La necesidad de transparentar a las instituciones de seguridad
En las últimas semanas se ha presentado el debate sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de nuestras autoridades. La reciente inhabilitación del consejo del INAI debido a la omisión en la elección de comisionados por parte del Senado es un riesgo para que la opacidad y la corrupción se continúen arraigando en muchas de las áreas del gobierno. Debemos de recordar que el acceso a la información pública y un gobierno abierto son componentes centrales del desarrollo democrático de una sociedad, por lo cual resulta indispensable que se garantice el derecho a la información.
Ejercicios como el Censo Nacional de Gobierno Federal 2022, publicado por el INEGI, sirven como referente de transparencia para que la ciudadanía conozca aspectos fundamentales de la administración pública federal como lo son el número de personal, presupuestos, y acciones de control interno y anticorrupción. Por tal motivo, en las siguientes líneas se analizan algunos de los resultados del Censo enfocados principalmente a la información que brindan las instituciones de seguridad a nivel federal.
En cuestión del número de personal que labora en la administración pública federal, al cierre del de 2021, las instituciones federales reportaron 1,569,047 servidoras y servidores públicos. De acuerdo al Censo, el personal dedicado a funciones de seguridad nacional tuvo un decremento de 33.9 % de 2020 al 2021, pasando de 7,141 a 4,721, mientras que se incrementaron en 12.8% los miembros dedicados a funciones de seguridad pública de 32,313 a 36.449, siendo en su mayoría hombres, los que efectúan dichas actividades a nivel federal. Dentro de estas cifras existen algunas inconsistencias que resultan incomprensibles, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional tan solo reportó que cuenta con 2,056 miembros; la Secretaría de Marina 1,745; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 1,569 y la Guardia Nacional 21,942. Estas cifras no concuerdan con lo reportado en las conferencias de prensa matutinas, por ejemplo, en el primer informe de seguridad de 2022, las autoridades reportaron que, hasta diciembre de 2021, la GN contaba con 104,496 miembros. Resulta indispensable conocer cuáles son los criterios para reportar tan solo una parte de los miembros de la institución o a qué se deben estas discrepancias en las cifras, ya que instancias como la Secretaría de Salud y de Educación Pública reportan el total de sus funcionarios.
Los presupuestos y su destino es otros de los rubros que resultan indispensables para la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido el Censo planteó que la asignación de recursos a la administración federal durante 2021, fue de 4 billones 1,411 millones de pesos. De ese total, el 35 % se destinó a funciones vinculadas con combustibles y energía, mientras que la función de seguridad nacional acaparó el 4.5 % del presupuesto, la seguridad pública el 0.9 % y el arte y la cultura tan solo 0.4 %. Esta situación de disparidad en los presupuestos, da cuenta de las prioridades que tiene el gobierno en donde se apuesta más a los combustibles y la militarización que al desarrollo artístico y cultural.
Para dar cuenta del desarrollo presupuestal durante 2020 y 2021, a continuación, se muestra una tabla sobre los prepuestos de las instituciones encargadas de seguridad a nivel federal.
En la tabla se puede apreciar que existe una variación muy alta entre el presupuesto aprobado y el ejercido en la SEDENA, SEMAR y SSPC. De igual forma no se comprende el motivo de la reducción sustancial del 28% del presupuesto que se ejerció en la Guardia Nacional durante 2021. El Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización, ha señalado que en términos de recursos deben también tomarse en cuenta el control directo o indirecto por parte de las Fuerzas Armadas de ingresos públicos diversos, como los generados para el Aeropuerto Felipe Ángeles, el “Tren maya” y el presupuesto de otras instituciones que hoy controlan como las aduanas, los puertos, el Instituto Nacional de Migración o la Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos Sanitarios, entre otras. Aunado a ello, la SEDENA ha aportado recursos humanos y materiales, para la construcción de instalaciones de la GN a través de la guía de comodato. Por ello resulta indispensable que todas las instituciones atraviesen por auditorías recurrentes a los presupuestos a fin de conocer el origen y destino del dinero que se ejerce.
Desafortunadamente la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y las acciones para combatir la corrupción en la administración pública federal se encuentra en un punto álgido durante los últimos años. Las autoridades de control, vigilancia y fiscalización aplicaron en 2021 tan solo 2,336 auditorías, una disminución del 41% con respecto a las 3,979 auditorías realizadas en el 2016. Asimismo, la mayoría de las acciones de auditoría son ejecutadas por los órganos internos de control y son mínimas las participaciones de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación.
También resulta importante señalar que, en 2021, los órganos internos de control y/o las unidades de asuntos internos recibieron 27,934 denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de las y los servidores públicos. Esto representó un aumento de 22.0 % en comparación con lo registrado en 2020.
Como se puede observar en la gráfica, en el ámbito de las instituciones de seguridad, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa fueron las instituciones que recibieron un mayor número de denuncias por incumplimiento de obligaciones. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos las denuncias no procedieron, desconociendo el motivo por el cual fueron desechadas. Aunado a la opacidad para atender las denuncias existe un grado muy alto de ineficacia para dar resolución a las denuncias interpuestas. Ejemplo de lo anterior es que la GN sea la institución con mayor retraso en la resolución de denuncias, ya que de las 687 presentadas durante 2021, aún tenían 472 pendientes por atender a inicios de 2022.
Cabe destacar que en los pocos casos en donde se efectúa una investigación por incumplimiento de funciones, el INEGI reportó que solo 106 funcionarios de las instituciones de seguridad fueron sancionados por una falta administrativa y declarando que éstas eran “no graves”, pese a que las razones más comunes se vinculaban con el ejercicio indebido del servicio público o el enriquecimiento ilícito. Para culminar con esta espiral de encubrimiento e impunidad, las instituciones de seguridad federal declararon que aquellas personas culpables solo se le ejerció una sanción de amonestación y/o suspensión del empleo, lo cual también pone en discusión la pertinencia de mejorar los mecanismos de control, evaluación y sanción por los que deben de atravesar los funcionarios dedicados a la seguridad del país.
Como se ha observado, ejercicios como los efectuados por el INEGI nos demuestra la importancia que tiene la transparencia y la rendición de cuentas, aunque también debemos de ser críticos al momento de encontrar inconsistencias, reserva de información y opacidad en las respuestas de las instituciones encargadas de la seguridad federal. Para finalizar, es indispensable que como ciudadanía sigamos exigiendo mecanismos de mayor transparencia, cuestionar la información que brindan las autoridades y defender nuestro derecho a conocer información de índole público.
El documento fechado en diciembre de 1942 se refiere específicamente a tres campos de concentración y contradice la versión que ha mantenido la Santa Sede.
Una carta recientemente descubierta sugiere que el papa Pío XII, durante la Segunda Guerra Mundial, recibió información detallada por parte de un jesuita alemán de confianza, según la cual hasta 6.000 judíos y polacos eran asesinados en cámaras de gas cada día en la Polonia ocupada por los alemanes.
Eso es significativo porque entra en conflicto con la posición oficial que ha mantenido la Santa Sede de que en ese momento la información con la que contaba la Iglesia sobre las atrocidades que estaban cometiendo los nazis era vaga y no estaba verificada.
La carta fue descubierta por el archivista del Vaticano Giovanni Coco y fue publicada el domingo en en el periódico italiano Corriere della Sera con la aprobación de funcionarios de la Santa Sede y con el título “Pío XII lo sabía”.
Fechada el 14 de diciembre de 1942, la epístola fue escrita por el padre Lother Koenig, un jesuita que formaba parte de la resistencia antinazi en Alemania, y estaba dirigida al secretario personal del Papa en el Vaticano, el padre Robert Leiber.
La carta hace referencia a tres campos nazis —Belzec, Auschwitz y Dachau— y sugiere que hay otras cartas entre Koenig y Leiber que o bien han desaparecido o aún no se han encontrado.
Para Coco, “la novedad e importancia de este documento deriva de que ahora tenemos la certeza de que la Iglesia católica en Alemania envió a Pío XII noticias exactas y detalladas sobre los crímenes que se estaban perpetrando contra los judíos”. Y por tanto el Vaticano “tenía información de que los campos de trabajo eran realmente fábricas de muerte”.
El historiador David Kertzer, autor de varios libros sobre el papa Pío XII y su papel en la guerra, le dijo a la BBC que lo novedoso de la carta es que “habla específicamente de los crematorios, de miles de judíos que eran arrojados a los hornos cada día”.
Y por otro lado, que fue presentada por un archivista del Vaticano.
“Me parece que muestra un esfuerzo en el Vaticano o al menos en partes del Vaticano por comenzar a aceptar esta historia”, agregó.
Documentos desclasificados
La carta se encontraba entre los documentos que hasta hace poco se guardaban de forma desordenada en la Secretaría de Estado del Vaticano, según Coco.
Para Suzanne Brown-Fleming, directora de Programas Académicos Internacionales en el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos en Washington, que estos archivos se den a conocer muestra que el Vaticano se estaba tomando en serio la declaración del papa Francisco de que “la Iglesia no tiene miedo de la historia”.
Francisco ordenó que los archivos de guerra se abrieran en 2019.
“Hay tanto un deseo como un apoyo a que se evalúen cuidadosamente los documentos desde una perspectiva científica, ya sea favorable o desfavorable (para el Vaticano) lo que los documentos revelan”, añadió Brown-Fleming.
“Con la apertura de los archivos vaticanos de este periodo hace tres años, hemos desenterrado una variedad de documentos que muestran lo bien informado que estaba el Papa sobre los intentos nazis de exterminar a los judíos de Europa desde el momento en que se pusieron en marcha”, le dijo Kertzer a la BBC.
“Esta es sólo una pieza más”, concluye.
Kertzer añade que, más que lo que han revelado esos documentos, “lo que ha dañado la reputación del Vaticano es su negativa a enfrentar esta historia con ojos claros”.
La disputa sobre el legado de Pío XII
El documento que se acaba de conocer probablemente alimentará el debate sobre el legado de Pío XII y su controversial campaña de beatificación, que actualmente se encuentra estancada.
Sus partidarios siempre han insistido en que el pontífice trabajó de maneras concretas detrás de escena para ayudar a los judíos y que no habló para evitar que empeorara la situación de los católicos en la Europa ocupada por los nazis.
Sus detractores afirman que por lo menos le faltó valor para dar a conocer la información que tenía a pesar de las peticiones directas de las potencias aliadas que luchaban contra Alemania.
Uno de los libros de Kertzer, además, reveló una larga y secreta negociación entre Hitler y Pío XII para alcanzar un acuerdo de no agresión.
Al final, la evidencia indica que el papel de Pío XII en la Segunda Guerra Mundial es ambiguo. Aunque consideraba que el nazismo era un movimiento político pagano que maltrataba a los católicos, no fue un Papa particularmente incómodo para el Tercer Reich.
Y tampoco denunció con claridad el exterminio judío, aunque quizás tenía conocimiento de la barbarie que estaba ocurriendo.
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