Después de pasar 4 años y 6 meses en el reclusorio de Ecatepec, los familiares de Vania temían que al salir regresara a la vida delictiva. Araceli estuvo 6 años y 8 meses en la cárcel de Tepozanes, en Nezahualcóyotl, con familiares distanciados y sin tener a dónde ir ni en qué trabajar. Ambas anhelaban salir de prisión, pero ninguna imaginaba lo difícil que esto sería.
La mayoría de las personas privadas de su libertad en un reclusorio, sin importar su delito o culpabilidad, tienen un deseo en común: recuperar su libertad. Después de visitar varias cárceles femeniles en distintos estados de la república, es evidente que las mujeres en prisión anhelan volver a la vida que tenían antes de ingresar al sistema penitenciario. Sin embargo, lo que puede no resultar tan evidente es que, muchas veces, al salir se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad que cuando estaban tras las rejas.
En La Cana buscamos crear oportunidades para las mujeres en prisión. Tenemos un programa dedicado a brindar herramientas psico-socio-ocupacionales a las mujeres que han salido de un centro de reinserción social. Este programa fomenta su empoderamiento y el desarrollo de un proyecto de vida independiente. También responde a una serie de necesidades específicas que hemos observado que se repiten una y otra vez.
Aunque el objetivo principal de los centros penitenciarios es lograr la reinserción social, una vez que las mujeres egresan de ellos se enfrentan a diversas barreras sociales, psicológicas y económicas para lograr una reintegración exitosa. Ante esta problemática, surge la necesidad de generar mecanismos para alcanzar este objetivo.
Uno de los problemas más urgentes es que las personas que han vivido una situación de reclusión logren tener acceso a un empleo una vez fuera de prisión. El empleo brinda autonomía económica, restaura su sentido de pertenencia y, sobre todo, pone de manifiesto su contribución a la sociedad.
En el 2020, salieron de los centros penitenciarios 7,607 mujeres en todo el país. 1 Un año después, el INEGI realizó la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2 con el fin de recopilar información sobre algunos procesos que experimentan las personas en situación de privación de su libertad. El estudio arroja cifras interesantes.
El 60.9 % de las mujeres privadas de la libertad considera que haber estado en un centro penitenciario afectará sus posibilidades para reintegrarse al ámbito laboral una vez que cumplan su condena. Además, el 67.8 % de estas mujeres tiene hijos menores de edad, y más del 50 % de ellas tienen de dos a tres hijos. La mayoría de las mujeres son originarias de entornos socioeconómicos desfavorecidos, y el 62.8 % de la población penitenciaria femenil cuenta con estudios de educación básica.
Resulta sumamente preocupante la información proporcionada por el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, que revela que solo el 5 % de las personas liberadas de prisión logran obtener un empleo, mientras que el 20 % se dedica al comercio informal y el 75 % restante no consigue encontrar trabajo. Es importante destacar que no existen datos actualizados desde el año 2018 que representen la situación laboral específica de las mujeres que salen de prisión.
Pero, ¿qué nos indican estas cifras? Es probable que una mujer que sale de un centro penitenciario no tenga acceso a un empleo formal, y si lo encuentra probablemente sea en condiciones precarias.
A pesar de esto, se han generado estrategias para resolver las condiciones laborales de las personas exprivadas de su libertad, como la eliminación de las barreras legales que permitían a las empresas solicitar certificados de no antecedentes penales a las y los posibles empleados. También se ha observado un aumento en el interés de las empresas por desarrollar estrategias con impacto social.
No obstante, es necesario ir más allá de la buena voluntad y abordar los problemas sistémicos y estructurales que enfrentan las mujeres exprivadas de su libertad. La desigualdad de género es una de las barreras más significativas en México, donde las mujeres se ven desfavorecidas en el acceso a oportunidades debido a la brecha económica y los roles de género asignados.
Además, las mujeres liberadas enfrentan desafíos adicionales, como la falta de experiencia laboral, la carencia de documentos oficiales, la exclusión geográfica y otros obstáculos que dificultan su incorporación o reincorporación al mercado laboral. Estas circunstancias se suman a las inseguridades personales que acompañan a las mujeres tras obtener su libertad, generando un ciclo que puede desencadenar en la reincidencia delictiva.
En La Cana, a través del Programa de Seguimiento en Libertad, hemos desarrollado propuestas integrales para facilitar la inclusión laboral de las mujeres que han vivido una situación de reclusión. A través de diversas actividades de capacitación, fortalecemos sus habilidades y competencias, estableciendo alianzas con empresas comprometidas en ofrecer condiciones laborales dignas.
Hoy en día, Araceli y Vania son ejemplos de éxito. Han logrado empleos en sectores como la gastronomía y la hotelería, y se sienten orgullosas de sus logros. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. Existen grandes desafíos que complican la situación para las mujeres en su camino hacia una efectiva reinserción social. Nuestro objetivo es que mujeres como ellas recuperen la confianza en sí mismas y se conviertan en protagonistas de un México que anhela vivir y construir la paz.
Aún queda un largo camino por recorrer, ya que la reintegración laboral desempeña un papel fundamental en asegurar una reinserción exitosa de las personas que han sido liberadas de prisión. Es necesario superar las barreras y desigualdades que enfrentan las mujeres exprivadas de su libertad, y promover oportunidades laborales dignas que les permitan reconstruir sus vidas con esperanza y dignidad. Solo así podremos construir un país más inclusivo y justo para todas y todos.
Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.