La necesidad de transparentar a las instituciones de seguridad
En las últimas semanas se ha presentado el debate sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de nuestras autoridades. La reciente inhabilitación del consejo del INAI debido a la omisión en la elección de comisionados por parte del Senado es un riesgo para que la opacidad y la corrupción se continúen arraigando en muchas de las áreas del gobierno. Debemos de recordar que el acceso a la información pública y un gobierno abierto son componentes centrales del desarrollo democrático de una sociedad, por lo cual resulta indispensable que se garantice el derecho a la información.
Ejercicios como el Censo Nacional de Gobierno Federal 2022, publicado por el INEGI, sirven como referente de transparencia para que la ciudadanía conozca aspectos fundamentales de la administración pública federal como lo son el número de personal, presupuestos, y acciones de control interno y anticorrupción. Por tal motivo, en las siguientes líneas se analizan algunos de los resultados del Censo enfocados principalmente a la información que brindan las instituciones de seguridad a nivel federal.
En cuestión del número de personal que labora en la administración pública federal, al cierre del de 2021, las instituciones federales reportaron 1,569,047 servidoras y servidores públicos. De acuerdo al Censo, el personal dedicado a funciones de seguridad nacional tuvo un decremento de 33.9 % de 2020 al 2021, pasando de 7,141 a 4,721, mientras que se incrementaron en 12.8% los miembros dedicados a funciones de seguridad pública de 32,313 a 36.449, siendo en su mayoría hombres, los que efectúan dichas actividades a nivel federal. Dentro de estas cifras existen algunas inconsistencias que resultan incomprensibles, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional tan solo reportó que cuenta con 2,056 miembros; la Secretaría de Marina 1,745; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 1,569 y la Guardia Nacional 21,942. Estas cifras no concuerdan con lo reportado en las conferencias de prensa matutinas, por ejemplo, en el primer informe de seguridad de 2022, las autoridades reportaron que, hasta diciembre de 2021, la GN contaba con 104,496 miembros. Resulta indispensable conocer cuáles son los criterios para reportar tan solo una parte de los miembros de la institución o a qué se deben estas discrepancias en las cifras, ya que instancias como la Secretaría de Salud y de Educación Pública reportan el total de sus funcionarios.
Los presupuestos y su destino es otros de los rubros que resultan indispensables para la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido el Censo planteó que la asignación de recursos a la administración federal durante 2021, fue de 4 billones 1,411 millones de pesos. De ese total, el 35 % se destinó a funciones vinculadas con combustibles y energía, mientras que la función de seguridad nacional acaparó el 4.5 % del presupuesto, la seguridad pública el 0.9 % y el arte y la cultura tan solo 0.4 %. Esta situación de disparidad en los presupuestos, da cuenta de las prioridades que tiene el gobierno en donde se apuesta más a los combustibles y la militarización que al desarrollo artístico y cultural.
Para dar cuenta del desarrollo presupuestal durante 2020 y 2021, a continuación, se muestra una tabla sobre los prepuestos de las instituciones encargadas de seguridad a nivel federal.
En la tabla se puede apreciar que existe una variación muy alta entre el presupuesto aprobado y el ejercido en la SEDENA, SEMAR y SSPC. De igual forma no se comprende el motivo de la reducción sustancial del 28% del presupuesto que se ejerció en la Guardia Nacional durante 2021. El Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización, ha señalado que en términos de recursos deben también tomarse en cuenta el control directo o indirecto por parte de las Fuerzas Armadas de ingresos públicos diversos, como los generados para el Aeropuerto Felipe Ángeles, el “Tren maya” y el presupuesto de otras instituciones que hoy controlan como las aduanas, los puertos, el Instituto Nacional de Migración o la Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos Sanitarios, entre otras. Aunado a ello, la SEDENA ha aportado recursos humanos y materiales, para la construcción de instalaciones de la GN a través de la guía de comodato. Por ello resulta indispensable que todas las instituciones atraviesen por auditorías recurrentes a los presupuestos a fin de conocer el origen y destino del dinero que se ejerce.
Desafortunadamente la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y las acciones para combatir la corrupción en la administración pública federal se encuentra en un punto álgido durante los últimos años. Las autoridades de control, vigilancia y fiscalización aplicaron en 2021 tan solo 2,336 auditorías, una disminución del 41% con respecto a las 3,979 auditorías realizadas en el 2016. Asimismo, la mayoría de las acciones de auditoría son ejecutadas por los órganos internos de control y son mínimas las participaciones de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación.
También resulta importante señalar que, en 2021, los órganos internos de control y/o las unidades de asuntos internos recibieron 27,934 denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de las y los servidores públicos. Esto representó un aumento de 22.0 % en comparación con lo registrado en 2020.
Como se puede observar en la gráfica, en el ámbito de las instituciones de seguridad, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa fueron las instituciones que recibieron un mayor número de denuncias por incumplimiento de obligaciones. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos las denuncias no procedieron, desconociendo el motivo por el cual fueron desechadas. Aunado a la opacidad para atender las denuncias existe un grado muy alto de ineficacia para dar resolución a las denuncias interpuestas. Ejemplo de lo anterior es que la GN sea la institución con mayor retraso en la resolución de denuncias, ya que de las 687 presentadas durante 2021, aún tenían 472 pendientes por atender a inicios de 2022.
Cabe destacar que en los pocos casos en donde se efectúa una investigación por incumplimiento de funciones, el INEGI reportó que solo 106 funcionarios de las instituciones de seguridad fueron sancionados por una falta administrativa y declarando que éstas eran “no graves”, pese a que las razones más comunes se vinculaban con el ejercicio indebido del servicio público o el enriquecimiento ilícito. Para culminar con esta espiral de encubrimiento e impunidad, las instituciones de seguridad federal declararon que aquellas personas culpables solo se le ejerció una sanción de amonestación y/o suspensión del empleo, lo cual también pone en discusión la pertinencia de mejorar los mecanismos de control, evaluación y sanción por los que deben de atravesar los funcionarios dedicados a la seguridad del país.
Como se ha observado, ejercicios como los efectuados por el INEGI nos demuestra la importancia que tiene la transparencia y la rendición de cuentas, aunque también debemos de ser críticos al momento de encontrar inconsistencias, reserva de información y opacidad en las respuestas de las instituciones encargadas de la seguridad federal. Para finalizar, es indispensable que como ciudadanía sigamos exigiendo mecanismos de mayor transparencia, cuestionar la información que brindan las autoridades y defender nuestro derecho a conocer información de índole público.
Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
“Lujoso”
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
“Los Chapitos”
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
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