LA CANA es un proyecto social que busca crear oportunidades de trabajo y de desarrollo personal para las mujeres privadas de su libertad, mediante la implementación de diversos programas y talleres que contribuyan a su reinserción social; confiamos en las segundas oportunidades y buscamos convertir las cárceles en lugares de oportunidad y no de castigo.

Historias tras las rejas

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Durante mi trabajo en La Cana he escuchado en más de una ocasión casos en los que mujeres fueron encontradas culpables por defenderse, al ser víctimas de una agresión por parte de sus parejas. Al escuchar cómo relatan sus historias se percibe una mezcla de tristeza, frustración y, sobre todo, miedo que experimentaron en ese momento. Estos sentimientos las llevaron a actuar de una u otra manera, pero siempre con un objetivo claro: sobrevivir.
Según la <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares </a>(ENDIREH) realizada por el INEGI en 2021, el 39.9 % de las mujeres ha sufrido violencia en alguna etapa de su relación actual o anterior. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> De acuerdo con esta encuesta, <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf" target="_blank" rel="noopener">las mujeres experimentan más violencia en el ámbito de las relaciones de pareja</a> que en el trabajo, la escuela o el entorno familiar. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Es en las relaciones sentimentales donde las mujeres se encuentran más vulnerables y propensas a sufrir algún tipo de violencia.
A pesar del elevado porcentaje de mujeres que enfrentan violencia, la mayoría de ellas no busca apoyo ni se atreve a presentar denuncias o quejas al respecto. Es alarmante que, según la ENDIREH, el 22.2 % de las mujeres no haya denunciado ni buscado ayuda debido al temor a las posibles consecuencias. La ausencia de medidas efectivas para garantizar justicia y protección a mujeres víctimas de violencia debería ser motivo de reflexión para las autoridades.
Muchas mujeres se ven forzadas a defenderse por sí mismas, enfrentando graves consecuencias que incluyen el riesgo de ser encarceladas, como resultado de la falta de un enfoque con perspectiva de género en el sistema de justicia. La realidad es que la legislación actual tampoco brinda un respaldo adecuado a las mujeres. Muchas son juzgadas y encontradas culpables de delitos por &#8220;exceso en la legítima defensa&#8221;, es decir, por defenderse de manera que causan más daño del que están recibiendo o porque su respuesta defensiva no se considera razonablemente necesaria.
La legislación actual plantea un dilema: ¿dónde se traza la línea entre la legítima defensa y el exceso en la misma, y quién o qué establece este límite? Además, es crucial considerar qué habría sucedido si la persona no se hubiera defendido en una situación de peligro. Ante la problemática de la violencia de género en nuestro país, es fundamental que se establezcan reglas claras que brinden protección efectiva a las mujeres frente a sus agresores.
En este contexto, el Congreso de Baja California aprobó la denominada Ley Alina, nombrada en honor a Alina Narciso, una expolicía municipal de Tijuana. Alina se convirtió en víctima de un intento de homicidio perpetrado por su pareja sentimental, y en un acto de defensa propia, logró desarmarlo y disparar en su contra. Este incidente resultó en una condena inicial de 45 años de prisión para Alina; no obstante, la sentencia del Juez de primera instancia fue posteriormente revocada, reconociendo que Alina había actuado en legítima defensa.
Mediante una reforma que modifica diversos artículos al Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, <a href="https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Dictamenes/20230824_18_IGUALDADDEGENERO.pdf" target="_blank" rel="noopener">el congreso local aprobó ampliar las situaciones en las que se puede presumir legítima defensa</a>, especialmente en casos donde una mujer haya sido víctima o esté en peligro de serlo debido a violencia física, psicológica, sexual o feminicida, y repela una agresión, incluso si se excede en la respuesta. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
Además, se establece una importante obligación para las autoridades: actuar con perspectiva de género en los casos de legítima defensa. Se introduce un criterio que no considera exceso de legítima defensa cuando la persona agredida experimenta miedo, terror o confusión que afecta su capacidad de respuesta.
La Ley Alina es, sin duda, un punto de partida para establecer un marco legal que proteja a las mujeres que actúen en legítima defensa al ser víctimas de violencia. Sin embargo, es esencial que esta reforma inspire y motive a otras entidades federativas a tomar medidas similares y a continuar trabajando para garantizar que las víctimas reciban la protección que necesitan.
Es igualmente crucial que se impulse un enfoque de perspectiva de género, que garantice que las autoridades evalúen las circunstancias específicas de cada caso; y se promueva una justicia que sea un instrumento para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en México.
<a href="https://twitter.com/LaCanaMx" target="_blank" rel="noopener">@LaCanaMx</a>
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones (ENDIREH) 2021. Principales Resultados. INEGI. Disponible <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Ibid.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Dictamen número 18 de la Comisión de Igualdad de Género. Disponible <a href="https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Dictamenes/20230824_18_IGUALDADDEGENERO.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

El dilema de la legítima defensa

¿Por qué deberíamos prestar atención a las prisiones en México? ¿Por qué cuestionar la efectividad de nuestro sistema penitenciario? ¿Por qué escuchar las voces de aquellas personas que están privadas de su libertad? Estas son sólo algunas de las preguntas que me hice cuando, por curiosidad, comencé a investigar sobre las prisiones en México.
Lo que me encontré fue un sector de la población abandonado, sin condiciones dignas para vivir así como con un estigma y una discriminación social de gran magnitud. Me pregunté: ¿es realmente justo y útil que las personas privadas de su libertad vivan en condiciones que violan su dignidad y derechos humanos? ¿Realmente es efectivo que alguien pase 3, 5, 15, 30 o 50 años en prisión? Pero más importante aún, ¿quiénes son las personas que se encuentran detrás de las rejas?
En mi búsqueda conocí a La Cana, un proyecto que busca establecer un modelo de reinserción social integral para mujeres que han estado o están privadas de su libertad. Esta experiencia me llevó a comprender gradualmente la complejidad que rodea el sistema penitenciario en México. Aunque aún me quedan muchas dudas que aclarar, de algo sí estoy segura, todxs compartimos la gran responsabilidad de garantizar una reinserción efectiva para quienes buscan rehacer sus vidas después del encarcelamiento.
De acuerdo con el &#8220;<a href="https://www.cndh.org.mx/documento/diagnostico-nacional-de-supervision-penitenciaria-2022" target="_blank" rel="noopener">Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022</a>&#8221; de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la población en prisión está en riesgo constante de que sus derechos humanos sean violados por parte de las autoridades, desde el mismo momento de su detención hasta el transcurso de su proceso legal. Esta realidad no es sorprendente si consideramos la visión punitiva y deshumanizadora que a menudo se tiene hacia las personas privadas de su libertad. Sin una reflexión profunda sobre las razones detrás de los actos ilegales y un análisis de cada caso individual, las violaciones a los derechos humanos se vuelven lamentablemente comunes y sistemáticas.
En la mayoría de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, la reinserción es solo un concepto en el nombre. Y es que de acuerdo con la propia CNDH, más del 50 % de los penales carecen de atención adecuada para grupos vulnerables como adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad y la comunidad LGBTQ+. También, hay insuficiencia o inexistencia de actividades educativas, deportivas, y de prevención de adicciones o desintoxicación. A esto se suma la falta de servicios de salud y mecanismos eficientes para presentar quejas por violaciones a los derechos humanos, así como la deficiente gestión de expedientes legales.
Es claro que las necesidades de atención han rebasado la capacidad que tiene el propio Estado de cumplir con sus obligaciones para con las personas privadas de su libertad. Es en este punto donde la sociedad puede jugar un rol importante en el cumplimiento del objetivo final: una reinserción social efectiva de las personas privadas de su libertad. Sin embargo, para que esto suceda debe haber un interés y compromiso genuino de nuestra parte.
El primer paso es claro: debemos dejar de lado nuestras concepciones estigmatizantes y prejuicios hacia las personas privadas de su libertad. Debemos alejarnos de la crítica superficial y comprender la raíz del problema. Cuando se descubre quiénes son las personas que están en prisión, en su mayoría resultan ser personas jóvenes con una escolaridad que no rebasa la educación secundaria, cuyas oportunidades se han visto limitadas por circunstancias materiales. Negarles a quienes han estado privados de su libertad sus derechos fundamentales y dignidad, al tiempo que les robamos la oportunidad de rehacer sus vidas, equivale no solo a la criminalización de la pobreza, sino también a una privación de justicia restaurativa para las víctimas. La sociedad debe observar y exigir al sistema penitenciario que brinde a quienes salen de prisión las herramientas legales y laborales necesarias para reintegrarse exitosamente en la sociedad y reducir los factores individuales de reincidencia.
Si al abandonar la prisión, una persona carece de apoyo familiar, documentos oficiales, recursos económicos y enfrenta discriminación laboral por tener  antecedentes penales, aumenta la probabilidad de verse empujada nuevamente hacia la criminalidad como último recurso para sobrevivir. Hasta que no reconozcamos que los Centros Penitenciarios deben ser catalizadores de oportunidades en lugar de caldo de cultivo para la delincuencia, continuaremos atrapados en el mismo círculo de criminalidad.
La reinserción social no es solo un problema gubernamental, es una cuestión social y humana. Nuestra responsabilidad colectiva es esencial para transformar un sistema que ha fallado a muchas personas y comunidades. Al unir nuestras voces y acciones, podemos ser agentes de cambio en la lucha por una sociedad más justa y solidaria, en la que la reinserción sea la regla y no la excepción.
* Rebeca Ávila es coordinadora de Procuración de Fondos, Monitoreo y Evaluación de <a href="https://twitter.com/LaCanaMx" target="_blank" rel="noopener">@LaCanaMx</a>.

De castigo a oportunidad: por qué las cárceles de México nos involucran a todxs

Romina me contó cómo hace poco más de una década las autoridades la detuvieron en su propio hogar sin motivo, en un intento de aprehender a su pareja, quien no se encontraba presente en ese momento; fue entonces cuando descubrió que su marido estaba involucrado en robos con violencia, además de abusar física y psicológicamente de ella así como de su hija e hijo menores de edad. En medio del caos y sin oportunidad de ordenar sus pensamientos, dejó atrás todo lo que conocía sólo para comenzar un proceso legal incierto, que la obligó a pagar una sentencia que no merecía.
Con confianza compartió conmigo que su privación de libertad no fue su única preocupación, pues su hija e hijo se encontraban fuera, cerca del agresor responsable de los delitos por los que la culparon injustamente y quien, en la ausencia de ella, encontró la facilidad de abusar sexualmente de su ambos menores.
Fue con el apoyo de su hermana que pudo descubrir la situación y alejar a esta persona de su familia, pero no sin culparse a ella misma por no haber actuado a tiempo, a pesar de no ser la responsable de lo sucedido.
Historias como la de Romina nos hablan de la compleja realidad que viven muchas mujeres dentro de los centros penitenciarios y de la importancia de crear espacios dedicados a escuchar y atender las necesidades de las mujeres en las cárceles. Y es que aún se escuchan voces preguntando por qué acercar asesoría jurídica y atención psicológica a quienes están privadas de su libertad en penales de la periferia, por qué brindar capacitación laboral y educativa en estos espacios de reclusión o por qué el interés y urgencia de abrir escenarios que procuren nuevas experiencias para las mujeres que han conseguido salir de entornos violentos. La razón es muy clara: porque el sistema penitenciario continúa reproduciendo desigualdades, promoviendo violencias y vulnerando poblaciones sin hacerse cargo de las consecuencias en las distintas esferas de impacto.
En todos los contextos y en las historias de mujeres que confían en el trabajo del equipo de La Cana siempre encontramos una razón adicional para actuar; este proyecto se centra en lograr una reintegración social efectiva e integral, entendiendo que no se trata solo de &#8220;dar voz&#8221; a las mujeres privadas de libertad, ya que eso es algo que ellas ya poseen. En cambio, se trata de silenciar a aquellos que injustamente imponen su poder para lograr escucharnos, entendernos y acompañarnos en la reconstrucción del tejido social, yendo hombro a hombro con mujeres culpadas injustificadamente, de otras dispuestas a aceptar responsabilidades y comprometidas con su propio aprendizaje y un diferente proyecto de vida, y de otras más que nos mantenemos firmes ante arduos procedimientos.
Ser parte de un colectivo de mujeres comprometidas con escuchar, entender y sanar en medio de situaciones complejas significa también un lazo poderoso. Es una demostración palpable de que siempre habrá alguna persona dispuesta a acompañar, dentro o fuera de las rejas, y muestra que no es necesario enfrentar la vida en soledad, ya que siempre habrá otra mujer dispuesta a compartir y construir en el proceso.
Cada día escucho una razón más para seguir dedicándome a esto, a la reinserción social.
* Claudia Rodríguez es Coordinadora Operativa en <a href="https://twitter.com/LaCanaMx" target="_blank" rel="noopener">@LaCanaMx</a>.

Mujeres privadas de su libertad: siempre escuchamos una razón más

Fui privada de mi libertad durante 13 meses, tras las rejas de un penal del Estado de México, en una estancia identificada como la celda 14. Compartí ese espacio de aproximadamente 10 metros de largo por 5 de ancho con más de 100 mujeres, junto a las que experimenté una realidad que la mayoría desconoce y que, a menudo, se encuentra oculta tras los muros de las prisiones.
La celda no era precisamente un espacio acogedor. Tenía un espacio para bañarnos en el que no existía la privacidad, pues teníamos prohibido colocar cortinas o cualquier cosa que brindara algo de intimidad. Una pequeña pared separaba tres inodoros, de los cuales solo uno solía funcionar adecuadamente.
Las camas, si así pueden llamarse, consistían en planchas de concreto de pequeñas dimensiones en las que dormían dos personas, apiladas hasta cuatro niveles hacia arriba, sin escaleras. Dado el hacinamiento, a mí me fue asignado un pequeño espacio entre el suelo y la primera plancha de concreto, conocido como &#8220;catarata&#8221;, donde dormí durante más de un año.
La falta de condiciones adecuadas para dormir, sumado a la presencia de plagas como cucarachas y chinches, hacían que descansar y conciliar el sueño fueran un reto constante. A eso se sumaban las madrugadas en las que, sin previo aviso, decenas de policías ingresaban para hacer operativos, en los que nos hacían salir al patio, mientras revisaban nuestras pertenencias, que muchas veces solían dejar mojadas o destrozadas.
Cada día en prisión estaba marcado por estrictos horarios y pases de lista que suelen empezar entre las 4 o 5 de la mañana. A partir de ahí iniciaba la talacha, como se le que conoce a las tareas de limpieza, en las que teníamos apenas 30 minutos para guardar bien nuestras cosas para evitar que otras compañeras nos las robaran. Obtener alimentos, acceder al lavadero para lavar la ropa o poder participar en talleres productivos para generar algún ingreso dentro de prisión, siempre implicaba enfrentar largas filas donde, en ocasiones, resultaba imposible encontrar un lugar disponible.
En estas circunstancias, los teléfonos eran un bien escaso y muy demandado. Solo dos equipos de seis estaban disponibles para el uso de todas las mujeres privadas ahí de su libertad, lo que significaba filas y esperas prolongadas para poder comunicarnos con nuestros seres queridos.
A pesar de la desesperanza y la monotonía que impregnaba cada día en la cárcel, las llamadas a mi hijo se convirtieron en mi ancla emocional. Cuando La Cana, una organización que brinda apoyo y actividades productivas a las personas en situación de reclusión, llegó al penal, encontré una luz de esperanza. Esta organización llegó tras una noche en la que había considerado quitarme la vida, debido a la falta de recursos legales y la complejidad de los trámites para recuperar mi libertad, mientras veía constantemente cómo mi familia sufría.
Gracias a su intervención, mi estancia en la cárcel se volvió más tolerable. Pude cambiar de taller productivo -inicialmente trabajaba haciendo figuras de foamy donde podía ganar alrededor de 5 pesos por kit- además de encontrar algo de paz en el bordado, también recibía artículos de higiene personal y era invitada a otras actividades. Mis ingresos aumentaron, comencé a bordar ganándome por una figura bordada los mismos 50 pesos que podían llegar a ganar las más expertas en el otro taller, pero en menos horas de trabajo.
Finalmente, un día me concedieron el beneficio del brazalete electrónico, lo que me llenó de felicidad. Sin embargo, uno de los requisitos era conseguir un trabajo fuera de la cárcel, lo que parecía un desafío insuperable dada mi situación de reclusión. Fue así que inició mi segunda experiencia con La Cana. Ellas se ofrecieron como mi aval laboral, y así seguí trabajando con ellas fuera de la cárcel. Pasado un tiempo, me quitaron el brazalete y yo continué con ellas teniendo un empleo formal. Desde entonces, tanto a mí como a mi familia nos han brindado su apoyo incondicional y nos han acogido a todos.
La cárcel, sin embargo, no es lo que muchas veces se muestra en la televisión o se cuenta en pláticas. Es un lugar donde se pierde mucho más que la libertad legal; es una pérdida emocional, física y espiritual. Se es privado de la propiedad más preciada: el control sobre nuestra vida, nuestra alma y nuestro destino.
Es fundamental que entendamos la urgente necesidad de reformar los sistemas penitenciarios y abogar por condiciones humanas y respetuosas en los centros de detención. La reinserción social debe ser un objetivo central en el proceso de privación de la libertad.
Mi experiencia en la cárcel me ha enseñado que no debemos juzgar a las personas por su pasado, sino brindarles una oportunidad de cambiar y rehacer sus vidas. Nadie merece una eternidad de sufrimiento tras las rejas. Es hora de que la sociedad mire más allá del estigma y apoye la transformación de quienes, como yo, han vivido un día en la cárcel que se siente como una eternidad.
<a href="https://twitter.com/LaCanaMx" target="_blank" rel="noopener">@LaCanaMx</a>

Un día en la cárcel, una eternidad

Hace algunos años, en un centro penitenciario del Estado de México, comencé a platicar con una mujer de nombre Carmen. Supe que ya estaba sentenciada porque vestía de beige, color con el que por regla general se identifica a quienes ya han sido juzgadas. Carmen me pareció muy activa y alegre; conforme iba avanzando la plática me di cuenta que también era muy inteligente; me costaba mucho imaginar que alguien como ella pudiera cometer un delito.
Al final de nuestra conversación, cuando estábamos prácticamente despidiéndonos, no me pude contener y le pregunté por qué estaba ahí; ella me respondió: “estoy aquí por un homicidio que sí cometí y que volvería a cometer”.
Sus palabras me causaron intriga y le pedí que me contara por qué me decía eso con tanta seguridad, ella me platicó que fue sentenciada por haber asesinado a su esposo después de haber estado con él por más de 20 años en un matrimonio arreglado.
Carmen sufría todos los días de abusos, agresiones y violencia por parte de su marido. Escuché comentarios como: “me violaba por deporte”, “me iba mucho peor cuando estaba borracho”, “yo no valía nada para él”.
Continuó con la historia y me dijo que un día no aguantó más. No podía soportar que la violara una vez más, tampoco que la golpeara de nuevo. Lo escuchó entrar, estaba borracho, lo conocía perfecto; conocía qué iba a pasar. Ella estaba apanicada, escondida y pensando en lo que le esperaría. “Prefería morir que seguir viviendo así”, me dijo Carmen.
Su esposo la atacó; ella logró escapar y tomó un cuchillo de la cocina, no era la primera vez que lo amenazaba con clavárselo si se acercaba; en algunas ocasiones había funcionado y su esposo se alejaba, en otras parecía que no existía el cuchillo y ella no tenía el valor de encajárselo por miedo.
“Ese día no sé de dónde saqué valor, pero con toda la fuerza le clavé el cuchillo una y otra vez hasta que se desvaneció en el piso”. 
Ella no pensó que lo hubiese matado porque era un hombre grande y fuerte.
Carmen salió huyendo de la casa y días después fue detenida por el delito de homicidio calificado; posteriormente fue reclasificado a homicidio cometido con exceso en legítima defensa; el juez determinó que con una puñalada hubiera bastado para defenderse.
En México, la legítima defensa, coloquialmente conocida como defensa propia, es una causa para justificar un delito, pues lo hace por defenderse, por lo tanto, se entenderá que hubo justificación y el Estado no lo perseguirá como tal. 
Para que la legítima defensa exista, ésta debe ser proporcional al ataque, es decir, el que se defiende debe hacerlo de manera similar que el ataque que recibe, pues si se excede o es desproporcional, el Estado sí lo procesará, ya que habrá cometido el delito con exceso en la legítima defensa, pero imponiéndose una pena menor de la que hubiera correspondido.
El caso de Carmen fue un ejemplo de lo anterior. El juez que tuvo en sus manos el expediente, consideró que existió exceso en la legítima defensa pues “con una puñalada hubiera bastado”. 
Ni el juez ni las autoridades encargadas de investigar tomaron en cuenta el contexto en el que ella vivía, en donde todos los días, por más de 20 años, fue víctima de violencia de género. Cuando Carmen quiso explicar este contexto al juez, éste cuestionó el por qué no había denunciado las agresiones antes. Parece absurdo, pero ninguna de las autoridades pensó que de haberlo realizado probablemente no estaría viva contando su historia. 
El sistema de justicia continúa sin tomar en cuenta el contexto que viven las mujeres, pese a conocer que el 70% de ellas, mayores de 15 años, son<a href="https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/"> víctimas de violencia de género</a> y que se matan a 10 por día.
Por eso es necesario que como sociedad exijamos un cambio, en el que de verdad se juzgue con perspectiva de género, sobre todo en los casos de legítima defensa. 
Existen algunos precedentes relevantes en los últimos años que si bien no son el ejemplo perfecto sirven para visibilizar que se logró hacer justicia. Uno de ellos es el de <a href="https://www.proceso.com.mx/libros/2017/7/1/yakiri-rubio-la-agredida-que-mato-su-violador-187051.html">Yakiri Rubio (2013)</a>, una joven que mató a su violador.
Pasó 3 años en proceso acusada por homicidio calificado y posteriormente fue reclasificado a homicidio cometido con exceso en la legítima defensa; no fue sino hasta 2016 que fue absuelta por considerar que, efectivamente, actuó  en legítima defensa.
Se escucha esperanzador que fue absuelta por considerar que actuó en legítima defensa, pero la pregunta que nos debemos seguir haciendo es ¿por qué tuvo que pisar la cárcel por luchar por su vida, por defenderse? ¿Por qué no analizaron el contexto de violencia que rodeaba los hechos? ¿por qué las autoridades que se encargan de la procuración de justicia no la dejaron en libertad desde un inicio?
Otro de los casos es el de Roxana Ruiz, una joven de 23 años originaria de Oaxaca acusada de matar a su violador. Primero estuvo nueve meses en prisión preventiva por considerar que existió exceso en la legítima defensa. Posteriormente pudo seguir su proceso en libertad y fue condenada a 6 años de cárcel.
Dejó inconsciente a su agresor por un golpe en la cabeza y posteriormente lo asfixió por estrangulación, la juez consideró que el golpe era suficiente para contener la agresión. Desde luego no pensó en qué iba a pasarle a Roxana una vez que el agresor recobrara la conciencia.
Tras la indignación de la población, la presión de las organizaciones y el ruido en medios de comunicación, su proceso dio un giro inesperado cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en mayo de 2023, se desistió de la acción penal y solicitó el sobreseimiento del caso al considerar que Roxana Ruiz efectivamente había actuado en legítima defensa.
En ambos casos se realizaron marchas y manifestaciones para pedir la liberación de ellas y resaltar la importancia de la legítima defensa en situaciones de violencia de género, protestas que generaron un efecto favorable al ejercer presión en el actuar de las autoridades y juzgadores.
Es sorprendente que, a pesar de existir varios años de diferencia entre estos dos últimos casos, las autoridades continúan sin estudiar el contexto que viven las mujeres frente a estas agresiones en las que, en la mayoría de los casos, es evidente que han sido víctimas de violencia de género.
¿Qué es lo que tiene que pasar para que quienes imparten justicia tomen en consideración el contexto que vivimos las mujeres?
Yakiri y Roxana tuvieron un desenlace favorable, en el que a pesar de la batalla están gozando de libertad, pero ¿qué pasa con Carmen?, quien tuvo que pagar una condena de más de seis años en prisión, cuando su único delito fue luchar por su vida y defenderse de su agresor.
Es fundamental que los juzgadores analicen el contexto en el que las mujeres viven y cómo esto puede afectar su percepción de peligro y sus respuestas defensivas. Esto implica considerar el historial de violencia de género, las amenazas previas, la relación de poder entre la víctima y el agresor, así como los efectos psicológicos y emocionales.
En Estados Unidos existe una doctrina para defender el &#8220;Síndrome de la Mujer Maltratada&#8221; o &#8220;<a href="https://www-ojp-gov.translate.goog/ncjrs/virtual-library/abstracts/battered-woman-syndrome-legitimate-defense-violence-opposing?_x_tr_sl=en&amp;_x_tr_tl=es&amp;_x_tr_hl=es&amp;_x_tr_pto=sc">Battered Woman Syndrome</a>&#8221; que amplía el concepto de legítima defensa y que reconoce el contexto de violencia y abuso que mujeres han experimentado en relaciones de pareja.
Surge de reconocer que el sistema de justicia penal no protege a las mujeres del abuso, pues es probable que estas ni siquiera puedan obtener una orden de restricción, ni recibir apoyo una vez que se decide dejar al agresor.
Esta doctrina busca abordar la manera en que se defienden las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica y cómo esa violencia puede afectar su percepción del peligro y su reacción ante una agresión, pues generan estrategias de supervivencia como resultado de su experiencia de abuso continuo.
También explica de manera científica, a través de expertos en cada caso en particular, por qué la mujer víctima de violencia de género no terminó su relación con el agresor y por qué <a href="http://Caso: Estado v. Yusuf, 800 A.2d 590 (Conn. App. Ct. 2002).https://courses2-cit-cornell-edu.translate.goog/sociallaw/student_projects/BatteredWomanSyndrome.htm?_x_tr_sl=en&amp;_x_tr_tl=es&amp;_x_tr_hl=es&amp;_x_tr_pto=sc">no denunció los abusos</a>.
Son prácticas que en países como México, en los que la violencia de género se presenta todos los días, en cualquier edad, contexto social, religión y raza, deberían ser adoptadas por quienes imparten justicia, contemplando de manera obligatoria el contexto que viven las mujeres al momento de evaluar si existe legítima defensa y si hubo exceso en su respuesta.
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1. <a href="https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/">Estadísticas del INEGI</a>
2. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
3. https://www.proceso.com.mx/libros/2017/7/1/yakiri-rubio-la-agredida-que-mato-su-violador-187051.html
4. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-65717549
5. https://www.animalpolitico.com/genero-y-diversidad/fiscalia-edomex-desiste-accion-penal-roxana-ruiz
6. https://www-ojp-gov.translate.goog/ncjrs/virtual-library/abstracts/battered-woman-syndrome-legitimate-defense-violence-opposing?_x_tr_sl=en&amp;_x_tr_tl=es&amp;_x_tr_hl=es&amp;_x_tr_pto=sc
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Legítima defensa con perspectiva de género

Después de pasar 4 años y 6 meses en el reclusorio de Ecatepec, los familiares de Vania temían que al salir regresara a la vida delictiva. Araceli estuvo 6 años y 8 meses en la cárcel de Tepozanes, en Nezahualcóyotl, con familiares distanciados y sin tener a dónde ir ni en qué trabajar. Ambas anhelaban salir de prisión, pero ninguna imaginaba lo difícil que esto sería.
La mayoría de las personas privadas de su libertad en un reclusorio, sin importar su delito o culpabilidad, tienen un deseo en común: recuperar su libertad. Después de visitar varias cárceles femeniles en distintos estados de la república, es evidente que las mujeres en prisión anhelan volver a la vida que tenían antes de ingresar al sistema penitenciario. Sin embargo, lo que puede no resultar tan evidente es que, muchas veces, al salir se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad que cuando estaban tras las rejas.
En La Cana buscamos crear oportunidades para las mujeres en prisión. Tenemos un programa dedicado a brindar herramientas psico-socio-ocupacionales a las mujeres que han salido de un centro de reinserción social. Este programa fomenta su empoderamiento y el desarrollo de un proyecto de vida independiente. También responde a una serie de necesidades específicas que hemos observado que se repiten una y otra vez.
Aunque el objetivo principal de los centros penitenciarios es lograr la reinserción social, una vez que las mujeres egresan de ellos se enfrentan a diversas barreras sociales, psicológicas y económicas para lograr una reintegración exitosa. Ante esta problemática, surge la necesidad de generar mecanismos para alcanzar este objetivo.
Uno de los problemas más urgentes es que las personas que han vivido una situación de reclusión logren tener acceso a un empleo una vez fuera de prisión. El empleo brinda autonomía económica, restaura su sentido de pertenencia y, sobre todo, pone de manifiesto su contribución a la sociedad.
En el 2020, salieron de los centros penitenciarios 7,607 mujeres en todo el país. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Un año después, el INEGI realizó la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> con el fin de recopilar información sobre algunos procesos que experimentan las personas en situación de privación de su libertad. El estudio arroja cifras interesantes.
El 60.9 % de las mujeres privadas de la libertad considera que haber estado en un centro penitenciario afectará sus posibilidades para reintegrarse al ámbito laboral una vez que cumplan su condena. Además, el 67.8 % de estas mujeres tiene hijos menores de edad, y más del 50 % de ellas tienen de dos a tres hijos. La mayoría de las mujeres son originarias de entornos socioeconómicos desfavorecidos, y el 62.8 % de la población penitenciaria femenil cuenta con estudios de educación básica.
Resulta sumamente preocupante la información proporcionada por el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, que revela que solo el 5 % de las personas liberadas de prisión logran obtener un empleo, mientras que el 20 % se dedica al comercio informal y el 75 % restante no consigue encontrar trabajo. Es importante destacar que no existen datos actualizados desde el año 2018 que representen la situación laboral específica de las mujeres que salen de prisión.
Pero, ¿qué nos indican estas cifras? Es probable que una mujer que sale de un centro penitenciario no tenga acceso a un empleo formal, y si lo encuentra probablemente sea en condiciones precarias.
A pesar de esto, se han generado estrategias para resolver las condiciones laborales de las personas exprivadas de su libertad, como la eliminación de las barreras legales que permitían a las empresas solicitar certificados de no antecedentes penales a las y los posibles empleados. También se ha observado un aumento en el interés de las empresas por desarrollar estrategias con impacto social.
No obstante, es necesario ir más allá de la buena voluntad y abordar los problemas sistémicos y estructurales que enfrentan las mujeres exprivadas de su libertad. La desigualdad de género es una de las barreras más significativas en México, donde las mujeres se ven desfavorecidas en el acceso a oportunidades debido a la brecha económica y los roles de género asignados.
Además, las mujeres liberadas enfrentan desafíos adicionales, como la falta de experiencia laboral, la carencia de documentos oficiales, la exclusión geográfica y otros obstáculos que dificultan su incorporación o reincorporación al mercado laboral. Estas circunstancias se suman a las inseguridades personales que acompañan a las mujeres tras obtener su libertad, generando un ciclo que puede desencadenar en la reincidencia delictiva.
En La Cana, a través del Programa de Seguimiento en Libertad, hemos desarrollado propuestas integrales para facilitar la inclusión laboral de las mujeres que han vivido una situación de reclusión. A través de diversas actividades de capacitación, fortalecemos sus habilidades y competencias, estableciendo alianzas con empresas comprometidas en ofrecer condiciones laborales dignas.
Hoy en día, Araceli y Vania son ejemplos de éxito. Han logrado empleos en sectores como la gastronomía y la hotelería, y se sienten orgullosas de sus logros. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. Existen grandes desafíos que complican la situación para las mujeres en su camino hacia una efectiva reinserción social. Nuestro objetivo es que mujeres como ellas recuperen la confianza en sí mismas y se conviertan en protagonistas de un México que anhela vivir y construir la paz.
Aún queda un largo camino por recorrer, ya que la reintegración laboral desempeña un papel fundamental en asegurar una reinserción exitosa de las personas que han sido liberadas de prisión. Es necesario superar las barreras y desigualdades que enfrentan las mujeres exprivadas de su libertad, y promover oportunidades laborales dignas que les permitan reconstruir sus vidas con esperanza y dignidad. Solo así podremos construir un país más inclusivo y justo para todas y todos.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020. Disponible <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2020/doc/cngspspe_2020_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> INEGI. Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021. Disponible <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Construyendo un futuro: el empleo digno como clave para una reinserción exitosa

“Sentí como si fuera a salir a la calle”; “Me da esperanza que volteen a ver el sistema de justicia”; “Emoción, porque a pesar de estar en la cárcel, tomaron en cuenta nuestra opinión”. Estos fueron algunos de los testimonios de mujeres privadas de su libertad que, por primera vez en la historia, pudieron ejercer su voto en las pasadas elecciones del Estado de México. Algunas de ellas, tenían más de 10 años de no haber votado, porque han pasado más de una década en prisión esperando una sentencia que determine si son inocentes o culpables.
En 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que las personas en prisión preventiva, es decir, aquellas que aún no han sido sentenciadas, tienen el derecho de votar en México. Basado en el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución, <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> el reconocimiento del derecho al voto como un derecho de la ciudadanía <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> y la necesidad de promover una mayor inclusión y participación democrática, el TEPJF sentó un precedente <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> que, hasta las elecciones de este año, se había traducido sólo en pruebas piloto en algunos estados, donde muy pocas personas habían participado.
En nuestro país, 40% de las casi 230 mil personas que están privadas de su libertad, no cuentan con una sentencia. <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> El Estado de México es la entidad federativa con mayor porcentaje de población penitenciaria a nivel nacional, de ahí la importancia de este ejercicio histórico en el que 4,517 personas en 20 centros penitenciarios de esa entidad y 12 más en un penal de Coahuila, pudieron emitir su voto a la gubernatura de dichos estados.
Con meses de anticipación, y con la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las autoridades electorales, se le informó a las personas que tendrían derecho a participar en el proceso electoral. Se integró la lista nominal de electores con las personas que cumplían los requisitos <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> y manifestaron su interés en votar. Para garantizar que el voto fuera informado, se les permitió ver uno de los dos debates organizados por el Instituto Electoral, y el día de la jornada, junto con la boleta electoral, se les entregó una hoja que contenía la plataforma de cada una de las opciones políticas.
Así, entre el 15 y el 19 de mayo, con la presencia de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil como observadores electorales, las personas procesadas -sin importar el delito del que se les acusa- ejercieron de manera anticipada su voto en las mesas receptoras y en las urnas que fueron instaladas dentro de las cárceles.
La coordinación entre las autoridades permitió que las elecciones se llevaran a cabo sin incidente alguno, sin poner en riesgo la gobernabilidad o la seguridad de las prisiones y sin restringir otros derechos de las personas privadas de la libertad.
Los aprendizajes deberán servir para perfeccionar el voto en prisión que se ejercerá a nivel nacional en el proceso electoral 2024. Entre ellos, hacer una labor más amplia de información sobre las propuestas de los partidos en las cárceles, la urgente credencialización de personas en prisión preventiva y la necesidad de identificar la razón por la que personas que estaban en condiciones de emitir su voto, decidieron no hacerlo.
Ojalá otra de las lecciones llame a la reflexión a quienes aspiran a ser candidatas o candidatos, pues en esta ocasión no hubo una sola propuesta para garantizar que el sistema penitenciario cumpla con el objetivo para el que fue creado: lograr la reinserción social y procurar que quienes han sido sentenciados no vuelvan a delinquir.
Más allá del debate y la controversia que pueda generar el voto en prisión y la oportunidad que deben tener todas y todos los ciudadanos de influir en la toma de decisiones políticas, sin importar su condición legal, espero que como sociedad anhelemos y aspiremos a que la participación democrática de las personas privadas de su libertad, materialice la esperanza que despertó en quienes votaron en esta elección: el que en nuestro país existan propuestas y soluciones a un sistema de justicia que, en la mayoría de los casos, discrimina, no garantiza el acceso a la justicia, no protege ni repara el daño a las víctimas.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Articulo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Sentencia que reconoce el derecho al voto activo de las personas que se encuentran en prisión preventiva. Expediente SUP-JDC-352/2018. Disponible <a href="https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0352-2018.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Resumen de la Población Privada de la Libertad. Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria. Diciembre 2022. Disponible <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/800216/CE_2022_12.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> No haber sido sentenciado, estar o haber estado inscritos en el Padrón Electoral con domicilio en el Estado de México y manifestar de manera libre y voluntaria su interés en participar.

Una democracia que escuche la voz en prisión

El 27 de marzo de 2022, El Salvador vivió “uno de sus días más mortíferos en 30 años”, <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> dando las razones, certeras o no, al presidente Nayib Bukele para establecer un régimen de excepción. Bukele se dio cuenta que esta estrategia podría ser &#8220;la cura&#8221; contra el problema de pandillas que aqueja a El Salvador desde hace muchos años. Un fenómeno social que, como un monstruo de mil cabezas, en varias ocasiones lo han tratado de combatir pero siempre sale más fuerte. ¿Por qué? Porque no se ha tratado de solucionar desde la raíz, porque siempre son más populares otras medidas cortoplacistas que los políticos saben que serán grandes titulares en la prensa.
Este artículo es un recuento de los daños que el régimen de excepción nos ha dejado a las y los salvadoreños. Es escrito por una salvadoreña y refleja la opinión de alguien que lo ha vivido de cerca y se encuentra cansada de que se justifiquen los medios para el fin último de Bukele: tener la posibilidad de ganar la reelección, a través de una estrategia autoritaria de seguridad que ha ganado mucha popularidad no sólo dentro del país sino, y sobretodo, fuera del país. Considero que lo que no se ha entendido es que el fin no siempre justifica los medios.
En los últimos meses han circulado imágenes de miles de personas privadas de su libertad que fueron detenidas por presuntamente pertenecer a las pandillas en El Salvador. Esto, como una demostración de control y de poder por parte del gobierno. Ningún encarcelado debería de ser un trofeo. ¿Es esa la verdadera justicia? ¿Aislando al victimario solucionamos el homicidio, el secuestro, etc? Esa mentalidad es la que nos ha llevado a aprobar medidas autoritarias que terminan generando más violencia. No estamos solucionando el problema cuando las prisiones se convierten simplemente en lugares punitivos, como se ha hecho en El Salvador. Estamos apostándole a algo totalmente inhumano y violento, sin cuestionar cómo podemos erradicar la violencia si al mismo tiempo se promueve la existencia de un gobierno violento.
De acuerdo con el reporte de derechos humanos sobre El Salvador elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, una persona exprivada de la libertad, víctima del régimen de excepción, dijo que solamente recibía de alimentos cuatro onzas de arroz y una tortilla al día. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Esto, en cumplimiento a la orden que dio el presidente y que inmediatamente acató el director de Centros Penitenciarios, quien el año pasado informó que los prisioneros solamente tendrían dos comidas al día.
Otra condición inhumana que está provocando la sobredetención de cualquier ‘sospechoso delincuente’ es el hacinamiento. El mismo ministro de Seguridad en una entrevista mencionó: &#8220;Obviamente si estoy en la comunidad y conozco de infancia a alguien pandillero y en ese momento llega la autoridad, nosotros no tenemos cómo decir ‘ah, bueno solo me voy a llevar este. Al amigo, no”. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Es decir, cualquier persona de la que se tenga una mínima sospecha de pertenecer a las pandillas debe ser detenida. Habiendo dicho eso, el sistema penitenciario de El Salvador está diseñado para 30 mil personas y, sin embargo, en mayo de 2022, habían más de 71,000 detenidos. <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> Esto resulta alarmante si comparamos la población de personas privadas de la libertad de 2020, que según el World Prison Brief era de 37,190 personas. <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> Es decir, de 2020 a 2022, en tan solo dos años, la población penitenciaria presentó un incremento de casi un 91 %.
Sumado al hacinamiento y a la clara violación de derechos humanos como la escasa alimentación, es importante hablar sobre cuántas personas están detenidas y probablemente están en prisión injustificadamente hasta no probarse lo contrario. La Fiscalía General de la República y el Ministerio de Seguridad han sido omisos en transparentar la información y brindar datos sobre la población penitenciaria, pero de acuerdo con Human Rights Watch, “más de 39,000 de los detenidos enfrentaban los cargos de pertenencia a ‘agrupaciones ilícitas’ y más de 8,000 a ‘organización terrorista’”, siendo la minoría otros delitos como el homicidio. <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a> Sin embargo, el delito de ‘agrupaciones ilícitas’ se generalizó de tal manera que el sólo conocer a un miembro de una pandilla te hace ser culpable. ¿En dónde está la presunción de inocencia? Esto resulta preocupante especialmente cuando las pandillas están ahora tan arraigadas en el día a día de la mayoría de salvadoreños que cualquiera puede caer bajo ese delito.
Lo anterior se complica aún más cuando vemos el perfil de las personas que están siendo detenidas injustamente, quienes suelen tener poco acceso a la justicia. Según el Observatorio sobre Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia, “el salario mínimo de abogadas y abogados iguala y puede superar el honorario promedio de un profesional”. <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> Esto no solo hace que no todos puedan acceder a una buena defensa sino también que, en lo que consiguen el dinero, se complica la agilidad del proceso por el cual las personas detenidas injustificadamente puedan salir de prisión.
Para terminar el recuento de los daños, hacemos la pregunta del millón: ¿se ha terminado la delincuencia en El Salvador? Según el periodista salvadoreño Héctor Silva Ávalos, “en los dos primeros meses del régimen de excepción el gobierno solo reportó 39 homicidios, cuando en realidad hubo 67”. “Solo en abril y mayo de 2022 hubo 97 desaparecidos y, entre esos casos, solo uno fue anotado como homicidio”. <a href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a> Esto advertiría un maquillaje de cifras en cuanto a la violencia que supuestamente ha aminorado o, más bien según el presidente, ha eliminado.
Comprendo lo atractivo que pueden resultar las medidas implementadas en mi país, para quienes viven en otras naciones azotadas por la violencia y la delincuencia, sin embargo, considero importante llamar a la siguiente reflexión: ¿aceptarías que el presidente viole la Constitución solamente porque él decide interpretar la ley a su manera? ¿Aceptarías que de la noche a la mañana sustituya a todo el poder judicial por personas que le dirán que sí a todo, incluyendo a un régimen de excepción injustificado y más largo de lo que la ley le permite? ¿Todo esto por un falso reporte diario que indica que hubo 0 homicidios el día anterior, ese día y, seguramente, el siguiente día? Si tu respuesta es sí, aceptarías vivir en un país con medidas autoritarias, donde el problema será problema por los años que el presidente lo quiera, porque es la manera en la que ganará popularidad para sus intereses personales. Sin embargo, el verdadero problema seguirá estando ahí y el perjudicado no será el gobierno, será la ciudadanía.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> New York Times. (2022). El Salvador vive uno de sus días más mortíferos en 30 años. Recuperado de <a href="https://www.nytimes.com/es/2022/03/27/espanol/bukele-estado-emergencia.html" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> United States Department of State. (2022). El Salvador 2022 Human Rights Report. Recuperado de <a href="https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/el-salvador/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Arévalo, Karla. (2023). El Salvador: El 5 % de los detenidos en el régimen de excepción ha sido puesto en libertad. Voz de América. Recuperado de <a href="https://www.vozdeamerica.com/a/detenidos-el-salvador-regimen-de-excepcion-/6904278.html" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> United States Department of State. (2022). El Salvador 2022 Human Rights Report. Recuperado de <a href="https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/el-salvador/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> World Prison Brief. (2020). El Salvador Overview. Recuperado de <a href="https://www.prisonstudies.org/country/el-salvador" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> El País. (2023). Hacinados y sin el debido proceso: la filtración de una base de datos muestra los abusos a presos en El Salvador de Bukele. Recuperado de <a href="https://elpais.com/internacional/2023-01-27/hacinados-y-sin-debido-proceso-la-filtracion-de-una-base-de-datos-muestra-los-abusos-a-presos-en-el-salvador-de-bukele.html" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> OCCA. (2018). Barreras de Acceso a la Justicia: El Salvador. Recuperado de <a href="https://occa.cejamericas.org/que-encontramos/el-salvador/barreras-de-acceso-a-la-justicia/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> Silva Ávalos, H. (2023). Cómo El Salvador maquilló las cifras de homicidios para justificar el régimen de excepción. Infobae. Recuperado de <a href="https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/04/02/como-el-salvador-maquillo-las-cifras-de-homicidios-para-justificar-el-regimen-de-excepcion/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Bukele, ¿un ejemplo para combatir la inseguridad?

La legislación mexicana contempla beneficios preliberacionales como la libertad condicionada y la libertad anticipada, que permiten a las personas privadas de la libertad salir de prisión antes de haber cumplido la totalidad de los años a los que fueron condenadas.
La libertad condicionada se otorga a las personas que hayan cumplido la mitad de la condena y cumplan con ciertos requisitos, como no haber sido condenadas por delitos de delincuencia organizada, secuestro o trata de personas, no haber recibido otra sentencia condenatoria firme, tener buena conducta durante el internamiento, que su externamiento no ponga en riesgo a la víctima, entre otros. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Este tipo de beneficio se puede otorgar bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico. Por ejemplo, se puede ordenar la libertad de una persona, bajo la condición de que ésta vaya a firmar al juzgado cada semana, o se le puede dejar en libertad con un brazalete que restrinja su rango de movimiento y monitoree constantemente su ubicación. Por su parte, la libertad anticipada se otorga a las personas que hayan cumplido el 70% de la condena y cumplan con los mismos requisitos.
En el caso del Estado de México, el Código Penal local establece que la pena de prisión puede ser sustituida por multa, tratamiento en libertad o semilibertad (cuando la pena no exceda de 5 años de prisión), jornadas de trabajo en favor de la comunidad, o libertad condicionada al sistema de localización y rastreo (brazalete) cuando la pena no exceda de 6 años de prisión.
Hasta aquí, pareciera que nuestra legislación brinda una segunda oportunidad a quienes, ya llevando un tiempo considerable privadas de la libertad, o habiendo sido sentenciadas a condenas “cortas” (menos de 5 o 6 años), tengan la posibilidad de demostrar que han cambiado y puedan salir antes de tiempo de prisión.
Sin embargo, en la práctica, el obtener un beneficio preliberacional dista de ser una tarea fácil, y las personas que intentan acceder a ellos, se enfrentan a diversos -y en ocasiones insuperables- obstáculos.
El primer obstáculo al que se enfrentan es la falta de acceso a la información. Por lo general, las personas privadas de la libertad desconocen que estos beneficios existen, o desconocen cuál es el estatus de su proceso penal y, por ende, si son candidatas a algún beneficio. Las y los defensores de oficio rara vez les asesoran sobre estos temas, y con la carga de trabajo que tienen (o la falta de interés), difícilmente tramitan este tipo de beneficios.
El segundo, cubrir con la multa o reparación del daño. Aún sabiendo si son candidatas a algún beneficio, la realidad es que muchas personas privadas de su libertad difícilmente pueden cumplir con el pago de la multa o reparación del daño exigido en la Ley. En caso de la multa, si tu situación económica te impide pagarlo, se puede conmutar por jornadas laborales. Pero en el caso de la reparación del daño, su pago es un requisito indispensable para poder acceder a un beneficio.
Para darse una idea del contexto, tan solo en Ecatepec, el 10 % de las mujeres podrían salir libres por un promedio de 8 mil pesos. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Sin embargo, por su condición económica no les es posible pagarlo y deben quedarse en prisión. Desde La Cana hemos conocido casos de mujeres que permanecen en prisión por años, por no poder pagar una reparación del daño de 200 pesos. Bien se dice que en México se criminaliza más la pobreza que la delincuencia.
El tercer obstáculo al que se enfrentan es el acreditar una tutela o aval moral. En el caso del Estado de México, por ejemplo, el Código Penal exige, además, que quien solicite el beneficio cuente con una persona que se comprometa y garantice a la autoridad ejecutora el cumplimiento de las obligaciones contraídas. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Es decir, una persona que se comprometa a darte hospedaje, vigilar que no te fugues, que no te arranques el brazalete, que vayas a firmar los días que te toque, o que cumplas con cualquiera de las condiciones impuestas por la autoridad para el otorgamiento del beneficio.
En caso de las penas que no excedan de 6 años, el Código Penal suma al aval moral, la temporalidad y la buena conducta, un requisito aún más absurdo: comprobar que cuentas en el exterior con un ofrecimiento de trabajo, un oficio, arte o profesión que te permita tener ingresos, o exhibas las constancias que acrediten que continuarás estudiando. <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
Estos requisitos reflejan el absoluto desconocimiento de las y los legisladores sobre la realidad de las cárceles en nuestro país. Las personas que estuvieron en prisión, aun estando fuera, difícilmente se liberan del estigma de haber estado privadas de la libertad y, en la mayoría de los casos, este estigma se convierte en una condena que cumplirán por el resto de sus vidas.
Bajo este contexto, es prácticamente imposible esperar que una persona estando privada de la libertad consiga un trabajo afuera. En la práctica, la pareja, los familiares, vecinos, o amigos, son quienes se desviven por conseguir a alguien afuera que firme una carta diciendo que la persona que está pidiendo el beneficio va a trabajar con ellos saliendo. Básicamente cualquier persona con una identificación oficial que tenga un negocio con un domicilio real, y que se encuentre al corriente de sus impuestos, puede firmar este documento. Sin embargo, estas “cartas laborales” rara vez se traducen en empleos reales, mucho menos en empleos dignos.
Esto se complica aún más si te otorgan una libertad condicionada con monitoreo electrónico o brazalete, pues si por algo tienes un familiar o amigo que te consiguió un empleo formal afuera -lo cual es sumamente complicado ya que la mayoría de los negocios a los que se les permite acceder a las personas que estuvieron en prisión, son negocios informales-, éste debe ser un empleo que además se encuentre en la misma demarcación territorial de donde cumpliste tu condena. Por ejemplo, quienes obtienen este beneficio en el Estado de México, no pueden ir a trabajar a la Ciudad de México.
Así, tenemos que para acceder a un beneficio preliberacional, primero debes tener acceso a la información y asesoría jurídica de calidad que te permita conocer el estatus de tu proceso para saber si eres candidato o no; después, debes contar con los medios económicos para pagar la multa o reparación del daño; además, debes tener una persona de confianza que te reciba en su casa (una casa que, para el caso de quienes salen con un brazalete, tiene que tener Wifi, y línea de teléfono fija) y funja como tu aval moral y, por último, antes de salir de prisión debes tener un trabajo formal garantizado, en la misma entidad federativa en la que se te otorgó el beneficio.
En el caso de las mujeres, todos estos procesos se complican aún más, pues ellas son en su mayoría abandonadas por sus redes de apoyo cuando entran a prisión. Ellas cumplen la doble condena por ser mujeres y por haber estado privadas de la libertad y, por ende, el apoyo que reciben es prácticamente inexistente. En prisión nadie las visita. Sus parejas o están también en prisión, o ya las cambiaron por otra. Sus familiares difícilmente se quedan y la mayoría de las veces suelen abandonarlas a su suerte.
En la Ciudad de México, por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres en prisión no reciben ni una sola visita, mientras que en el caso de los hombres, el 91 % tiene visita familiar o conyugal frecuente. <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> Esto se traduce en mucho menos apoyo para cubrir con cualquiera de los requisitos mencionados anteriormente.
Desde La Cana lo que más nos cuesta al solicitar algún beneficio preliberacional es conseguirles a alguien que esté dispuesta a recibirlas y apoyarlas afuera. Las mujeres permanecen años y años en prisión porque no pueden acreditar tener a alguien en el exterior que se haga responsable de ellas frente al juez. Los hombres normalmente cuentan con las mujeres incondicionales de sus vidas quienes jamás los abandonan y están dispuestas a recorrer el país entero para ayudarles a conseguir todo lo necesario para que alcancen un beneficio y salgan antes de prisión, pero las mujeres no tienen literalmente a nadie.
Hemos visto mujeres que prefieren dormir en la calle afuera del penal esperando a que llegue el día que acude el equipo de La Cana, porque somos las únicas personas a las que conocen afuera después de tantos años de haber estado en prisión. Hemos recibido llamadas en la madrugada de mujeres que nos dicen que acaban de salir, pero que no tienen la menor idea de dónde están en el mapa, ni nadie a quién llamar. Las organizaciones de la sociedad civil somos quienes nos convertimos en su red de apoyo.
En la gran mayoría de los casos, la única alternativa que encuentran las mujeres como tutela moral es la misma pareja, familia, o comunidad que abusaba de ellas, las violentaba, o las orilló a que terminaran en prisión. Afuera, con un brazalete que les impide salir de sus casas, y en esos contextos de violencia, las mujeres viven una cárcel en ocasiones peor a la que se encontraban antes.
Ante este contexto, ¿cómo esperamos que una mujer que es abandonada en prisión, por el simple hecho de ser mujer, mágicamente acredite todos estos requisitos y acceda a la justicia? Legislar y juzgar con perspectiva de género implica tomar en cuenta cómo esta norma afecta de manera diferenciada a las mujeres al momento de acudir a demandar justicia. La perspectiva de género debe invitar a nuestros legisladores y juzgadores a cuestionar la neutralidad de este tipo de normas, y más bien visibilizar las desventajas en las que se encuentran las mujeres frente a las mismas.
Estoy convencida de que la prisión -en las condiciones en las que están en nuestro país- no es la solución para reducir la delincuencia y celebro que existan medidas que permitan a las personas demostrar que han cambiado. Sin embargo, de nada sirve tener leyes que difícilmente se traduzcan en un ejercicio real de nuestros derechos, y lo que es peor, que no tengan perspectiva de género que permitan alcanzar una verdadera equidad. Mientras tengamos este tipo de normas que, además, afectan de manera desproporcionada a las mujeres, nos será imposible hablar de una verdadera reinserción social.
* Daniela Ancira Ruiz (@<a href="https://twitter.com/daniancira" target="_blank" rel="noopener">daniancira</a>) es cofundadora y directora general de La Cana.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 137.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Carballo Corrales, Miranda “La prisión: donde las brechas de género aumentan”  disponible <a href="https://contralacorrupcion.mx/la-prision-donde-las-brechas-de-genero-aumentan/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Código Penal para el Estado de México, fracción V, Artículo 70 bis.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Código Penal para el Estado de México, incisos b) y c), Artículo 70 bis.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Muñiz, Ruth “Abandonan familiares a 7 de cada 10 reclusas por ser mujeres”, disponible <a href="https://front.animalpolitico.com/sociedad/abandonan-familiares-a-7-de-cada-10-reclusas-por-ser-mujeres" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Los inalcanzables beneficios preliberacionales

Cesare Lombroso, uno de los autores más influyentes de la antropología criminal, desarrolló una teoría en el siglo XIX que ha continuado presente en el imaginario social: existen características físicas comunes en todos los criminales y sus familiares: piel más oscura, voz grave, cierta estatura, rasgos faciales particulares. Esto creó una mirada racista y prejuiciosa que no contempla las desigualdades sociales, el colonialismo, falta de acceso a la educación, precariedad salarial, entre muchos otros factores y contextos que determinan que una persona sea sujeta a su vinculación en un crimen.
Las televisoras en México han contribuido a estigmatizar y clasificar a ciertos personajes por sus rasgos. Los actores o actrices que son convocados para papeles protagónicos (los “buenos”), son elegidos bajo el concepto “imagen aspiracional” que en general significa que el personaje tiene los siguientes rasgos físicos: blanco, alto, con características caucásicas, complexión media. En contraparte, los convocados como antagonistas (los” malos”) deben ser llamados “perfil mexicano clase baja”, que representarán a un personaje de piel oscura, estatura baja, con características faciales mestizas. Para bien o para mal, estos clichés han influido en diferentes espacios físicos y virtuales, fomentando la discriminación y creando un estereotipo de delincuente, siendo aludidas en su mayoría las personas pobres y morenas.
El sitio “<a href="https://colordepiel.colmex.mx/vida/" target="_blank" rel="noopener">Color de piel</a>” de El Colegio de México señala que “En México, el color de piel está relacionado con la escolaridad. Conforme es más clara la tonalidad de la piel, la escolaridad aumenta”. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> El índice de riqueza es un indicador compuesto por las características sociodemográficas y económicas de un individuo <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> y, al igual que con el nivel socioeconómico, en los quintiles más altos del índice es mayor la presencia de mexicanos con tez clara. En consecuencia, un prejuicio común en la sociedad mexicana es que, dependiendo el color de piel, el barrio en el que se vive y la escolaridad que se tenga, las personas sean catalogadas como delincuentes o no. Se asume que alguien blanco y de apellido poco común es rico y no tiene la necesidad de cometer delitos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad ENPOL 2021 del INEGI, <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> el 23 % de la población privada de su libertad señaló haber sido detenida en la calle sin una orden, mientras que el 53.5 % de la población privada de su libertad sentenciada contó solamente con defensores de oficio durante el proceso penal.
Durante su detención, 18.8 % necesitaba el apoyo de un traductor, por no hablar español.
Sólo el 23.9 % tuvo asesoría de un abogado.
El 42.1 % fue golpeadx o maltratadx para echarse la culpa o aceptar hechos falsos.
Dentro de los centros penitenciarios, 28 % de la población señaló que fue discriminada por su situación económica, 19.5 % por sus rasgos físicos, 12.3 % por su color de piel, 5.4 % por su identidad étnica y 5.3 % por su lengua o idioma.
Casos como el de Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas otomíes que en el 2006 fueron condenadas a 21 años de prisión acusadas de secuestrar a 6 agentes federales, son un ejemplo de que la discriminación es común en los procesos penitenciarios.
Un ejercicio interesante de reflexión es repensar qué tanto influyen tus estigmas en la vida cotidiana, si tu trato o comportamiento con las personas es diferente dependiendo de sus rasgos físicos, estatus socioeconómico o escolaridad. ¿Cómo contribuyes a perpetuar la discriminación y qué tanto juzgas a alguien sin conocerle?
Algo que todxs queremos es simplemente sentirnos aceptadxs, ser bienvenidxs así, como somos. Te invito a que la próxima vez que salte en tu mente una idea que criminalice a alguien, intentes derribar el enorme muro de tus prejuicios, te abras a las posibilidades de conocer a otro ser humano. A veces los contextos sorprenden y descubres el maravilloso regalo de la empatía.
* Marcela Palafox es Coordinadora de Educación, Arte, Cultura y Deporte de La Cana (<a href="https://twitter.com/LaCanaMx" target="_blank" rel="noopener">@LaCanaMx</a>).
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Disponible <a href="https://colordepiel.colmex.mx/vida/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Ibídem.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> INEGI. (diciembre 2021). INEGI. México. Recuperado de <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Prejuicios que criminalizan

Ser mujer en México implica muy probablemente haber experimentado violencia de género en el hogar, en los lugares de trabajo y en la sociedad en general. Estas violencias agregan una capa de riesgo y vulnerabilidad a las mujeres privadas de su libertad, pues en la mayoría de los casos, las mujeres han sufrido opresión mucho antes de su confinamiento.
Aunado a los eventos de violencia que pudieron haber vivido las mujeres previo a su detención, existe una alta probabilidad de que las mujeres vivan violencia sexual, emocional y física en el momento en que son detenidas y cuando llegan a prisión. Según los datos de Amnistía Internacional, afirman que de 100 casos documentados de mujeres que fueron detenidas, 72 afirmaron haber sufrido actos de violencia sexual durante o en las horas siguientes a su detención y 33 denunciaron haber sido violadas.
Estos eventos de violencia usualmente resultan en un trauma psicológico, el cual afecta de manera directa a nivel fisiológico, pues los fragmentos del trauma no procesado ​​se quedan almacenados en el cerebro y se manifiestan en el cuerpo. De la misma forma, el trauma puede resultar en una desconexión entre la memoria y el sentimiento. A causa de esto algunas mujeres tienen recuerdos sin sentimiento y otras tienen sentimientos sin memoria.
Así, dentro del contexto penitenciario, es común ver que la mayoría de las mujeres se han disociado de sus cuerpos y emociones como resultado de algún trauma o la suma de diversos traumas que, además, se ven agravados por el abuso de alcohol y / o drogas, por vivir en un ambiente penitenciario y adherirse a una “cultura del interno”.
Por lo tanto, no es de extrañar que exista un movimiento importante a nivel internacional para la aplicación de prácticas que trabajen el trauma a nivel psicocorporal (como lo es el yoga) en las poblaciones penitenciarias, con el fin de promover un tratamiento para el estrés postraumático. Al respecto, un artículo de revisión en el Journal of Correctional Health Care señaló lo siguiente: “Fue a principios de la década de 2000 cuando se dieron a conocer enfoques más espirituales para la prevención y rehabilitación del delito, lo que llevó a prácticas más holísticas dentro de las cárceles y prisiones en la actualidad”. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Son varios los estudios que han evaluado mejoras en el estado de ánimo y el comportamiento de las personas privadas de libertad que han sido parte de los programas que ofrecen enfoques holísticos. La Universidad de Oxford en el Reino Unido realizó un ensayo controlado aleatorio (ECA) con 167 participantes en 7 prisiones británicas. La intervención consistió en un programa de yoga de 10 semanas que incluía no solo posturas y ejercicios físicos, sino también prácticas de respiración, relajación profunda y meditación. Su estudio, publicado en el Journal of Psychiatric Research en 2013, mostró mejoras significativas en las medidas de estrés y angustia, así como en las medidas del estado de ánimo positivo y el rendimiento cognitivo. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
En La Cana estamos convencidas de que la práctica de yoga es fundamental para procesar los efectos del trauma psicológico en mujeres privadas de su libertad. A través de un enfoque holístico, la práctica de yoga puede ayudar a las mujeres a reconectar con sus cuerpos y emociones, reducir los niveles de estrés y ansiedad, mejorar el estado de ánimo y el rendimiento cognitivo. Es por eso que hemos creado una alianza con <a href="https://prisonyoga.org/">Prison Yoga Project</a>, con la finalidad de llevar talleres de yoga a diferentes centros penitenciarios y que las mujeres puedan tener al alcance la posibilidad de empezar a construir una versión de ellas más compasiva y consciente.
* María Sotres es Directora de Educación, Arte, Cultura y Deporte de La Cana (<a href="https://twitter.com/LaCanaMx" target="_blank" rel="noopener">@LaCanaMx</a>).
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Derlic, D (2020). <a href="https://doi.org/10.1177/1078345820953837" target="_blank" rel="noopener">A Systematic Review of Literature: Alternative Offender Rehabilitation—Prison Yoga, Mindfulness, and Meditation</a>. Journal of Correctional Health Care.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a><a href="https://theppt.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/2013-Journal-of-Psychiatric-Research-Bilderbeck-Farias-et-al.pdf" target="_blank" rel="noopener"> Participation in a 10-week course of yoga improves behavioural control and decreases psychological distress in a prison population</a>.

¿Por qué es importante que las mujeres privadas de su libertad practiquen yoga?

Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, pero lamentablemente falta mucho para poder festejar. Hoy para nosotras es un día de lucha, de alzar la voz, es un día en el que salimos a recuperar las calles juntas, pero con miedo. Miedo por las amenazas que no solamente percibimos en nuestro día a día por ser mujeres en este país, sino también las advertencias de nuestro propio gobierno que buscan frenarnos, invisibilizarnos y hacer de cuenta que aquí no pasa nada.
Eso sí, cada año durante la marcha podemos ver enormes vallas protegiendo los monumentos y miles de policías que no están ahí para cuidarnos, sino para hacernos ver “peligrosas”. Cada que veo estos despliegues de autoridad por parte del estado, pienso que ojalá algún día podamos salir a la calle y sentirnos igual de protegidas que esos monumentos.
No salimos a las calles a gritar insignias sin sentido, salimos a la calle porque tenemos miedo todos los días y estamos hartas de sentirnos inseguras. Salimos a las calles porque todos los días siguen matando al menos a 10 de nosotras, salimos a las calles porque nos violan, nos golpean, nos amenazan, nos despiden injustificadamente, nos acosan, nos casan siendo menores y no hay nadie quien nos defienda. Pero hoy somos más fuertes, hoy salimos a marchar juntas porque hemos visto que el miedo y quedarnos calladas no es la solución para cambiar nuestra realidad.
Hoy marchamos juntas, hombro a hombro con nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras mamás, en nombre de nuestras abuelas. Hoy marchamos junto a las miles de mamás y papás pidiendo justicia por sus hijas. Hoy marchamos por todas las mujeres que nos faltan y no pueden alzar la voz.
De entre el grupo de mujeres invisibilizadas también están las mujeres privadas de la libertad y, hoy, también marchamos por ellas. Mujeres que no pueden acompañarnos, pero que tienen historias que merecen ser escuchadas.
Y no se trata de minimizar ni justificar un delito, en absoluto. Se trata de escuchar y entender sus historias. Porque hoy vemos a la mujer en prisión por robo u homicidio y fácilmente la condenamos, pero ¿cuándo nos hemos detenido a escuchar sus historias?, ¿dónde estuvimos cuando esa mujer era solo una niña? Durante el 2021-2022 desde La Cana y con ayuda del Centro de Investigación para la Paz en México (CIPMEX) nos dimos a la tarea de hacer una investigación sobre “Género y Privación de la Libertad”, para poder documentar las historias de las mujeres y los factores que las llevaban a estar privadas de su libertad (culpables o no).
Posteriormente, decidimos escribir un libro “Acusáis a la mujer sin razón” para seguir dando voz a sus historias, porque a pesar de llevar casi una década oyéndolas, fue realmente doloroso escuchar los resultados que obtuvimos y la frecuencia con la que los mismos factores llevaban a las mujeres a terminar en prisión. Personalmente, hoy salgo a las calles a marchar por todas las mujeres, pero principalmente por ellas y es por eso que quiero compartirles algunos datos y darles en este artículo un espacio para contar sus historias en sus propias palabras.
Algunos de los datos más relevantes son: 94 % de las mujeres entrevistadas mencionan la violencia estructural de género como un factor presente en sus vidas, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>  72 % de las mujeres en prisión tuvieron que abandonar sus estudios por problemas económicos y empezar a trabajar a muy temprana edad, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>  68.9 % de los agresores de las mujeres privadas de su libertad, fueron sus parejas, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> 30 % de ellas mencionan haberse involucrado en la comisión de un delito por sus parejas amorosas, 80 % de las mujeres entrevistadas hablaron de núcleos familiares desintegrados y de violencia de género como parte central de sus historias.
Pero más allá de los números, son las historias las que nos hacen ver la urgencia de visibilizarlas y darles voz. Aquí algunas de ellas:
Carmen es una mujer de 68 años que está privada de la libertad en el penal de Oaxaca. Cuando platicamos con ella, nos contaba cómo a los 11 años su papá decidió sacarla de la escuela. Ella tenía el sueño de estudiar y ser doctora, pero la respuesta de su papá fue que las mujeres no necesitaban estudiar, ya que para lavar pañales y hacer comida no se requiere de ningún certificado. A los 14 años, Carmen es casada con un amigo de su papá 21 años mayor que ella, con quien tuvo 5 hijos y durante muchos años no tuvo oportunidad de cumplir su sueño y estudiar.
Desde su primer embarazo a los 15 años, él empezó a golpearla, a llegar tarde a casa y con otras mujeres. Carmen no se atrevía a hablar de esto con nadie, hasta que un día decidió contarle a su abuelita que tenía problemas con él y que quería dejarlo. La respuesta de su abuela fue probablemente la que ella vio o recibió en algún momento, que él era hombre y que mejor se quedara callada porque no tenía a otro lugar a donde ir y menos con 5 hijos.
Elvira fue violada por su padrastro más de 9 veces, hasta que a los 15 años quedó embarazada de él. Cuando Elvira decidió contarle a su mamá, ella no le creyó y Elvira tuvo que irse de su casa. Abandonó los estudios, vivió varios años en la calle y comenzó a consumir drogas. Más adelante ella decidió dejar de consumir y recuperar a su hijo, a quien había abandonado por el dolor que le producía que fuera el resultado de una violación.
Dulce decidió irse a los 15 años con su pareja a pesar de que la maltrataba y golpeaba. Dulce prefería que él la maltratara a quedarse en su casa donde constantemente era golpeada por su papá y hermano. En una ocasión su pareja estaba tan tomado que sacó un machete con el que amenazó “hacerla picadillo” si ella lo dejaba.
Sin duda existen miles de factores que llevan a una mujer a estar privada de su libertad y quienes hoy ahí se encuentran, ya están pagando una pena por el delito que cometieron o por el delito que les imputan. Pero eso no deja de lado sus contextos, los factores de riesgo que hubo en sus vidas y que, si bien no determinan que una persona cometa un delito, si aumentan sus probabilidades.
Más allá de eso, me parece importante visibilizar que incluso nuestro sistema de justicia nos condena doblemente al ser mujeres. Las mujeres suelen ser sentenciadas con más años de cárcel que los hombres, incluso por el mismo delito. Como mujer se recibe una doble condena al entrar a prisión. La primera, por el delito que se cometió y la segunda es la condena que como sociedad imponemos por haber “fallado en su rol de mujer”.
Un año más vamos a marchar con todas nuestras fuerzas, pero también esperando un día no tener que marchar más.
* Merche Becker es Directora Operativa de La Cana (<a href="https://twitter.com/LaCanaMx" target="_blank" rel="noopener">@LaCanaMx</a>).
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Centro de Investigación para la Paz México, A.C. (CIPMEX), et al., “Género y Privación de la Libertad”, México, 2022.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES, 2017).
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (2022). Informe diagnóstico sobre las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad desde un enfoque interseccional.

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