales, regionales y  estatales, esto es empresarios y dueños de medios –para garantizar condiciones dignas laborales-, y  hasta de periodistas que dirigen redacciones y ocupan puestos directivos, pues como vemos, los acosos, hostigamientos –incluso de índole sexual- y hasta represiones contra compañeras, provienen de las propias redacciones y en ocasiones en colusión con funcionarios de prensa.
También será imposible si los Mecanismos de Protección a Periodistas en los Estados y las Fiscalías Generales de Justicia de las entidades –como ocurre en el caso de Edomex-, sigan sujetos a los juegos políticos de cada entidad sin atender los casos que les corresponde atender –de agresiones y delitos contra la prensa-, prolongando por conveniencias políticas la impunidad prevaleciente.
Sin todo ello, la protección de las mujeres periodistas que surge cada 8 de marzo como discurso colateral al Día Internacional de la Mujer, seguirá siendo solo eso, un recurso discursivo del que todos sacan leña…
En nuestra cabeza, el miedo: ¿me tocará a mí?
<a href="https://twitter.com/article19mex" target="_blank" rel="noopener">@article19mex</a>

Ser mujer periodista en México implica vivir con miedo

Entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado, el Estado mexicano llevó a cabo una política contrainsurgente por la que cientos de personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, torturadas, desplazadas, y desaparecidas. A más de cincuenta años de los hechos, las familias y sobrevivientes continúan exigiendo verdad, justicia, reparación integral del daño, medidas de no repetición y rescate de la memoria. Hasta la fecha, esta deuda sigue impune.
La Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad) se creó  en el marco de la Ley 932 que mandaba investigar, estudiar, analizar, aportar elementos históricos, sociales, políticos y jurídicos para contribuir con las autoridades competentes en la investigación de las graves violaciones a derechos humanos y hechos probablemente constitutivos de delitos, y delitos de lesa humanidad contra la ciudadanía guerrerense o personas radicadas o que se hayan encontrado en el territorio de Guerrero. La investigación comprendió el período entre 1969 y 1979.
La Comverdad realizó su investigación del 17 de abril de 2012 al 15 de octubre de 2014. Concluyó que la denominada “guerra sucia” fue un período caracterizado por el ejercicio sistemático de violencia de estado, en contra de organizaciones guerrilleras encabezadas por los profesores Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, entre otras organizaciones y dirigentes, así mismo en contra del pueblo de Guerrero y del país.
Esta comisión reiteró que el presidente Luis Echeverría Álvarez ordenó al General Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de la SEDENA, “localizar y exterminar a los delincuentes” como llamaban a los guerrilleros. Para esto, el gobierno implementó planes de contrainsurgencia y ejerció una represión sistemática y generalizada que dejó un número indeterminado de personas desaparecidas, ejecutadas, mujeres violadas, detenidas y desplazadas.
Para su labor, la Comverdad dividió su investigación en tres áreas: a) Investigación Documental, b) Investigación Testimonial y c) Búsqueda en campo. El producto de la investigación documental fue la obtención de más de 310 mil fotografías de documentos históricos producidas por las agencias encargadas de la represión en el periodo, documentos consultados en el Archivo General de la Nación (AGN).
En el caso de la investigación testimonial se tomaron 408 testimonios y se documentaron 515 casos de víctimas de violaciones graves a Derechos Humanos en este periodo, denominado “Guerra sucia”. Estos testimonios brindaron narrativas, rescataron las vivencias sufridas por los sobrevivientes, además de información sobre sus familiares desaparecidos, nombres de las personas detenidas-desaparecidas, lugares de detención y traslado, así como todo tipo de violaciones graves a los Derechos Humanos.
En la búsqueda en campo se obtuvo información que permitió localizar e identificar los restos de dos personas: Eliseo Flores Vázquez y Martín Nario Organes, ambos desaparecidos en septiembre de 1974. Tras su identificación fueron entregados a sus familiares y ahora descansan en un panteón público. Así mismo se obtuvo información de cinco sitios más, pero se agotó el tiempo y no se pudo concluir la investigación.
La Comverdad presentó su Informe Final de Actividades y tres anexos: “Historias de Vida”, “Personas participantes en desapariciones forzadas” y “Reconstrucción Histórica”; el 15 de octubre de 2014 fue entregado a los tres poderes del estado de Guerrero. La ley 932 mandató la obligación del Poder Ejecutivo de Guerrero a publicar e instalar el informe, en todas las bibliotecas públicas de la entidad, pero no se cumplió esa obligación.
Actualmente, el equipo de seguimiento a la Comverdad continúa luchando por el Derecho a la verdad, justicia, reparación integral del daño, medidas de no repetición y el rescate de la memoria, para que hechos tan deleznables no vuelvan a ocurrir en nuestro país.
En esta lucha se han consolidado alianzas, entre ellas la realizada con ARTICLE 19 que ha permitido la creación de plataformas digitales como <a href="https://archivosdelarepresion.org/" target="_blank" rel="noopener">archivosdelarepresión.org</a>, donde se encuentra publicada la investigación documental de la Comverdad, y permite a los familiares, sobrevivientes y toda persona interesada en el tema realizar su propia búsqueda.
Con el propósito de dar a conocer esta parte de la historia de México, poco conocida sobre todo por las nuevas generaciones, el próximo 1 de marzo de 2023 a las 10:00 am en el auditorio Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentaremos, junto con Artículo 19, la segunda impresión del <a href="https://articulo19.org/wp-content/uploads/2022/06/Informe-COMVERDAD.pdf" target="_blank" rel="noopener">Informe Final de Actividades </a>y la primera impresión de dos de sus anexos: <a href="https://articulo19.org/wp-content/uploads/2023/02/anexo_HISTORIAS-DE-VIDA.pdf" target="_blank" rel="noopener">“Historias de Vida”</a> y <a href="https://articulo19.org/wp-content/uploads/2023/02/anexo_PARTICIPANTES.pdf" target="_blank" rel="noopener">“Personas participantes en las desapariciones forzadas”</a>. El presente texto es también una invitación a que nos acompañen de manera presencial o a distancia para conocer esta parte de nuestra Historia.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1266312" src="https://panel.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2023/02/informe-COMVerdad-480x600.jpg" alt="Convocatoria al informe de la COMVerdad" width="480" height="600" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/02/informe-COMVerdad-480x600.jpg 480w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/02/informe-COMVerdad-768x960.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/02/informe-COMVerdad.jpg 800w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" />
Como equipo de seguimiento de la Comverdad sabemos que el camino a la verdad es un proceso largo y difícil, y que lo aportado por esta comisión es una aportación modesta a la lucha contra el olvido y la impunidad. Porque los perpetradores tienen nombre y apellido, y las víctimas también. La esperanza y la dignidad son las armas legítimas de las familias de las y los desaparecidos para decir nunca más y acabar con la impunidad.
* Nicomedes García Fuentes es excomisionado de la Comverdad y miembro del equipo de seguimiento. Jessica Chantal Alcázar Romero es Coordinadora de Derecho a la Verdad de <a href="https://twitter.com/article19mex" target="_blank" rel="noopener">@article19mex</a>.

Los perpetradores tienen nombre y apellido, y las víctimas también

El Día del Ejército Mexicano es una oportunidad para reflexionar qué es lo que se desea conmemorar. En pleno 2023 este día se contextualiza en una profundización de la <a href="https://front.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/militarizacion-discernir-la-verdad" target="_blank" rel="noopener">militarización</a> en México, la cual es síntoma de un fracaso reiterado en las estrategias de seguridad pública, de desarrollo, y hasta en el sistema de transporte público del país. Hoy en día el Ejército está en todos lados: en los aeropuertos, trenes, hospitales, refinerías, dirigiendo y construyendo distintas obras públicas, piloteando los cielos y saludando en los desfiles. Con este día, la administración en turno intenta conmemorar el poder y la gloria de unas fuerzas armadas omnipresentes y omnipotentes, que también han logrado ampliar su presencia de lo físico, a lo digital.
Las instancias de seguridad pública y nacional -que en México hoy en día resultan ser ineludiblemente una sola- tienen un largo <a href="https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/download/2916/2094?inline=1" target="_blank" rel="noopener">historial</a> de recopilación de datos personales de civiles, a menudo justificando el perfilamiento y monitoreo de las personas y de sus actividades en pos de la seguridad, la estabilidad social o de otros supuestos beneficios para el país -los cuales no necesariamente existen o alcanzamos a percibir-. No obstante, a medida en que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han evolucionado, también lo han hecho otras maneras abusivas, impunes y avasallantes de violar el derecho a la privacidad de las personas, utilizando las mismas excusas de “seguridad nacional” o “para el bien del pueblo” para hacerlo de forma sigilosa y con absoluta opacidad.
La vigilancia y la recopilación masiva de datos personales de forma <a href="https://r3d.mx/2019/06/19/gobierno-espia-cronologia/" target="_blank" rel="noopener">ilegal y arbitraria</a> es ya una tradición en nuestro país, y es una situación que ha afectado de manera desproporcionada a distintos actores sociales, sobre todo de aquellos que visibilizan y luchan contra la corrupción y violación de derechos humanos de distintos actores gubernamentales del pasado y del presente. A pesar de lo anterior, desenmascarar los abusos reiterados del Ejército mexicano ha resultado imposible ante unos ojos presidenciales que se rehúsan a ver la realidad. El caso de <a href="https://ejercitoespia.r3d.mx/" target="_blank" rel="noopener">#EjércitoEspía</a>, donde se comprueba el despliegue del poder militar y el uso de recursos públicos para espiar ilegalmente a dos periodistas y una persona defensora de derechos humanos a través de las TIC, ha vuelto a despertar la necesidad de replantearnos qué es lo que cada 19 de febrero hay que festejar.
Básicamente, el gobierno federal intenta que la sociedad aplauda a un Ejército que se manda solo. Un Ejército que, contrario a cuidarnos y velar por México, contrata <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/8/3/sedena-marina-contrataron-software-para-labores-de-inteligencia-pero-no-es-como-pegasus-amlo-269087.html" target="_blank" rel="noopener">tecnologías intrusivas a la privacidad</a> -como el malware Pegasus y otros softwares para presuntas “labores de inteligencia”- que utilizan con el fin de espiar a personas periodistas y defensoras de derechos humanos que todo hacen por la democracia y de ninguna forma representan una amenaza para el país.
El solo uso de estas herramientas de espionaje tiene un impacto en las diferentes esferas de la vida de las personas atacadas. No solo porque permite que las instituciones públicas que las despliegan accedan a detalles íntimamente personales (como la orientación sexual, la religión, la salud o las relaciones familiares y sociales) y laborales (como coberturas periodísticas y fuentes informativas) de a quien se está espiando, sino que también existe un impacto en la salud psicoemocional de quienes sufren esta <a href="https://www.occrp.org/en/the-pegasus-project/life-in-azerbaijans-digital-autocracy-they-want-to-be-in-control-of-everything" target="_blank" rel="noopener">afectación</a>.
¿Por qué el Ejército está en los teléfonos celulares de personas periodistas? ¿Cómo se justifica? ¿Qué lo habilita? ¿Quién sigue? ¿Cómo se atreven a negarlo? Ante tanta evidencia es todavía impresionante que no existan controles estrictos en la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia, mecanismos de control judicial, transparencia y otras medidas de rendición de cuentas. Doblemente impresionante es que se pretenda festejar un poder tan estremecedor que ni el propio presidente ha sabido ni querido controlar.
Sin garantía del respeto al derecho a la privacidad no hay ni habrá un ejercicio libre y significativo de la libertad de expresión. El Ejército no pertenece en las calles, y menos pertenece en los teléfonos celulares de la población.
* Martha Tudón (<a href="https://twitter.com/MarthaTdn" target="_blank" rel="noopener">@MarthaTdn</a>) es coordinadora de Derechos Digitales para ARTICLE 19 México y Centroamérica.

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