Ciudad de México: áreas verdes, no cuarteles
Hace unos días, el Gobierno de la Ciudad de México tomó la acertada determinación de cancelar la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en el terreno que ocupa el histórico vivero Nezahualcóyotl en Xochimilco. La rectificación del Gobierno de la CDMX debe aplaudirse.
Cabe recordar que el 9 de diciembre de 2022 el Gobierno de la Ciudad de México emitió un decreto para ceder parte del vivero Nezahualcóyotl en Xochimilco al Gobierno Federal, con el propósito de construir un cuartel de la Guardia Nacional, esto a pesar de que el predio es un Área Natural Protegida y no obstante su relevancia para las comunidades de Xochimilco. Después de una larga lucha de las y los vecinos que llegó incluso al Poder Judicial de la Federación, el pasado 15 de agosto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó un decreto por el que se abroga esta desincorporación, cancelando así la construcción.
La decisión de revertir la desincorporación de ese predio a favor de los castrenses, publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX, ocurre después de que un grupo amplio de vecinos y vecinas interpusieron un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, con el acompañamiento del Centro Prodh. En su demanda, las y los vecinos argumentaron que la construcción de un cuartel en esa zona violentaba sus derechos ambientales y su derecho a la consulta. Gracias a la interposición de este recurso, precisamente, las y los vecinos lograron suspender la construcción, lo que a la postre fue esencial para que al momento de revertir la decisión subsistiera todavía el vivero.
Esta revocación es un logro de la lucha de las y los habitantes de pueblos, barrios y colonias de Xochimilco que desde 2020 han defendido el medio ambiente, sus recursos naturales y un territorio libre de militarización.
También es un referente para otras comunidades que continúan luchando por la defensa de su territorio y por su derecho de mantener sus territorios libres de militarización, como las que se han llevado a cabo en San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía xochimilca, y en la Unidad El Rosario, en Azcapotzalco. Estos procesos continúan también en otras entidades como Chiapas, donde comunidades indígenas tseltales han impugnado la militarización de los territorios indígenas.
Los organismos públicos de derechos humanos harían bien en acompañar a los vecinos y comunidades en estos importantes procesos colectivos de reivindicación de derechos. Exigir que las políticas de seguridad preserven la naturaleza civil a la que se refiere la Constitución y frenar la expansión territorial sin consulta de cuarteles de la Guardia Nacional en lugares donde su construcción no es prioritaria, es esencial para los derechos humanos en el país.
En particular en la Ciudad de México, las cifras que arroja la política de seguridad en clave civil no justifican una ampliación de la presencia castrense en la capital. Más aún, dado que el reciente proceso constituyente local llevó al reconocimiento de derechos y de conceptos vinculados con estos temas —el derecho a la ciudad, las referencias a la seguridad ciudadana— la lucha de Xochimilco por más áreas verdes y menos cuartales es un ejemplo de cómo en México los derechos se dotan de contenido a partir de la acción colectiva de la sociedad.
La supuesta red de trata de personas reclutaba gente en Cuba para que lucharan junto a las tropas rusas en la guerra de Ucrania.
La desarticulación de una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso en Ucrania se ha saldado, por el momento, con la detención de 17 personas en la isla, según han informado medios oficiales.
La red prometía empleo y un sueldo sustancial en Rusia a los reclutados.
Dos jóvenes denunciaron la semana pasada haber viajado engañados, pensando que iban a trabajar en la construcción.
De los arrestados, hasta el momento, tres eran miembros del esquema de reclutamiento dentro de la isla, que era dirigido desde el exterior, según señalaron especialistas de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior al diario digital “Cuba Debate”.
Los otros 14 aseguraron haberse sumado de forma voluntaria a la operación, a cambio de obtener la residencia en Rusia y de una importante remuneración económica.
Sus confesiones, además de la intervención de las comunicaciones de la cabecilla del grupo a nivel interno con el resto de implicados, han permitido a los investigadores conocer cómo operaba el grupo y recabar, según el medio oficial, las pruebas penales contra los detenidos.
Al parecer, los reclutadores buscaban especialmente personas que tuvieran antecedentes penales o que pertenecieran a familias disfuncionales.
La red también buscaba mercenarios entre los cubanos radicados en Rusia, donde existe una creciente comunidad. Debido a que Moscú no exige visado a los nacionales de Cuba, se calcula que, solo en 2019, 28.000 cubanos ingresaron en Rusia, aunque no está claro cuántos decidieron quedarse.
Por el momento se desconoce los delitos de los que se acusa a los 17 detenidos, aunque según “Cuba Debate”, el marco legislativo cubano establece sanciones severas para delitos como la trata, el tráfico y el mercenarismo.
Cuba, aliada de Moscú, no ha ocultado su apoyo político a Rusia en su guerra en Ucrania, según analiza Pascal Fletcher, de BBC Monitoring. Rusia es un importante socio comercial para la isla y, desde el inicio de la invasión, los medios oficialistas y el ejecutivo han defendido el relato ruso del conflicto.
“Mercenarios”
Varios medios en Miami, donde se encuentra gran parte del exilio cubano, habían informado de la presencia de mercenarios cubanos que luchaban en Ucrania en las filas rusas, y el pasado mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército de ese país, según desveló el portal de noticias ruso “Ryazan Gazette”.
De acuerdo con el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único de cerca de US$5.000.
Según explica Fletcher, el gobierno de Cuba prefiere utilizar el término “mercenarios” para condenar a los disidentes internos y a los activistas antigubernamentales que, según afirma, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, “por lo que escuchar a los medios cubanos en el exilio acusar a Rusia de utilizar a los cubanos como ‘mercenarios’ y ‘carne de cañón’ en Ucrania es un anatema para las autoridades cubanas”.
En un comunicado, el gobierno de La Habana ha querido dejar claro que “Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania”, y que “está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.
El pasado 1 de septiembre, dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en redes sociales que fueron llevados a Rusia mediante engaños.
Ambos jóvenes aseguraron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.
“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.
Apenas cuatro días después, el gobierno de Cuba anunciaba la desmantelación de una banda de tráfico de personas “que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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