Ciudad de México: áreas verdes, no cuarteles
Hace unos días, el Gobierno de la Ciudad de México tomó la acertada determinación de cancelar la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en el terreno que ocupa el histórico vivero Nezahualcóyotl en Xochimilco. La rectificación del Gobierno de la CDMX debe aplaudirse.
Cabe recordar que el 9 de diciembre de 2022 el Gobierno de la Ciudad de México emitió un decreto para ceder parte del vivero Nezahualcóyotl en Xochimilco al Gobierno Federal, con el propósito de construir un cuartel de la Guardia Nacional, esto a pesar de que el predio es un Área Natural Protegida y no obstante su relevancia para las comunidades de Xochimilco. Después de una larga lucha de las y los vecinos que llegó incluso al Poder Judicial de la Federación, el pasado 15 de agosto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó un decreto por el que se abroga esta desincorporación, cancelando así la construcción.
La decisión de revertir la desincorporación de ese predio a favor de los castrenses, publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX, ocurre después de que un grupo amplio de vecinos y vecinas interpusieron un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, con el acompañamiento del Centro Prodh. En su demanda, las y los vecinos argumentaron que la construcción de un cuartel en esa zona violentaba sus derechos ambientales y su derecho a la consulta. Gracias a la interposición de este recurso, precisamente, las y los vecinos lograron suspender la construcción, lo que a la postre fue esencial para que al momento de revertir la decisión subsistiera todavía el vivero.
Esta revocación es un logro de la lucha de las y los habitantes de pueblos, barrios y colonias de Xochimilco que desde 2020 han defendido el medio ambiente, sus recursos naturales y un territorio libre de militarización.
También es un referente para otras comunidades que continúan luchando por la defensa de su territorio y por su derecho de mantener sus territorios libres de militarización, como las que se han llevado a cabo en San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía xochimilca, y en la Unidad El Rosario, en Azcapotzalco. Estos procesos continúan también en otras entidades como Chiapas, donde comunidades indígenas tseltales han impugnado la militarización de los territorios indígenas.
Los organismos públicos de derechos humanos harían bien en acompañar a los vecinos y comunidades en estos importantes procesos colectivos de reivindicación de derechos. Exigir que las políticas de seguridad preserven la naturaleza civil a la que se refiere la Constitución y frenar la expansión territorial sin consulta de cuarteles de la Guardia Nacional en lugares donde su construcción no es prioritaria, es esencial para los derechos humanos en el país.
En particular en la Ciudad de México, las cifras que arroja la política de seguridad en clave civil no justifican una ampliación de la presencia castrense en la capital. Más aún, dado que el reciente proceso constituyente local llevó al reconocimiento de derechos y de conceptos vinculados con estos temas —el derecho a la ciudad, las referencias a la seguridad ciudadana— la lucha de Xochimilco por más áreas verdes y menos cuartales es un ejemplo de cómo en México los derechos se dotan de contenido a partir de la acción colectiva de la sociedad.
Profesores y maestros han estado protestando durante semanas en todo el país exigiendo mayores derechos en las aulas.
Tras varias semanas de protestas realizadas por profesores en Corea del Sur, el gobierno aprobó una nueva ley para proteger más a los docentes de los padres que se quejan y los acosan.
Durante nueve semanas, profesores y maestros han estado protestando para exigir mayores derechos del ejercicios de sus funciones dentro de las aulas.
Afirman haber sido frecuentemente acosados por los padres de los alumnos que algunas veces los acusan maliciosamente de abuso infantil, para que los destituyan de sus cargos.
La ola de protestas se desató tras el suicidio de una joven maestra que había sido bombardeada por las quejas de los padres en Corea del Sur.
La maestra, que llevaba poco más de un año enseñando escribió que se había sentido tan abrumada por la locura de su trabajo que “quería dejarse ir”.
La situación de los profesores se ha vuelto imposible desde su punto de vista. Varios afirman que han sido denunciados por sujetar y restringir a un niño violento, o por simplemente llamarle la atención a un alumno.
Los profesores acusaron a los padres de aprovecharse de la ley de Bienestar Infantil, aprobada en 2014, que establece el despido automático de los profesores acusados de abuso infantil.
Más investigación y evidencia para acusar a profesores en Corea del Sur
Según la nueva legislación, conocida como el proyecto de ley para el Restablecimiento de los Derechos de Profesores, los docentes no serán destituidos tan pronto se reporte el abuso infantil; se necesitará realizar más investigaciones y tomar más evidencia.
También habrá apoyo financiero disponible para la defensa legal de los profesores demandados y se impondrá mayor responsabilidad a los directores y rectores de las escuelas para que protejan a su plantel.
Las protestas de los profesores estallaron después del suicidio en julio de una maestra de primaria de 23 años que estaba abrumada por las quejas de los padres.
La joven maestra cumplía su sueño de infancia de ejercer la misma profesión de su madre y adoraba a los niños, contó uno de sus primos que descubrió el diario que había dejado atrás.
En éste describía las presiones de su trabajo, de un alumno que había herido en la cabeza a otro con un lápiz y cómo ella se había enzarzado en acaloradas llamadas telefónicas y mensajes con los padres.
Los profesores afirmaron que la cultura de denuncias maliciosas los habían dejado incapaces de enseñar o mantener la disciplina de los alumnos.
Chatbots y llamadas grabadas
La Federación de Sindicatos de Maestros de Corea del Sur recibió con beneplácito la nueva legislación, declarando que tanto “expandiría el derecho a enseñar como proteger el derecho de los estudiantes para aprender”.
El sindicato expresó su “más profundo agradecimiento” a los profesores que se lanzaron a las calles durante nueve semanas seguidas, exigiendo mejores condiciones, y dijo que el resultado de hoy se debía a la fortaleza de ellos.
En las semanas recientes, el gobierno y las autoridades locales ya habían implementado una serie de medidas para proteger a los profesores y facilitarles el ejercicio de su trabajo, pero ninguna de estas era legalmente vinculante.
Las nuevas directivas del gobierno, formuladas a principios de este mes, estipulan que los profesores tienen el derecho a retirar de las aulas a los estudiantes indisciplinados y sujetarlos si es necesario.
Además de eso, la Oficina de Educación de Seúl anunció planes esta semana de grabar todas las llamadas de los padres hechas a los profesores y de instalar un chatbot (un simulador digital de conversación) para que actúe como primera línea de defensa contra las quejas de los padres.
Más cambios serán necesarios, dicen los profesores en Corea del Sur
Sin embargo, algunos maestros arguyen que las nuevas leyes no van suficientemente lejos.
El presidente de la Federación de Sindicatos de Profesores, Kim Yong-seo, llamó la nueva legislación “un gran paso hacia la protección de los profesores y estudiantes”, pero señaló que había áreas que todavía necesitaban mejorarse.
Hizo un llamado a los políticos para que enmienden el Acta de Bienestar Infantil, sosteniendo que no debería ser posible que una simple acción disciplinaria de los alumnos sea catalogada como abuso infantil.
Unos profesores también quieren que se penalicen a los los padres que hagan acusaciones falsas de abuso infantil.
Kim Jin-seo, una profesora de 28 años que habló con la BBC durante una de las protestas, dijo que la nueva ley no impediría las denuncias infundadas de abuso infantil, porque sin el temor de repercusiones, los padres continuarían acusando maliciosamente a los profesores que no les cayeran bien.
Se estima que la sociedad hipercompetitiva de Corea del Sur es en parte responsable de la cultura de hostigamiento por parte de los padres.
Los resultados académicos son considerados el mejor indicador del éxito, lo que significa que los estudiantes compiten ferozmente para obtener las mejores calificaciones desde una edad muy temprana para garantizar la entrada a las principales universidades.
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