El INE inicia una nueva presidencia, la quinta desde que en 1996 se le dio total autonomía y se ciudadanizó por completo. Los primeros cuatro consejeros presidentes fueron hombres –José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova–, y ahora será una mujer –Guadalupe Taddei– la encargada de conducir a una de las instituciones que más confianza genera entre la ciudadanía y una de las más importante para nuestra democracia.
Pero primero lo primero, un resumen del proceso de designación.
14 de febrero. Luego de que en diciembre de 2022 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocara el acuerdo por el que se emitía la convocatoria para el proceso de designación de las 4 vacantes en el Consejo General del INE, la Cámara de Diputados aprobó una nueva convocatoria.
Entre el 16 y el 23 de febrero se llevó a cabo el proceso de inscripción y registro de aspirantes. Un día antes de que terminara el plazo, el 22 de febrero, el TEPJF de nuevo modificó la convocatoria emitida por la JUCOPO a efecto de que, en conformidad con los criterios de alternancia y paridad fuera una mujer quien presidiera el INE en este nuevo periodo; por tanto, la quinteta para la presidencia del INE debía integrarse únicamente por mujeres.
El 24 de febrero inició la evaluación de los perfiles, que consistió en una evaluación de conocimientos y una entrevista posterior de las y los aspirantes. Esta etapa estuvo cargada de críticas por la posible filtración de las respuestas para beneficiar a algunos perfiles y por las preguntas realizadas a algunos de los entrevistados. La condescendencia mostrada hacia algunos por parte del Comité Técnico de Evaluación, a pesar de su escasa o nula experiencia en la materia, y la cercanía de estos perfiles hacia el partido en el gobierno prendió las alarmas en varios sectores de especialistas.
Entre tanto, el TEPJF confirmó la decisión del Comité Técnico de no permitir que ni la actual consejera del INE, Carla Humphrey –quien buscaba llegar a la presidencia del Consejo General–, ni el exconsejero Javier Santiago Castillo participaran en el proceso de designación. Lo anterior porque permitirlo habría significado la reelección de ambos en cargos que ocuparon o actualmente ocupan, algo que la Constitución expresamente prohíbe.
El 25 de marzo el Comité Técnico envío una lista con los 20 perfiles que integrarían posteriormente las quintetas. Esta lista fue acompañada por el voto particular de María Esther Azuela quien señaló que seis perfiles no resultaban idóneos, entre otras razones, por posibles conflictos de interés. Finalmente, el 26 de marzo el Comité entregó las cuatro quintetas a partir de las cuales se definiría quiénes ocuparían las consejerías vacantes.
El proceso de designación previsto actualmente en la legislación determina que las y los diputados designarán los perfiles por una mayoría calificada (2/3 de la Cámara) y, en caso de no alcanzarse un acuerdo, debe ser la SCJN la encargada de designar por medio de insaculación. Sin embargo, desde el inicio del proceso el Secretario de Gobernación había anunciado que Morena no negociaría la designación de los perfiles sino que esta se haría por medio de tómbola en el pleno de la Cámara.
Aunque en las quintetas había varios perfiles que tenían cercanías importantes con el gobierno o con el partido mayoritario, también había perfiles con amplia experiencia, conocimientos y trayectoria en la materia electoral; destacando los perfiles de las y los consejeros y exconsejeros electorales locales. No cabe duda de que lo local se ha vuelto relevante en la materia electoral. Pero sin duda la quinteta que más comentarios generó fue la de la presidencia, pues la gran mayoría de los perfiles tenía vínculos claros y directos con el gobierno.
El 31 de marzo la Cámara de Diputados votó por mayoría a la 00:30am, que la designación se definiría por medio de cuatro insaculaciones, una por quinteta para que, de entre los cinco nombres propuestos en cada una se eligiera a una persona. De esta forma, el 1 de abril se dieron a conocer los nombres de las personas designadas para las tres consejerías y la presidencia del INE.
En el balance la designación fue positiva. Los cuatro perfiles tienen vasta experiencia y conocimientos en los temas electorales y han laborado en instituciones electorales -locales y federales; tres de ellos tienen experiencia en la integración de órganos de decisión colegiados. Son perfiles plurales que sin duda aportarán visiones diferentes a la herradura del INE. Lo que queda por averiguar a partir de ahora es si en su quehacer cotidiano mostrarán independencia y si defenderán la autonomía de la institución, lo que al final es su deber constitucional.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar que este fue un proceso novedoso en muchos sentidos. Tuvimos el primer Comité Técnico de Evaluación con perfiles claramente afines y leales al partido mayoritario. Por primera en la historia la designación se hizo por insaculación, el INE tendrá una consejera presidenta y el Consejo General estará integrado por una mayoría de mujeres –6 mujeres y 5 hombres.
En la década de 1950, en la isla se realizó un ensayo a gran escala para probar la píldora anticonceptiva entre mujeres pobres.
Dos mujeres, de pie en un complejo de vivienda pública en San Juan, Puerto Rico, miran perplejas. Una de ellas, tímida, describe unos síntomas: “Se me fue el mundo, se me nubló la vista. Lo único que dije fue: ‘Virgen del Carmen, cuídame a mis hijos‘”.
Luego, diciendo que no con la cabeza, la otra comenta: “Se estaba experimentando con nosotras sin saberlo”.
La escena es parte del documental “La Operación” (1982). Las mujeres, cuyos nombres no son mencionados, describían cómo fue su participación en el primer ensayo clínico a gran escala en el que se probó la efectividad de la píldora anticonceptiva en los años 50 del siglo pasado.
En el filme ambas afirman que desconocían ser parte de una investigación.
Como ellas, otras cientos de mujeres boricuas de origen humilde, sin saberlo, fueron pacientes del estudio dirigido por dos académicos estadounidenses.
El medicamento, que desde su comercialización en 1960 permitió que las mujeres tuviesen mayor control sobre sus cuerpos, porque no dependían del hombre para planificar la maternidad, fue probado en Puerto Rico gracias a una peculiar política pública de control de la sobrepoblación impulsada por el gobierno local de la isla y EE.UU.
En medio de un boom de nacimientos durante la primera mitad del siglo XX, con muchos ciudadanos en situación de extrema pobreza, la solución de los políticos de turno nombrados por EE.UU. fue fomentar que los puertorriqueños no tuvieran hijos.
Y sus iniciativas, explica la profesora de la Universidad de Puerto Rico Ana María García, directora de “La Operación”, estaban diseñadas específicamente para que esa reducción de la población se diera entre las comunidades más pobres.
“Fueron dirigidas a las mujeres más pobres, más racializadas y menos escolarizadas del país”, dice, por su parte, Lourdes Inoa, de la ONG feminista puertorriqueña Taller Salud.
“Porque eran quienes menos oportunidad tenían de conocer las repercusiones de participar de este tipo de procedimientos. El consentimiento, en este contexto, es altamente cuestionable”, añade.
Con financiación privada, pero también del Estado, la isla fue “un gran laboratorio de control de natalidad”, sostiene García.
Y las mujeres, añade Inoa, se convirtieron “en conejillos de indias”.
El origen de la píldora, que según Naciones Unidas actualmente es usada por 150 millones de mujeres en todo el mundo, tuvo lugar lejos de Puerto Rico, entre las paredes de la prestigiosa Universidad de Harvard, en Massachusetts.
Quienes desarrollaron el fármaco fueron dos reconocidos profesores de la institución: John Rock y Gregory Pincus.
El primero, cuenta la historiadora Margaret Marsh, profesora en la Universidad de Rutgers en New Jersey, era uno de los expertos en fertilidad más importantes de Norteamérica, paradojalmente católico, y que pensaba que los matrimonios debían tener el derecho a decidir cuándo tener hijos.
El segundo era un biólogo que en más de una ocasión catalogó la sobrepoblación como “el mayor problema para los países en desarrollo”.
Ambos estuvieron financiados y supervisados muy de cerca por Margaret Sanger, enfermera y experta en salud fundadora de la organización Planned Parenthood, y por la acaudalada líder sufragista Katharine McCormick.
Ellas, afirma Inoa, “buscaban que las mujeres estuvieran insertadas en diversas facetas de la sociedad, para que tuvieran mayor poder”. Controlar la maternidad era esencial para lograrlo.
Pero es conocido que Sanger defendía la eugenesia, la filosofía social que defiende la mejora de la raza humana mediante la selección biológica.
Y por eso permitió que se experimentara en mujeres pobres y en situaciones de vulnerabilidad.
“El movimiento por el control de la natalidad, de alguna manera, tenía dos vertientes. Una buscaba que las mujeres tomaran sus propias decisiones reproductivas y la otra era la idea de que el control de natalidad era bueno porque la gente pobre tendría menos hijos”, agrega Marsh.
Las primeras investigaciones de la píldora anticonceptiva en EE.UU. se realizaron en ratas y otros animales.
Luego, en una decisión “poco ética”, los científicos administraron el medicamento a un reducido grupo de pacientes en un hospital público para personas con problemas de salud mental de Massachusetts, cuenta Marsh, quien es experta en la historia de la anticoncepción en EE.UU.
“Las familias de las pacientes sí dieron el permiso para que se realizara el estudio, pero ellas en sí, por estar en un hospital psiquiátrico, no consintieron. Aunque en esa época esto era legal”, comenta.
En esta fase, Pincus y Rock descubrieron que los compuestos que habían creado tenían el resultado de detener la ovulación. Así que buscaron un lugar para hacer un ensayo a mayor escala, para que los reguladores estadounidenses aprobaran la píldora.
En Massachussets, explica la profesora García, el control de natalidad era ilegal. Allí también había limitaciones legales para las experimentación con seres humanos.
Fue entonces cuando los científicos tuvieron que identificar un “lugar ideal”.
Decidieron ir a Puerto Rico porque allí la esterilización, y en general la experimentación para lograr la anticoncepción, era legal desde 1937.
“Se aprobó una ley en un momento histórico, cuando en el resto del planeta, incluyendo EE.UU., la esterilización amplia no era legal”, señala García.
La legislación fue firmada por el gobernador Blanton C. Winship, un hombre que también apoyaba la eugenesia públicamente, y quien -según un artículo del New York Times- urgía a que en Puerto Rico se investigara el control poblacional, porque para él era el único “medio confiable para mejorar la raza humana”.
En la década de 1950, cuando los investigadores de la píldora llegaron a la isla, un 41% de las mujeres puertorriqueñas en edad reproductiva ya había probado algún método de anticoncepción, según un estudio de la Universidad de Puerto Rico.
Esto fue posible gracias a que la legislación permitió la creación de decenas de clínicas de planificación familiar alrededor del territorio, incluso en los pueblos más remotos, subvencionadas por el gobierno y que tenían personal que fomentaba el control de natalidad entre las mujeres.
La red de clínicas atrajo también la atención de Pincus y Rock, quienes pensaron que podían usarlas para desarrollar su proyecto.
El equipo, sin embargo, decidió concentrarse primero en un solo barrio de San Juan, la capital.
En la isla el experimento comenzó en 1955 como un proyecto en el que participaron estudiantes de medicina y enfermería. Pero el estudio era demasiado complicado y doloroso, por lo que muchas no lo terminaban.
Además, la píldora probada en Puerto Rico era una dosis mucho más alta que la actual y causaba fuertes efectos secundarios.
“Era necesario realizarles análisis de orina, biopsias endometriales y otras pruebas para determinar si estaban ovulando o no. Es un procedimiento incómodo. Si tienes a estudiantes que realmente no tienen la necesidad de métodos de anticoncepción, no iban a estar dispuestas a continuar”, comenta Marsh.
El medicamento les causaba nauseas, mareos, vómitos y dolor de cabeza. Pincus, sin embargo, descartó estos efectos secundarios y alegó que eran una consecuencia “psicosomática”.
“Creía tanto en la pastilla, que él se la estaba dando a sus familiares. A sus nietas, sus hijas, las amigas de sus hijos”, dice Marsh, quien escribió una biografía sobre Rock, colega de trabajo de Pincus.
El equipo decidió continuar la experimentación, pero esta vez en Río Piedras, un suburbio del norte de Puerto Rico.
Trabajadores sociales y personal médico visitaba puerta por puerta a las mujeres, ofreciéndoles la píldora anticonceptiva y, a algunas de ellas, les realizaban exámenes para recolectar datos, sin ninguna retribución monetaria.
El rechazo por parte diversos sectores de la sociedad puertorriqueña fue inmediato.
“Hubo notas de prensa que catalogaron como ‘maltusianas’ las investigaciones. También por parte de médicos, incluso de los que estuvieron en el proceso de reclutamiento de mujeres, quienes pensaban que los efectos secundarios debían tomarse con seriedad y que era necesario hacer más pruebas y no descartarlos”, dice Inoa, de Taller Salud.
Por los efectos secundarios muchas de estas mujeres, al igual que en los estudios anteriores, decidían dejar el tratamiento. Otras, golpeadas por la pobreza, accedían a tomar la píldora como un método reversible de control de natalidad.
Según Marsh, tres personas del ensayo clínico que se realizó en la isla caribeña murieron. No obstante, nunca se les hizo una autopsia, por lo que se desconoce cuáles fueron las causas precisas de su fallecimiento.
Pese a las muertes, al ver que la píldora tenía el efecto de evitar embarazos, los científicos extendieron su proyecto a otros pueblos de Puerto Rico, y más adelante a Haití, México, Nueva York, Seattle y California.
En total participaron unas 900 mujeres, de las que alrededor de 500 eran puertorriqueñas.
En 1960, la Agencia de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA, en inglés) aprobó el Envoid, como se llamó la primera pastilla, como un método anticonceptivo.
Su expansión fue veloz. En tan solo siete años, 13 millones de mujeres en el mundo la usaban.
Pero luego de ser avalada por la FDA, la píldora continuó causando efectos secundarios fuertes, como coágulos de sangre, lo que provocó demandas. En la isla, pese a las acciones legales en otras partes de EE.UU., los estudios continuaron hasta 1964.
Todavía hoy, afirma Inoa, no hay investigaciones “significativas” que busquen “otro tipo de métodos de anticoncepción que no tengan los efectos secundarios de la píldora que existe ahora”.
Mientras, los estudios para crear un medicamento anticonceptivo oral para hombres tampoco han dado frutos, aunque comenzaron hace 30 años.
“Las mayores experimentaciones siempre han sido en personas gestantes”, concluye.
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