Es hora de hablar de las condiciones laborales de las policías municipales

En México tenemos una gran deuda con las policías municipales. No obstante hoy, en materia de seguridad, la apuesta está en las fuerzas del orden federal, lo que equivale a ignorar el papel crucial que desempeñan las policías municipales a la hora de mantener el orden, prevenir la violencia y alimentar (o torpedear) la confianza ciudadana en las instituciones. Además, tal priorización debilita aún más al municipio, la unidad que el crimen organizado busca primeramente controlar o en la que quiere incidir, y en cuyas autoridades concentra la mayor parte de sus ataques de alto perfil. Así, se genera un círculo vicioso cuyo principal efecto es el desmantelamiento de las policías municipales: más de 200 municipios en todo el país hoy no cuentan con tales corporaciones.

Comenzar a pagar esa deuda supone, entre otras cosas, mejorar las condiciones laborales de las policías municipales. Por ley, deberían recibir prestaciones laborales mínimas. Sin embargo, una serie de contradicciones legales, la falta de apoyo institucional y la debilidad de las finanzas locales obstaculizan la viabilidad y sostenibilidad de esos beneficios, situación que se agrava porque no hay una discusión completa sobre qué tanto influyen las condiciones laborales en el adecuado rendimiento de la función policial. Por ello, desde México Evalúa nos hemos dado a la tarea de desarrollar un estándar de condiciones laborales para estas policías, lo que ha requerido un cuidadoso análisis de sus condiciones actuales y de sus marcos regulatorios, que describiremos a continuación.

La arquitectura legal que regula las prestaciones laborales de las policías municipales tiene su anclaje en la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica –éste último detalla el mayor número de ellas, desde la extensión máxima de turnos hasta procesos de profesionalización policial y de evaluación de confianza y desempeño–. En la práctica, el modelo y los mecanismos de provisión de beneficios no son claros, y quedan a consideración de las autoridades locales, sin cubrir la totalidad del paquete de prestaciones que requiere la policía municipal. Esto abre aún más espacio a contradicciones legales entre lo que se establece en leyes estatales, regulaciones internas de las secretarías de Seguridad Pública y el contrato que finalmente firman las y los policías. Más aun, ninguno de estos instrumentos considera la definición de fuentes de financiamiento sostenido para estos beneficios.

Con información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021, publicado por el Inegi, identificamos que, a pesar de la abundante regulación sobre las condiciones laborales de los policías en México, en general son pocas las que realmente se otorgan. Al menos el 50% de las y los policías a nivel nacional reciben sólo cuatro beneficios: bono anual, vacaciones, prima vacacional y seguro de vida. La mayoría de los policías locales a lo largo del país no cuentan con las condiciones específicas de trabajo exigidas por la legislación federal, tales como apoyo de vivienda, fondos de retiro, acceso a actividades recreativas, entre otras. De hecho, los beneficios de seguridad social son percibidos por un menor porcentaje de policías. Solo el 22% goza de servicios médicos institucionales. Menos del 10% tiene acceso a beneficios patrimoniales como crédito para vivienda, crédito automotriz o comercial y pensiones de jubilación. Este déficit implica que las y los agentes enfrentan, de facto, condiciones de pobreza, sin bienes ni patrimonio. A ello se debe añadir una tasa de mortalidad en ascenso, dado el ya mencionado crecimiento de ataques directos a las policías municipales en años recientes.

Mejorar las condiciones de trabajo de las policías municipales es un paso necesario para incrementar el tamaño y profesionalización de estas corporaciones. El estándar que proponemos desde México Evalúa busca guiar esta mejora, con dos conjuntos de componentes: 1. beneficios básicos que todas las corporaciones deben poner a disposición de sus agentes, dado que están legalmente establecidos en las normas de la ley federal, y 2. beneficios laborales complementarios, definidos por los gobiernos locales, y cuya implementación efectiva puede tomar más tiempo dependiendo de las capacidades locales y las oportunidades de financiamiento, pero que no dejan de ser importantes dada la naturaleza del trabajo policial y sus riesgos asociados.

Dentro del primer componente, identificamos tres grupos esenciales de condiciones laborales: 1. beneficios legalmente establecidos en la ley federal (salario, aguinaldo, vacaciones pagadas, prima vacacional, días de descanso obligatorio, jornadas y turnos de trabajo definidos), 2. derechos básicos de seguridad social (atención médica a través de instituciones públicas de salud, licencias pagadas por maternidad/paternidad, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, pensiones de jubilación y préstamos para vivienda), y 3. la satisfacción de los requisitos mínimos de uniformes y equipo de los agentes de policía, de acuerdo con sus funciones específicas. En cuanto a las prestaciones complementarias, consideramos como esenciales las siguientes: régimen complementario de prestaciones sociales (apoyo psicológico); apoyo institucional relacionado con el trabajo (apoyo legal); prestaciones familiares (becas); seguro adicional contra riesgos; y complementos económicos (bonos por desempeño, cajas de ahorro, vales de despensa, préstamos y crédito).

A partir de este estándar, encontramos que los turnos de trabajo de las y los agentes suelen no ser respetados y tampoco son remunerados por sus horas extra de trabajo; carecen de derechos básicos de seguridad social; la renovación de sus uniformes y equipos es limitada, y a pesar de los altos niveles de estrés que padecen, los servicios de apoyo psicológico no están debidamente establecidos. Las carencias son amplias, y no se van a empezar a subsanar si no buscamos vías para incrementar el espacio fiscal a nivel local y desarrollar propuestas de cofinanciamiento entre distintos actores políticos y sociales, para así lograr el financiamiento sostenible del estándar propuesto. Sobre esta agenda nos referiremos en nuestra siguiente entrega.

* Sandra Ley (@sjleyg) es colaboradora del programa de Seguridad de México Evalúa.