De castigo a oportunidad: por qué las cárceles de México nos involucran a todxs
¿Por qué deberíamos prestar atención a las prisiones en México? ¿Por qué cuestionar la efectividad de nuestro sistema penitenciario? ¿Por qué escuchar las voces de aquellas personas que están privadas de su libertad? Estas son sólo algunas de las preguntas que me hice cuando, por curiosidad, comencé a investigar sobre las prisiones en México.
Lo que me encontré fue un sector de la población abandonado, sin condiciones dignas para vivir así como con un estigma y una discriminación social de gran magnitud. Me pregunté: ¿es realmente justo y útil que las personas privadas de su libertad vivan en condiciones que violan su dignidad y derechos humanos? ¿Realmente es efectivo que alguien pase 3, 5, 15, 30 o 50 años en prisión? Pero más importante aún, ¿quiénes son las personas que se encuentran detrás de las rejas?
En mi búsqueda conocí a La Cana, un proyecto que busca establecer un modelo de reinserción social integral para mujeres que han estado o están privadas de su libertad. Esta experiencia me llevó a comprender gradualmente la complejidad que rodea el sistema penitenciario en México. Aunque aún me quedan muchas dudas que aclarar, de algo sí estoy segura, todxs compartimos la gran responsabilidad de garantizar una reinserción efectiva para quienes buscan rehacer sus vidas después del encarcelamiento.
De acuerdo con el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la población en prisión está en riesgo constante de que sus derechos humanos sean violados por parte de las autoridades, desde el mismo momento de su detención hasta el transcurso de su proceso legal. Esta realidad no es sorprendente si consideramos la visión punitiva y deshumanizadora que a menudo se tiene hacia las personas privadas de su libertad. Sin una reflexión profunda sobre las razones detrás de los actos ilegales y un análisis de cada caso individual, las violaciones a los derechos humanos se vuelven lamentablemente comunes y sistemáticas.
En la mayoría de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, la reinserción es solo un concepto en el nombre. Y es que de acuerdo con la propia CNDH, más del 50 % de los penales carecen de atención adecuada para grupos vulnerables como adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad y la comunidad LGBTQ+. También, hay insuficiencia o inexistencia de actividades educativas, deportivas, y de prevención de adicciones o desintoxicación. A esto se suma la falta de servicios de salud y mecanismos eficientes para presentar quejas por violaciones a los derechos humanos, así como la deficiente gestión de expedientes legales.
Es claro que las necesidades de atención han rebasado la capacidad que tiene el propio Estado de cumplir con sus obligaciones para con las personas privadas de su libertad. Es en este punto donde la sociedad puede jugar un rol importante en el cumplimiento del objetivo final: una reinserción social efectiva de las personas privadas de su libertad. Sin embargo, para que esto suceda debe haber un interés y compromiso genuino de nuestra parte.
El primer paso es claro: debemos dejar de lado nuestras concepciones estigmatizantes y prejuicios hacia las personas privadas de su libertad. Debemos alejarnos de la crítica superficial y comprender la raíz del problema. Cuando se descubre quiénes son las personas que están en prisión, en su mayoría resultan ser personas jóvenes con una escolaridad que no rebasa la educación secundaria, cuyas oportunidades se han visto limitadas por circunstancias materiales. Negarles a quienes han estado privados de su libertad sus derechos fundamentales y dignidad, al tiempo que les robamos la oportunidad de rehacer sus vidas, equivale no solo a la criminalización de la pobreza, sino también a una privación de justicia restaurativa para las víctimas. La sociedad debe observar y exigir al sistema penitenciario que brinde a quienes salen de prisión las herramientas legales y laborales necesarias para reintegrarse exitosamente en la sociedad y reducir los factores individuales de reincidencia.
Si al abandonar la prisión, una persona carece de apoyo familiar, documentos oficiales, recursos económicos y enfrenta discriminación laboral por tener antecedentes penales, aumenta la probabilidad de verse empujada nuevamente hacia la criminalidad como último recurso para sobrevivir. Hasta que no reconozcamos que los Centros Penitenciarios deben ser catalizadores de oportunidades en lugar de caldo de cultivo para la delincuencia, continuaremos atrapados en el mismo círculo de criminalidad.
La reinserción social no es solo un problema gubernamental, es una cuestión social y humana. Nuestra responsabilidad colectiva es esencial para transformar un sistema que ha fallado a muchas personas y comunidades. Al unir nuestras voces y acciones, podemos ser agentes de cambio en la lucha por una sociedad más justa y solidaria, en la que la reinserción sea la regla y no la excepción.
* Rebeca Ávila es coordinadora de Procuración de Fondos, Monitoreo y Evaluación de @LaCanaMx.
Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
“Lujoso”
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
“Los Chapitos”
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
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