De castigo a oportunidad: por qué las cárceles de México nos involucran a todxs
¿Por qué deberíamos prestar atención a las prisiones en México? ¿Por qué cuestionar la efectividad de nuestro sistema penitenciario? ¿Por qué escuchar las voces de aquellas personas que están privadas de su libertad? Estas son sólo algunas de las preguntas que me hice cuando, por curiosidad, comencé a investigar sobre las prisiones en México.
Lo que me encontré fue un sector de la población abandonado, sin condiciones dignas para vivir así como con un estigma y una discriminación social de gran magnitud. Me pregunté: ¿es realmente justo y útil que las personas privadas de su libertad vivan en condiciones que violan su dignidad y derechos humanos? ¿Realmente es efectivo que alguien pase 3, 5, 15, 30 o 50 años en prisión? Pero más importante aún, ¿quiénes son las personas que se encuentran detrás de las rejas?
En mi búsqueda conocí a La Cana, un proyecto que busca establecer un modelo de reinserción social integral para mujeres que han estado o están privadas de su libertad. Esta experiencia me llevó a comprender gradualmente la complejidad que rodea el sistema penitenciario en México. Aunque aún me quedan muchas dudas que aclarar, de algo sí estoy segura, todxs compartimos la gran responsabilidad de garantizar una reinserción efectiva para quienes buscan rehacer sus vidas después del encarcelamiento.
De acuerdo con el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la población en prisión está en riesgo constante de que sus derechos humanos sean violados por parte de las autoridades, desde el mismo momento de su detención hasta el transcurso de su proceso legal. Esta realidad no es sorprendente si consideramos la visión punitiva y deshumanizadora que a menudo se tiene hacia las personas privadas de su libertad. Sin una reflexión profunda sobre las razones detrás de los actos ilegales y un análisis de cada caso individual, las violaciones a los derechos humanos se vuelven lamentablemente comunes y sistemáticas.
En la mayoría de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, la reinserción es solo un concepto en el nombre. Y es que de acuerdo con la propia CNDH, más del 50 % de los penales carecen de atención adecuada para grupos vulnerables como adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad y la comunidad LGBTQ+. También, hay insuficiencia o inexistencia de actividades educativas, deportivas, y de prevención de adicciones o desintoxicación. A esto se suma la falta de servicios de salud y mecanismos eficientes para presentar quejas por violaciones a los derechos humanos, así como la deficiente gestión de expedientes legales.
Es claro que las necesidades de atención han rebasado la capacidad que tiene el propio Estado de cumplir con sus obligaciones para con las personas privadas de su libertad. Es en este punto donde la sociedad puede jugar un rol importante en el cumplimiento del objetivo final: una reinserción social efectiva de las personas privadas de su libertad. Sin embargo, para que esto suceda debe haber un interés y compromiso genuino de nuestra parte.
El primer paso es claro: debemos dejar de lado nuestras concepciones estigmatizantes y prejuicios hacia las personas privadas de su libertad. Debemos alejarnos de la crítica superficial y comprender la raíz del problema. Cuando se descubre quiénes son las personas que están en prisión, en su mayoría resultan ser personas jóvenes con una escolaridad que no rebasa la educación secundaria, cuyas oportunidades se han visto limitadas por circunstancias materiales. Negarles a quienes han estado privados de su libertad sus derechos fundamentales y dignidad, al tiempo que les robamos la oportunidad de rehacer sus vidas, equivale no solo a la criminalización de la pobreza, sino también a una privación de justicia restaurativa para las víctimas. La sociedad debe observar y exigir al sistema penitenciario que brinde a quienes salen de prisión las herramientas legales y laborales necesarias para reintegrarse exitosamente en la sociedad y reducir los factores individuales de reincidencia.
Si al abandonar la prisión, una persona carece de apoyo familiar, documentos oficiales, recursos económicos y enfrenta discriminación laboral por tener antecedentes penales, aumenta la probabilidad de verse empujada nuevamente hacia la criminalidad como último recurso para sobrevivir. Hasta que no reconozcamos que los Centros Penitenciarios deben ser catalizadores de oportunidades en lugar de caldo de cultivo para la delincuencia, continuaremos atrapados en el mismo círculo de criminalidad.
La reinserción social no es solo un problema gubernamental, es una cuestión social y humana. Nuestra responsabilidad colectiva es esencial para transformar un sistema que ha fallado a muchas personas y comunidades. Al unir nuestras voces y acciones, podemos ser agentes de cambio en la lucha por una sociedad más justa y solidaria, en la que la reinserción sea la regla y no la excepción.
* Rebeca Ávila es coordinadora de Procuración de Fondos, Monitoreo y Evaluación de @LaCanaMx.
La supuesta red de trata de personas reclutaba gente en Cuba para que lucharan junto a las tropas rusas en la guerra de Ucrania.
La desarticulación de una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso en Ucrania se ha saldado, por el momento, con la detención de 17 personas en la isla, según han informado medios oficiales.
La red prometía empleo y un sueldo sustancial en Rusia a los reclutados.
Dos jóvenes denunciaron la semana pasada haber viajado engañados, pensando que iban a trabajar en la construcción.
De los arrestados, hasta el momento, tres eran miembros del esquema de reclutamiento dentro de la isla, que era dirigido desde el exterior, según señalaron especialistas de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior al diario digital “Cuba Debate”.
Los otros 14 aseguraron haberse sumado de forma voluntaria a la operación, a cambio de obtener la residencia en Rusia y de una importante remuneración económica.
Sus confesiones, además de la intervención de las comunicaciones de la cabecilla del grupo a nivel interno con el resto de implicados, han permitido a los investigadores conocer cómo operaba el grupo y recabar, según el medio oficial, las pruebas penales contra los detenidos.
Al parecer, los reclutadores buscaban especialmente personas que tuvieran antecedentes penales o que pertenecieran a familias disfuncionales.
La red también buscaba mercenarios entre los cubanos radicados en Rusia, donde existe una creciente comunidad. Debido a que Moscú no exige visado a los nacionales de Cuba, se calcula que, solo en 2019, 28.000 cubanos ingresaron en Rusia, aunque no está claro cuántos decidieron quedarse.
Por el momento se desconoce los delitos de los que se acusa a los 17 detenidos, aunque según “Cuba Debate”, el marco legislativo cubano establece sanciones severas para delitos como la trata, el tráfico y el mercenarismo.
Cuba, aliada de Moscú, no ha ocultado su apoyo político a Rusia en su guerra en Ucrania, según analiza Pascal Fletcher, de BBC Monitoring. Rusia es un importante socio comercial para la isla y, desde el inicio de la invasión, los medios oficialistas y el ejecutivo han defendido el relato ruso del conflicto.
“Mercenarios”
Varios medios en Miami, donde se encuentra gran parte del exilio cubano, habían informado de la presencia de mercenarios cubanos que luchaban en Ucrania en las filas rusas, y el pasado mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército de ese país, según desveló el portal de noticias ruso “Ryazan Gazette”.
De acuerdo con el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único de cerca de US$5.000.
Según explica Fletcher, el gobierno de Cuba prefiere utilizar el término “mercenarios” para condenar a los disidentes internos y a los activistas antigubernamentales que, según afirma, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, “por lo que escuchar a los medios cubanos en el exilio acusar a Rusia de utilizar a los cubanos como ‘mercenarios’ y ‘carne de cañón’ en Ucrania es un anatema para las autoridades cubanas”.
En un comunicado, el gobierno de La Habana ha querido dejar claro que “Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania”, y que “está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.
El pasado 1 de septiembre, dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en redes sociales que fueron llevados a Rusia mediante engaños.
Ambos jóvenes aseguraron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.
“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.
Apenas cuatro días después, el gobierno de Cuba anunciaba la desmantelación de una banda de tráfico de personas “que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
