Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun.

El blog de Causa en Común

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Lograr un Estado de derecho es una tarea complicada y de la cual México no puede presumir importantes avances; todos los gobiernos de este país han, de alguna manera, emprendido algún tipo de embate contra nuestro marco legal. Sin embargo, nunca como hoy un gobierno había emprendido un ataque sistemático contra la Constitución y contra nuestras leyes. La simple cotidianidad y velocidad de estos ataques, de este desprecio, dan cuenta de un esfuerzo muy deliberado por destruir nuestro sistema político, de quitarnos libertades y derechos que, con todas las dificultades y deficiencias, hoy sí tenemos y que mucho trabajo costó.
Esta situación llevó a Causa en Común y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a realizar un seguimiento puntual a algunas de las violaciones cometidas por el Gobierno Federal a las leyes que apuntalan la economía, los derechos humanos y la democracia. A finales de 2022 se publicó un <a href="https://www.nexos.com.mx/?p=70942" target="_blank" rel="noopener">artículo</a> evidenciando las principales ilegalidades cometidas durante el sexenio junto con la base de datos en donde se enuncian cada una de estas violaciones al marco legal. En el texto se da cuenta de, al menos, 182 acciones u omisiones del Gobierno Federal consideradas ilegales y divididas en violaciones a: i) derechos humanos, al menos 73; ii) nuestra democracia, al menos 70, y iii) las reglas del sistema económico con al menos 39. Estos tres rubros bajo los cuales se categorizan las ilegalidades que abarcan temas como salud, seguridad, migración, medioambiente, educación, uso de recursos públicos, entre otros.
En lo que va del presente año hemos continuado registrando ejemplos claros de cómo el gobierno continúa, deliberadamente, cometiendo una serie de irregularidades que afectan de manera irremediable a miles de mexicanas y mexicanos. Al corte del mes de agosto se registraron 90 ilegalidades: 30 contra los derechos humanos, 43 contra la democracia y 17 contra las reglas del sistema económico.
En materia de migración, a pesar de que el Gobierno prometió que México recibiría a los migrantes con los brazos abiertos, las acciones de nuestras autoridades revelan lo contrario. El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración ha denunciado tratos ilegales en los aeropuertos en donde sin justificación se detiene a los migrantes por más de 12 horas en salas de revisión en condiciones insalubres, incomunicados e impedidos para adquirir alimentos. Por otro lado, ha revelado que las estaciones migratorias se encuentran en malas condiciones de higiene, que no cuentan con la presencia de médicos y psicólogos y el personal incumple con los estándares mínimos para la preparación de alimentos. En las fronteras, son miles los mexicanos que salen y entran a Estados Unidos y se quejan de ser víctimas de extorsiones por parte de los elementos de la Guardia Nacional (GN) &#8212; “De plano con los de la Guardia Nacional no se puede, están peores que los (elementos) fiscales que estaban&#8221;&#8211;. Asimismo, en Ciudad Juárez, meses después del crimen de Estado donde perdieron la vida 39 migrantes, elementos de la Guardia Nacional (GN) hicieron un uso desproporcional de la fuerza al disparar al aire para replegar un campamento de migrantes que se encontraba debajo de un puente. 
Otro tema que ha dado de qué hablar respecto a ilegalidades, irregularidades y opacidad son las Fuerzas Armadas. Durante este año no solo se ha exacerbado el rol de los militares como la nueva policía del país, además se ha continuado favoreciendo al ejército con el otorgamiento de contratos millonarios, la adjudicación de obras públicas y la transferencia de facultades y atribuciones que correspondían a autoridades civiles. Por ejemplo, la entrega de la operación del Tren Maya, la operación de aerolíneas comerciales, la operación y vigilancia de aeropuertos y hasta la facultad de recibir un porcentaje de lo generado por los derechos de turismo.
Por otro lado, en lo que va del año las quejas contra el ejército por abusos aumentaron en 43 %. La GN informó que únicamente el 51 % de sus elementos están acreditados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública; se demostró que la Secretaría de la Defensa Nacional ocultó información al Grupo Internacional de Expertos Independientes dedicado al caso Ayotzinapa; también reservaron la información sobre el programa de espionaje “Pegasus” y admitieron que fue un “error” rellenar el Estero de Chac en Quintana Roo como parte de las obras del Tren Maya. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la super secretaría de este sexenio obtiene más poder, tanto que puede actuar sin la necesidad de rendir cuentas.
Este esfuerzo que realiza Causa en Común y MCCI es realmente importante. Es necesario dejar constancia de lo que ha sucedido, hacer un recuento de los daños, dejar evidencia de la destrucción, narrar cómo un gobierno ha pisoteado nuestro marco legal. Pero sobre todo, este esfuerzo, más allá de ofrecernos datos sobre las ilegalidades cometidas por nuestras autoridades, nos permite entender que es posible tener un presidente que gobierna actuando por fuera de los límites de la ley y por encima de nuestra carta magna. Nos evidencía que se puede gobernar a costa de los tratados y las convenciones internacionales, a costa de las instituciones democráticas, los órganos constitucionales autónomos y en contra de los poderes de la unión que sostienen el orden de la República. Este Gobierno nos demostró que en México no es necesario modificar, reformar o derogar los artículos de la Constitución para destruir y derrumbar. Este trabajo nos deja bien claro que a la cuarta transformación, cuando la Constitución le estorba, simplemente la ignora.
* René Gerez López es investigador de <a href="https://twitter.com/causaencomun" target="_blank" rel="noopener">@causaencomun</a>.

Cuando la Constitución estorba

El número de elementos que continúan sumándose a la Guardia Nacional llama cada vez más la atención y nos vamos olvidando de aquella institución que deberíamos estar viendo continuamente, es decir, la policía. En todo el territorio nacional, <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/autores/ruta-critica/militares-policias-seguridad-publica" target="_blank" rel="noopener">las Fuerzas Armadas despliegan más de 260 mil efectivos militares para realizar tareas de seguridad pública, mientras que las policías estatales tan solo 125 mil elementos desplegados</a>. Cada vez irrespetamos más a los policías, mientras que dejamos de cuestionar las acciones inconstitucionales de las Fuerzas Armadas. Estas reformas que se han hecho en la estrategia de seguridad han afectado gravemente a las policías, ya que cada vez caen más en el olvido.
Este aumento de despliegues militares nos revela el crecimiento exuberante de poder que las Fuerzas Armadas se han apropiado. Según la actual estrategia de seguridad, la Guardia Nacional actúa como un actor clave para la reducción de la violencia y la contención del delito. Sin embargo, no podemos tener esta ilusión ya que está demasiado alejada de la realidad. En lo que va de este sexenio, el país ha atravesado niveles de violencia sin precedentes. Tan solo en lo que va del año se han registrado 3,285 de atrocidades, como nos lo revela el informe de la Galería del horror de Causa en Común. Por lo tanto, podemos decir que estos despliegues masivos de elementos militares no concuerdan con el objetivo principal con respecto a la militarización de la seguridad pública, que es reducir la violencia y contener a los grupos delictivos. En lugar de reducir la violencia, muchas veces la aumenta. Existen casos en donde las víctimas continúan aumentando a causa de los mismos militares en donde, a través de enfrentamientos armados entre grupos delictivos y elementos de la Guardia Nacional, civiles resultan heridos o asesinados.
A pesar de todos estos eventos, el Estado mexicano continúa otorgando atribuciones, recursos e influencia territorial y política. Parece que estamos volviendo al militarismo que ya hemos vivido en otros tiempos. Nos la pasamos cuestionando y criticando a las policías por su deficiencia e ineficacia y, sin embargo, no parece importarnos la inconstitucionalidad de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. El gobierno civil está siendo descartado y ya no es considerado como un sujeto competente o importante. Percibimos a las Fuerzas Armadas como un ejemplo de rectitud y eficacia. No obstante, no vemos o no queremos ver lo que ocurre realmente con esta institución. Por ejemplo, se supone que la Guardia Nacional es una institución civil, no obstante, esto no es más que un engaño. Los expolicías federales que se encuentran en este momento dentro de la Guardia Nacional son discriminados por los militares y trabajan incluso el doble de lo que lo hacían en la Policía Federal.
El presidente percibe esta estrategia de seguridad federal como un proyecto político y no como un proyecto de seguridad. La consecuencia de esta estrategia es que los civiles abandonen sus puestos públicos para que los militares los ocupen. Aunque es cierto que la militarización en México no es algo nuevo, pues históricamente hemos tenido a militares participando activamente en cuestiones de seguridad, nunca hemos visto que los militares pudieran ocupar puestos de seguridad y realizar tareas públicas que no les corresponden.
Una de las principales consecuencias que percibimos a causa de esta estrategia de militarización es que comenzamos a perder las libertades y los derechos que tanto trabajo nos ha costado conseguir. Además, otro resultado negativo es que las instituciones de seguridad municipales y estatales están quedando completamente aisladas y abandonadas, sin una estrategia para fortalecerlas. Esto sin duda es una catástrofe pues nos estamos quedando completamente indefensos, dependiendo de los grupos delictivos y del narcotráfico, y de los militares que son figuras intocables.
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Las Fuerzas Armadas como protagonistas del escenario de la Seguridad Pública

Para nadie es un secreto que en México estamos experimentando una crisis de violencia y seguramente la mayoría de nosotros estamos hartos de esta situación. De escuchar reportes sobre desapariciones, feminicidios, ejecuciones, masacres, tiroteos, secuestros, etc. Pero, sin importar el delito, algo que resulta sumamente extraño es que, de algún modo, siempre encontramos la forma de responsabilizar al narco. Que una niña está desaparecida, seguramente es porque su papá le debía dinero al narco. Que mataron a un adolescente, seguro es porque vendía droga. Que desapareció un maestro, es porque se metió con el narco. Es innegable que en nuestro país la violencia extrema se ha vuelto algo cotidiano, pero ¿es todo culpa del crimen organizado?
Hay trabajos de investigación que argumentan que la crisis de violencia que se vive hoy en el país es, en gran parte, <a href="https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1659-28592015000100153" target="_blank" rel="noopener">el resultado de la famosa “Guerra contra el narco”</a>, pues es a partir de 2007, poco después de implementar esta estrategia de seguridad, las cifras de delitos de alto impacto (secuestros, asesinatos, masacres, etc.) se dispararon. Uno de los más interesantes es quizá la investigación publicada por Robles, Calderón y Magaloni en 2013,”<a href="https://www.econstor.eu/bitstream/10419/115424/1/IDB-WP-426.pdf" target="_blank" rel="noopener">Las consecuencias económicas de la violencia del narcotráfico en México</a>”, publicación que explica cómo es que la militarización de la seguridad pública sólo terminó por transformar a los grupos criminales, pasando de ser vendedores de droga a secuestradores, extorsionadores y sicarios. Esto debido a que la eliminación de sus cabecillas y el incremento en las incautaciones de drogas creó grupos criminales más competitivos, dispuestos a recurrir a cualquier estrategia para mantener sus operaciones.
No obstante, para asegurar el respeto y protección de los derechos de las personas, nuestras autoridades no pueden caer en narrativas simplificadas, pues la realidad es que no todo es culpa del narco. Definitivamente algunos procesos de justicia serían mucho más fáciles si todos los delitos de nuestro país fueran atribuibles a los cárteles de droga. Pero culpar a estas organizaciones de todos los feminicidios, secuestros, ejecuciones y masacres es una falta de respeto a las víctimas y una violación a su derecho a la justicia.
En México diferentes actores han convertido al narco en el villano perfecto. Por un lado, a este criminal oscuro e imposible de encontrar se le responsabiliza de cualquier cantidad de delitos de alto impacto, dándonos una explicación simple y satisfactoria para la crisis de violencia. Por otro, esta misma acción deslinda a las autoridades de sus responsabilidades y de los crímenes <a href="https://adondevanlosdesaparecidos.org/2022/11/26/verdad-y-justicia-el-debate-entre-los-colectivos-en-las-fosas-de-jojutla/" target="_blank" rel="noopener">que incluso ellas mismas han cometido</a>. Incrementando así, la impunidad y la desconfianza en nuestro propio sistema de justicia.
Pero ¿cómo no culpar al narco? ¿Cómo no volverlo el villano de esta historia cuando resulta tan conveniente? Como menciona Valencia Triana en su texto Capitalismo Gore y necropolítica en México contemporáneo, “el estado se beneficia del temor infundido en la población civil por las organizaciones criminales, aprovechando la efectividad del miedo para declarar al país en estado de excepción justificando de esta manera la vulneración de los derechos humanos y la implantación de medidas autoritarias…”. Sin embargo, más allá de volver a simplificar el fenómeno de la violencia y responsabilizar solo al Estado, este texto también busca hacernos reflexionar sobre cómo el resto de nosotros hemos abonado a la crisis de violencia actual. 
Aunque parte de las historias de desapariciones, asesinatos y crímenes violentos tienen como causa la falta de un gobierno que garantice la salvaguarda de la vida y bienes de la población, también hay que contemplar que grandes sectores de la sociedad aún se mantienen ajenos a los procesos de construcción de paz y seguridad. Ejemplo de ello también son los productos culturales que replican la narcocultura y prácticas de violencia.  Todos, productos que alimentan la idea del villano perfecto, la idea de que el común denominador de este abanico de historias trágicas y llenas de violencia es el crimen organizado.
Esto es particularmente peligroso porque relatos que nos permitan culpar a alguien de toda la violencia, poco a poco nos impiden reconocer nuestras violencias. Hoy, buena parte de las atrocidades que ocurren en el país son cometidas por personas sin vínculos con organizaciones criminales. Aunque la impunidad y la ausencia de mecanismos de investigación que permitan combatir las violencias de “menor impacto” dificultan el entendimiento de las mismas, sabemos, gracias a investigaciones como “<a href="https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/article/download/9/475" target="_blank" rel="noopener">Violencia familiar, un paso al feminicidio</a>”, que, por ejemplo, una porción significativa de estos delitos tiene sus orígenes en el fenómeno de la violencia doméstica y no en el de la violencia del crimen organizado.
Así, se vuelve fundamental ser más críticos con la información que recibimos y consumimos.Y sobre todo resistir y combatir estas narrativas que nada harán para reducir la violencia en México. Para dejar de abonar a esta crisis, se vuelve indispensable que comencemos a apoyar y visibilizar los procesos de construcción de paz que existen en nuestro país. Aunque el problema de la violencia en nuestro país no vaya a desaparecer de la noche a la mañana, el estudio de este conflicto nos ha confirmado que la narrativa actual, solo nos ha alejado de su resolución. Para vivir en un México en paz tendremos que aceptar que el fin del narco no significará el fin de la violencia.
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¿Fin del narco, fin de la violencia en México?

En los últimos días, en el espacio público se ha revivido el debate y la preocupación en torno a la comisión de actos de terrorismo en México por parte de grupos del crimen organizado. El 28 de junio en Celaya, Guanajuato, la explosión de un coche bomba causó la muerte de un elemento de la Guardia Nacional y heridas de gravedad para otros cinco. Menos de dos semanas después, el 11 de julio, ahora en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, un ataque con minas terrestres caseras provocó el fallecimiento de seis personas, incluidos tres elementos de la fiscalía estatal y un policía municipal. Ambos episodios comparten un nivel de prefabricación y de letalidad alarmantes para las fuerzas de seguridad en el país. Y son sin duda un motivo para tomar con seriedad la oportunidad, pertinencia y riesgos de calificar a estas violencias como actos terroristas.
De acuerdo con las versiones oficiales, ambos ataques tuvieron como precedente inmediato el arribo de las fuerzas de seguridad para atender reportes de localización de cadáveres. Es decir, previo a ser víctimas de los atentados, los elementos de seguridad se encontraban ejerciendo su función de primer respondiente, en cumplimiento de su deber y en ejercicio de los protocolos correspondientes ante este tipo de denuncias. Investigaciones llevadas a cabo por Causa en Común demuestran que, desgraciadamente, los ataques en contra de policías durante el cumplimiento de sus deberes no son la excepción sino la norma. Y de acuerdo con los datos disponible, esta es una realidad de la que la Guardia Nacional no se escapa, por más que se presuma como la institución de seguridad insignia del presente gobierno.
Durante el actual sexenio se han podido documentar 181 casos de elementos de la Guardia Nacional asesinados. El repunte en el presente año, con respecto al anterior, enciende alertas preocupantes. Si en el primer semestre de 2022 se contabilizaban apenas 11 asesinatos de elementos de la Guardia Nacional, para el mismo periodo del año actual se tiene registrado un aumento del 100%, con 22 elementos asesinados. Tan sólo en los primeros seis meses del año en curso, ya se ha rebasado el total de asesinatos de elementos de la Guardia registrados durante todo el año anterior. De continuarse con esta tendencia, 2023 podría convertirse en uno de los años más letales para la Guardia Nacional desde su fundación en 2019, y un indicador de la creciente exposición a la violencia a la que a sus elementos les toca hacer frente.
<figure id="attachment_1307997" aria-describedby="caption-attachment-1307997" style="width: 579px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1307997" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/elementos-de-seguridad-federales-asesinados.jpeg" alt="Elementos de seguridad federales asesinados" width="589" height="387" /><figcaption id="caption-attachment-1307997" class="wp-caption-text">Fuente: Causa en Común, Registro de Policías Asesinados.</figcaption></figure>
Sin embargo, los asesinatos de guardias nacionales son apenas una fracción del grueso de la violencia contra las fuerzas de seguridad en el país. Si miramos la imagen más grande, durante todo el presente sexenio se tienen contabilizados 2,065 casos de asesinatos de policías. 247 de ellos se han cometido en el presente año y al menos el 57 % de ellos (143) se han producido mientras los agentes de seguridad se encontraban en activo. <a href="#_edn1" name="_ednref1">i</a> El grueso de los policías asesinados pertenece a las corporaciones locales (municipales y estatales), siendo esta una situación que se replica año con año. Los hechos en Celaya y Tlajomulco previamente narrados son además recordatorios del alto nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran sumidas las corporaciones policiales de dichas entidades. Guanajuato y Jalisco ocupan el primer y el tercer lugar de más policías asesinados en lo que va del presente año, con 49 y 17 casos respectivamente. <a href="#_edn2" name="_ednref2">ii</a>
<figure id="attachment_1307998" aria-describedby="caption-attachment-1307998" style="width: 590px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-1307998" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/policias-asesinados-durante-2023-600x392.jpeg" alt="Policías asesinados durante 2023" width="600" height="392" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/policias-asesinados-durante-2023-600x392.jpeg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/policias-asesinados-durante-2023.jpeg 697w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-1307998" class="wp-caption-text">Fuente: Causa en Común, Registro de Policías Asesinados.</figcaption></figure>
Es relativamente sencillo, como se puede constatar en varias notas de prensa, responsabilizar de las muertes de policías a las disputas por el control territorial entre grupos del crimen organizado. Hasta este momento, las hipótesis arrojadas carecen de evidencia robusta o de alguna forma convincente de verificar dicha narrativa.<a href="#_edn3" name="_ednref3">iii</a> Si bien no se descartan, pues presentan información útil para la elaboración de análisis de contextos, conviene tener cuidado con este tipo de explicaciones. Generalizar las causas de la violencia contra los cuerpos de policía a la delincuencia organizada puede implicar perder el foco en al menos dos cuestiones importantes.
En primer lugar, la alarmante cifra de policías asesinados es un indicador de una política de abandono sistemático y deliberado de las corporaciones de seguridad civiles, en medio de un contexto de militarización sin límites durante el presente sexenio. Las y los policías de México no sólo están obligados a sobrevivir a las violencias criminales de las que son víctimas, sino también a un modelo de seguridad en el cual no tienen cabida como sujetos de derechos laborales ni como pilares del desarrollo institucional en el país. <a href="#_edn4" name="_ednref4">iv</a> Es importante que como sociedad colaboremos en la reversión de esta situación sumándonos a la voz de policías que hoy luchan por dignificar las condiciones en que ejercen su profesión y redefinir la importancia de su rol en la procuración de seguridad y justicia en México.
En segundo lugar, los lamentables acontecimientos en Celaya y Tlajomulco deben ser una motivación para exigir a las autoridades un mayor nivel de responsabilidad política, sobre todo a los más altos niveles. Si bien es cierto que hablar de terrorismo para explicar un hecho violento suele acarrear consecuencias políticas imprevistas para la autoridad que lo enuncia, si leemos estos hechos de violencia recientes a la luz de la definición del concepto contenida en el código penal federal, la realidad parece superar y contradecir el silencio de la presidencia. Cuando menos, entendido de esta forma, Celaya y Tlajomulco son alertas de la creciente brutalidad en contra de las instituciones de seguridad del Estado y de la imperiosa necesidad de ejercer presión sobre las autoridades responsables para que esta realidad no sea moralmente minimizada, ni sus víctimas pasen desapercibidas.
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<a href="#_ednref1" name="_edn1">i</a> Los números son hasta el 20 de julio de 2023. Detalles sobre el Registro de policías asesinados y la base de datos de Causa en Común se encuentran <a href="https://causaencomun.org.mx/beta/registro-de-policias-asesinados/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ednref2" name="_edn2">ii</a> De los 247 casos de asesinatos de policías registrados en la prensa, sólo de 245 fue posible identificar su corporación de origen.
<a href="#_ednref3" name="_edn3">iii</a> Por ejemplo: Pérez, Maritza (29 de junio de 2023), <a href="https://www.eleconomista.com.mx/politica/Autos-bomba-simbolo-de-rupturas-entre-grupos-criminales-expertos-20230629-0143.html" target="_blank" rel="noopener">Autos bomba, símbolo de rupturas entre criminales: expertos</a>. El Economista.
<a href="#_ednref4" name="_edn4">iv</a> Sobre el estado de las policías en el país, véase la investigación: Causa en Común, Las policías en México: radiografía de un retraso crónico. Disponible <a href="https://causaencomun.org.mx/beta/la-situacion-de-las-policias-en-mexico-2022/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Celaya y Tlajomulco: radiografías de la emergencia policial en México

El pasado 30 de junio se celebró en el Campo Marte el cuarto aniversario de la Guardia Nacional (GN), un evento en el que se destacó la consolidación de una institución de corte preventivo, disciplinada y profesional, un proyecto prioritario del Gobierno de México. Creada constitucionalmente como un cuerpo de seguridad de naturaleza civil, en la realidad nunca lo fue. Su creación y desarrollo fue un engaño que ha sido acompañado por acuerdos y decretos presidenciales que modifican las leyes secundarias sin importar lo que señala la Constitución de nuestro país. Desde una perspectiva jurídica/legal, la Guardia Nacional se ha consolidado pero en una institución de corte inconstitucional, ilegal e ilegítima.
Causa en Común, en conjunto a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MMCI), ha realizado un recuento de las ilegalidades en las que ha incurrido el gobierno federal desde el 2019. Este esfuerzo se materializa en un documento que clasifica las violaciones a la ley en 3 rubros: a los derechos fundamentales, al orden democrático y a la economía. En atención a este registro de ilegalidades y con motivo del cumpleaños de uno de los proyectos del gobierno que más ha lacerado el sistema legal de nuestro país, es menester realizar un breve recuento de las violaciones a la ley cometidas por este gobierno en aras de lograr la consolidación de una élite militar empresarial.
A principios de este 2023 la GN comenzó el año tropezando con las normas Constitucionales y en específico con las previstas en la Ley de Amparo. Por medio de un decreto se ordenaba a la institución la <a href="https://animalpolitico.com/estados/jueza-suspende-cuartel-guardia-nacional-vivero">construcción de un cuartel en el vivero de Nezahualcóyotl, en la alcaldía Xochimilco.</a> Ante la exigencia de los pobladores y en apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez (Centro ProDH), un Juez Federal ordenó detener las obras, sin embargo, dicha orden judicial fue tomada como una sugerencia o un mal consejo.
Más tarde en el año la Universidad de Toronto reveló, gracias a la información obtenida durante el hackeo de los sistemas de SEDENA, que tanto el Director como la Coordinadora del Área Internacional del Centro ProDH <a href="https://www.animalpolitico.com/seguridad/centro-pro-espiado-pegasus-segunda-vez-ayotzinapa">fueron espiados a través de la intervención de sus teléfonos.</a> En vista de las acusaciones de espionaje por parte de diversos actores la SEDENA determinó reservar por 5 años la información del programa “Pegasus”, atropellando no solo nuestro derecho constitucional al acceso a la información y la transparencia, pero también pasando por alto lo resuelto por el INAI donde específicamente se ordena a SEDENA a publicar los contratos con la empresa Comercializadora Antsua S.A de C.V.
Las ilegalidades y violaciones a la ley han logrado la formación de una nueva élite empresarial militar. Tan solo este año se aprobaron reformas contrarias a los principios constitucionales que otorgan a las Fuerzas Armadas el permiso para la operación de una aerolínea comercial, para la construcción y operación de un hotel, el derecho a recibir un porcentaje por la emisión de visas, la obligación de proteger el espacio aéreo y la entrega de la administración de la obra del Tren Maya. La SEDENA se ha convertido en una empresa lucrativa del Estado y MMCI reveló recientemente los beneficios de ser el Secretario Titular al publicar un documento que evidencia las cantidades de dinero erogadas por el General Sandoval y sus allegados en sus viajes al extranjero.
No todo son malas noticias en el recuento de ilegalidades, el documento también da seguimiento a las acciones legales que hace valer la ciudadanía para combatir la estrategia política autoritaria del gobierno. El gran ejemplo de este año lo dio la SCJN al invalidar la transferencia de la GN a la SEDENA, una acción que violaba flagrantemente nuestra Constitución y aseguraba la militarización de la seguridad pública. La decisión de la corte ordena que la GN debe dejar de ser militar para antes del 1 de enero del 2024, sin duda una buena noticia pero para un gobierno que está acostumbrado a desobedecer órdenes judiciales y violar la ley como método de gobernar es complicado imaginar que se le dé cumplimiento.
Es labor del poder judicial seguir manteniendo el Estado de derecho cuando el poder legislativo y ejecutivo pretenden eliminarlo, y seguirá siendo labor de Causa en Común y de MMCI analizar y denunciar a través de este trabajo las acciones del gobierno federal que contravienen el marco legal de nuestro país.

La Guardia Nacional Militar, un proyecto a costa de la Constitución

México ha sido testigo de una transición democrática en las últimas décadas, con alternancias en el poder y consecuentemente cambios en las estrategias para abordar los temas que más lastiman al país. Uno de estos temas críticos ha sido la preservación del orden público, el combate a la delincuencia y la protección de los derechos de los ciudadanos, lo que incluye el desarrollo de las instituciones policiacas para consolidar un sistema nacional de seguridad pública efectivo y que dé resultados.
En el marco legal, México cuenta con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), la cual establece las bases para el funcionamiento y la coordinación de las instituciones de seguridad en los tres niveles de gobierno. Además, los estados y los municipios complementan la ley al establecer los lineamientos y protocolos para el desarrollo de sus policías dentro de la entidad. Sin embargo, a pesar de este entramado legal sólido, nuestro país sufre de carencias importantes en el desarrollo de nuestras policías. La falta de profesionalización y capacitación es un tema recurrente en las corporaciones de seguridad que limita la eficacia en su actuar y lastima la confianza que tienen los ciudadanos en sus instituciones.
Sobre este tema Causa en Común presentó recientemente el <a href="https://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2023/06/INTRAPOL_VF.pdf" target="_blank" rel="noopener">Índice de Transparencia Policial</a> (INTRAPOL), un trabajo que revela la disparidad que existe actualmente en términos de capacidades operativas y profesionales entre las policías municipales, estatales y la federal. Una situación que ha empeorado ante la política del actual gobierno que ha ampliado el radio de acción de las fuerzas armadas para participar en ámbitos que corresponden a la esfera civil. Esto se ha traducido en más funciones, responsabilidades, recursos y mayor poder político para el ejército, todo en detrimento de las corporaciones policiacas.
El trabajo de la organización busca conocer si las corporaciones estatales de policía en el país cuentan con instrumentos normativos o institucionales para cumplir con los requisitos mínimos que establece la LGSNSP sobre los cuatro ejes del desarrollo policial: carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario y certificación, así como seguridad social. El estudio se realizó a través de la información publicada en medios oficiales por las instituciones de seguridad y por medio de preguntas realizadas directamente a las autoridades vía la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que también refleja los niveles de transparencia de las corporaciones.
Una de las conclusiones a las que lleva la investigación es que ningún estado cumple con los estándares establecidos en la LGSNSP. La calificación más baja se encuentra en el eje de certificación, lo cual indica que las corporaciones no cumplen con los requisitos mínimos de calidad y eficiencia. Además, revela una falta de transparencia gubernamental al no publicar ni proporcionar, en muchos casos, información oportuna y accesible para que la ciudadanía se encuentre informada sobre las actividades y los instrumentos normativos que rigen el funcionamiento de sus policías.
Investigaciones como la que presenta Causa en Común no deben tomarse como una ofensa o un señalamiento a las instituciones policiacas. Todo lo contrario, estos indicadores nos permiten sentar las bases y el panorama actual con el único objetivo de motivar a las autoridades y a la ciudadanía a buscar impulsar un desarrollo policial que nos brinde instituciones más sólidas y justas. Los movimientos sociales y la sociedad civil han demostrado su capacidad para generar cambios y presionar para lograr acciones importantes. La ciudadanía debe ser consciente de sus derechos y exigir transparencia, rendición de cuentas y justicia. Es fundamental que las instituciones y los líderes políticos escuchen y respondan a estas demandas legítimas con la única intención de lograr la consolidación de un sistema de seguridad que proteja a todos.
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Desafíos y perspectivas del desarrollo policial en México

En noviembre de 2017 se emitió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Entre los objetivos de la Ley se encontraba abordar de manera integral el problema de la desaparición en el país, hacer un manejo eficiente de la información y unificar las labores de registro, búsqueda e investigación. En cuanto a las labores de registro, se dictó la creación de herramientas como el Registro Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Fosas Clandestinas a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
Por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), órgano principal en el tratamiento de la desaparición forzada, cuenta con un registro de fosas clandestinas, así como un mapa de hallazgos de fosas clandestinas, que se nutren de la información proporcionada tanto por la Fiscalía General de la República, como por las 32 fiscalías estatales. De acuerdo con estas herramientas, se registraron 2,835 fosas clandestinas en todo el país de 2006 a 2008. Sin embargo, de 293 no se tiene registro alguno de la entidad en la que fueron halladas. Si los registros de fosas clandestinas se nutren a partir de los datos proporcionados por las fiscalías estatales, ¿cómo es que se desconoce la entidad de registro de alrededor de 300 fosas?
Ahora bien, pese a que la creación de la Ley tenía el objetivo de establecer un criterio de clasificación en común, uno de los problemas fundamentales en la búsqueda de personas desaparecidas comienza con la ausencia de una definición legal de este término que permita homologar protocolos de búsqueda, registro e investigación. Por ejemplo, según datos del Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas 2020, presentado por la CNB, de 2006 a 2019 no se registró ninguna fosa clandestina en el estado de Guanajuato. <a href="#_edn1" name="_ednref1">1</a> En contraste con los datos oficiales, el Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato de Data Cívica documentó, a través de registro hemerográfico, el hallazgo de 109 fosas entre 2009 y 2020, en las cuales se hallaron 268 cadáveres. <a href="#_edn2" name="_ednref2">2</a> El caso de Guanajuato ejemplifica los problemas derivados de la falta de una definición en común de fosa clandestina, ya que si los registros oficiales de dicho estado decían contar con cero fosas en 11 años, era por la falta de una definición y entendimiento sobre cómo clasificar hallazgos de ese tipo.
Es importante señalar que incluso si la Ley General en Materia de Desaparición tuviera una definición sobre fosa clandestina, aún persistiría el problema sobre cómo clasificar y registrar el abandono de cadáveres, ya que las fosas clandestinas no son el único lugar en donde se abandonan los restos de personas desaparecidas. Por ejemplo, de acuerdo con la investigación Bajo el lirio, publicada en marzo del año en curso, desde el año 2006 a 2022 más de cinco mil cadáveres fueron localizados en sitios de agua como ríos, lagos y lagunas. <a href="#_edn3" name="_ednref3">3</a> Esta investigación puso de manifiesto las limitaciones de los protocolos de búsqueda, ya que la mayoría de ellos están enfocados a hacer trabajo de búsqueda en zonas de tierra. Es decir, no existen protocolos ni equipos de búsqueda en cuerpos de agua en ningún estado del país.
Tan solo dos meses antes de la publicación de dicha investigación, durante la conferencia matutina se cuestionó al presidente sobre el tratamiento que se estaba dando al problema de desaparición forzada en Jalisco y Zacatecas, así como el balance de la Organización de las Naciones Unidas respecto a los cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición. Sin embargo, de manera desacertada, el Ejecutivo evadió dar una respuesta a los cuestionamientos. <a href="#_edn4" name="_ednref4">4</a>
Bajo este contexto, resulta claro que para afrontar los retos de la búsqueda de personas desaparecidas se necesita reconocer la magnitud del problema de la desaparición en el país, cuya cifra asciende a 95,030 personas desaparecidas de enero de 2006 a mayo de 2023, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas; también es necesario señalar el cinismo de las autoridades ante este problema, así como la falta de voluntad política para atenderlo.
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<a href="#_ednref1" name="_edn1">1</a> Comisión Nacional de Búsqueda (2020). Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas. Puede verse <a href="http://www.alejandroencinas.mx/wp-content/uploads/2020/01/REGISTRODEPERSONASDESAPARECIDAS.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ednref2" name="_edn2">2</a> Data Cívica. (s/f). Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato
(enero de 2009 a julio de 2020). Puede verse <a href="https://fosas-guanajuato.datacivica.org/#section1" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ednref3" name="_edn3">3</a> Magaña, K., García, S. y Mendoza, A. (20 de marzo, 2023). “Bajo el lirio”. Pie de Página. Puede verse <a href="https://piedepagina.mx/bajo-el-lirio/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ednref4" name="_edn4">4</a> Gobierno de México (24 de enero, 2023). Versión estenográfica. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 24 de enero de 2023. Puede verse <a href="https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-24-de-enero-de-2023" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Retos en materia de desaparición forzada

Desde el discurso gubernamental escuchamos continuamente que se está pacificando el país, que se están atendiendo las causas de la violencia, que ya no existen violaciones a los derechos humanos y que las Fuerzas Armadas cumplen su labor de salvaguardar a la población. Desafortunadamente nada de esto parece que está ocurriendo, o bien, aparentemente las autoridades viven en un multiverso alterno.
Hace algunos días, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) publicó el informe “<a href="https://www.indicedepazmexico.org/" target="_blank" rel="noopener">Índice de Paz México 2023</a>” (IPM), en el cual se identificaron y midieron algunos factores que pueden impulsar la paz en un territorio. Los indicadores que fueron utilizados para medir la paz son: homicidio, delitos con violencia, delitos cometidos con arma de fuego, crímenes de la delincuencia organizada y cárcel sin sentencia. Si bien el enfoque cuantitativo y el uso de estadísticas son valiosos para investigaciones y análisis de la violencia, también puede traer algunos riesgos y desaciertos que son importantes considerar.
El primero de ellos es la falta de representatividad en los registros de delitos, esto se debe a la carencia de un verdadero registro de incidencia delictiva, el cual supondría que debería de considerar la totalidad de eventos ocurridos sobre delitos en un espacio y un período de tiempo específico. Sin embargo, en México tenemos una grave situación de falta de denuncia, lo cual provoca que tengamos una cifra negra del 93 % de los delitos, es decir, los registros que presentan las fiscalías y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública solo representan el 7 % de la incidencia y en delitos como secuestro o extorsión son de aproximadamente 3 %. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Esta situación por ende ya genera un gran sesgo para conocer la realidad de las violencias que se presentan en el país.
Aunado a lo anterior, existe un sesgo en el registro y análisis de datos sobre delitos. Se supondría que las autoridades deberían de presentar de manera objetiva y sin interpretación los datos. Lo que desde Causa en Común hemos podido detectar son algunas anomalías y supuestas manipulaciones en algunos datos a través del subregistro y/o reclasificación de delitos.  Si bien existe una definición sobre las características que deben de cumplir los delitos para ser debidamente clasificados, los criterios utilizados desde las fiscalías a veces no son homogéneos como en el caso de la tipificación de feminicidios, o bien se utilizan clasificaciones como “otros delitos que atentan contra la vida”, “otros delitos que atentan contra la libertad personal” y “otros delitos contra la sociedad”, en donde se ha observado incrementos “peculiares” en los últimos años. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> De igual forma, estos cambios pueden dificultar la comparación de cifras entre diferentes períodos y afectar la consistencia de los datos.
Pese a ello, el Índice para la Paz en México ha informado que la tasa nacional de homicidios registró un aumento del 63 %, de 15.1 a 24.5 muertes por cada 100,000 habitantes entre 2015 y 2022, y tan solo 9 entidades del país registraron mejoras en sus tasas de homicidio; los 23 restantes se deterioraron. Lo anterior ha demostrado que muchos indicadores sobre la delincuencia siguen siendo mucho más altos hoy que en 2015, por lo cual se puede destacar que en la última década México se ha convertido en un lugar mucho más peligroso en el cual se han diversificado los tipos de violencias que aquejan a las personas.
Otro de los riesgos sobre el uso de registros delictivos es una simplificación excesiva, en la cual a menudo se tiende a generalizar una realidad que es compleja, lo que lleva a una pérdida de matices y detalles que son capturados o medidos mediante datos numéricos. A lo anterior se añade el riesgo de la falta de contexto en el análisis de las estadísticas, ya que a menudo carecen de una comprensión completa de los factores subyacentes. Por ejemplo, el IPM concluyó que algunas de las entidades más pacificas son Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipas y Nayarit, lo cual bajo sus indicadores de homicidios o crímenes de la delincuencia organizada puede ser real, pero eso no implica que la entidad se encuentre en paz, ya que dentro del contexto socio cultural existen otros tipos de violencia como lo son violaciones agravadas, violencia en el hogar, desplazamientos forzados, desapariciones, trata de personas, agresiones contra autoridades y asesinatos de activistas y miembros de la comunidad LGBTIQ, los cuales a veces se invisibilizan y por ende, deberían de ser cruciales para medir e interpretar el grado de paz de una entidad. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
Por último, el uso político que se le da a los datos de delitos es probablemente el riesgo más grave, ya que éstos se ocupan para vanagloriar “éxitos” gubernamentales bajo el criterio de mostrar una disminución en los índices delictivos y con ello intentar mejorar la percepción de seguridad. Pero lo que hemos observado es solo una reducción artificial y, dada la complejidad y limitaciones mencionadas, es importante analizar las cifras con precaución y considerar otros indicadores y fuentes de información que permitan obtener una imagen más completa de la situación de seguridad y criminalidad en el país.
Como hemos señalado, la calidad y precisión de las cifras de delitos pueden variar de una región a otra en México, por lo cual es indispensable poner el énfasis en la comprensión profunda de las violencias no solo a través de los datos, sino por medio de un enfoque cualitativo que permita capturar cualidades humanas complejas como emociones, valores o experiencias subjetivas. Será en la combinación de enfoques en donde podremos obtener una comprensión más completa del fenómeno de violencia y con ello mejorar estrategias de seguridad y paz que sean alcanzable y tangibles para el bienestar de la sociedad.
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Bibliografía: Instituto para la Economía y la Paz. Índice de Paz México 2023: identificación y medición de los factores que impulsan la paz, Sídney, mayo de 2023. Disponible <a href="http://visionofhumanity.org/resources" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> (consultado 30/05/2023).
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2022.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Disponible <a href="https://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2023/05/Informe-Incidencia-y-anomal%C3%ADas-Ene_Abr2023_Vweb.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Revisar “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios”. Disponible <a href="https://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2023/05/Atrocidades-enero-abril_VFweb.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

¿Y la paz que nos prometieron?

El pasado 11 de mayo finalizó el Título 42, una norma sanitaria utilizada durante la pandemia por COVID para expulsar a los migrantes que arribaban a Estados Unidos en busca de asilo. Durante los días previos se multiplicaron los temores de las autoridades a una situación caótica y un aumento masivo de migrantes intentando cruzar la frontera. Los medios también comunicaron la incertidumbre que la situación generó entre los migrantes al no saber cuál es el nuevo proceso para intentar ingresar a Estados Unidos y recibir información contradictoria. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Las posibilidades de acceso, en realidad, no han mejorado e, incluso según algunos expertos, han empeorado. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Estados Unidos ha anunciado que aplicará el Titulo 8, norma que dispone que los migrantes deberán haber ingresado por vías legales para poder solicitar asilo, solicitud que deberán hacer estando en un tercer país mediante una aplicación móvil. Aquellos migrantes que sean deportados, no podrán intentar solicitar asilo por 5 años y en caso de intentar otro ingreso enfrentaran cargos penales. Para las personas provenientes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití existe un programa diferenciado que también debe realizarse desde el exterior.
Por lo pronto, ante la incertidumbre y el temor de intentos masivos de cruce, las autoridades federales del vecino del norte ya han desplegado 24 mil agentes en la frontera y el gobernador de Texas ha anunciado un despliegue propio de elementos de la Guardia Nacional. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> A pesar del aumento de la presencia de migrantes en la frontera -el gobierno mexicano calcula que hay 26 mil migrantes en las frontera norte- <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> no se dieron los intentos masivos de cruce que se temían. Por fortuna, no hemos presenciado escenas como las de septiembre de 2021, en que la patrulla fronteriza persiguió con caballos a los migrantes que intentaban cruzar. El único evento contra los migrantes fue el desalojo, mediante presencia militar, de cientos de personas que acampaban frente a la Puerta 40 del muro fronterizo en Ciudad Juárez, esperando que al fin del Título 42 se les permitiera el ingreso a Estados Unidos. <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
Del lado mexicano, el principal problema es que no vemos ningún cambio sustancial en la política en la materia, ni siquiera después de la tragedia del pasado 27 de marzo en la que murieron 40 migrantes en un incendio dentro de un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM). En los días posteriores a la tragedia, presenciamos un penoso deslinde mediático de culpas, mediante el que ningún secretario de Estado se hizo responsable del tema, lo que ya apunta a una seria descoordinación en la materia. Tampoco en los cargos intermedios ha habido ninguna consecuencia ni deslinde de responsabilidad. Francisco Garduño, titular de INM, sigue ocupando ese puesto sin sufrir ninguna consecuencia política, por más que exista un proceso penal en su contra iniciado por la FGR. Apenas el mismo 12 de mayo, en Ciudad Juárez, tomaba posesión un nuevo delegado del INM: un civil, Manuel Alfonso Marín Salazar, con 10 años de experiencia dentro del Instituto en Baja California.
Aunque el cambio en el INM de Juárez parece positivo, los nombres poco importan si no son acompañados de un cambio en la política que este gobierno adoptó respecto a los migrantes: una política de militarización y criminalización de la migración. De acuerdo al último informe de seguridad presentado en la conferencia matutina del 2 de mayo, 25,845 elementos de Guardia Nacional y Fuerzas Armadas se encuentran desplegados en la misión Plan de migración en la frontera norte y sur, el 13% de los elementos desplegados en total por la corporaciones federales. <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a> En cambio, el INM solamente cuenta con 2,428 agentes, de acuerdo a la analítica presupuestal de la Secretaría de Hacienda. <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> Es decir, la política migratoria en realidad está en manos de las Fuerzas Armadas. Además, el mismo INM se militarizó, colocando como delegados en los estados a militares. De acuerdo a un seguimiento que Causa en común realiza desde 2018 de los militares en la esfera civil, al menos 44 militares han ocupado la posición de delegado del INM en 26 estados de la República.
Esta política militarista, aunada al aumento de los flujos migratorios que se ha venido reportando, se ha reflejado en violaciones a derechos humanos, de los que la tragedia de marzo en Juárez es solo una cúspide. Si bien el INM se encuentra permanentemente entre las diez instituciones con más expedientes de queja calificados por la CNDH como presuntamente violatorios de derechos humanos, el aumento de estos desde 2019 ha sido exponencial. <a href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a> El promedio de expediente calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos entre 2015 y 2018 fue de 582, el promedio entre 2019 y 2022 fue 1,284 con una clara tendencia a la alza, simplemente entre 2022 y 2021 el aumento fue del 72%. A esto habría que sumar las quejas contra la Guardia Nacional donde estuvieran involucrados migrantes.
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El fin del Título 42 parece un cóctel perfecto para empeorar la de por sí grave crisis humanitaria en la frontera, esperemos no presenciar nuevas desgracias. México tiene una tradición de asilo y una historia propia de migración a Estados Unidos, lo menos que podemos hacer es buscar mecanismos humanitarios de atención a la crisis y dejar de cumplir el indigno rol de muro fronterizo.
<a href="https://twitter.com/causaencomun" target="_blank" rel="noopener">@causaencomun</a>
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Reportado <a href="https://bit.ly/3pHGFJk" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Puede leerse <a href="https://bit.ly/41HPIrd" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> y <a href="https://bit.ly/3W74MgO" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Información de <a href="https://bit.ly/42SDOvE" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Información de <a href="https://bit.ly/42HGFro" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Reportado <a href="https://bit.ly/4594sSM" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Puede consultarse <a href="https://www.gob.mx/presidencia/documentos/informe-de-seguridad-2-de-mayo-de-2023?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Puede consultarse <a href="https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2022/analiticos_presupuestarios" target="_blank" rel="noopener">aquí.</a>
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> Información obtenida a partir de los Informes Anuales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se pueden consultar <a href="https://www.cndh.org.mx/pagina/informes-anuales-de-actividades" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

México ante el fin del Título 42

En las últimas semanas se ha presentado el debate sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de nuestras autoridades. La reciente inhabilitación del consejo del INAI debido a la omisión en la elección de comisionados por parte del Senado es un riesgo para que la opacidad y la corrupción se continúen arraigando en muchas de las áreas del gobierno. Debemos de recordar que el acceso a la información pública y un gobierno abierto son componentes centrales del desarrollo democrático de una sociedad, por lo cual resulta indispensable que se garantice el derecho a la información.
Ejercicios como el Censo Nacional de Gobierno Federal 2022, publicado por el INEGI, sirven como referente de transparencia para que la ciudadanía conozca aspectos fundamentales de la administración pública federal como lo son el número de personal, presupuestos, y acciones de control interno y anticorrupción. Por tal motivo, en las siguientes líneas se analizan algunos de los resultados del Censo enfocados principalmente a la información que brindan las instituciones de seguridad a nivel federal.
En cuestión del número de personal que labora en la administración pública federal, al cierre del de 2021, las instituciones federales reportaron 1,569,047 servidoras y servidores públicos. De acuerdo al Censo, el personal dedicado a funciones de seguridad nacional tuvo un decremento de 33.9 % de 2020 al 2021, pasando de 7,141 a 4,721, mientras que se incrementaron en 12.8% los miembros dedicados a funciones de seguridad pública de 32,313 a 36.449, siendo en su mayoría hombres, los que efectúan dichas actividades a nivel federal. Dentro de estas cifras existen algunas inconsistencias que resultan incomprensibles, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional tan solo reportó que cuenta con 2,056 miembros; la Secretaría de Marina 1,745; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 1,569 y la Guardia Nacional 21,942. Estas cifras no concuerdan con lo reportado en las conferencias de prensa matutinas, por ejemplo, en el primer informe de seguridad de 2022, las autoridades reportaron que, hasta diciembre de 2021, la GN contaba con 104,496 miembros. Resulta indispensable conocer cuáles son los criterios para reportar tan solo una parte de los miembros de la institución o a qué se deben estas discrepancias en las cifras, ya que instancias como la Secretaría de Salud y de Educación Pública reportan el total de sus funcionarios.
Los presupuestos y su destino es otros de los rubros que resultan indispensables para la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido el Censo planteó que la asignación de recursos a la administración federal durante 2021, fue de 4 billones 1,411 millones de pesos. De ese total, el 35 % se destinó a funciones vinculadas con combustibles y energía, mientras que la función de seguridad nacional acaparó el 4.5 % del presupuesto, la seguridad pública el 0.9 % y el arte y la cultura tan solo 0.4 %. Esta situación de disparidad en los presupuestos, da cuenta de las prioridades que tiene el gobierno en donde se apuesta más a los combustibles y la militarización que al desarrollo artístico y cultural.
Para dar cuenta del desarrollo presupuestal durante 2020 y 2021, a continuación, se muestra una tabla sobre los prepuestos de las instituciones encargadas de seguridad a nivel federal.
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En la tabla se puede apreciar que existe una variación muy alta entre el presupuesto aprobado y el ejercido en la SEDENA, SEMAR y SSPC. De igual forma no se comprende el motivo de la reducción sustancial del 28% del presupuesto que se ejerció en la Guardia Nacional durante 2021. El Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización, ha señalado que en términos de recursos deben también tomarse en cuenta el control directo o indirecto por parte de las Fuerzas Armadas de ingresos públicos diversos, como los generados para el Aeropuerto Felipe Ángeles, el “Tren maya” y el presupuesto de otras instituciones que hoy controlan como las aduanas, los puertos, el Instituto Nacional de Migración o la Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos Sanitarios, entre otras. Aunado a ello, la SEDENA ha aportado recursos humanos y materiales, para la construcción de instalaciones de la GN a través de la guía de comodato. Por ello resulta indispensable que todas las instituciones atraviesen por auditorías recurrentes a los presupuestos a fin de conocer el origen y destino del dinero que se ejerce.
Desafortunadamente la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y las acciones para combatir la corrupción en la administración pública federal se encuentra en un punto álgido durante los últimos años. Las autoridades de control, vigilancia y fiscalización aplicaron en 2021 tan solo 2,336 auditorías, una disminución del 41% con respecto a las 3,979 auditorías realizadas en el 2016. Asimismo, la mayoría de las acciones de auditoría son ejecutadas por los órganos internos de control y son mínimas las participaciones de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación.
También resulta importante señalar que, en 2021, los órganos internos de control y/o las unidades de asuntos internos recibieron 27,934 denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de las y los servidores públicos. Esto representó un aumento de 22.0 % en comparación con lo registrado en 2020.
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Como se puede observar en la gráfica, en el ámbito de las instituciones de seguridad, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa fueron las instituciones que recibieron un mayor número de denuncias por incumplimiento de obligaciones. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos las denuncias no procedieron, desconociendo el motivo por el cual fueron desechadas. Aunado a la opacidad para atender las denuncias existe un grado muy alto de ineficacia para dar resolución a las denuncias interpuestas. Ejemplo de lo anterior es que la GN sea la institución con mayor retraso en la resolución de denuncias, ya que de las 687 presentadas durante 2021, aún tenían 472 pendientes por atender a inicios de 2022.
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Cabe destacar que en los pocos casos en donde se efectúa una investigación por incumplimiento de funciones, el INEGI reportó que solo 106 funcionarios de las instituciones de seguridad fueron sancionados por una falta administrativa y declarando que éstas eran “no graves”, pese a que las razones más comunes se vinculaban con el ejercicio indebido del servicio público o el enriquecimiento ilícito. Para culminar con esta espiral de encubrimiento e impunidad, las instituciones de seguridad federal declararon que aquellas personas culpables solo se le ejerció una sanción de amonestación y/o suspensión del empleo, lo cual también pone en discusión la pertinencia de mejorar los mecanismos de control, evaluación y sanción por los que deben de atravesar los funcionarios dedicados a la seguridad del país.
Como se ha observado, ejercicios como los efectuados por el INEGI nos demuestra la importancia que tiene la transparencia y la rendición de cuentas, aunque también debemos de ser críticos al momento de encontrar inconsistencias, reserva de información y opacidad en las respuestas de las instituciones encargadas de la seguridad federal. Para finalizar, es indispensable que como ciudadanía sigamos exigiendo mecanismos de mayor transparencia, cuestionar la información que brindan las autoridades y defender nuestro derecho a conocer información de índole público.
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La necesidad de transparentar a las instituciones de seguridad

Recientemente, el INEGI presentó el documento “Los gobiernos municipales en México, volumen III: seguridad pública, justicia y buen gobierno”. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> En él, a partir de los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMyDT) 2021, se describen “las capacidades institucionales de los municipios del país para realizar las tareas de seguridad pública y atender los asuntos en materia de justicia cívica”. La publicación de este documento es un importante insumo para contar con un panorama del trabajo de los gobiernos municipales en la materia.
El documento aporta información relevante para comprender el abandono de las policías municipales al constatar que, al cierre del 2020, 28.2 % de las policías municipales no brindaban a sus elementos seguridad social; la situación resulta particularmente dramática en entidades como Chiapas, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Yucatán y Tlaxcala, donde más del 60 % de las policías municipales no los inscribían a alguna institución de seguridad social. Además, apenas la mitad de las policías brindaban vacaciones y solamente 10.1 % de los municipios ofrecieron prestaciones de apoyo para gastos funerarios y 6.5 % tuvieron apoyos para familiares de elementos caídos en el cumplimiento de su deber.
En el conjunto de los estados, el 55 % del presupuesto en seguridad pública municipal se destina al Capítulo 1000 dedicado principalmente al pago de salarios, habiendo estados como Tabasco, Colima o Baja California en que esta cifra rebasa el 75 %. El hecho de que una proporción tan grande del presupuesto se dedique al pago del personal limita los recursos para invertir en infraestructura, equipo o capacitación, y pone en mayor riesgo a los policías. Vale mencionar que Causa en común registró, mediante seguimiento hemerográfico, que entre 2018 y 2022 fueron asesinados por lo menos 1,192 policías municipales, el 53% de los policías asesinados en el periodo.
La mayoría de las notas periodísticas que retomaron el documento del INEGI, sin embargo, no recalcaron todas estas problemáticas, sino un solo dato como pauta para juzgar el estado de las policías municipales: la mitad de los municipios del país cuentan con menos de 1.8 policías por cada cien mil habitantes. Dicho valor está basado en el Modelo Óptimo de la Función Policial y se obtuvo de un promedio entre un supuesto estándar internacional construido por la UNODC (2.8 policías por cada mil habitantes) y el promedio de las entidades federativas al 31 de enero de 2017 (0.8 policías por cada mil habitantes).
Este estándar es problemático en varios niveles. En primer lugar, el supuesto estándar internacional no es tal, sino un promedio obtenido por la UNODC a través de una encuesta a los diferentes países miembros. La misma institución aclara que dicho resultado no es una recomendación de política y recuerda que, además, “los países utilizan diferentes métodos para cuantificar el tamaño de la fuerza de trabajo y para evaluar cuáles instituciones han de incluirse en la contabilidad. […] Asimismo, las tareas desempeñadas por la policía difieren de un país a otro”. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Además, en México se estableció ese estándar solamente para las policías estatales, con lo cual se dejaba a las policías municipales fuera del ámbito de las instituciones relevantes para la seguridad pública. Dicho Modelo ya no se encuentra vigente, pues en 2019 se aprobó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que lo sustituyó. En él, se establece que no puede definirse el número mínimo de policías a partir de una referencia poblacional, sino que debe hacerse “conforme a las necesidades operativas […] con base en la estrategia de cuadrantes, sectores de patrullaje y turnos policiales”. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
Más allá del número adecuado de policías, es necesario saber el estatus del desarrollo policial de las corporaciones locales. Además de las condiciones de trabajo de los y las policías municipales, que el documento del INEGI nos brinda, requerimos saber el estatus de la carrera policial, la profesionalización, el régimen disciplinario y la certificación –estas variables las ha estudiado Causa en común para las policías estatales en el Índice de Desarrollo Policial (INDEPOL). <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> Conocer esto nos permitiría contar con elementos para plantear las decisiones de política pública que ayuden a construir policías profesionales, capacitadas y confiables.
Contrario a ello, lo que tenemos en México es un abandono de las fuerzas locales y un acelerado proceso de militarización de la seguridad pública; es urgente detener esto, para ello es necesario contar con estándares y rutas para fortalecer a nuestras policías locales. Las policías municipales son las más abandonadas del país, la pregunta principal en estos momentos no es cuántos policías necesitamos, sino qué tipo de policías, en qué condiciones de trabajo y con qué herramientas y capacidades los necesitamos.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Puede consultarse <a href="https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463909194" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> UNODC. 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal: Situación de la delincuencia y la justicia penal en el mundo. Consultado <a href="https://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-Congress/Documents/A_CONF.213_3/V1050611s.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Puede consultarse <a href="https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/modelo-nacional-de-policia-y-justicia-civica-238637" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Las versiones 2017 y 2018 de INDEPOL pueden encontrarse <a href="https://causaencomun.org.mx/beta/indepol-indice-de-desarrollo-policial/" target="_blank" rel="noopener">aquí.</a>

No es cuántos, sino qué policías

Desde el inicio de la actual administración, Causa en Común y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han llevado a cabo un seguimiento puntual de algunas de las violaciones cometidas por el Gobierno Federal a las leyes que apuntalan la economía, los derechos humanos y la democracia. A finales de 2022 se publicó un artículo evidenciando las principales ilegalidades cometidas durante el año junto con la base de datos en donde se enuncian cada una de estas violaciones al marco legal. Tan solo el año pasado las organizaciones dieron cuenta de, al menos, 182 acciones u omisiones del Gobierno Federal consideradas ilegales y divididas en violaciones a: i) derechos humanos, al menos, 73; ii) nuestra democracia, al menos, 70, y iii) las reglas del sistema económico con, al menos, 39. Estos tres rubros bajo los cuales se categorizan las ilegalidades abarcan temas como salud, seguridad, migración, medioambiente, educación, uso de recursos públicos, entre otros.
Durante estos tres primeros meses del año hemos visto ejemplos claros de cómo el gobierno continúa, deliberadamente, cometiendo una serie de irregularidades que afectan de manera irremediable a miles de mexicanas y mexicanos. Al corte del mes de marzo se registraron 23 ilegalidades: 7 contra los derechos humanos, 13 contra la democracia y 6 contra las reglas del sistema económico.
Este inicio de año se ha caracterizado por la comisión de ilegalidades que debilitan la independencia de los órganos constitucionales autónomos y, consecuentemente, la democracia de nuestro país: primero con las reformas aprobadas y publicadas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en otras palabras la primera parte del “Plan B”;  más tarde en marzo fue completado el plan al publicarse la segunda parte, una serie de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación Electoral. Una serie de decisiones que, en resumen, representan una violación a los principios constitucionales de libertad de expresión, acceso a la información y publicidad oficial; una violación a los derechos político-electorales de las y los ciudadanos; un ataque a la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral (INE), y una alteración al sistema de procuración de justicia en materia electoral.
Pero estos embates contra el sistema democrático no se limitan al INE. Durante estos tres meses presenciamos también cómo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se quedó sin tres de sus consejeros inhabilitando al órgano constitucional autónomo para sesionar. El poder legislativo ha aplazado su responsabilidad de designar a los consejeros por más de 300 días, aun y cuando existen resoluciones de jueces federales que ordenan la designación inmediata de los mismos. Aunado a lo anterior, este trimestre se ha continuado con el ataque sistemático al Poder Judicial de la Federación, desde las terribles imágenes y demostraciones de violencia en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General de la República contra jueces federales por sus resoluciones contrarias a los intereses de la agenda política de Palacio Nacional.
En materia de seguridad se continúa con la militarización sin capacitación y contra todo obstáculo legal. En Xochimilco se construye un cuartel de la Guardia Nacional a pesar de existir una suspensión de obras dictada por un juez federal; el Metro de la Ciudad de México fue custodiado por elementos de la Guardia Nacional tras denuncias de la jefa de Gobierno de supuestos &#8220;sabotajes&#8221; contra su funcionamiento; elementos del ejército asesinan a jóvenes en Nuevo Laredo y son juzgados por tribunales castrenses, y se arrebata a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes parte de sus facultades al entregar el espacio aéreo mexicano al ejército a través de la publicación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo.
En materia de salud existe una escasez de medicinas psiquiátricas en 11 estados; en temas de migración recientemente se cometió un crimen de Estado en una estación migratoria de Ciudad Juárez al provocar la muerte de, al menos, 39 migrantes; en el uso de recursos públicos la Auditoría Superior de la Federación advierte pérdidas de hasta 77 mil millones de pesos por los megaproyectos del gobierno.
Este esfuerzo que realiza Causa en Común y MCCI continúa este año debido a la necesidad de seguir evidenciando cómo el Gobierno Federal parece que solo puede gobernar a través de violar la Constitución y, consecuentemente, los derechos de las y los mexicanos. En palabras de Pedro Salazar “La legalidad para el gobierno es un material maleable y funcional que, si es necesario, se ignora”, y en efecto pareciera que la actual administración ha encontrado la fórmula para pasar por encima de cualquier disposición normativa en aras de lograr su proyecto de gobierno. Lamentablemente la destrucción de las instituciones democráticas y el ataque al poder judicial nos deja pocas opciones para combatir este terrible maltrato que vive la Constitución y con ella nuestros derechos, garantías y libertades. Es por ello que resulta de enorme importancia que todos los mexicanos y mexicanas den un seguimiento puntual a las acciones ilegales del gobierno en el ámbito local, estatal y federal para denunciarlas públicamente.
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