El pasado 30 de junio se celebró en el Campo Marte el cuarto aniversario de la Guardia Nacional (GN), un evento en el que se destacó la consolidación de una institución de corte preventivo, disciplinada y profesional, un proyecto prioritario del Gobierno de México. Creada constitucionalmente como un cuerpo de seguridad de naturaleza civil, en la realidad nunca lo fue. Su creación y desarrollo fue un engaño que ha sido acompañado por acuerdos y decretos presidenciales que modifican las leyes secundarias sin importar lo que señala la Constitución de nuestro país. Desde una perspectiva jurídica/legal, la Guardia Nacional se ha consolidado pero en una institución de corte inconstitucional, ilegal e ilegítima.
Causa en Común, en conjunto a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MMCI), ha realizado un recuento de las ilegalidades en las que ha incurrido el gobierno federal desde el 2019. Este esfuerzo se materializa en un documento que clasifica las violaciones a la ley en 3 rubros: a los derechos fundamentales, al orden democrático y a la economía. En atención a este registro de ilegalidades y con motivo del cumpleaños de uno de los proyectos del gobierno que más ha lacerado el sistema legal de nuestro país, es menester realizar un breve recuento de las violaciones a la ley cometidas por este gobierno en aras de lograr la consolidación de una élite militar empresarial.
A principios de este 2023 la GN comenzó el año tropezando con las normas Constitucionales y en específico con las previstas en la Ley de Amparo. Por medio de un decreto se ordenaba a la institución la construcción de un cuartel en el vivero de Nezahualcóyotl, en la alcaldía Xochimilco. Ante la exigencia de los pobladores y en apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez (Centro ProDH), un Juez Federal ordenó detener las obras, sin embargo, dicha orden judicial fue tomada como una sugerencia o un mal consejo.
Más tarde en el año la Universidad de Toronto reveló, gracias a la información obtenida durante el hackeo de los sistemas de SEDENA, que tanto el Director como la Coordinadora del Área Internacional del Centro ProDH fueron espiados a través de la intervención de sus teléfonos. En vista de las acusaciones de espionaje por parte de diversos actores la SEDENA determinó reservar por 5 años la información del programa “Pegasus”, atropellando no solo nuestro derecho constitucional al acceso a la información y la transparencia, pero también pasando por alto lo resuelto por el INAI donde específicamente se ordena a SEDENA a publicar los contratos con la empresa Comercializadora Antsua S.A de C.V.
Las ilegalidades y violaciones a la ley han logrado la formación de una nueva élite empresarial militar. Tan solo este año se aprobaron reformas contrarias a los principios constitucionales que otorgan a las Fuerzas Armadas el permiso para la operación de una aerolínea comercial, para la construcción y operación de un hotel, el derecho a recibir un porcentaje por la emisión de visas, la obligación de proteger el espacio aéreo y la entrega de la administración de la obra del Tren Maya. La SEDENA se ha convertido en una empresa lucrativa del Estado y MMCI reveló recientemente los beneficios de ser el Secretario Titular al publicar un documento que evidencia las cantidades de dinero erogadas por el General Sandoval y sus allegados en sus viajes al extranjero.
No todo son malas noticias en el recuento de ilegalidades, el documento también da seguimiento a las acciones legales que hace valer la ciudadanía para combatir la estrategia política autoritaria del gobierno. El gran ejemplo de este año lo dio la SCJN al invalidar la transferencia de la GN a la SEDENA, una acción que violaba flagrantemente nuestra Constitución y aseguraba la militarización de la seguridad pública. La decisión de la corte ordena que la GN debe dejar de ser militar para antes del 1 de enero del 2024, sin duda una buena noticia pero para un gobierno que está acostumbrado a desobedecer órdenes judiciales y violar la ley como método de gobernar es complicado imaginar que se le dé cumplimiento.
Es labor del poder judicial seguir manteniendo el Estado de derecho cuando el poder legislativo y ejecutivo pretenden eliminarlo, y seguirá siendo labor de Causa en Común y de MMCI analizar y denunciar a través de este trabajo las acciones del gobierno federal que contravienen el marco legal de nuestro país.
Hay una ira creciente por la poca ayuda que llega a las ciudades y pueblos de las montañas del Atlas.
El bebé de Khadija aún no tiene nombre y su primer hogar es una tienda de campaña junto a la carretera.
Nació minutos antes de que se produjera el mortífero terremoto del viernes por la noche en Marruecos.
Aunque Khadija y su hija salieron ilesas, el hospital de Marrakech donde se encontraban fue evacuado. Tras una rápida revisión, les pidieron que se marcharan apenas tres horas después del nacimiento.
“Nos dijeron que teníamos que irnos por miedo a las réplicas”, explicó.
El sismo de magnitud 6,8 sacudió el centro del país, con epicentro a 71 kilómetros de la turística Marrakech. Por ahora se cuentan más de 2.100 personas fallecidas en una decena de provincias y el número de heridos ha ascendido a más de 2.420. Unos 20 minutos después hubo una réplica de magnitud 4,9.
Con su recién nacida en brazos, Khadija y su marido intentaron tomar un taxi a primera hora del sábado para ir a su casa de Taddart, en la cordillera del Atlas, a unos 65 kilómetros de Marrakech.
Pero de camino se encontraron con que las carreteras estaban bloqueadas por corrimientos de tierra y sólo llegaron hasta el pueblo de Asni, a unos 15 kilómetros de su destino final.
Desde entonces, la familia vive en una tienda de campaña básica que han logrado construir junto a la carretera principal.
“No he recibido ninguna ayuda ni asistencia de las autoridades”, nos dijo, sosteniendo a su bebé mientras se protegía del sol bajo un endeble trozo de lona.
“Pedimos mantas a algunas personas de este pueblo para tener algo con lo que taparnos. Sólo tenemos a Dios”.
Khadija nos contó que sólo tiene un conjunto de ropa para el bebé.
Amigos de su ciudad natal les han contado que su casa está muy dañada y no saben cuándo podrán tener un lugar adecuado donde alojarse.
Cerca del lugar donde Khadija acampa, la frustración crece a medida que pasan los días y apenas llega ayuda a los pueblos y aldeas de las zonas montañosas al sur de Marrakech.
En Asni, a solo 50 kilómetros de Marrakech, la gente dice que necesita ayuda urgente.
Un grupo de gente enfadada rodeó a un reportero local y le arrojaron sus frustraciones: “No tenemos comida, no tenemos pan ni verduras. No tenemos nada”.
El reportero, en el centro de la multitud, tuvo que ser escoltado y llevado lejos por la policía, mientras la gente aún lo seguía, desesperada e intentando desahogar su ira.
“Nadie ha venido a nosotros, no tenemos nada. Sólo tenemos a Dios y al rey”, dijo un hombre de la multitud que no quiso dar su nombre.
Desde el terremoto vive al margen de la carretera principal del pueblo con sus cuatro hijos. Su casa sigue en pie, pero todas las paredes están muy agrietadas y tienen demasiado miedo para quedarse allí.
Han conseguido volver y coger algunas mantas, lo único que ahora tienen para dormir.
En un momento, un camión pasó entre la multitud. Algunas personas intentaron hacerle señas, esperando desesperadamente que les dejara suministros. Pero el camión siguió su camino, seguido de abucheos.
Algunos dicen que han recibido tiendas de campaña de las autoridades, pero no hay suficientes para todos.
Cerca de allí está Mbarka, otra persona que vive en una tienda de campaña. Nos guió por las calles laterales hasta su casa, en la que ya no puede vivir.
“No tengo medios para reconstruir la casa. De momento, sólo nos ayuda la gente de la zona”, nos contó.
Vivía allí con sus dos hijas, su yerno y tres nietos.
Cuando su casa empezó a temblar, salieron corriendo y casi fueron alcanzados por el derrumbe de una casa mucho más grande que empezó a deslizarse colina abajo.
“Creemos que el gobierno ayudará, pero hay 120 pueblos en la zona”, dijo su yerno Abdelhadi.
Con tanta gente necesitada de ayuda, un gran número de personas tendrá que esperar más tiempo para recibir asistencia.