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El 7 de septiembre dio inicio el Proceso Electoral Federal en México; para ello el Consejo General del INE se reunió en pleno para la apertura oficial de los trabajos para las elecciones de 2024. La conducción de la elección estará a cargo de la nueva presidenta, designada en abril de este año; de su perfil destaca experiencia en elecciones locales como consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Sonora. Sin embargo, las elecciones del siguiente año pueden representar un reto.
La <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/candidata/los-primeros-meses-del-nuevo-ine" target="_blank" rel="noopener">nueva conformación del Consejo General</a> ha cambiado los equilibrios que se habían observador durante los últimos años. Esto se vio claramente en la sesión de arranque del proceso electoral en la que la discusión se tornó álgida e incluso subida de tono al abordar la conformación de las comisiones de trabajo por parte de consejeros y consejeras del INE. La controversia fue especialmente respecto de las presidencias de las comisiones, pues no había acuerdo de todas y todos los integrantes respecto a quienes debían presidir las comisiones.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1323452" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/integracion-del-consejo-general-del-INE.jpg" alt="Gráfico con las fotos de los integrantes del Consejo General del INE." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/integracion-del-consejo-general-del-INE.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/integracion-del-consejo-general-del-INE-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/integracion-del-consejo-general-del-INE-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/integracion-del-consejo-general-del-INE-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Gran parte del trabajo en el INE se procesa primero a través de las comisiones, lo que las convierte en el escalón previo al Consejo General. Para los trabajos permanentes del Instituto existen comisiones permanentes, pero para los procesos electorales se integran comisiones temporales.
Las comisiones permanentes existentes son: Capacitación Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos, y Comité de Radio y Televisión; Servicio Profesional Electoral Nacional; Registro Federal de Electores; Igualdad de Género y No Discriminación; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con Organismos Públicos Locales (OPLE). Las comisiones temporales para este proceso son: Capacitación y Organización Electoral; Debates; y Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero.
La importancia de las comisiones radica en que muchas decisiones trascendentes para los partidos políticos y sus candidaturas se toman en estos espacios, por lo que de ahí se busca que consejeros y consejeros adopten medidas en un sentido u otro. Además, muchos criterios adoptados no solo por el INE sino para otras autoridades derivan de criterios adoptados en dichas comisiones.
Como resultado de horas de discusión, así quedó la integración de algunas de las comisiones más relevantes: Prerrogativas y partidos: Uuc-kib Espadas (consejero presidente), Dania Ravel, Norma de la Cruz, Carla Humphrey, Arturo Castillo. Quejas y denuncias: Claudia Zavala (consejera presidenta), Rita Bell López, Arturo Castillo. Fiscalización: Jorge Montaño (consejero presidente), Jaime Rivera, Uuc-kib Espadas, Carla Humphrey, Dania Ravel. Vinculación con OPLE: Dania Ravel (consejera presidenta), Norma de la Cruz, Martin Faz, Jorge Montaño.
Las divisiones dentro del INE no son nuevas. Durante los últimos meses se han dado diversos desacuerdos; lograr votaciones calificadas ha sido complejo con esta nueva conformación del Consejo General. Es por ello que preocupa el modo en que se generó la discusión en torno a las comisiones y la actitud mostrada por algunos de los integrantes del Consejo General, pues especialmente en una elección en la que todos los días quienes aspiran a una candidatura retan a la autoridad y en la que el arbitraje de esta será determinante en los resultados de la elección, necesitamos que el INE muestre no solo unidad y cohesión entre sus integrantes, sino también fortaleza y firmeza en sus decisiones.
Acompáñanos todos los sábados con nuevos episodios de nuestro podcast Boca de Urna en el que analizaremos este y otros temas especializados en materia electoral. Estará disponible en <a href="https://open.spotify.com/show/4e0luBETH6T5ojvG5BM5Hr?si=e7f9898a62d84bbc" target="_blank" rel="noopener">Spotify</a>, <a href="https://podcasts.apple.com/mx/podcast/boca-de-urna/id1320189453" target="_blank" rel="noopener">Apple Podcasts</a> y <a href="https://on.soundcloud.com/K1iMH" target="_blank" rel="noopener">SoundCloud</a>.
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Las nuevas comisiones del INE

El 7 de septiembre es el banderazo de salida oficial para el inicio del proceso electoral federal 2023-2024, aunque todos sabemos que la elección empezó mucho antes. Tan es así, que para esa fecha ya sabremos quienes serán las candidatas a la presidencia tanto por parte de Morena y sus aliados como por el Frente Amplio por México. Movimiento Ciudadano será la única fuerza política que aún no defina su candidatura.
<h2>La elección en números</h2>
El proceso electoral 2023-2024 será, como se ha dicho antes, la elección más grande de la historia. Esta afirmación no se hace a partir de la cantidad de electores que puedan participar sino a partir de la cantidad de cargos a elegir. Por primera vez habrá elecciones locales concurrentes con el proceso federal en las 32 entidades federativas. En 2018, las elecciones concurrentes se dieron solo en 30 entidades.
El total de cargos a elegir serán: la presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones, 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 31 congresos locales, 1803 ayuntamientos, 16 alcaldías y 22 juntas locales municipales. Esto implica un total de 20,894 cargos.
Se espera que para esta elección se instalen más de 170 mil casillas, que haya más de 98 millones de personas están habilitadas en la lista nominal, y que de esas participe más del 60 %, al menos a nivel federal. De la lista nominal, el 52 % de personas habilitadas son mujeres y el 48 % hombres.
En todas las entidades federativas la ciudadanía recibirá al menos 4 boletas: las 3 federales y, al menos, una para cargos locales, bien sean: 1 extra para gubernatura (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán) o jefatura de gobierno en la Ciudad de México, 1 extra para congresos locales (excepto en Coahuila), 1 extra para ayuntamientos (excepto en Durango y Veracruz) o, en el caso de la Ciudad de México, alcaldía. Es decir, en 21 entidades federativas la ciudadanía recibirá al menos 4 boletas el día de la jornada electoral.
Asimismo, el INE ya anunció que se habilitará la votación a personas en prisión preventiva y personas en estado de postración para estas elecciones, así como el voto presencial en consulados para mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero, además del electrónico y por correo postal. Esto va a implicarle a la autoridad electoral un importante esfuerzo de cara a 2024.
<h2><a href="https://laboratorioelectoral.mx/leerdocumento/Camino_a_2024" target="_blank" rel="noopener">El contexto</a></h2>
Actualmente, Morena ocupa 201 curules en la Cámara de Diputados, seguidos del PAN con 113, PRI con 69, el PVEM con 41, el PT 33, Movimiento Ciudadano 27, PRD 15 y legisladores sin partido 1. En la Cámara de Senadores, Morena tiene 60 escaños, mientras que el PAN le sigue con 20, MC con 12, el PRI 9, el PT 6, el PVEM 5, el PES con 4, y el PRD 3; en esta cámara, las y los legisladores sin partido suman 8 curules.
De las 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México a elegir en 2024, 5 de ellas son gobernadas por Morena (Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Tabasco, Veracruz) mientras que 2 por el PAN (Guanajuato y Yucatán), 1 por Movimiento Ciudadano (Jalisco) y una más por Encuentro Social (Morelos). Por su parte, 7 de las alcaldías de la Ciudad de México están gobernadas por Morena (Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tlahuac, Xochimilco y Milpa Alta), 4 por el PAN (Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Álvaro Obregón), 3 por el PRI (Tlalpan, Magdalena Contreras y Cuajimalpa) y dos por el PRD (Coyoacan y Cuauhtémoc).
En los congresos locales Morena es mayoría en 22 de las 32 entidades federativas, el PAN en 5, el PRI en 2, el PVEM en 1 y MC en 1; el PAN y el PRI tienen mayoría y la misma cantidad de legisladores en Nuevo León. A nivel municipal Morena gobierna las capitales en 12 entidades federativas, el PAN en 11, el PRI en 4, MC en 3 y el PVEM en 1.
7 partidos políticos nacionales competirán en las elecciones, ya sea individualmente o por medio de coaliciones. Sin embargo, de estos 7 partidos, solo Morena y el PRI tienen registro a nivel local en las 32 entidades federativas, el PAN no tiene acreditación en Tabasco. Movimiento Ciudadano tiene acreditación en 28 entidades, el PVEM tiene en 24, el PT en 21 y el PRD en 20.
Desde el Laboratorio Electoral haremos un trabajo de seguimiento minucioso y cuidado del proceso electoral, como lo hemos hecho anteriormente. No olviden seguirnos en <a href="https://twitter.com/Eleccionesymas" target="_blank" rel="noopener">redes sociales</a> y mantenerse al tanto de todas nuestras publicaciones.
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Proceso electoral 2023-2024: en sus marcas, listos… ¿ya?

La búsqueda del fortalecimiento democrático ha sido una tarea titánica para los gobiernos de América Latina. El desarrollo teórico de la democracia como forma de gobierno se ha encontrado de frente en varias ocasiones con una realidad que supera lo ideal.
El camino por el que se ha construido la democracia ha dado paso a todo tipo de esquemas de gobiernos en la región. La alternancia ha llegado en casi todos los países y los cambios han sido observados como péndulos ideológicos en varios momentos del último siglo. Sin embargo, con la competencia electoral y la apertura democrática ha sido inevitable la oleada de perfiles autoritarios que por la vía de las elecciones llegan al gobierno. La corrupción, la inseguridad y la pobreza son algunos de los problemas en los que la ciudadanía en general exige soluciones, casi de forma independiente a quién se las presente.
Este 2023 ya se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Paraguay y Guatemala, el fin de semana tuvieron lugar las anticipadas de Ecuador y uno previo las PASO en Argentina, en donde las elecciones generales serán en noviembre. También ha habido elecciones locales en México y Ecuador, y las habrá en Colombia antes de que acabe el año. Es decir, un total de cinco países han tenido o tendrán elecciones este año. Hasta ahora solo en una de las elecciones presidenciales no hubo alternancia, Paraguay.
A la luz de los resultados, parecería que la ciudadanía cansada de la falta de soluciones y mejora en la calidad de vida, está buscando nuevas opciones bajo la esperanza de tener mejores gobiernos. Muchas de las alternativas se vislumbran poco prometedoras, la ola autoritaria cada vez se expande más, así lo advierte el más reciente reporte del Latinobarómetro.
<h2>Los resultados del reporte</h2>
De acuerdo al último informe del Latinobarómetro, disponible <a href="https://www.latinobarometro.org/lat.jsp" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>, en la región solo un 48 % de la ciudadanía prefiere la democracia a cualquier otro tipo de gobierno. Los resultados podrían ser alentadores si no vinieran acompañados de una constante caída por esta preferencia en los últimos seis años, a la par de un crecimiento de casi 4 puntos, de 2020 a 2023, de la preferencia por un gobierno autoritario, posicionándose éste ahora en un 17 %.
El apoyo a la democracia como forma de gobierno ha caído de forma más pronunciada, de 2020 a 2023, en Costa Rica, Guatemala, México y Venezuela. Los países donde más apoyo recibe esta forma de gobierno son Argentina, Brasil, Colombia y Panamá.
La insatisfacción con el funcionamiento de la democracia es alta, ubicándose en 69 %. Aunque de 2018 a la fecha ha bajado un 3 %, sigue siendo superior a cualquier nivel observado desde 1995.
Los países con mayor nivel de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia son Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Por el contrario, los países en los que el nivel de satisfacción más alto fueron Argentina, Costa Rica, El Salvador, Uruguay y México.
Los indicadores “No me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas”, “En caso de dificultades está bien que el presidente controle los medios de comunicación”, “Apoyaría a un gobierno militar en reemplazo del gobierno democrático, si las cosas se ponen muy difíciles” y “Los partidos políticos funcionan bien”, se encuentran respectivamente en 54 %, 36 %, 35 % y 21 %. Los primeros tres son los más altos observados en los últimos 20 años.
<h2>México de cara a 2024</h2>
De acuerdo al informe, en México se revisó con preocupación el intento del presidente por modificar la normativa electoral para beneficiar a su partido de cara a las elecciones de 2024. El informe menciona de forma textual que:
“México sufre una pérdida de apoyo a la democracia entre 2020 y 2023 desde el 43 % al 35 % (…) otro tercio es indiferente por el tipo de régimen (28 %) y el otro tercio apoya una opción autoritaria (33 %)”.
Esto aunado un bajo nivel de satisfacción con la democracia (37 %), a una baja aprobación del funcionamiento de los partidos (36 %), al nivel de apoyo a un posible gobierno militar de (42 %) y al nivel de apoyo a que el presidente pueda controlar los medios de comunicación (48 %), deja en evidencia un palpable retroceso de la democracia en el país.
Con este escenario se hace imperativo analizar con detenimiento los perfiles que llegarán al Ejecutivo en la región en los próximos meses, así como aquellos que contenderán en 2024. También se vuelve fundamental contar con instituciones electorales fuertes y promover los valores democráticos sobre cualquier otro tipo de gobierno. La independencia de poderes y la construcción de perfiles conciliadores y no autoritarios se vuelve cada vez más necesario.
<a href="https://twitter.com/Eleccionesymas" target="_blank" rel="noopener">@Eleccionesymas</a>

Latinobarómetro 2023: el escenario autoritario

En las últimas semanas hemos hablado sobre cómo los partidos han <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/candidata/el-anticipado-banderazo-de-salida" target="_blank" rel="noopener">adelantado el reloj</a> electoral con sus <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/candidata/primarias-o-internas-que-estan-haciendo-los-partidos" target="_blank" rel="noopener">procesos internos</a> para definir sus liderazgos de cara a 2024. Por un lado, se elige lo que han llamado coordinador de la defensa de la cuarta transformación, y por el otro se elige a la persona que encabezará el Frente Amplio por México integrado por el PAN, PRI y PRD.
Estamos ante ejercicios novedosos en cuanto a que es la primera vez que se hacen este tipo de procesos de cara a una elección federal. Esto ha resultado en una amplia polémica en torno a su legalidad, lo cual ha obligado a que tanto el INE como el TEPJF emitieran diferentes pronunciamientos en los que han ido definiendo lo que se puede y lo que no se puede hacer.
En principio se ha reconocido que son procedimientos políticos de los partidos políticos que por sí solos no son ilegales, aunque ya los actos y acciones particulares que se lleven a cabo en cada ejercicio sí podrían ser contrarios a la legislación electoral. Asimismo, el gasto que implique la relación de estos ejercicios y las actividades de quienes participan en ellos sí fue llamado a ser objeto de fiscalización por la autoridad electoral debido a posibles irregularidades.
Es por esto que se ha advertido la necesidad de emitir unos lineamientos mínimos para definir qué se puede hacer y qué no. Los lineamientos emitidos por el INE atienden a temas de fiscalización, propaganda, prerrogativas de acceso a radio y televisión, y, uso de recursos públicos. La intención de esta normativa es regular las actividades de los partidos políticos respecto en estos procesos, al tiempo que garantiza el respeto al principio democrático y un ecosistema equitativo, equilibrado y justo para las y los contendientes a las candidaturas.
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En los lineamientos se ha establecido un monto máximo de gasto para las actividades de las y los aspirantes el cual es de 34 millones de pesos. Se contempla la participación de servidoras y servidores públicos sin necesidad de que se separen del cargo, pero observando las limitaciones en cuanto a no hacer uso de recursos públicos.
En cuanto al gasto de los recursos, lo inédito de los ejercicios ha obligado a una amalgama interesante en cuanto a la regulación estipulada por la autoridad electoral. Por ejemplo, por un lado se definió que los recursos a usarse por parte de los partidos políticos provendrán del financiamiento ordinario, pero para la fiscalización se establecieron reglas similares a las que se siguen en los procesos electorales, incluso se establecieron fechas para la presentación de informes y emisión final del dictamen de fiscalización.
Aunque los tiempos electorales se adelantaron porque el contexto así lo ha marcado, lo cierto es que estamos en presencia de ejercicios inéditos, novedosos que han puesto a prueba a las autoridades electorales. Sin embargo, como ha ocurrido en muchos otros casos, la dinamicidad del derecho electoral ha permitido que las autoridades ajusten la normativa a fin de vigilar el cumplimiento de los principios rectores de la función electoral. Veremos si los partidos se ajustan también.
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Las reglas que por fin llegaron

Todo a su tiempo. La ley dice que el proceso electoral federal inicia la primera semana de septiembre, que los partidos podrán llevar a cabo sus precampañas a partir de la tercera semana de noviembre y que las campañas comenzarán a principios de marzo, duran 90 días. 
En toda competencia para poder iniciar hay un banderazo o señal de salida; así pasa en la natación, en las carreras de coches, en las competencias de atletismo y en cualquier deporte, pues solo así quienes participan en la competencia saben a partir de qué momento inicia. Quien empieza antes es penalizado y muchas veces descalificado. 
Desde luego en la arena electoral lo ideal es que el banderazo de salida lo dé la autoridad electoral en los términos que marca la ley, pero en los hechos es común e incluso es una práctica tolerada que los partidos políticos y quienes aspiran inicien antes de tiempo. El secreto es decir que solo es un calentamiento previo a iniciar la competencia en forma. 
De manera particular para 2024 los partidos han diseñado ejercicios robustos, casi a modo de primarias (de lo cual <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/candidata/primarias-o-internas-que-estan-haciendo-los-partidos">ya escribimos</a>), para comenzar a definir sus candidaturas, pero los han disfrazado de procesos para seleccionar cargos partidistas. 
Esto ha puesto a la autoridad electoral en una encrucijada, pues por un lado los tiempos legales son sumamente estrictos y las consecuencias claras, pero por el otro, aplicar la ley a rajatabla nos podría llevar a quedarnos sin contendientes, pues en estricto sentido parece que nadie, o casi nadie, está siendo respetuoso del reloj electoral. 
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Las quejas e impugnaciones por estos adelantamientos de la competencia han sido muchas, al grado que hoy tenemos un cúmulo de cientos de ellas. El INE a través de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE y el Tribunal Electoral por medio de la Sala Regional Especializada y la Sala Superior han buscado establecer un criterio sobre qué si se puede hacer y qué no en estos procesos. 
En esencia han señalado que realizar un proceso partidista para definir algún tipo de liderazgo por sí mismo no es violatorio del marco legal, ni se puede considerar un acto anticipado de precampaña o campaña. Lo ideal es que estos procesos puedan tener reglas claras a efecto de que quienes participan en ellos sepan qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer, además de tener claridad a qué tipo de público va dirigido el ejercicio, es decir, si se trata únicamente militantes de partidos, o si también incluye a simpatizantes e incluso si se debe alcanzar hasta a la ciudadanía en general. 
La clave serán los actos o acciones concretos que lleven a cabo quienes participan en este tipo de procesos, es decir, los mensajes que envíen, pues no pueden llamar al voto o hacer propuestas de gobierno, ni referirse a las plataformas electorales de sus partidos y también las condiciones bajo las cuales lleven a cabo sus eventos, lo que llevará a analizar si se trata de un acto masivo o no, si es abierto a cualquier persona o dirigido a un grupo en específico. Al final será un tema que exigirá a la autoridad electoral valorar caso por caso. 
Lo que queda pendiente, según lo ha señalado el Tribunal Electoral, es que se emitan unos lineamientos por parte del INE para tener claridad sobre los alcances y límites de estos ejercicios partidistas. Queda por ver si en Morena y en el Frente Amplio por México se apegan a estos criterios o si descaradamente continúan adelantando la competencia.
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El (anticipado) banderazo de salida

Los partidos políticos han adelantado el reloj electoral. Tanto Morena como Va por México han iniciado sus procesos internos para elegir a quien encabezará las coaliciones electorales rumbo al 2024, esto a pesar de que el proceso electoral no iniciaría formalmente sino hasta la primera semana de septiembre.
La pregunta que surge es: ¿de qué se tratan estos ejercicios que están haciendo los partidos políticos: son procesos internos de selección de candidaturas o estamos hablando de elecciones primarias como ocurre en otros países? Para ello veremos los diferentes aspectos de cada proceso.
Convocatoria y registro de aspirantes: en el proceso de Morena solo pudieron participar 6 personas; en su momento no hubo una convocatoria, sino lo que pareció una invitación cerrada a estos perfiles. En el caso de la oposición sí se emitió una convocatoria abierta a la ciudadanía y hay un registro abierto para que las personas puedan participar.
Respaldo de la sociedad: en el caso de Morena las y los aspirantes deberán recorrer el país y llevar a cabo asambleas informativas entre la ciudadanía. En cuanto a la oposición, las y los aspirantes registrados deberán buscar un respaldo ciudadano consistente en al menos 150 mil firmas que se registrarán a través de una app; el Frente realizará además debates entre las y los aspirantes y una consulta a la ciudadanía en la cual podrán participar las personas que se registren en el padrón que al efecto formarán.
Selección del aspirante triunfador: en Morena se definirá quién será la o el triunfador del proceso a partir la realización de cinco encuestas; el resultado se dará a conocer el 6 de septiembre. Los partidos del Frente determinarán al perfil triunfador después de dos ejercicios de opinión pública y una consulta; el resultado se dará a conocer el 3 de septiembre.
<h2>¿Primarias o procesos de selección?</h2>
Las primarias son procesos de consulta que permiten la participación de la militancia y simpatizantes o ciudadanía en su conjunto en los procesos de selección de candidaturas. Las personas que busquen una candidatura tienen la oportunidad de debatir y mostrar sus propuestas, y de hacer giras para entrar en contacto con la ciudadanía. Es importante mencionar que este tipo de procedimientos suelen estar regulados por la autoridad electoral y deben cumplir con ciertas características legales, como en el caso de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) en Argentina.
Existen diferentes tipos de primarias: cerradas, en las que solo participa la militancia; abiertas, en las que cualquier persona puede intervenir; semi abiertas o semi cerradas, estas se caracterizan por establecer ciertos candados a las personas consultadas. En la mayoría de los países, el modelo cerrado es el predominante ya que con él se evita que adversarios políticos influyan en los procesos de selección.
Por otro lado, los procesos internos de los partidos políticos son un mecanismo para elegir candidaturas al interior del propio partido; estos están regulados por los estatutos partidistas y sólo participan la militancia o personas afiliadas. Tanto la convocatoria como la organización dependen únicamente del partido político y su estructura interna. Esto es un procedimiento más común en América Latina donde los partidos suelen tener autodeterminación y no existen leyes externas que regulen los procedimientos internos de las estructuras partidistas.
Como podemos ver, en México no se realizan elecciones primarias sino procesos internos de selección de candidaturas. A pesar de ello, vemos grandes diferencias entre los mecanismos elegidos por Morena y por los partidos de la coalición opositora Va Por México. En el caso de Morena estamos hablando de un mecanismo más parecido al de una elección interna, pues se trata de un ejercicio cerrado, a pesar de que los eventos de las corcholatas no tienen candados para que solo asista la militancia del partido. En el caso de la coalición opositora se observan mayores similitudes con un proceso de elección primaria que será abierta a la ciudadanía, que fomentará debates entre sus aspirantes, y que además permite la participación y el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil en la realización del proceso.
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Lo cierto es que ambos procesos son únicos en México pues hasta ahora los procesos de selección eran mucho menos transparentes y no permitían la participación activa de la ciudadanía. Aunque ambos métodos pueden estar sujetos a mejorías en el futuro, la realidad es que esto abre la puerta a nuevas formas de participación política en México y pone sobre la mesa la posibilidad de regular este tipo de procedimientos en aras de perfeccionar estos procesos. El tiempo dirá.
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Primarias o internas, ¿qué están haciendo los partidos?

El <a href="https://twitter.com/Eleccionesymas/status/1641798497048354816?s=20" target="_blank" rel="noopener">nuevo Consejo General</a> del INE, renovado parcialmente el pasado abril, cumple 2 meses. La llegada de los consejeros Arturo Castillo y Jorge Montaño, de la consejera Rita Bell-López Vences, y de la consejera presidenta Guadalupe Taddei trajo con ellos, según palabras de la consejera presidenta, una nueva etapa de diálogo y respeto entre los partidos políticos y la autoridad electoral. Es por esto que es importante analizar algunas de las principales decisiones del nuevo Consejo y del funcionamiento actual de la estructura interna del instituto.
<h2>La austeridad</h2>
Recién asumido el cargo, la consejera presidenta Taddei Zavala comentó que reduciría su sueldo conforme al decreto de austeridad republicana aprobado por el presidente López Obrador, quien en su momento criticó las remuneraciones percibidas por las consejerías. El decreto de austeridad establece que ningún funcionario público podría percibir más que el presidente, por lo que la consejera presidenta estableció su salario mensual neto en $120,392.60, significando este un recorte de $59,558.53 pesos. Las y los demás consejeros designados en este proceso de renovación no han hecho declaraciones al respecto. Aunado a esto, la consejera presidenta también solicitó revisar el presupuesto del INE para hacer uno austero.
<h2>Una nueva estructura</h2>
Con la llegada de la nueva etapa vino una reconfiguración en la estructura ejecutiva, la cual se encarga del funcionamiento del Instituto, aprueba planes y determina las políticas a seguir. Tras la salida del consejero presidente Lorenzo Córdova, varias direcciones quedaron vacantes; con la llegada de la nueva presidencia hubo nuevas renuncias, particularmente en Fiscalización y Educación Cívica. Los nombramientos tardaron en llegar, pues se requería una votación mínima de 8 consejerías, pero finalmente en la sesión del 21 de junio se designaron 9 cargos titulares del área ejecutiva.
Llama la atención que por falta de consenso se rechazó la propuesta para designar a la secretaría ejecutiva y que aún siguen pendientes 10 posiciones por nombrar y aprobar. También resalta que esta falta de consenso dentro del Consejo General  frenó las designaciones en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de Chiapas y Nuevo León para unas vacantes que se declararon desiertas.
<h2>Los no actos no anticipados de campaña</h2>
Con la nueva conformación también cambió la integración de las comisiones. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE quedó conformada por dos integrantes nuevos &#8211; Jorge Montaño y Rita Bell-López – así como la consejera Claudia Zavala, quien ya formaba parte de este órgano y de la Comisión. Ha llamado la atención que ante la constante e intensa actividad de varios y varias aspirantes a candidaturas de diferentes cargos, los nuevos criterios adoptados han sido bastante laxos y casi todos estos nuevos criterios han sido aprobados por una mayoría conformada por quienes acaban de llegar a la Comisión y en contra de la consejera que ya formaba parte del Consejo General. Sin duda la autoridad electoral tiene un reto en este tema, pero hasta ahora ha parecido que su arbitraje ha sido insuficiente.
<h2>Las reuniones</h2>
En esta nueva etapa también ha llamado la atención que los primeros actos públicos y mediáticos han sido con actores políticos del gobierno. Al día siguiente de asumir el cargo la presidenta y las diez consejerías tuvieron una reunión con el entonces secretario de Gobernación y hace unos días acudieron a Palacio Nacional a visitar al Presidente. Llama la atención que estas reuniones han sido con dos de los principales sujetos denunciados por violar la legislación electoral y quienes se han hecho acreedores a diferentes medidas cautelares.
Este es un pequeño balance sobre algunas de las acciones y decisiones adoptadas por la nueva conformación del INE. Más allá de filias y fobias, sus decisiones deben ser analizadas con objetividad para la visión del nuevo consejo y los criterios que podrían adoptar de cara a 2024. El instituto está a pocos meses de comenzar formalmente con la organización de las elecciones más grandes del país, en las cuales la equidad en la contienda y el papel de la autoridad electoral serán un tema central.
Finalmente, previo al inicio del proceso electoral será necesario poner atención en la discusión y aprobación del presupuesto del INE para 2024, es un tema que ha generado tensiones con el Legislativo y el Ejecutivo, y que podría determinar el rumbo del nuevo INE.
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Los primeros meses del nuevo INE

Las elecciones de 2023 en Coahuila y el Estado de México fueron el último ejercicio para las fuerzas políticas antes de enfocar las baterías en lo que serán las elecciones de 2024, las más grandes en la historia del país (nuevamente).
Los procesos electorales se desarrollaron en medio de la incertidumbre del Plan B de la reforma electoral, desde su aprobación en el Congreso de la Unión hasta la declaración de invalidez del primer decreto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por momentos las campañas electorales de estas dos entidades pasaron a segundo plano pues fueron en parte opacadas por los ensayos de las estrategias de los partidos políticos para definir sus candidaturas, además sirvieron de pasarela para las y los aspirantes presidenciales.
La planeación y puesta en marcha de la jornada electoral estuvo a cargo de los OPLE de Coahuila y el Estado de México, así como del INE, además hubo un buen número de observadores electorales. La organización fue impecable, se instalaron el 99.99% de las casillas, los programas de resultados preliminares funcionaron correctamente, y que se dieron a conocer en tiempo los conteos rápidos, las cifras fueron coincidentes entre ambos. Consideramos que la comunicación de los institutos electorales locales en este sentido tiene una importante área de oportunidad, especialmente ante la gran cantidad de información falsa y desinformación que se genera.
Los resultados arrojaron como virtuales ganadores a Delfina Gómez en el Estado de México y a Manolo Jiménez en Coahuila. Es destacable que en ambas elecciones las candidaturas que obtuvieron el segundo lugar reconocieron oportunamente la derrota. Dentro de la democracia mexicana esto debe considerarse un avance democrático importante pues hasta ahora en la mayoría de las elecciones la regla era declararse ganador/a independientemente de lo que arrojaran los números preliminares.
Con los resultados del domingo, el mapa político quedaría de la siguiente forma:
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A manera de conclusión, dejamos algunas de las reflexiones que incorporamos en nuestro <a href="https://docs.google.com/document/u/0/d/1OL8QiXtLMDYGHE19h6LMacA_-S6IJabZtYyl6Hk9LIE/edit" target="_blank" rel="noopener">Balance de las Elecciones 2023</a>:
<ul>
<li>Los tiempos electorales se están adelantando por parte de los partidos políticos. La distinción entre precampañas y campañas es prácticamente nula.</li>
<li>La comunicación por parte de las autoridades electorales debe ser asertiva. Temas complejos como la diferencia entre candidaturas comunes y coaliciones o las formas válidas de votar deben explicarse a la ciudadanía de manera efectiva y a partir de pedagogía electoral.</li>
<li>La desinformación, las noticias falsas y el uso de encuestas falsas va en incremento, parece que son los mejores recursos que tienen los partidos políticos y sus candidaturas.</li>
<li>El mapa político nacional en cuanto a las gubernaturas ha sufrido una transformación profunda, Morena junto a sus aliados gobernará 23 de las 32 entidades.</li>
<li>La paridad en gubernaturas es una realidad y ha sido efectiva, al momento en que Delfina Gómez tome posesión del cargo serán <a href="https://twitter.com/Eleccionesymas/status/1666161301587136517" target="_blank" rel="noopener">10 gobernadoras</a>, en 2019 solamente había dos.</li>
</ul>
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Elecciones 2023: algunos apuntes

El Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión terminó constitucionalmente el 30 de abril, sin embargo, la Cámara de Diputados clausuró el 27 de abril, mientras que el Senado de la República lo hizo el 29 del mismo mes. La conclusión del periodo se caracterizó por sesiones maratónicas, cambios de sede y la aprobación de minutas en fast track.
Como lo hemos venido haciendo desde nuestro <a href="https://laboratorioelectoral.mx/observatorio_legislativo" target="_blank" rel="noopener">Observatorio Legislativo</a>, cada que concluye el periodo legislativo analizamos lo ocurrido durante el mismo. En este texto te dejamos algunos de los aspectos más importantes.
Ya sabemos que legisladores y legisladoras miden su productividad por el número de iniciativas presentadas y no por las que realmente concluyeron el proceso legislativo y mucho menos en función de la calidad de las mismas. Este periodo no fue la excepción, en total se presentaron 1,117 iniciativas, es decir un promedio de 1.7 por legislador o legisladora. En la Cámara de Diputados 667 iniciativas, mientras que en la Cámara de Senadores 450.
Morena fue el partido que más iniciativas presentó con 304; seguido del PAN con 229, mientras que el PRD fue el que menos presentó con 60 en todo el periodo entre ambas cámaras. Durante el periodo se aprobaron <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> 104 iniciativas.
Los datos muestran que las iniciativas enviadas por el Ejecutivo casi siempre tienen tratamiento de preferentes. De las 104 iniciativas aprobadas, 10 fueron enviadas desde el Ejecutivo; los temas de estas fueron: turismo, precursores químicos, así como ciencia, créditos para los trabajadores y temas militares.
Más allá de los números, el contexto juega un papel relevante. En la Cámara de Diputados la oposición no pudo detener la aplanadora del oficialismo ya que al tratarse principalmente de reformas a leyes secundarias estas se aprobaron con la mayoría simple (50+1), de Morena y sus aliados, PT y PVEM. Algunas de las leyes aprobadas versaron sobre mayores atribuciones del ejército en resguardo del espacio aéreo, fideicomisos y control administrativo indefinido sobre el Tren Maya, la desaparición del INSABI y que sus funciones pasen al IMSS-Bienestar, la desaparición de Financiera Rural y la nueva Ley de Ciencia que sustituye al CONACYT por el CONAHCYT, presidido por un nuevo consejo, el cual establecerá los temas en los que la investigación debe centrarse.
Aunque en el Senado de la República la oposición muestra mayor unidad y constituye un bloque de contención importante, la historia no es muy distinta, pues al final la mayoría de Morena y sus aliados se impone y, saltándose el proceso legislativo, aprueba las reformas que para el Ejecutivo tienen más relevancia.
Un tema que este periodo fue particularmente importante es el de las designaciones. El primero fue el nombramiento de consejeros y consejeras del INE, el cual se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, donde la oposición también fue un testigo silencioso. Por primera vez en la historia las designaciones se hicieron por insaculación, método más comúnmente conocido como tómbola. En segundo fue la designación de comisionados del INAI, donde el encargado era el Senado; aquí la situación era crítica pues la institución se encuentra paralizada por estar indebidamente integrada. A pesar de la fuerte presión que ejerció la oposición para lograr la designación, y de los mandatos judiciales que se emitieron, la mayoría legislativa no tuvo la voluntad de llevar a cabo los nombramientos.
Hasta ahora en el debate legislativo habían sido protagonistas casi únicos tanto las mañaneras como el Secretario de Gobernación; con las primeras el Ejecutivo ha marcado la agenda del debate mediático, y con el segundo el Presidente se ha asegurado de mantener a una persona casi de forma permanente en el Congreso sirviendo como emisora de sus mensajes a las bancadas legislativas. Sin embargo, en este periodo apareció una nueva protagonista: la Suprema Corte. Ésta a través de las acciones de inconstitucionalidad que han sido de su conocimiento ha impuesto límites importantes a los excesos que se han visto de la mayoría legislativa; parece que el trabajo de control de constitucionalidad de la Corte va a cobrar especial relevancia en lo que resta de esta legislatura.
El balance del periodo legislativo no resulta muy positivo: la polarización entre fuerzas políticas se agudizó, la mayoría se impuso de forma más agresiva, pasando por encima del proceso legislativo. El dialogo entre fuerzas políticas, propio de un órgano legislativo, se perdió. La calidad del trabajo legislativo decayó. El Congreso sigue siendo una de las trincheras más importantes de control hacia el gobierno, pero cada vez parece más difícil contener los embates que si bien ya no son hacia la Constitución, sí son respecto de la ley, sin importar la constitucionalidad de las reformas. Este periodo legislativo evidenció que en 2024 una de las batallas electorales más complejas será la del Congreso de la Unión.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Entendemos como aprobadas aquellas que se aprobaron en ambas Cámaras y se turnaron al Ejecutivo para su sanción o ya se enviaron/publicaron en el Diario Oficial de la Federación.

En sus marcas, listos… ¿a legislar?

Llevamos un año hablando de la reforma electoral: el camino aún no termina, pues en las últimas semanas se han presentado cientos de impugnaciones en contra de la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión que conocemos como “Plan B”. Recordemos que la reforma se compone por dos decretos: el primero que incluye a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley General de Comunicación Social, y el segundo que contiene la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la nueva Ley de los Medios de Impugnación, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Partidos Políticos. 
Ambos decretos han sido impugnados ante la Suprema Corte, los juzgados de distrito y el Tribunal Electoral. El decreto 1 es uno de los más controvertidos: se han presentado siete acciones de inconstitucionalidad por parte de legisladores de la Cámara de Diputados y el Senado, cuatro de partidos políticos nacionales y una de un partido local; también se han interpuesto un total de 161 controversias constitucionales: 139 de municipios, 10 de Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES), cinco de ejecutivos estatales, tres de congresos locales, tres de alcaldías de la Ciudad de México y una del INE. 
En contra del decreto 2 se han presentado ocho acciones de inconstitucionalidad: cuatro de partidos políticos nacionales, una de un partido local, una de legisladores de la Cámara de Diputados y una por senadores; además, el INAI presentó la propia. También se han presentado tres controversias constitucionales: dos por los OPLES de Quintana Roo y Durango y una por el INE. 
A esto hay que sumarle los miles de amparos que trabajadores y trabajadoras del INE han presentado ante los juzgados de distrito y los también miles de juicios electorales que se han promovido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
<h2>¿Qué ha pasado con todas estas impugnaciones?</h2>
En cuanto a los juicios electorales, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha desechado prácticamente todos, pues considera que todavía no existe un acto de aplicación que cause perjuicio a las y los actores, por lo que habrá que esperar a que se dé este acto de aplicación y entonces conocer el criterio de la autoridad. 
Sin embargo, la Sala Superior sí conoció del juicio electoral promovido ante el cese inmediato del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, que se ordena en el artículo 17 transitorio del decreto 2. Tras un largo debate y una votación dividida, se determinó inaplicar el artículo transitorio por considerar que era inconstitucional ya que solo el Consejo General del INE puede nombrar o remover a quien ocupe la Secretaría Ejecutiva. 
En cuanto a los amparos, existe de todo un poco, pues depende del criterio de cada juzgador o juzgadora. Varios han admitido los amparos e incluso ordenado la suspensión de los efectos de la reforma, tanto de forma provisional como definitiva, otros muchos han sido desechados por considerar que son materia electoral. Nuevamente destaca el amparo promovido por el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, en el cual también se logró la suspensión definitiva y la reinstalación inmediata en su cargo.
Aunque ni las acciones de inconstitucionalidad ni las controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido resueltas, los ministros ponentes en cada una de ellas han ordenado la suspensión de ambos decretos. Respecto del decreto 1, fue el ministro Alberto Pérez Dayán quien ordenó la suspensión, misma que después fue confirmada por la Segunda Sala de la Corte. En cuanto al decreto 2, la suspensión la otorgó el ministro Javier Laynez Potisek, y falta que sea confirmada o revocada por la misma sala. 
Cabe destacar que tanto en las acciones y controversias como en los amparos, la Presidencia de la República, a través de la Consejería Jurídica, ha revirado las determinaciones jurisdiccionales que han sido desfavorables al “Plan B”. 
<h2>¿En qué estamos?</h2>
En la incertidumbre total, pues al día de hoy el marco legal vigente es el anterior a la reforma legal, por lo que la primera semana de septiembre deberá empezar el proceso electoral federal 2023-2024. La Corte en cualquier momento puede resolver las acciones y controversias que son de su conocimiento, lo que brindará seguridad sobre las reglas que van a aplicar en las elecciones que ya tenemos en puerta en el Estado de México y Coahuila, y posteriormente en el proceso electoral federal.
Sabemos que el proceso avanza y que hace unos días la Sala Superior del Tribunal Electoral envió su opinión sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del decreto 2. En este documento consideró que la reestructura al INE no es inconstitucional, así como tampoco lo es reducir los tiempos electorales al retrasar el proceso electoral presidencial de septiembre a la última semana de noviembre, pues esto configura como “libertad legislativa”. En total, de 34 artículos impugnados, la sala estima que solo seis son inconstitucionales.
Lo que resta entonces es esperar a que la Corte resuelva en definitiva. Esa resolución también puede arrojar una nueva ola de impugnaciones, por lo que estamos aún lejos de ver el final de este proceso jurídico.
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El vendaval de impugnaciones contra el “Plan B”

El INE inicia una nueva presidencia, la quinta desde que en 1996 se le dio total autonomía y se ciudadanizó por completo. Los primeros cuatro consejeros presidentes fueron hombres –José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova–, y ahora será una mujer –Guadalupe Taddei– la encargada de conducir a una de las instituciones que más confianza genera entre la ciudadanía y una de las más importante para nuestra democracia.
Pero primero lo primero, un resumen del proceso de designación.
<a href="https://twitter.com/Eleccionesymas/status/1625635112821084160" target="_blank" rel="noopener">14 de febrero</a>. Luego de que en diciembre de 2022 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocara el acuerdo por el que se emitía la convocatoria para el proceso de designación de las 4 vacantes en el Consejo General del INE, la Cámara de Diputados aprobó una nueva convocatoria.
Entre el 16 y el 23 de febrero se llevó a cabo el proceso de inscripción y registro de aspirantes. Un día antes de que terminara el plazo, el 22 de febrero, el TEPJF de nuevo modificó la convocatoria emitida por la JUCOPO a efecto de que, en conformidad con los criterios de alternancia y paridad fuera una mujer quien presidiera el INE en este nuevo periodo; por tanto, la quinteta para la presidencia del INE debía integrarse únicamente por mujeres.
El 24 de febrero inició la evaluación de los perfiles, que consistió en una evaluación de conocimientos y una entrevista posterior de las y los aspirantes. Esta etapa estuvo cargada de críticas por la posible filtración de las respuestas para beneficiar a algunos perfiles y por las preguntas realizadas a algunos de los entrevistados. La condescendencia mostrada hacia algunos por parte del Comité Técnico de Evaluación, a pesar de su escasa o nula experiencia en la materia, y la cercanía de estos perfiles hacia el partido en el gobierno prendió las alarmas en varios sectores de especialistas.
Entre tanto, el TEPJF confirmó la decisión del Comité Técnico de no permitir que ni la actual consejera del INE, <a href="https://elpais.com/mexico/2023-03-04/carla-humphrey-queda-fuera-de-la-competencia-por-la-presidencia-del-ine.html" target="_blank" rel="noopener">Carla Humphrey</a> –quien buscaba llegar a la presidencia del Consejo General–, ni el exconsejero Javier Santiago Castillo participaran en el proceso de designación. Lo anterior porque permitirlo habría significado la reelección de ambos en cargos que ocuparon o actualmente ocupan, algo que la Constitución expresamente prohíbe.
El 25 de marzo el Comité Técnico envío una <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leerdocumento/Perfiles_para_la_Designacion_de_Consejerias_del_Instituto_Nacional_Electoral" target="_blank" rel="noopener">lista con los 20 perfiles</a> que integrarían posteriormente las quintetas. Esta lista fue acompañada por el voto particular de María Esther Azuela quien señaló que seis perfiles no resultaban idóneos, entre otras razones, por posibles conflictos de interés. Finalmente, el 26 de marzo el Comité entregó las cuatro <a href="https://twitter.com/Eleccionesymas/status/1640067328950820865" target="_blank" rel="noopener">quintetas</a> a partir de las cuales se definiría quiénes ocuparían las consejerías vacantes.
El proceso de designación previsto actualmente en la legislación determina que las y los diputados designarán los perfiles por una mayoría calificada (2/3 de la Cámara) y, en caso de no alcanzarse un acuerdo, debe ser la SCJN la encargada de designar por medio de insaculación. Sin embargo, desde el inicio del proceso el Secretario de Gobernación había anunciado que Morena no negociaría la designación de los perfiles sino que esta se haría por medio de tómbola en el pleno de la Cámara.
Aunque en las quintetas había varios perfiles que tenían cercanías importantes con el gobierno o con el partido mayoritario, también había perfiles con amplia experiencia, conocimientos y trayectoria en la materia electoral; destacando los perfiles de las y los consejeros y exconsejeros electorales locales. No cabe duda de que lo local se ha vuelto relevante en la materia electoral. Pero sin duda la quinteta que más comentarios generó fue la de la presidencia, pues la gran mayoría de los perfiles tenía vínculos claros y directos con el gobierno.
El 31 de marzo la Cámara de Diputados votó por mayoría a la 00:30am, que la designación se definiría por medio de cuatro insaculaciones, una por quinteta para que, de entre los cinco nombres propuestos en cada una se eligiera a una persona. De esta forma, el 1 de abril se dieron a conocer los nombres de las personas <a href="https://twitter.com/Eleccionesymas/status/1641721548414373888" target="_blank" rel="noopener">designadas</a> para las tres consejerías y la presidencia del INE.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1277850" src="https://panel.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2023/04/Designacion-INE--600x600.jpg" alt="" width="600" height="600" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/04/Designacion-INE--600x600.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/04/Designacion-INE--768x768.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/04/Designacion-INE--1024x1024.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/04/Designacion-INE-.jpg 1080w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
En el balance la designación fue positiva. Los cuatro perfiles tienen vasta experiencia y conocimientos en los temas electorales y han laborado en instituciones electorales -locales y federales; tres de ellos tienen experiencia en la integración de órganos de decisión colegiados. Son perfiles plurales que sin duda aportarán visiones diferentes a la herradura del INE. Lo que queda por averiguar a partir de ahora es si en su quehacer cotidiano mostrarán independencia y si defenderán la autonomía de la institución, lo que al final es su deber constitucional.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar que este fue un proceso novedoso en muchos sentidos. Tuvimos el primer Comité Técnico de Evaluación con perfiles claramente afines y leales al partido mayoritario. Por primera en la historia la designación se hizo por insaculación, el INE tendrá una consejera presidenta y el Consejo General estará integrado por una mayoría de mujeres –6 mujeres y 5 hombres.
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Una designación que pasará a la historia

Como cada año, la revista The Economist, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) y el Instituto Varieties of Democracy (V-Dem) hicieron públicos sus índices de democracia global, los cuales evalúan el funcionamiento de las instituciones gubernamentales y la calidad de la democracia en el mundo. La medición de la calidad de la democracia se realiza a partir de indicadores sobre aspectos económicos, políticos y sociales.
El Índice de Democracia de The Economist señala que el retroceso democrático en América Latina que se ha venido dando desde 2008 continúa, aunque durante 2022 fue menor al de 2021. Sin embargo, destaca que Haití, El Salvador y México son los que continúan teniendo una mayor caída en el índice, al mantenerse en el umbral entre regímenes híbridos y autoritarismos. Los únicos países a los que se les considera como democracias plenas en la región son Chile, Costa Rica y Uruguay, siendo la última la más estable en este sentido.
En el caso de México, considerado por <a href="https://front.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/candidata/deterioro-democratico" target="_blank" rel="noopener">segundo año consecutivo</a> como régimen híbrido, en 2022 volvió a tener una caída, esta vez fue de tres lugares respecto a su posición del año previo, ahora ocupa el lugar 89 de 167 países considerados. Las categorías peor evaluadas para el país son las del funcionamiento del gobierno y la cultura política. El reporte hace especial énfasis a que el presidente usa su posición para atacar a opositores, medios de comunicación y autoridades electorales; respecto a las últimas, menciona la reforma electoral recientemente aprobada, pues el reporte señala que se pone en riesgo la integridad electoral. También se advierte como un tema que preocupa el crecimiento de la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna y en aspectos económicos.
El V-Dem destaca que el 72 % de la población mundial vive en autocracias electorales o cerradas, situación que argumenta se ha intensificado debido a las restricciones de la pandemia por COVID-19 que tuvieron un impacto negativo en la calidad democrática de muchos países. Aunque encontró que la gran mayoría de los latinoamericanos (83 %) vive en democracias electorales como Argentina, Colombia y México, resaltó que países como México, Brasil, El Salvador y Nicaragua tienen una tendencia a la autocratización en 2022. Respecto a México, se advierte un mayor nivel de polarización y desinformación por parte del gobierno, aunque se sigue considerando como una democracia electoral.
IDEA Internacional por su parte consideró que a pesar de los retrocesos, la región es la segunda más democrática después de Europa. Países como Haití, Nicaragua y Venezuela se encuentran en la categoría de autocracias, mientras que países como Bolivia, Brasil, El Salvador y Guatemala mostraron fuertes caídas en la calidad de sus democracias. Por el contrario, destaca que República Dominicana y Ecuador tuvieron mejoras especialmente en temas relativos a derechos fundamentales y contrapesos al gobierno.
El reporte destaca que las principales amenazas a las democracias regionales son la polarización, la desinformación, las restricciones de derechos y los ataques contra activistas ambientales, de derechos humanos e instituciones democráticas. Sobre México se destacan los ataques a periodistas desde el gobierno y la crisis de violencia contra el propio gremio.
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Cada uno de estos tres análisis tiene su propia metodología de análisis, los tres arriban a conclusiones distintas, por lo que destacaremos 4 aspectos en los que los tres coinciden:
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<li>Existe un retroceso democrático generalizado en el mundo impulsado por regímenes autocráticos y autoritarios.</li>
<li>Los mayores problemas de la democracia son la polarización, la desinformación y el no respeto a los derechos humanos.</li>
<li>En América Latina la democracia no vive sus mejores tiempos, países como Cuba, Venezuela y Nicaragua son considerados regímenes autoritarios o autocracias.</li>
<li>En cuanto a México se considera que ha tenido un importante retroceso democrático, principalmente por la polarización promovida desde el gobierno, el ataque a la prensa y los problemas de seguridad.</li>
</ol>
Los tres reportes dan cuenta de que el trabajo para cuidar la democracia ha sido insuficiente: basta con un liderazgo que tenga actitudes regresivas o riesgosas para la democracia para causar un daño a la misma. Es por ello que es importante no tirar en saco roto el contenido de los mismos y ocuparnos de los aspectos que se señalan en ellos.
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