Es hora de hablar de las condiciones laborales de las policías municipales
En México tenemos una gran deuda con las policías municipales. No obstante hoy, en materia de seguridad, la apuesta está en las fuerzas del orden federal, lo que equivale a ignorar el papel crucial que desempeñan las policías municipales a la hora de mantener el orden, prevenir la violencia y alimentar (o torpedear) la confianza ciudadana en las instituciones. Además, tal priorización debilita aún más al municipio, la unidad que el crimen organizado busca primeramente controlar o en la que quiere incidir, y en cuyas autoridades concentra la mayor parte de sus ataques de alto perfil. Así, se genera un círculo vicioso cuyo principal efecto es el desmantelamiento de las policías municipales: más de 200 municipios en todo el país hoy no cuentan con tales corporaciones.
Comenzar a pagar esa deuda supone, entre otras cosas, mejorar las condiciones laborales de las policías municipales. Por ley, deberían recibir prestaciones laborales mínimas. Sin embargo, una serie de contradicciones legales, la falta de apoyo institucional y la debilidad de las finanzas locales obstaculizan la viabilidad y sostenibilidad de esos beneficios, situación que se agrava porque no hay una discusión completa sobre qué tanto influyen las condiciones laborales en el adecuado rendimiento de la función policial. Por ello, desde México Evalúa nos hemos dado a la tarea de desarrollar un estándar de condiciones laborales para estas policías, lo que ha requerido un cuidadoso análisis de sus condiciones actuales y de sus marcos regulatorios, que describiremos a continuación.
La arquitectura legal que regula las prestaciones laborales de las policías municipales tiene su anclaje en la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica –éste último detalla el mayor número de ellas, desde la extensión máxima de turnos hasta procesos de profesionalización policial y de evaluación de confianza y desempeño–. En la práctica, el modelo y los mecanismos de provisión de beneficios no son claros, y quedan a consideración de las autoridades locales, sin cubrir la totalidad del paquete de prestaciones que requiere la policía municipal. Esto abre aún más espacio a contradicciones legales entre lo que se establece en leyes estatales, regulaciones internas de las secretarías de Seguridad Pública y el contrato que finalmente firman las y los policías. Más aun, ninguno de estos instrumentos considera la definición de fuentes de financiamiento sostenido para estos beneficios.
Con información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021, publicado por el Inegi, identificamos que, a pesar de la abundante regulación sobre las condiciones laborales de los policías en México, en general son pocas las que realmente se otorgan. Al menos el 50% de las y los policías a nivel nacional reciben sólo cuatro beneficios: bono anual, vacaciones, prima vacacional y seguro de vida. La mayoría de los policías locales a lo largo del país no cuentan con las condiciones específicas de trabajo exigidas por la legislación federal, tales como apoyo de vivienda, fondos de retiro, acceso a actividades recreativas, entre otras. De hecho, los beneficios de seguridad social son percibidos por un menor porcentaje de policías. Solo el 22% goza de servicios médicos institucionales. Menos del 10% tiene acceso a beneficios patrimoniales como crédito para vivienda, crédito automotriz o comercial y pensiones de jubilación. Este déficit implica que las y los agentes enfrentan, de facto, condiciones de pobreza, sin bienes ni patrimonio. A ello se debe añadir una tasa de mortalidad en ascenso, dado el ya mencionado crecimiento de ataques directos a las policías municipales en años recientes.
Mejorar las condiciones de trabajo de las policías municipales es un paso necesario para incrementar el tamaño y profesionalización de estas corporaciones. El estándar que proponemos desde México Evalúa busca guiar esta mejora, con dos conjuntos de componentes: 1. beneficios básicos que todas las corporaciones deben poner a disposición de sus agentes, dado que están legalmente establecidos en las normas de la ley federal, y 2. beneficios laborales complementarios, definidos por los gobiernos locales, y cuya implementación efectiva puede tomar más tiempo dependiendo de las capacidades locales y las oportunidades de financiamiento, pero que no dejan de ser importantes dada la naturaleza del trabajo policial y sus riesgos asociados.
Dentro del primer componente, identificamos tres grupos esenciales de condiciones laborales: 1. beneficios legalmente establecidos en la ley federal (salario, aguinaldo, vacaciones pagadas, prima vacacional, días de descanso obligatorio, jornadas y turnos de trabajo definidos), 2. derechos básicos de seguridad social (atención médica a través de instituciones públicas de salud, licencias pagadas por maternidad/paternidad, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, pensiones de jubilación y préstamos para vivienda), y 3. la satisfacción de los requisitos mínimos de uniformes y equipo de los agentes de policía, de acuerdo con sus funciones específicas. En cuanto a las prestaciones complementarias, consideramos como esenciales las siguientes: régimen complementario de prestaciones sociales (apoyo psicológico); apoyo institucional relacionado con el trabajo (apoyo legal); prestaciones familiares (becas); seguro adicional contra riesgos; y complementos económicos (bonos por desempeño, cajas de ahorro, vales de despensa, préstamos y crédito).
A partir de este estándar, encontramos que los turnos de trabajo de las y los agentes suelen no ser respetados y tampoco son remunerados por sus horas extra de trabajo; carecen de derechos básicos de seguridad social; la renovación de sus uniformes y equipos es limitada, y a pesar de los altos niveles de estrés que padecen, los servicios de apoyo psicológico no están debidamente establecidos. Las carencias son amplias, y no se van a empezar a subsanar si no buscamos vías para incrementar el espacio fiscal a nivel local y desarrollar propuestas de cofinanciamiento entre distintos actores políticos y sociales, para así lograr el financiamiento sostenible del estándar propuesto. Sobre esta agenda nos referiremos en nuestra siguiente entrega.
* Sandra Ley (@sjleyg) es colaboradora del programa de Seguridad de México Evalúa.
Nació como un pequeño grupo en un estado venezolano que hoy se dedica a varias actividades criminales y opera en casi toda Sudamérica, según los expertos.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Orígenes
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
Liderazgo
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Expansión internacional
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
“Su sello es causar temor”
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Miles de integrantes
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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